Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Uruguay. Millones de columnas
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-04-2019

Del progresismo a la austeridad en Uruguay

Luis Ibarra
Rebelin


El progresismo consigui mantenerse en el gobierno del Uruguay mientras la economa creca aceleradamente, pero pasa por tensiones desde que decay la actividad local. Es el anuncio de una vuelta de la derecha al poder? Nuestro propsito no es adivinar el futuro, sino aclarar sus alternativas a partir de la accin de los trabajadores.

A menudo se hace lo contrario. Se dice, por ejemplo, que las mejoras salariales seran un fruto de la poltica del gobierno y estaran en peligro si el gobierno cambia, con lo cual la accin de los trabajadores queda subordinada al partido gobernante. Otras son las conclusiones si, en vez de ver la situacin de los trabajadores como consecuencia de la coyuntura, consideramos a la coyuntura poltica como resultado de las luchas de los trabajadores. Se pondrn de manifiesto entonces no slo las tensiones que encierra, sino tambin el movimiento que las supera y lleva ms all del actual estado de cosas.

  1. El gobierno de los salarios

La inflacin es la preocupacin principal de la poltica econmica del Frente Amplio, como lo fue para los gobiernos anteriores.

El consenso econmico actual, a diferencia de los modelos neoclsicos, asume que los mercados no son perfectamente competitivos y que el gobierno tiene importantes funciones en la economa. En este esquema, los precios son fijados por las empresas aplicando un margen de ganancia sobre los costos y no un resultado de la competencia en el mercado. Recae sobre el gobierno la responsabilidad de proteger la tasa de ganancia de la economa con respecto a circunstancias que puedan llevar a subas generalizadas de precios.

Si el objetivo es el mismo, los instrumentos son distintos. Los partidos tradicionales buscaron la estabilizacin de precios flexibilizando el mercado de trabajo, mientras que los gobiernos progresistas tratan de controlar la inflacin centralizando el manejo de los salarios.

La negociacin salarial centralizada puede conseguir los mismos efectos que un mercado de trabajo flexible. Desde la investigacin de Calmfors y Driffill (1988), una extensa literatura sostiene que la centralizacin hace que los sindicatos consideren el impacto de los salarios sobre la economa; los dirigentes sindicales se veran inducidos a no movilizar todo el potencial de lucha disponible y a moderar las demandas, bajo la amenaza del desempleo. Los salarios alcanzan el mayor nivel, segn los autores, cuando los sindicatos negocian por ramas de actividad con independencia de la situacin de la economa.

La centralizacin de la negociacin aparece como un dispositivo institucional para mantener sujetos los salarios a las necesidades del capital, con la colaboracin de los sindicatos, cuando no fue posible flexibilizar el mercado de trabajo. Sin embargo, al reducir la participacin y politizar los asuntos, advierte Franz Traxler (2003), la centralizacin tiene el doble efecto de facilitar los acuerdos con la direccin sindical y dificultar su aceptacin por los trabajadores. Requiere, adems, que el gobierno organice la negociacin colectiva dentro de formas que obliguen al cumplimiento de los acuerdos y eviten los conflictos.

En Uruguay, el Poder Ejecutivo establece tanto el monto de los ajustes de salarios como la duracin de los convenios colectivos. Estos lineamientos generales no son objeto de concertacin social; son definidos exclusivamente por el Ministerio de Economa y anunciados a las organizaciones empresariales y sindicales como el marco de la negociacin.

A continuacin actan los Consejos de Salarios. Se trata de comisiones sectoriales, integradas por delegados del gobierno, los sindicatos y las gremiales patronales, que negocian la aplicacin de la pauta oficial por ramas de actividad. Las negociaciones se efectan en forma de grandes rondas, que envuelven simultneamente a todos o a gran parte de los sectores productivos, y concluyen con la firma de convenios colectivos. Los convenios fijan la escala salarial del sector como un mnimo obligatorio para todas las empresas y proscriben los conflictos de los trabajadores durante la vigencia de los acuerdos.

