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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-05-2019

Piratas del Siglo XXI
Avalada por el Derecho Internacional Venezuela enfrenta el bloqueo

Jos Flix Rivas Alvarado
Digital Question


Venezuela est incapacitada para hacer sus pagos internacionales (entre ellos el de servicio de la deuda externa), vender sus exportaciones petroleras y utilizar sus activos internacionales, porque su economa y la sociedad toda est siendo sometida a un bloqueo econmico y financiero que hace nfasis en estrangular sus transacciones comerciales y financieras, con el nico fin de intentar el derrocamiento del gobierno constitucional de Nicols Maduro.

La interrogante que surge es qu puede hacer el Estado venezolano para enfrentar esta operacin mundial de acoso, que viola los principios y las normativas establecidas por el derecho internacional y por la propia Naciones Unidas?

Asfixiar para arrodillar, en nombre de la libertad

Impedir la venta de petrleo y, por tanto impedir las importaciones bsicas, forma parte de una frmula para el caos para derrocar gobiernos, aplicada en el pasado por los Estados Unidos. La misma consiste en generar las condiciones sociopolticas que justifiquen una intervencin internacional, un Golpe de Estado o una insurreccin interna. Es la prosecucin del apoyo poltico basado en hambre, muerte, destruccin y terror. Es el capitalismo del desastre y la estrategia del shock aplicado a la realidad venezolana.

Las medidas crecientes de bloqueo comercial y financiero tienen profundas consecuencias sobre los derechos humanos fundamentales del pueblo venezolano, especialmente sobre los derechos econmicos y sociales y, han sido y son de tal magnitud, que no se debe dudar en calificarlas como genocidas. Lo paradjico, es que los impactos criminales provocados ex profeso sobre las condiciones de vida de la poblacin y la produccin del pas, al unsono, se utilizan como excusa para justificar una accin intervencionista que, cnicamente, se encubre con el manto ideolgico de ayuda humanitaria".

Las medidas de bloqueo financiero fueron acompaadas por el secuestro, apropiacin y uso de los activos externos. Las sanciones emitidas desde Estados Unidos y la Unin Europea, actuaron como verdaderas patentes de corso para que se activara una operacin de piratera en pleno siglo XXI, cuyo modus operandi se expresa en acciones ilegales de secuestro de activos que le pertenecen a la Nacin. Tal como ha ocurrido con CITGO (la compaa petrolera propiedad del Estado venezolano que opera en Estados Unidos), con el oro en reserva depositado en el Banco de Inglaterra y con la retencin de fondos en los bancos internacionales.

Las sanciones las han tomado pasndole por encima a lo establecido por el sistema de Naciones Unidas. Son sanciones unilaterales, arbitrarias e ilegales tal como lo ha sealado la Cancillera venezolana, basadas en el poder de la fuerza bruta, del chantaje y de la construccin de un relato comunicacional satanizador que permita que los habitantes de los pases imperialistas acepten pasiva e inconsciente involucrarse en una accin genocida contra una nacin soberana.

Qu puede hacer el Estado venezolano para enfrentar el acoso?

Hay una vinculacin entre los principios, consagrados en el Derecho Internacional, de no intervencin y autodeterminacin, y la defensa jurdica y poltica frente al bloqueo y el pirateo de los activos internacionales de Venezuela.

Histricamente, a partir de la Doctrina Estrada, poltica exterior de Mxico desde 1930, presentada por su Secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, el reconocimiento de un gobierno por parte de otro gobierno extranjero, pasa por respetar los principios de la autodeterminacin y la no intervencin en los asuntos internos de cualquier pas. Bsicamente, sta doctrina expresa el respeto que debe haber por las coexistencias, a nivel mundial, de diferentes modelos econmicos, polticos y sociales.

En este sentido, se trata de evitar que un Estado se arrogue el derecho a reconocer un gobierno elegido de acuerdo a las reglas establecidas por esa nacin. La Doctrina Estrada, nacida en Latinoamrica, fue asimilada por el Derecho Internacional, asumido por las Naciones Unidas. Cuando fue enunciada, se consideraba como una prctica denigrante otorgar reconocimientos de gobiernos si esto afectaba o hera la soberana de otras naciones en la medida que intervengan en los asuntos internos, atribuyndose la potestad de calificar (ni precipitadamente ni a posteriori) el sistema poltico y decidir favorable o desfavorablemente sobre las capacidades legales de regmenes extranjeros.

En este sentido, todas las declaraciones del Grupo de Lima, as como los reconocimientos de personas no nombradas por el actual gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela, para cumplir funciones diplomticas y gerenciales en empresas pblicas de propiedad venezolana, radicadas en el exterior, violentan la soberana venezolana en la medida que transgreden los principios de no intervencin y autodeterminacin. Igual, el intento de introducir ayuda humanitaria a territorio venezolano sin el consentimiento del Estado venezolano, tambin es un acto que vulnera los principios mencionados. La Doctrina Estrada, y otros aportes legados por Amrica Latina, en el ejercicio del derecho de los intereses nacionales de sus pases, son herramientas slidas para defendernos (como Estado y nacin) frente al sitio neo medioeval.

Evidentemente, las medidas contra la nacin venezolana que estn asumiendo las potencias imperialistas no se ajustan al Derecho Internacional sino a la capacidad de amenazar y chantajear con el uso de la fuerza y de imponer sus intereses polticos y econmicos. Existe legislacin multilateral e internacional para hacer una defensa de los intereses de Venezuela.

Hacerlo en forma inmediata no slo reafirmara, ante cualquier instancia los derechos de Venezuela, sino que, adems, servira para clarificar ante una opinin pblica nacional e internacional - manipulada y confundida - los derechos soberanos que asisten a Venezuela, ante la brutal y gigantesca usurpacin de la cual es vctima.

