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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-05-2019

Inversin chilena en Per y derechos humanos: del discurso a la prctica

Jos Aylwin
Observatorio Ciudadano


La presencia de inversiones chilenas en el mercado peruano no solo es notoria, por los volmenes e importancia adquirida en las dcadas recientes (segn fuentes oficiales, desde 1990 a la fecha se han invertido en Per US$ 19.137 millones, representando el 16,0 % del total invertido en el extranjero). Lo es tambin porque, en las condiciones que se viene dando, podra convertirse en un problema para la poltica exterior chilena en el corto plazo.

El motivo de esta preocupacin est relacionado con el contenido y las conclusiones del informe elaborado por el Centro de Polticas Pblicas y Derechos Humanos (Per EQUIDAD), y presentado esta semana en Santiago, donde se da cuenta del impacto en los derechos humanos por parte de empresas chilenas que operan en Per. En este documento se analizan los efectos de las polticas corporativas de cinco grupos econmicos chilenos en tres dimensiones claves para los derechos humanos: los derechos laborales, el derecho a un medio ambiente sostenible y la justicia fiscal. Las empresas analizadas forman parte de los conocidos grupos Ripley, Saga Falabella, CENCOSUD, Abastible, Protisa y Geopark, las que fueron seleccionadas por el peso que tienen en sus respectivos rubros. Actualmente cada una de estas empresas constituye un referente para el imaginario del consumidor de las clases medias y emergentes en Per y otros pases donde tambin tienen presencia.

De acuerdo al informe expuesto a representantes sindicales, organizaciones de sociedad civil y representantes de la Cmara de Comercio Chilena, los hallazgos reportados no son muy alentadores. En cada una de las dimensiones analizadas se registran conductas y prcticas laborales, ambientales y tributarias que han sido sancionadas y observadas por las autoridades peruanas, por contravenir normas internas e internacionales en materia de derechos humanos.

A partir del anlisis de informacin oficial del gobierno peruano, el testimonio directo de los trabajadores e informacin obtenida de medios periodsticos, se pudo identificar prcticas y acciones que afectan los derechos de sus principales grupos de inters.

En el mbito laboral, si bien la existencia de sindicatos puede ser visto como un mrito en un pas donde apenas el 5% de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) ocupada est sindicalizada, la labor sindical en estas empresas resulta sumamente difcil y compleja. De este modo, son varios los casos de incumplimientos normativos y administrativos que comprometen derechos fundamentales. Se tiene el caso de los dirigentes de Ripley sancionados por el hecho de criticar las polticas de su empleador en redes sociales. O el incumplimiento de los convenios colectivos en aspectos tan sensibles como la seguridad y salud ocupacional, en el caso de Abastible. Lo mismo que la invitacin a la renuncia voluntaria a las que estn expuestos los trabajadores sindicalizados en Cencosud.

La situacin no es muy distinta en materia ambiental. El informe de EQUIDAD presenta el caso de Geopark, empresa que comparte con la estatal Petro Per la explotacin de un lote petrolero en Loreto, en el corazn de la Amazona peruana. Recientemente Geopark fue denunciada por las comunidades indgenas por poner en riesgo la sostenibilidad de sus recursos y territorios ancestrales. Tambin por promover organizaciones indgenas paralelas, minando su representatividad como lderes comunales.

Asimismo, en el mbito fiscal estas empresas se vieron beneficiadas con los contratos de estabilidad tributaria firmados por el Estado peruano, en un contexto en que se buscaba incentivar y ampliar la presencia de la inversin privada chilena en el Per. Sin embargo, estas empresas optaron por colocar sus fondos en parasos fiscales, fuera del marco de control del gobierno peruano, impidiendo que las ganancias fueran reinvertidas o redistribuidas en ese pas.

La constatacin de prcticas lesivas a los derechos fundamentales por parte de estas empresas chilenas en Per, pone en una situacin delicada no solo los grupos econmicos implicados (considerados instituciones emblemticas de la marca Chile en el exterior), sino sobre todo al propio Estado chileno.

En efecto, desde el 2017, Chile cuenta con un Plan de Accin Nacional de Empresas y Derechos Humanos que aunque no de manera explcita, reconoce que el Estado y las empresas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos que trascienden las fronteras. As por ejemplo, en las medidas consideradas en el Pilar 1 de dicho Plan relativo a la obligacin del Estado de proteger los derechos humanos, se asigna al Ministerio de Relaciones Exteriores la tarea de fortalecer las capacidades de los diplomticos en materia de derechos humanos y empresas, con el fin de que cuenten con herramientas para apoyar a las empresas chilenas en el exterior, a travs del desarrollo de un Mdulo anual de Derechos Humanos y Empresas en la Academia Diplomtica. Tambin se le asigna la responsabilidad de difundir, entre las embajadas de Chile en el exterior, herramientas que permitan orientar a las empresas chilenas que tengan operaciones en dichos pases sobre los riesgos en materia de derechos humanos.

Las obligaciones extraterritoriales del Estado en materia de derechos humanos en el contexto de la actividad de empresas chilenas fuera del territorio le fueron representadas a Chile por el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas el 2015. En aquellas oportunidad dicho Comit manifest su preocupacin por los impactos de empresas chilenas en derechos econmicos, sociales y culturales (DESC) fuera del territorio nacional, instndolo a adoptar medidas legislativas y administrativas para asegurar la responsabilidad legal de las empresas y sus filiales domiciliadas en Chile cuando se violaran estos derechos a travs de sus actividades en el extranjero.

Ello no resulta casual. Entre 1990 y 2014, la inversin de empresas chilenas en el exterior totaliz US $99.959 millones. Existe un nmero superior a 1.200 empresas chilenas con ms de 3.000 proyectos en el exterior, que se distribuyen en ms de 60 pases entre Amrica, Europa, Asia, Oceana y frica. Las inversiones de estas empresas se realizan no solo en pases como Estados Unidos, Canad y Blgica, sino que fundamentalmente en Amrica Latina, en particular en Per, Brasil, Colombia y Argentina. Ellas incluyen rubros tan diversos como la generacin y distribucin elctrica, la minera, la industria, el sector forestal, el trasporte areo y el retail (DIRECON, 2015 ). El case de Per abordado en este informe es muy relevante, ya que constituye el segundo lugar de destino de las inversiones chilenas en el exterior. El grueso de la inversin chilena en ese pas est ubicada en el sector servicios y retail, sectores muy sensibles y dependientes de la proyeccin que tiene su imagen corporativa. Todo lo cual compromete la propia competitividad de la economa chilena.

Es lamentable que el Estado chileno, en cumplimiento de las recomendaciones del Comit DESC, y de las directrices de su propio Plan de Accin Nacional de Empresas y Derechos Humanos no haya establecido hasta la fecha ninguna regulacin o poltica efectiva que permita asegurar que las actividades de las empresas domiciliadas en Chile no vulneren los derechos humanos a travs de sus inversiones fuera de sus fronteras.

El informe presentado por EQUIDAD debe ser visto con un insumo fundamental para la revisin de los mecanismos y sistemas de seguimiento previstos en el Plan de Accin Nacional. El mismo que debe servir para prevenir y evitar que prcticas y conductas como las reportadas, erosionen y minen todo el esfuerzo desplegado desde la institucionalidad pblica para proyectar una imagen de progreso y modernidad, a travs de la accin directa de la inversin chilena en el extranjero.

Jos Aylwin, director del Observatorio Ciudadano; Enrique Fernndez, programa de Empresas y Derechos Humanos del Centro de Polticas Publicas y Derechos Humanos - Per EQUIDAD.

www.observatorio.cl



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