Una negociacin colectiva ampliamente distribuida por ramas de actividad queda centralizada por las pautas del gobierno. Por medio de los Consejos de Salarios, el Frente Amplio trata de encerrar los conflictos de clase y asociar a los sindicatos, en un papel subalterno, a la aplicacin de la poltica econmica.

  1. El ciclo progresista

El Frente Amplio asumi el gobierno del Uruguay, en el ao 2005, con un panorama dominado por las consecuencias de la crisis de principios de siglo.

La crisis del ao 2002 llev la desocupacin hasta 19% y rebaj 23% los salarios, dejando en la pobreza a la tercera parte de la poblacin, al mismo tiempo que multiplic, como por arte de magia, la valorizacin de la produccin exportable. Los conflictos en defensa del empleo, por el reclamo de salarios adeudados y contra la poltica econmica, sumaron un total de 1.319.261 jornadas de trabajo perdidas en el ao 2002, segn el Instituto de Relaciones Laborales. No obstante, la unanimidad de todos los partidos polticos evit movimientos de insubordinacin popular, como los ocurridos en Argentina, y mantuvo la continuidad del gobierno.

Cada de costos y suba de precios crearon sbitamente las condiciones de ganancia para una recuperacin. Esas condiciones se vieron ratificadas, a su vez, por la especulacin con las materias primas en el mercado mundial con una afluencia de inversiones extranjeras. La produccin reanud rpidamente el curso ascendente y, ya en el ao 2004, el producto interno bruto registr la fabulosa cifra de 12% de aumento.

Mientras la economa creca aceleradamente por la inversin de capital extranjero, los gobiernos progresistas trataron de mantener los aumentos de salarios por debajo del incremento de la produccin.

Los lineamientos del Poder Ejecutivo extendieron los convenios colectivos hasta dos y tres aos de duracin, con ajustes salariales de acuerdo a la frmula clsica: una actualizacin segn la variacin del costo de vida, que conserva el poder de compra, y un aumento real, definido dentro de estrechos mrgenes. As, por ejemplo, indicaron aumentos de salarios entre un mnimo de 2 y un mximo de 4% para el ao 2005, mientras que el producto interno bruto creca a una tasa de 6,6%.

Segn el ministro de Economa, los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo para las negociaciones en los Consejos de Salarios ayudaron a conciliar varios objetivos, dentro de los que se destacan: recuperacin del salario real, crecimiento del empleo, mantenimiento de bajos niveles de inflacin y mejora de la competitividad de las empresas (Lorenzo 2010, 169). El Frente Amplio esperaba lograr de ese modo un crecimiento con equidad: salarios que aumentan menos que la produccin disminuyen los costos laborales y elevan la ganancia de las empresas sin subas de precios.

La administracin de los salarios por el gobierno, sin embargo, se encontr con necesidades y deseos que escapan a la centralizacin poltica.

Los conflictos aumentaron rpidamente, a medida que el crecimiento econmico iba absorbiendo el desempleo. Las jornadas de trabajo perdidas pasaron de 392.914, en el ao 2005, para 1.315.984, en el ao 2008, segn el Instituto de Relaciones Laborales. Con las luchas se extendi la organizacin. Creci la afiliacin a los sindicatos existentes y se constituyeron tambin otros nuevos, al amparo de la proteccin legal, en actividades que permanecan desorganizadas. La cantidad de trabajadores sindicalizados aument desde los 127.600, estimados en el ao 2004, a ms de 213.000, en el ao 2008, segn la central PIT-CNT. La incorporacin masiva de nuevos trabajadores renov, a su vez, a los sindicatos y le imprimi mayor radicalidad a las acciones. Se puso en movimiento una circulacin de luchas y organizacin que se impulsan mutuamente.

