Portada :: Argentina
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-04-2019

La libertad sindical violada por el gobierno macrista

Mario Hernandez
Rebelin


La Comisin de Expertos en Aplicacin de Convenios y Recomendaciones (Ceacr) de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) ratific la vigencia de los reclamos de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), respecto de las violaciones a la libertad sindical, en un informe anual que analiz el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en relacin con los instrumentos que oportunamente ratific cada uno. Pero cuando la legislacin no es suficiente, el Gobierno y la patronal apelan a la Polica, la Justicia y hasta patotas en organismos oficiales y empresas privadas para enfrentar la lucha de los trabajadores por la defensa de sus derechos laborales.

Numerosas violaciones a la libertad sindical, como la represin violenta de protestas gremiales, agresiones fsicas y amenazas a trabajadores, detenciones, procesamientos y encarcelamiento de dirigentes, ataques a sedes sindicales; obstculos y prohibiciones para realizar huelgas, sanciones, reemplazos y despidos, intervenciones e injerencias en la vida de las organizaciones, trabas para recaudar cuotas y multas por acciones directas durante la conciliacin obligatoria, destac el documento.

En Argentina an existe   ausencia de cumplimiento de las disposiciones del Convenio 87 sobre libertad sindical y proteccin del derecho de agremiarse, y realz la existencia de numerosas incompatibilidades entre el texto de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 y las obligaciones fijadas por el Convenio 87, inform ATE.

Para el secretario Gremial de la CTA-A, Daniel Jorajura, se trata del hecho poltico ms importante para nuestra Central porque producto de la reunin entre centrales hermanas fue que la Argentina qued en segundo lugar, luego de Brasil, entre los pases de Amrica que disputarn los 25 lugares para ser enjuiciados en la prxima Conferencia de la OIT.

Esto demuestra el fuerte respaldo de las centrales sindicales de las Amricas a la posicin de nuestra Central para juzgar en la Comisin de Aplicacin de Normas al Gobierno argentino por las violaciones a la libertad sindical y a los derechos laborales de los trabajadores., sostuvo Jorajura.

La Comisin tambin se refiri a las denuncias de la CTA Autnoma y la CGT sobre injerencia del gobierno en los procesos electorales sindicales, como intervencin de gremios -con designacin de administradores externos-, demoras para certificar autoridades sindicales y el dictado de la disposicin 17-E/17 de la Direccin Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS), que orden excluir del registro gremial a las entidades que no hayan acreditado en tres aos su actividad operativa, indic Hugo Godoy, titular de ATE.

El cuestionamiento fue formulado por la Comisin de Expertos durante los ltimos 30 aos y motiv que en tres ocasiones el caso argentino fuese analizado en la Comisin de Normas -la principal- de la OIT desde 1992.

Un botn de muestra

La tranquilidad habitual de la calle Arengreen en el barrio de Caballito se vio alterado por la presencia de varios patrulleros. Lo que se poda presuponer era un incidente delictivo result ser la irrupcin violenta de la polica de la Ciudad para interrumpir una asamblea de los trabajadores del laboratorio Craveri y llevarse detenidos, como delincuentes, a los integrantes de la Comisin Interna.  

Que la polica irrumpa en una asamblea de trabajadores y se lleve detenidos a los representantes gremiales constituye un atropello a las libertades democrticas de extrema gravedad que no ha cobrado la trascendencia necesaria. Por otro lado, la denuncia realizada por el dueo del laboratorio, Juan Craveri, demuestra que los empresarios argentinos no dudan en apelar a cualquier recurso para resolver un conflicto con sus trabajadores.  

Un poco de historia

El hecho que desata el conflicto fue el despido de 47 trabajadores y trabajadoras. Se trata de trabajadores de las unidades de manufactura de la calle Arengreen, de la planta de hormonales de Villa del Parque y de un grupo trabajadores administrativos.  

En julio pasado la firma haba presentado un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, expediente que finalmente no prosper. Adems ofreci la opcin del retiro voluntario, propuesta que no fue aceptada por los trabajadores.

El laboratorio Craveri tiene 3 plantas en la Ciudad de Buenos Aires y 400 trabajadores/as.  

