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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-05-2019

Parados? Que se jodan!

Manuel Caada Porras
Rebelin


11 de julio de 2012, Congreso de los Diputados. Rajoy explica desde la tribuna los nuevos recortes sociales. Justo cuando anuncia una merma brutal en las ayudas al desempleo, entre el aplauso de los suyos se alza la voz enrgica de Ana Fabra: S seor, muy bien, muy bien. Que se jodan!.

El exabrupto revela la catadura moral de la diputada del PP, pero nos equivocaramos estrepitosamente si pensramos que se trata de una simple grosera, privativa de una persona o de un partido. En el lapsus de la parlamentaria aflora un hondo desprecio de clase, reprimido habitualmente por la correccin y el clculo poltico. En ese desdeoso que se jodan! se condensa toda una visin sobre el desempleo y los parados que est arraigada en la prctica cotidiana del poder. Veamos, para muestra, un reciente botn del abuso ordinario:

25 de abril de 2019, Mrida. Juan Carlos Nieto, funcionario en el Servicio Pblico de Empleo (SEPE) se dirige a la directora provincial de Badajoz para manifestarle su preocupacin social y laboral ante la sancin que vienen sufriendo algunos desempleados. Todos los meses, entre ocho y diez parados solo en la delegacin de Mrida- son castigados con la suspensin de un mes en la prestacin o el subsidio por no comparecer a los controles de presencia. Pero, como manifiesta Juan Carlos Nieto, los sancionados difcilmente pueden acudir a las convocatorias cuando las cartas han sido devueltas al remitente, es decir al SEPE, y por lo tanto desconocen la citacin. Este requerimiento, este control, no se hace de forma aleatoria sino que se efecta de manera planificada y arbitraria con el objetivo de imputar una falta, y por tanto una sancin en la percepcin de la prestacin, afirma el funcionario en su escrito, a quien esta actuacin del organismo pblico para el que trabaja, le genera no solo muchas dudas jurdicas, sino sobre todo morales.

Hace falta ser muy canalla para robarle el subsidio de desempleo -430 euros- a una familia que se encuentra al borde de la miseria o en la plena exclusin social. Es muy sencillo de entender si pensamos lo que nos pasara a nosotros mismos si un mes no nos ingresaran la nmina, le recuerda el honrado ayudante de prestaciones a la directora del SEPE. Pero, por asombroso que parezca, es lo que ocurre todos los das en nuestro pas. El robo a los pobres, a manos llenas, a espuertas.

El latrocinio no se produce exclusivamente en Mrida o en Extremadura. Ya en 2013 parados de Ciudad Real, Navarra, Granada y Salamanca denuncian hechos similares, pero el SEPE se lava las manos atribuyendo la responsabilidad en aquel momento a Unipost. En 2015, el Informe del Defensor del Pueblo, de nuevo, da cuenta de quejas de otros desempleados afectados por el mismo atropello. Y en 2017 los sindicatos denuncian que una ronda de citaciones masivas ha dejado sin prestacin a decenas de miles de parados. El SEPE no convoca a los desempleados para ofrecerles un curso de formacin ni tampoco, faltara ms, para proponerles un empleo, sino para certificar que estn disponibles. Y lo hace adems mediante correo ordinario. La conclusin de esa intrpida campaa la recoge el Informe del Servicio Pblico de Empleo: 22.734 parados sern castigados durante ese ao con la suspensin de la prestacin o el subsidio de desempleo, un 25% ms de resoluciones sancionatorias que en el ejercicio anterior. Las cuentas de la rapia son estremecedoras: slo en un ao, por ese procedimiento, ms de 20 millones de euros le son arrebatados a la poblacin ms humilde por parte de una maquinaria institucional inhumana y corrupta.

Los seoros de Kafka

Condenado a convertirse en mercanca muerta, vencida, como si el paro fuera un azar, un no hubo suerte, un esta mercanca no vinieron a buscarla o caduc, en vez de ser prohibicin de existir, prohibicin ejecutada y mantenida cotidianamente

Beln Gopegui, Prlogo a Nuestro Marx, de Nstor Kohan


La piedad o la horca. Esa fue durante siglos la nica disyuntiva imaginable para los pobres. Filantropa y represin, caridad y picota, combinadas de mil formas distintas. Hoy, retorna con fuerza el perverso dilema, arramblando con las conquistas del movimiento obrero. Los bancos de alimentos y las leyes mordaza, las rentas mnimas y la criminalizacin de la pobreza, los contratos basura y el clientelismo. A pesar de la apariencia y de todos los cuentecillos de la posmodernidad, pura lucha de clases. Salta, aqu est Rodas!

La proteccin al desempleo es uno de los campos de batalla, una de las piezas a batir. Su desmantelamiento ha sido uno de los objetivos permanentes de las polticas neoliberales en Espaa. Los decretazos en 1992 y 2002, de la mano de Felipe Gonzlez y de Aznar respectivamente, la legalizacin de las ETTs y agencias privadas de colocacin, el invento del IPREM y la consiguiente desvinculacin de subsidios y salario mnimo, constituyen algunas de las embestidas ms destacadas. Pero ser tras el temblor de 2008 cuando asistamos a una radicalizacin en la ofensiva de los poderosos. Al inicio de la crisis sistmica la cobertura al desempleo acoge a casi el 80% de los parados, actualmente no llega al 56%. Y el gasto en prestaciones ha pasado de los 31.564 millones de euros en 2012 a los 17.411 del ao 2018. No, que se jodan! no es la salida de tono de una descerebrada, sino una seal involuntaria del asalto programado.

Ningn empleo es tan duro como ninguno, clamaba el lema del movimiento de parados en Alemania a finales de los aos noventa. El paro desguaza familias y vidas, hunde en la angustia, enferma y mata. Este es, trabajadores, aquel que en la labor sudaba para afuera/que suda hoy para adentro su secrecin de sangre rehusada!, escriba Csar Vallejo. Manos e inteligencias rehusadas, esperanzas y vidas rehusadas.

La malla burocrtica se adensa. Las polticas sociales pasan progresivamente de la proteccin al castigo. Y en las oficinas de empleo se va introduciendo, paso a paso, la lgica coercitiva de los servicios sociales. Sellar en horas distintas, acreditar la bsqueda activa de empleo, transitar de curso en curso El paradigma de referencia al que se aspira desde el poder son las rentas mnimas y el modelo especfico de los servicios sociales, la inmersin de la pobreza en el laberinto burocrtico (Sara Mesa). De ese modo, los derechos sociales se difuminan y su lugar lo ocupan gradualmente la caridad y la discrecionalidad.

Las rentas mnimas de insercin se convierten as en la viga maestra de las polticas sociales. Engalanadas con nombres a cul ms pretencioso renta de inclusin en la comunidad valenciana, renta garantizada en Catalua, renta bsica de insercin en Extremadura- todas estn cortadas por el mismo patrn y comparten la misma naturaleza irreformable: fortificar el gueto de pobres e impedir que los de abajo se conviertan en sujeto de transformacin. Dilacin, control social, arbitrariedad, estigmatizacin, esas son las caractersticas consustanciales a todas ellas.

Las cosas de extrarradio van despacio. Y aunque en teora se trata de rentas para hacer frente a las necesidades ms bsicas y urgentes, prcticamente en todas las comunidades el tiempo medio de resolucin de las solicitudes supera los 10 meses. Citas con cuentagotas, colas de madrugada, o los telfonos de informacin en el limbo forman parte del paisaje. Y del papeleo para qu hablar. Kafka se pavonea por las oficinas, multiplicando los requisitos: fotocopias compulsadas de documentos que obran en poder de la administracin, el certificado de haber pasado la ITV del coche o de la moto, la acreditacin de la escolarizacin de los menores las perreras ms inverosmiles que puedan imaginarse porque, ya se sabe, un pobre es siempre un defraudador en potencia. Pero esto no ha hecho ms que empezar, porque cuando comienza la verdadera carrera de obstculos es despus: el informe y la visita del trabajador social, la maestra en los silencios administrativos, la paralizacin de los expedientes o incluso su inaudito extravo. Un ejemplo sangrante de esto ltimo: segn datos oficiales entre 2013 y 2015, 14.000 solicitudes de renta bsica de insercin en Extremadura no llegaron siquiera a ser valoradas. Y para colmo, absolutamente nadie fue penalizado ni asumi responsabilidad alguna por semejante fiasco.

Las rentas mnimas se cimentan en la arbitrariedad y el clientelismo poltico. Esas son sus autnticas seas de identidad. Para esclarecer esta afirmacin quizs pueda servir como referencia lo ocurrido en Extremadura durante los ltimos cinco aos. Dos escuetos testimonios de las ltimas semanas: a una compaera de Villafranca, madre en paro, con hijos a cargo, le deniegan la renovacin de la renta porque, segn el informe de los servicios sociales, le falta inters y motivacin para salir de la situacin en la que se encuentra. Y a otra compaera de Mrida, tambin en paro y con dos hijas menores, se la rechazan porque, segn la trabajadora social, no da el perfil de exclusin social, ya que habla y viste muy bien. Son slo dos casos de las miles de familias que sufren el maltrato institucional de la Junta de Extremadura. En la regin con la tasa de pobreza ms alta de toda Espaa -el 44%, segn el ltimo informe AROPE- se da la vergonzosa paradoja de que el gobierno de Fernndez Vara est pagando al mes casi 5.000 rentas bsicas de insercin menos de las que el Campamento Dignidad y los movimientos sociales consiguieron arrancarle a Monago al final de su mandato. Menos perrunillas, menos golpes de pecho, y ms vergenza y justicia social, seor Vara!

Pero volvamos al anlisis de la mquina trituradora. Las rentas mnimas constituyen un dispositivo funcional al capitalismo salvaje de nuestros das. Con la Renta Mnima de Insercin hemos creado una clase social, afirmaba presuntuoso Claude Girard en la Asamblea Nacional Francesa, all por 1996. Para los que mandan, ah reside el cometido principal de esa herramienta. La disolucin de la clase trabajadora como sujeto de transformacin, la reedicin del espantajo de las clases peligrosas, del fantasma de los barrios conflictivos, el subproletariado, la chunguitud, los vagos y maleantes, los chavs, los canis y las chonis poligoneras, los vagabundos okupas de Viridiana, todas las caricaturas de la pobretera y la clase obrera. Uno de los primeros servicios que la clase marginada brinda a la opulenta sociedad actual es la posibilidad de absorber los temores que ya no apuntan hacia un temible enemigo externo. La clase marginada es el enemigo en casa, que ocupa el lugar de la amenaza externa como el frmaco que restablece la cordura colectiva (Bauman). Renovar los miedos y la fantasa de clase media, incluso entre quienes jams podrn formar parte de ella.

Si el INEM te quema

En la plaza del pueblo

slo hay hombres parados.

El da que revienten

nadie podr contarlo.

Los parados, Luis lvarez Lencero


Ftima Baez, la que hasta poco tiempo fuera ministra de Empleo, una de las mximas responsables en los brutales recortes a los parados, la que regalaba 4.000 millones al ao a los empresarios, anunciaba hace un mes que fichaba por la gran patronal, la Confederacin Espaola de Organizaciones Empresariales (CEOE).

A Endika Zulueta, extraordinario abogado vinculado a los movimientos y luchas populares, le gusta decir que estamos gobernados por psicpatas, que no sienten el dolor que causan. S, son psicpatas sin escrpulos, sin duda, pero sin embargo disponen de algo de lo que en demasiadas ocasiones adolecemos nosotros: conciencia de clase y conciencia de la encrucijada histrica en la que vivimos. Defienden sin complejos los intereses de su clan y, al tiempo que, por ejemplo, se niegan a hacer pblica la lista de los beneficiarios de la amnista fiscal de Montoro, proponen sin despeinarse-como hizo Ftima Bez- que se le quite el subsidio de desempleo a los parados que no atiendan el telfono (20 de agosto de 2013). Como dice Paco Roda, mientras la clase corrupta sale impune de sus tropelas, los pobres se ven obligados a sentarse a diario ante el tribunal del Santo Estigma.

Ellos lo tienen claro, se alimentan de nuestra incertidumbre y de nuestra fragmentacin. El paro, la pobreza y la precariedad, las tres P del suplicio diario, ciegan nuestro futuro e iluminan el suyo. Necesitan que nos creamos los fetiches y atajos fabricados a la medida de nuestra angustia: mrito, ascensor social, igualdad de oportunidades, economa colaborativa, emprendimiento, coaching, inteligencia emocional... La precariedad se ha convertido en el autntico rgimen que gobierna nuestras vidas, mucho ms all del mundo del trabajo. La precariedad es explotacin laboral, por supuesto, pero tambin se apellida desahucios, crisis de los cuidados o bloqueo de la emancipacin familiar. Y, sobre todo, la precariedad supone incertidumbre ante el futuro, impotencia y ruptura de los vnculos comunitarios.

Hace unos aos, entre el 2011 y el 2016, en Espaa el poder vio que peligraba su cortijo. El 15M, las Marchas de la Dignidad o las mareas les apuntaron directamente a ellos, a los mandarines de verdad, al capital financiero, al IBEX 35, al Banco Central Europeo, a la casta poltica y econmica construida sobre la explotacin, las reformas laborales, las privatizaciones, la evasin fiscal, la especulacin inmobiliaria, la corrupcin judicial o meditica. Los poderes maniobraron con rapidez y audacia. Quitaron de en medio al borbn campechano, levantaron preventivamente el pedal del austericidio, pusieron en marcha leyes contra la disidencia o crearon partidos a la medida de la nueva coyuntura. Y pareciera que recondujeron la situacin, que pusieron fin a la crisis poltica, arrastrndonos a un redilillo donde slo pudiera escogerse entre neofascismo y neoliberalismo. Pero la hondura de la crisis sistmica, econmica, ecolgica y civilizatoria, no se resuelve con un simple ajuste de las representaciones polticas.

La partida contina y se reparten ya las primeras cartas nuevas. Aprendamos de la lucha de estos aos. De sus victorias y de sus derrotas. De la extraordinaria capacidad del movimiento social para construir autonoma y desborde, empoderamiento de los de abajo, comunidades de lucha y alianzas amplias. Pero tambin de las frustraciones, de la sobrevaloracin del tablero de la representacin poltica y del menosprecio del campo de lo social, o de la dificultad para sustraerse a una inercia poderosa que empuja a los movimientos bien hacia la cooptacin institucional o bien hacia la endogamia.

Los movimientos sociales constituyen desafos colectivos a las lites, asentados en objetivos comunes compartidos as como en la solidaridad entre sus miembros (Sidney Tarrow). Necesitamos poner en pie propuestas y nuevas formas de unidad a la altura del tiempo histrico, de la crisis que no cesa. Los movimientos sociales contra el paro y la precariedad pueden constituir uno de los componentes fundamentales del nuevo y necesario desafo. Y algunas de sus principales propuestas, como la renta bsica universal, la aplicacin de la Carta Social Europea o la reduccin contundente de la jornada de trabajo, han madurado en el imaginario colectivo y constituyen ya hoy alternativas factibles y transformadoras. Extender el sindicalismo social y el sindicalismo de clase digno de ese nombre y trenzar alianzas con todos los movimientos crticos o emancipatorios que han emergido con fuerza en el ltimo periodo (feminismo, pensionistas, jvenes-ecologismo, Espaa vaciada) puede ser tambin una fuente de creatividad y de organizacin popular.

Tenemos derecho a vivir dignamente. Pongamos en pie los nuevos desafos. Es tiempo de chalecos rojos, amarillos, violetas, rojinegros, verdes y rurales.

Manuel Caada, miembro del Campamento Dignidad y de la Marea Bsica contra el paro y la precariedad

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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