La conflictividad en los gobiernos progresistas alcanz dimensiones similares a las que tena bajo los gobiernos de los partidos tradicionales, aunque con un contenido completamente diferente. Ya no son luchas defensivas por conservar el empleo o reclamar el pago de salarios adeudados; los trabajadores aprovecharon las circunstancias econmicas y polticas para pasar a la ofensiva por mayores salarios y mejores condiciones de trabajo.

La organizacin de la negociacin salarial consigui efectivamente encauzar las acciones hacia la firma de convenios colectivos, que comprometen la paz laboral, y encerrar las luchas dentro de los plazos contractuales. La conflictividad adquiri la forma de ciclos, con picos de alta intensidad en los momentos de negociacin, seguidos de profundas cadas y perodos de calma relativa hasta la prxima ronda.

Elaboracin propia con datos del IRL

En cambio, el contenido de los convenios fue alejndose de los lineamientos oficiales. Las negociaciones sectoriales escaparon a la centralizacin y reclamaron un mayor precio al capital por la domesticacin de las luchas. Mientras los ajustes acumulados por el primer gobierno progresista iban desde un mnimo de 9 hasta un mximo de 20, el salario real aumento 26% en promedio durante el quinquenio

No se trata, por cierto, de un aumento desmesurado. Si en vez de los porcentajes, como se hace habitualmente, vemos los valores monetarios, los salarios siguen siendo notablemente bajos. Ms de la mitad de los trabajadores ganaba menos de diez mil pesos mensuales (el equivalente a 500 dlares), en el ao 2010, insuficientes para cubrir las necesidades bsicas, segn el Instituto Cuesta Duarte (2011).

El asunto es otro: Las condiciones del mercado de trabajo y las rondas de negociacin colectiva se combinaron para generar aumentos de salarios que son un desafo para las empresas, que deben promover aumentos muy fuertes del volumen de negocios para generar las mejoras de productividad capaces de absorberlos asegur el economista Pablo Rosselli ( El pas , 30 de abril de 2012).

La recomposicin de clase, tanto en el sentido del empleo como en el aspecto poltico de las luchas y la organizacin, modific la relacin inicial de fuerzas. El cambio invirti la relacin entre las variables y puso a los salarios por delante de la productividad. Los trabajadores convirtieron al salario en un componente exgeno, advierte el Banco Central (2011), en una variable independiente que condiciona a la poltica econmica del gobierno, en lugar de verse determinada por ella.

  1. El vuelco hacia la austeridad

Cuando pas el boom de las materias primas en el mercado mundial y ces la inversin extranjera, decay el dinamismo de la actividad local. El producto interno bruto apenas tuvo una variacin de 0,4% en el ao 2015.

La mediacin poltica pas a actuar entonces en sentido opuesto. Ya no se trata, para el Frente Amplio, de que los aumentos salariales no afecten a la ganancia, sino, al contrario, de detener los aumentos y posibilitar la rebaja de los salarios para permitir una recuperacin de la tasa de ganancia del capital con menores subas de precios.

El gobierno continu administrando los salarios, pero dej de actualizarlos de acuerdo al costo de vida, como haca durante el ciclo progresista, y pas a fijar exclusivamente aumentos nominales. Los lineamientos del Poder Ejecutivo mantuvieron la duracin de los convenios colectivos de dos a tres aos, ahora con ajustes decrecientes a lo largo del perodo. As, indicaron aumentos monetarios de 8 a 10% en el ao 2015, entre 7 y 9% para el 2016 y, finalmente, de 6 a 8% en el ao 2017.

Los ajustes nominales permiten que, incluso aumentando en dinero, el salario real pueda ser rebajado en los hechos por las subas de precios de las empresas. Con una inflacin de 9,4% en el ao 2015, las pautas del gobierno excluyeron prcticamente la posibilidad de aumentos y convirtieron a la negociacin colectiva en una discusin acerca de la magnitud de la rebaja de salarios.

