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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-05-2019

Privatizaciones en marcha

Juan J. Paz-y-Mio Cepeda
Rebelin


El Acuerdo del Ecuador con el FMI seala, entre las medidas que deben cumplirse en 2019: "Monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados. Este proceso se realizará de manera absolutamente transparente, maximizando los beneficios para el Estado, asegurando que la cobertura de servicios no sea afectada y evitando pasivos contingentes en la presupuestación."

Tambin en dicho acuerdo consta: <<Asociaciones público-privadas. A fin de alentar la inversión privada, legislaremos un marco institucional para asociaciones público-privadas siguiendo las mejores prácticas internacionales. Consideramos que esto aumentará la productividad, disminuirá las presiones presupuestarias y producirá mayores ganancias por eficiencia, las cuales también impulsarán el crecimiento de la productividad>>.

Los trminos utilizados en la carta de intencin con el FMI (como monetizar activos de propiedad pblica) sirven para disfrazar un hecho esencial: la PRIVATIZACIN de bienes y servicios del Estado.

Poco importa que se diga permanecern bajo propiedad pblica, porque claramente se especifica que los derechos de concesin sern otorgados a socios privados (mediante concesin, asociacin, alianza estratgica u otras formas contractuales); y, desde luego, no es ms que una cuestin de palabras afirmar maximizando los beneficios para el Estado, y adems asegurando que la cobertura de sus servicios no sea afectada.

Para concretar las privatizaciones, el presidente Lenn Moreno ha expedido el Decreto 170 (16 de mayo de 2019), que:

1) crea el Comit Coordinador de Gestin Delegada, que ser el encargado de encaminar las privatizaciones, disfrazadas con el concepto gestin delegada, definido as: se entiende por gestin delegada, a la -sic- acciones realizadas por el Estado para obtener financiamiento en condiciones favorables a travs de la delegacin de proyectos al sector privado o a la economa popular y solidaria, con el fin de satisfacer el inters pblico; 2) crea una Secretara ad-hoc como unidad de asesoramiento para el presidente en esta materia; 3) dispone que en el plazo de 30 das, los ministerios sectoriales debern proporcionar al Comit una descripcin general de los posibles proyectos para monetizacin de activos del Estado que consideren pertinentes desarrollar en sus respectivas carteras de Estado, con el correspondiente anlisis de viabilidad para la ejecucin del mismo. Adicionalmente, esta informacin deber ser actualizada al menos de manera mensual. Cabe anotar que de acuerdo con el organigrama de la Funcin Ejecutiva, hay 5 Consejos Sectoriales, 23 Ministerios y 4 Secretaras con rango ministerial.

Adems, los considerandos del Decreto dejan en claro que tambin se contemplar a los sectores estratgicos (energa, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte, refinacin de hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio gentico, espectro radiolctrico, agua y otros) y a los que estn bajo responsabilidad del Estado (agua, riego, saneamiento, energa elctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria, otros), pues todos ellos de forma excepcional se podrn delegar a la iniciativa privada y a la economa popular y solidaria.

En definitiva, se prepara el desmantelamiento del Estado a favor del sector privado y muy improbablemente a favor del sector de economa popular y solidaria.

El proceso de privatizaciones en marcha es indito en la vorgine de la historia nacional republicana, iniciada en 1830. Ni Sixto Durn Balln (1992-1996), quien fuera el gran privatizador entre todos los gobiernos sucedidos desde 1979 hasta 2017, dise un esquema semejante.

De modo que el sistema de gestin delegada en marcha se sumar a los grandes hitos de beneficio privado en la vida del Ecuador contemporneo: la sucretizacin de las deudas empresariales en 1983 con Osvaldo Hurtado, la resucretizacin de las mismas deudas con Len Febres Cordero en 1987, los salvatajes bancarios entre 1996 y 1999, el feriado bancario de 1999 con Jamil Mahuad, la dolarizacin econmica con Mahuad y Gustavo Noboa en 2000, y smese a todo ello la remisin de intereses, multas, recargos y exoneracin de impuestos contemplados en la Ley de Fomento Productivo de agosto 2018.

Vale aadir que hay datos ya conocidos: de acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), 215 grupos econmicos adeudan U$ 2.260 millones al Estado; son U$ 655 millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas; U$ 4.700 millones salieron a parasos fiscales (hay unos U$ 30 mil millones en esos parasos); en aduanas el perjuicio por facturas falsas es de U$ 2.100 millones; las 500 mayores deudas al fisco suman U$ 1.363,5 millones y las 500 mayores deudas impugnadas U$ 2.937,6 millones.

A dos aos de gobierno, un nuevo triunfo privado est a las puertas y parece imparable. Es de tal magnitud su voracidad, que al desmantelamiento de bienes y servicios estatales para que pasen al rgimen de gestin delegada se suma la flexibilidad y precarizacin de las relaciones laborales ya impulsada (revestida como reformas al Cdigo del Trabajo, pero arrasando con derechos histricos) y, adems, el perdn, las exoneraciones de impuestos y la gigantesca evasin, elusin e impunidad tributarias.

Ecuador es un pas que galopa para convertirse en un paraso privado con liquidacin del inters social y pblico.

  

Artculos, libros y archivos de Historia y Presente , aqu www.historiaypresente.com // www.juanpazymino.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


 

 


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