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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-04-2019

Reformas del Cdigo del Trabajo

Juan J. Paz-y-Mio Cepeda
Rebelin


El 1 de agosto de 2018, un grupo de 19 asamblestas present, ante la Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, el Proyecto de Cdigo Orgnico Integral del Trabajo (802 artculos), para el respectivo trmite legal.

El documento es fruto de amplias discusiones en todo el pas, aunque cabe destacar la participacin de trabajadores y tambin de empresarios. Considera que el Cdigo del Trabajo, expedido originariamente en 1938, ha sufrido cambios en el tiempo, pero que, sin duda merece actualizarse. Igualmente advierte que el 60% de poblacin subocupada tiene que ser considerada para un nuevo ordenamiento legal y que la reforma al Cdigo deber contribuir a la generacin de empleo en el pas, sin menoscabar los derechos laborales, ni las necesidades de desarrollo empresarial y, adems, estatal.

El proyecto considera tanto a trabajadores del sector privado como del pblico y en este caso detalla normas para sus servidores; adems, conserva el principio pro-operario y garantiza los derechos del trabajo ya logrados histricamente; ratifica el contrato individual e introduce varias modalidades: aprendizaje, a domicilio, teletrabajo, agentes de comercio, corredores de seguro, transporte, agropecuario y acucola, trabajo en el hogar, martimo, lacustre y fluvial, pescadores, tripulaciones, construccin, artesanal, deportistas, trabajo autnomo, por condicin etaria, situacin especial de vulnerabilidad e incluso trabajo sexual autnomo y de personas privadas de la libertad.

La Presidenta de la Comisin Legislativa de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Liliana Durn, ha comentado, en un reciente foro en la PUCE, que los empresarios no han presentado ningn proyecto de reformas al Cdigo ante esa Comisin, pero que conoce que ellos estn tratando el asunto directamente con el gobierno.

En todo caso, es pblica la posicin de los empresarios de las cmaras de la produccin. Desde mediados de la dcada de 1980, al comps del avance mundial de la globalizacin y la penetracin del neoliberalismo en Amrica Latina, este sector ha propuesto flexibilizar las relaciones laborales, cuestionando los derechos histricos de los trabajadores. Algo logr, pero durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) su avance fue frenado, no solo porque la Constitucin de 2008 impone un modelo econmico social y solidario, redistributivo de la riqueza y con amplias capacidades estatales, as como garantiza los derechos laborales y colectivos, sino porque aquel gobierno apart del Estado la determinante influencia que los altos empresarios haban tenido en el pasado. Se entiende, por tanto, la virulenta reaccin de este sector contra el corresmo.

Pero ese mismo empresariado cuenta hoy con la subordinacin del gobierno de Lenn Moreno a sus intereses, con el giro que se ha dado a la economa incluso por sobre la Constitucin, y con el respaldo que encuentran ahora en el acuerdo que se ha logrado con el FMI, en el cual se enfatiza como urgente a la reforma laboral. Incluso Anna Ivanova, Jefa de la Misin del FMI para Ecuador, ha declarado: No creemos que las exoneraciones fiscales sean muy importantes para el crecimiento, lo que es importante es el entorno empresarial, una buena infraestructura, la seguridad para los inversionistas, la proteccin de los derechos de los inversionistas (por ejemplo, la existencia de arbitrajes para las compaas). As que estamos tratando de realizar una serie de reformas mucho ms grandes que cambiarn el entorno. Entre los componentes importantes citados por los inversionistas est el costo de la mano de obra y que hay muchas rigideces. No existe la posibilidad de trabajar en horas cortas o de tener trabajos de medio tiempo, lo que para las mujeres es muy importante" (https://bit.ly/2DAybZP).

Para la conservadora y tradicional visin empresarial dominante en el pas las mximas aspiraciones son, entre otras: aumentar la jornada laboral, reducir salarios o congelarlos, vincular salarios a la productividad y eficiencia del trabajador, suprimir o reducir el pago de horas extras y, sobre todo, las indemnizaciones por despido, abolir el reparto de utilidades as como la jubilacin patronal, introducir el trabajo por horas y el tercerizado, privatizar la seguridad social.

Mientras el gobierno afirma, sin ninguna transparencia, que la reforma laboral vendr en la ley de fomento productivo 2, los ms recientes e innovadores planteamientos empresariales incluyen: incrementar el perodo de prueba (hoy solo es de 3 meses), con lo cual se libran de pagar indemnizaciones; reducir los costos de contratacin, es decir bajar salarios; reducir los costos del despido, esto es eliminar las indemnizaciones y, adems, ninguna cuando los trabajadores renuncien voluntariamente, con lo cual se retornara al viejo chantaje que exiga suscribir renuncias en blanco al momento de firmar el contrato; que la jornada laboral de 40 horas no sea repartida en cinco das, sino en tres das y medio, un asunto que viola la jornada mxima de 8 horas diarias (que es una conquista histrica) y, adems, burla el pago de horas extras o suplementarias; que en la jornada de 40 horas a la semana se pueda incluir al sbado sin necesidad de pagar esas horas como complementarias, que es una clara eliminacin del pago por horas extras y viola el descanso obligatorio; que se elimine el recargo de 35% a los contratos ocasionales y eventuales; que retorne el contrato a plazo fijo, una propuesta que atenta contra la estabilidad laboral (vase: https://bit.ly/2UXCity).

Lo que primero hay que decir es que toda propuesta de reforma laboral tiene que sujetarse a la Constitucin. Ella garantiza: derecho al trabajo en todas sus modalidades, principio pro-operario, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, jornada limitada, remuneracin justa con un salario digno, libertad de organizacin, contratacin colectiva, huelga, pago de indemnizaciones, participacin en las utilidades, proteccin a las madres trabajadoras, seguridad social que ser pblica, universal y no podr privatizarse, adems, se prohbe toda forma de precarizacin, como la intermediacin laboral y la tercerizacin en las actividades propias y habituales de la empresa, pero tambin la contratacin laboral por horas, o cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras (artculos 325 y sig., 367 y 370). De modo que, si se quiere flexibilizar estos derechos, primero habr que reformar la Constitucin.

Pero, en lo de fondo, ante las reformas legales que plantean las elites empresariales solo cabe una respuesta unificada por parte de los trabajadores: oponernos a esas ideas, rechazar cualquier frmula que implique no solo violar la Constitucin, sino acabar con nuestros derechos laborales y demandar el avance de la legislacin con nuevas y ms modernas medidas, tales como: consolidar la universalizacin de la seguridad social, remuneracin bsica universal, incremento en el reparto de utilidades, responsabilidad social empresarial, ampliacin de infracciones penales por incumplimiento de los derechos laborales (hoy solo existe prisin por no afiliar los trabajadores al IESS), impuestos directos sobre patrimonios, herencias y rentabilidades para financiar servicios pblicos gratuitos y de calidad.

  www.historiaypresente.com // www.juanpazymino.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


 

 


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