En junio de 2018 tambin pidi el procedimiento preventivo de crisis, con el propsito de echar a decenas de trabajadores/as. Pero la Comisin Interna (CI) y el Sindicato de Sanidad resistieron estas maniobras y la Secretara de Trabajo rechaz el procedimiento.  

En octubre 2018 la empresa ech a 16 trabajadores/as del turno noche de una de las plantas intentando pagar al 50% de indemnizacin. Nuevamente la accin sindical mediante la lucha logr la reincorporacin de los despedidos. Ahora, la empresa ech a 47 trabajadores/as, impidiendo el ingreso de los delegados a la planta de Caballito y cuando los trabajadores burlaron la pretensin patronal de impedir el ingreso al lugar de trabajo se produjo la intervencin policial y la detencin de los delegados. stos fueron posteriormente liberados gracias a las protestas realizadas denunciando la criminalizacin por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

El conflicto del laboratorio Craveri conjuga la inescrupulosidad de la patronal con la vocacin represiva gubernamental, en el marco de una grave crisis econmica y social. Crisis que se est descargando nuevamente sobre las espaldas de los trabajadores.

El ejecutivo est ejerciendo una intervencin muy grande en la Justicia Laboral

Los ltimos nombramientos en la Cmara de Apelaciones en el fuero laboral generaron polmica respecto a sus procedimientos que, segn el abogado laboralista Gustavo Ciampa, tuvieron un carcter totalmente irregular.

En ese sentido, Ciampa seal que el Poder Ejecutivo est teniendo una avanzada muy grande contra la Justicia Nacional del Trabajo y contra algunos jueces del Trabajo y seal pedidos de juicio poltico infundados y atentatorios de la institucionalidad es atemorizar a aquellos que puedan dictar sentencias que el gobierno lee como contrarias a sus intereses.

Ciampa, integrante de la Agrupacin 7 de julio asegur que son los trabajadores los mismos que padecen las irregularidades del Poder Judicial, por ser donde se dirimen gran parte de los conflictos de derechos jurdicos laborales entre trabajadores y empleadores, entre sindicatos y Estado, donde se juegan da a da las cuestiones de la dignidad de los trabajadores.

En cuanto a los nombramientos en La Cmara de Apelaciones del Trabajo explic que haba tres cargos vacantes y que se mandaron tres ternas pero no se respetaron en absoluto, en la primera terna eligieron slo dos personas, de la segunda no eligieron ninguna y algunos de ellos tienen una vinculacin con el Ejecutivo muy inmediata, con lo cual el recurso de imparcialidad no estara consignado.

Ingenio Tabacal: llevan a juicio a secretario general de sindicato por cortar la ruta

A mediados de 2016 se desarroll un conflicto en medio de una negociacin paritaria porque la multinacional estadounidense Seaboard Corporation pretenda imponer el cuarto turno, una medida de flexibilizacin laboral que implicaba la disminucin de aproximadamente un 40% del salario y fue rechazado por los trabajadores con distintas medidas de fuerza.

La respuesta de la patronal fue un lock out de 58 das. La Polica de Salta, bajo rdenes del gobernador y pre candidato presidencial peronista, Juan Manuel Urtubey, desat una feroz represin dictada por la Justicia saltea. Represin que volvi a repetirse en enero de 2018, tras una ola de despidos.

Ahora, es la Justicia saltea la que quiere arremeter contra el legtimo derecho de huelga llevando a juicio a Martn Olivera y Jos Rubn Ruejas, por el bloqueo del portn de entrada de la empresa el 16 de julio de ese ao, en la localidad de Hiplito Yrigoyen.

El juez de garantas 1 de Orn, Jos Oyarz, dict un fallo que sostiene que si bien se ha reconocido el derecho de huelga del trabajador, lo cierto es que de las presentes actuaciones, surge que el accionar de los imputados pudo haber tenido su gnesis en tal derecho para luego exceder los lmites legales, tornndose de ese modo en una conducta coactiva alcanzada por el derecho penal.

La noticia llega luego de conocerse las intenciones de la Seaboard Corporation de realizar una nueva tanda de despidos.

Una de patotas en organismo estatal

Desde la Comisin Interna de ATE INTI denunciaron que el mircoles 3 uno de sus delegados fue atacado por sorpresa en las instalaciones por un trabajador de portera del Instituto, debiendo ser internado por el fuerte golpe en la nariz. Concretamente apuntan a una patota de la gestin del PRO que funcionara en las instalaciones del organismo .

La discusin empez a partir de insultos y provocaciones que Matas Provetina dirigi hacia la hermana de la vctima, que participa de un acampe en las instalaciones a modo de reclamo por los despidos que sufrieron el ao pasado. En ese momento intervino Dolmann hijo, respondiendo a los insultos hasta que Provetina le propin un golpe en la cara.

Segn informan desde la asociacin, Panchito Dolmann estuvo internado en el Sanatorio Anchorena de San Martn para hacerse estudios neurolgicos y ser evaluado por traumatismo facial con prdida de conocimiento.

En un comunicado de prensa ATE explic que a dems de ser arrebatado de sorpresa por Matas en la garita de portera, fue amenazado de muerte por Jos Provetina en la puerta de la enfermera.  

Jos Provetina fue designado subgerente por Ernesto Luna, premiado por apretar y entregar compaeres tras los despidos. Este personaje nefasto no puede tener 50 personas a cargo. Esta es la patota de Ernesto Luna , stos son los violentos del INTI, agreg Dolmann padre.

Panchito acompaa el acampe de la resistencia que mantiene un grupo de despedides dentro del Instituto, perseguido sistemticamente por el solo hecho de luchar. Basta de mtodos patoteriles y de barrabravas en el Instituto! Basta de violentar a les que luchan, no nos van a amedrentar!, especific el dirigente de ATE Nacional.

Otra de patotas

En las ltimas semanas se registraron importantes avances en las causas judiciales que investigan presuntos ataques e intimidaciones a delegados y trabajadores del Sindicato nico de Trabajadores de Control de Admisin y Permanencia (SUTCAPRA).

Se trata de dos investigaciones por distintos episodios ocurridos en mbito del Conurbano bonaerense, que de acuerdo a la denuncia del sindicato tienen relacin e involucraran a las mismas personas.

En ese sentido, hace das personal policial demor a Sebastin Aguirre, luego de una presentacin realizada por SUTCAPRA ante intimidatorios movimientos perpetuados en Esteban Echeverra.

Desde el gremio relataron que Aguirre merodeaba la zona de boliches durante las madrugadas los fines de semana con claras intenciones de amedrentar e intimidar el trabajo gremial realizado por nuestros delegados.

No eran visitas casuales, fueron recurrentes y coordinadas, y en la mayora de los casos portando armas de fuego. Son personajes conocidos que por algn inters que desconocemos, quieren intimidar a nuestros compaeros, destacaron fuentes del SUTCAPRA.

El dato ms llamativo es que el auto en el que se movilizaba Aguirre en las noches del conurbano -relataron- est registrado a nombre de un ex funcionario del ministerio de Seguridad bonaerense y debera ser utilizado por personal policial en tareas de prevencin e inteligencia, informaron desde el gremio. Al involucrado tambin le encontraron en su poder una credencial apcrifa de la Polica.

Este hecho tiene estrecha relacin con un violento episodio ocurrido en abril del 2017 en La Matanza. En ese momento, el titular de la empresa Cornel Seguridad Privada fue acusado por el sindicato de contratar a una patota para que atacara a golpes a trabajadores del SUTCAPRA mientras realizaban una protesta frente al hipermercado Carrefour.

En aquella emboscada, Aguirre tambin particip del hecho, lo que motiv la denuncia penal correspondiente por parte de SUTCAPRA.

Las denuncias por los hechos de La Matanza fueron realizadas en la seccional policial Oeste Cuarta de San Alberto y tomaron su curso a travs de la fiscala del lugar. Por su parte, la Fiscal que lleva la causa de Esteban Echeverra estara evaluando unificar las denuncias y avanzar contra los involucrados en ambos episodios.

En tanto, SUTCAPRA analiza la presentacin de una denuncia penal contra Aguirre y los propietarios del rodado en el que se mova por las noches bonaerenses.

Fuentes: Equipo de Comunicacin de la Secretara de Relaciones Internacionales de la CTA, Infogremiales, Redaccin EDA, Resumen Latinoamericano.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter