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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-05-2019

Empez otra dolorosa tragedia sin responsables?

Manuel Humberto Restrepo Domnguez
Rebelin


El estado Colombiano en calidad de miembro activo de la Organizacin de Naciones Unidas ha suscrito y ratificado en su totalidad las declaraciones (DUDH de 1948), tratados, pactos y protocolos (derechos civiles, politicos, economicos, sociales y culturales), convenciones (viena) y convenios de DDHH y del DIH (Ginebra), entre otros, de obligatorio cumplimiento. Admas es parte de la Convencin Americana de derechos humanos y del Sistema Interamericano de proteccin de los derechos humanos (SIDH) que le impone responder por sus actos ante la Corte (CID) y la Comisin (CIDH). Esta ejemplar conducta le ha permitido beneficiarse de mltiples aportes de cooperacin a proyectos tales como el de la mision de apoyo a la paz (MAP-OEA).

A pesar de este inigualable cmulo de compromisos internacionales, por la defensa, proteccin y promocin de los derechos humanos, el gobierno parece seguir la tesis de que para l no hay limites, ni a su poder, ni a su voluntad de accin, guiada por los intereses propios del partido del gobierno, que suplantan los del pueblo constituyente y creador del poder del estado. Su escaso afan por resolver las demandas de la poblacin estn basados en la idea de que la sociedad no es una relacin de personas, si no una masa inconexa util para experimentar sus calculos politicos que dan lugar a escandalos, equivocaciones reiteradas y mensajes poco comprensibles de la manera de gobernar, que unas veces parece producida en la ingenuidad y otras en la astucia de quin cree tener un poder infinito y a salvo de ser auscultado.

El gobierno acta como si en esta sociedad no hubiera seres humanos conscientes y trata de ponerlo todo a su alcance para usarlo a su favor, a como de lugar, segn se desprende de sus sorprendentes declaraciones y proposiciones, que impiden saber -o al menos imaginar- qu tipo de ser humano es el que existe para el gobierno y sobre el que fija sus politicas y decisiones, en todo caso, apartadas de los mandatos de proteccion, preservacion y realizacin de los derechos humanos, que incluyen la defensa de la vida, la dignidad y el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos, con el aval y acompaamiento de todas estos organos, entidades y mecanismos internacionales.

Al presidente, al cuerpo de gobierno y a los directivos de todas las instituciones, corresponde la tarea tica y poltica de honrar lo pactado en materia de derechos humanos, es decir, crear, organizar y dar al servicio instrumentos, mecanismos, politicas, recursos y leyes adecuadas que garanticen la prevencin y proteccin efectivas a todos los integrantes de la comunidad llamada nacin, es decir la totalidad de su poblacion. Un deber esencial del estado es preocuparse por preservar la tranquilidad ciudadana, liberarla de miedos y violencias y conjurar en todo tiempo y lgar cualquier intento (de partido, grupo o sector) por polarizar y enfrentar a la sociedad, porque ello pone en riesgo la estabilidad, la paz y la armona que produce el bienestar colectivo. Existe la tambin la obligacin de mantener la soberana evitando injerencias e intromisiones de otros estados, empresas o particulares y preservar las riquezas colectivas y el orden constitucional. Hay igualmente responsabilidades del estado frente a los otros estados, naciones y territorios, conforme a las reglas de los derechos de autodeterminacin de los pueblos, entendiendo que entrometerse crea riesgos que fcilmente alteran la paz y promueven multiples y variadas formas de violencia.

En las condiciones actuales el gobierno parece no atender nada distinto a su propio interes que est debilitando los sistemas y conquistas sociales e impidiendo avanzar hacia la humanizacin y la convivencia alentada por el fin del conflicto armado y el abandono de la guerra que degener en barbarie. Acta como un ente autonomo, independiente y soberano y olvida responder por la vida digna de todos sus habitantes y de ofrecer garantias para la realizacin de los derechos reconocidos ya consignados uno a uno en la constitucion, con arreglo al pacto social vigente. Este andamiaje terico ya probado y comnmente aceptado, al gobierno le resulta ajeno a sus responsabilidades y hace caso omiso de su deber de respetar y hacer respetar los derechos, conforme a lo previsto en el articulo 30 de la declaracion universal de derechos cuando anuncia que Nada en esta Declaracin podr interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresin de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaracin. Es clara y contundente que el estado no es portador de derechos, con lo cual el gobierno por incumplimiento o negacin estara entrando en los planos de ilegitimidad e ilegalidad que puede ser tratada en tribunales dadas las reiteradas acciones contrarias a derechos.

Los hechos politicos y sociales solamente ocurridos en la primera semana de mayo de 2019, anuncian que en derechos humanos se reinici el camino de una dolorosa tragedia sin responsables, que dejar otro retroceso profundo previsible con el regreso de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, que comprometen tanto el ministro de defensa como al soldado que arremete con sadismo contra su victima (caso Dimar Torres, excombatiente); las dilaciones, cohechos y fraudes en el seno del Congreso de la Republica, para hundir la integridad del mecanismo esencial del pacto de paz (JEP); el complot de estado para derrocar al gobierno vecino, con dedicacin exclusiva de cuatro altos funcionarios (Vicepresidenta, Canciller, Embajador en la OEA, Embajador en Estados Unidos); la intromisin abierta del Embajador de Estados Unidos invitando a los congresistas a decidir en contra del acuerdo de paz alcanzado; el asesinato sistemtico y planeado de lideres sociales y el silencio de todo el Estado; la intromisin del canciller ante la CIDH tratando de impedir una audiencia citada legitimamnete por la JEP a un ao de funciones. Sin duda algo anda mal, en materia de derechos, gobernabilidad y justicia, de lo que es estrictamente responsable el gobierno y el partido de gobierno, cuya temeraria retorica ahonda la polarizacion, afecta la tica, la politica, la verdad y la justicia, ofende la inteligencia y redescubre odios que impiden la vida con dignidad, que es la nica que puede llevar al fin de la barbarie y abrir el camino efectivo de la paz.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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