Las sanciones unilaterales establecidas por Estados Unidos, por el Grupo de Lima y por la Unin Europea, vulneran desembozadamente los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para dilucidar controversias entre pases.

En el caso de la deuda externa venezolana, los representantes del capital financiero, en componenda con actores polticos antipatriticos impuestos - devenidos voceros y agentes de las polticas imperialista de Donald Trump - no slo se han apropiado ilegalmente del patrimonio sino que, actualmente, atribuyndose la representacin de los intereses econmicos del Estado venezolano, estn celebrando reuniones en Nueva York y en Washington para negociar con los tenedores de Bonos de la deuda pblica externa venezolana que tienen pagos atrasados.

En este ultimo sentido, urge enfrentar esta arremetida y, el Estado venezolano tiene dos motivos para que pueda plantarse y establecer las reglas de negociacin, en vez de los que ahora estn usurpando sus funciones.

En primer lugar, el retraso en el compromiso de pago de la deuda se debe a que la capacidad (capability) y la disposicin (willingness) de pago ha sido afectada por factores ajenos a su responsabilidad. Es decir, hubo una alteracin de las condiciones que se plantearon originalmente, cuando se emiti la deuda. Venezuela no puede cumplir con el pago de la deuda a causa de las sanciones que los propios agresores han provocado.

El segundo argumento para el manejo del cumplimiento del pago de la deuda externa, es que el mismo no debe estar por encima de los derechos humanos econmicos, sociales y culturales, elementales e inalienables, del pueblo venezolano.

En la prctica, por cierto, el gobierno venezolano, ante la limitacin de recursos, ya ha comenzado a priorizar, destinando recursos a la alimentacin, la salud y la atencin de las dems necesidades bsicas. Si no ha podido continuar con el pago de la deuda externa es porque se lo impidieron las condiciones del bloqueo y por su obligacin de atender las necesidades bsicas ante una sociedad asediada.

Los que ahora se atribuyeron ilegalmente la administracin de los activos de CITGO, en Estados Unidos y, los que estn negociando el pago del servicio de la deuda con tenedores, estn mostrando con este acto usurpador que, sus intenciones finales son satisfacer al capital financiero frente al sufrimiento del pueblo trabajador.

Conclusiones en tono de propuesta

1) Venezuela cuenta con una base jurdica en el Derecho Internacional para establecer una estrategia exitosa de defensa frente al bloqueo y al pirateo de fondos. En el caso contra la Exxon Mobil Corporation, en 2008, se derrotaron jurdicamente las acciones ilegtimas gracias a un impecable trabajo de un equipo tcnico-jurdico que se organiz para defender los intereses de la nacin.

2) Se debe construir una Red de apoyo Internacional para la defensa jurdica y poltica de Venezuela. Especialmente, en los pases del capitalismo central, donde existen importantes sectores acadmicos y profesionales que apoyaran esta iniciativa. En los pases latinoamericanos, hay una importante experiencia de profesionales y acadmicos en este campo que puede y debe ser aprovechada. En Brasil, Argentina, Uruguay y Mxico encontramos un acervo de doctrinas, conocimientos y experiencias que pueden servir para defendernos contra las invasiones brbaras del siglo XXI.

3) Venezuela no puede pagar su deuda externa por culpa de las sanciones que ellos han provocado. En este sentido, existe un acervo en el mbito jurdico y de la experiencia internacional, que favorecera a Venezuela, incluso en territorios institucionales de algunos pases que, por conviccin o por presin, se anotaron en la componenda contra Venezuela. La opcin de declarar la moratoria del pago de la deuda externa pblica es una medida soberana, que llevara a ratificar que los tenedores de bonos se deben sentar a negociar, exclusivamente, con el Estado venezolano, a travs de los representantes del gobierno constitucionalmente elegido. Esto es una medida de gran importancia no slo jurdica y econmica, sino geopoltica. Esta moratoria de jure de la deuda externa, no afectara a aquellos convenios de cooperacin bilaterales firmados por Venezuela y que estn basados en el respeto de la soberana.

4) En condiciones de asfixia y bloqueo, el gobierno tiene todo el derecho y la obligacin de priorizar las necesidades de la poblacin. La utilizacin de las divisas debe orientarse a comprar bienes y servicios para alimentacin, la salud, la prestacin de servicios pblicos, la produccin, la educacin, y la cultura. El intento ilegal del pago de la deuda por agentes no autorizados por el gobierno venezolano, no slo es una accin que pone riesgo jurdico a los involucrados, sino que adems, revela que los intereses polticos de la oposicin se inclinan por priorizar el pago de la deuda externa y no por las necesidades de la poblacin. La Asamblea Nacional, en desacato, no slo colabora con que un gobierno extranjero se apropie de activos de la nacin, sino que, cuando dispone (ilcitamente) de los recursos los destina para pagarle a los buitres.

Las reservas internacionales y los dems activos externos les pertenecen a la Nacin. Los buitres y tiburones se estn preparando, desde hace ms de un ao, para repartirse este patrimonio, en una de las mayores acciones delictivas que se han desplegado desde la poca de la colonia y de los corsarios imperiales.

Lo que est en juego es el sufrimiento del pueblo venezolano, pasando por un atropello a su dignidad y a su patria, en la medida que no se respetan los principios de autodeterminacin y de no injerencia.

Urge tomar acciones contra esta arremetida.

Fuente: http://questiondigital.com/piratas-del-siglo-xxi-avalada-por-el-derecho-internacional-venezuela-enfrenta-el-bloqueo/



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