Ajustes cada vez menores aseguran una disminucin continua de los costos laborales, que permita a las empresas restablecer los mrgenes de ganancia con menores subas de precios, y esperan que la menor inflacin compense, a su vez, el atraso salarial. Una correccin de la diferencia con la variacin de precios promete devolver finalmente el nivel del salario real al punto de partida de los convenios.

Si la economa crece y los salarios no, quin se lleva la diferencia? -es la adivinanza que plantea Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte ( El popular , 16 de agosto de 2018).

A travs de la negociacin colectiva, el gobierno del Frente Amplio llev a cabo un autntico golpe contra la independencia de la variable salarial. El vuelco del progresismo hacia la austeridad tuvo como correlato un aumento extraordinario de los conflictos de los trabajadores. La conflictividad alcanz el mayor nivel de los ltimos veinte aos en el 2015, con ms de un milln y medio de jornadas de trabajo perdidas -1.663.895 exactamente, segn el Instituto de Relaciones Laborales.

La magnitud de las luchas puso tambin en evidencia el agotamiento de una estrategia que se apoyaba en la rpida acumulacin de capital para aumentar los salarios por encima de las pautas del gobierno. No slo la rigidez de los lineamientos acentu la centralizacin, sino que el estancamiento de la economa hizo reaparecer el desempleo. Mercado de trabajo y negociacin colectiva se combinaron ahora para detener efectivamente los salarios, que slo tuvieron una variacin de 0,2% en el ao 2018.

Se haba logrado la estabilidad para seguir creciendo, que celebra la publicidad electoral? En realidad, a medida la centralizacin se acenta, decae el inters por la negociacin; convenios colectivos que congelan los salarios pierden la capacidad de comprometer la paz laboral. La conflictividad dej de ceirse al calendario de las negociaciones, como ocurra en el ciclo progresista. Desde el vuelco hacia la austeridad, los conflictos se volvieron continuos, manteniendo importantes niveles, por encima del milln de jornadas de trabajo perdidas anualmente, con indiferencia de las rondas de negociacin.

Elaboracin propia con datos del IRL

El Frente Amplio califica su papel como partido de gobierno por la gestin de los trabajadores dentro del capital. Mediante la centralizacin de la negociacin colectiva, trata de subordinar los salarios a la ganancia y controlar la inflacin. Depende, por lo tanto, de la adhesin de los trabajadores. Los gobiernos progresistas consiguieron encerrar los conflictos de clase cuando la economa creca aceleradamente a costa de mayores salarios. En cambio, desde el vuelco hacia la austeridad, decae la capacidad de la negociacin centralizada de contener las luchas. Tampoco los trabajadores son los mismos de antes. Ya no son las personas desesperadas por la pobreza y dispersas por el desempleo, que produjo la crisis de comienzos de siglo, sino los protagonistas de las luchas que desbordaron la poltica econmica de los gobiernos progresistas.

Referencias

Banco Central del Uruguay (2011). Informe de poltica monetaria, Montevideo, BCU.

Calmfors, Lars y Driffill, John (1988). Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance, Economic Policy v. 3, n. 6, pp. 13-61.

Instituto Cuesta Duarte (2011). Los diez mil pesistas en 2010, Montevideo, PIT-CNT.

Instituto de Relaciones Laborales (1995-2018). Informes de conflictividad, Montevideo, Universidad Catlica del Uruguay.

Lorenzo, Fernando (2010). La poltica econmica del primer gobierno del Frente Amplio, en P. Bustos (comp.), Consenso progresista, Buenos Aires, Fundacin Friedrich Ebert, pp. 145-192.

Traxler, Franz (2003). The Contingency Thesis of Collective Bargaining Institutions, CESifo DICE Report, Institut fr Wirtschaftsforschung n. 2, pp. 34-39.

Tronti, Mario (1964). Lotte operaie e congiuntura capitalistica. Quaderni piacentini anno 3 n. 16, pp. 38-41.

Luis Ibarra es politlogo y Magster en Gobierno y Polticas Pblicas. Trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Repblica en Uruguay.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter