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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-05-2019

La suspensin de los diputados: una barbaridad antidemocrtica

Miguel Salas
Sin Permiso


La Mesa del Congreso de Diputados ha decidido por mayora la suspensin de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Snchez, Josep Rull y Jordi Turull. Es una decisin grave tomada por quien supuestamente debe velar por las garantas democrticas del conjunto de la ciudadana y tambin de las diputadas y diputados que representan la soberana popular. Se han saltado todas las normas y reglamentos que garantizan los derechos de los diputados. Se ha tirado al cubo de la basura el voto de ms de un milln de personas. Se ha modificado las mayoras parlamentarias, por lo que se tergiversa el sentido del voto expresado por millones de personas. El PSOE ha cedido a la intolerable presin de la derecha, que no acepta su derrota electoral y que agita y seguir agitando con medidas antidemocrticas para tapar su dificultad para obtener mayoras. No porque determinada opinin pblica lo acepte deja de ser una medida antidemocrtica. Mal comienzo para esta legislatura y mal paso para abrir un verdadero dilogo que permita resolver el conflicto cataln.

De locos

Intentemos aclarar a los lectores el sentido de esta suspensin. Veamos algunas opiniones sobre el tema. El catedrtico Javier Prez Royo escribi en El Diario: Cuatro de los polticos independentistas que estn siendo juzgados en el Tribunal Supremo fueron proclamados diputados electos la noche del domingo 28 de abril. Otro fue proclamado senador electo la misma noche. Desde el "momento mismo" en que tuvo lugar esta proclamacin estn en posesin, de acuerdo con lo previsto en el reglamento del Congreso de Diputados, de los "derechos y prerrogativas" propios de los parlamentarios estatales. Aquella misma noche deberan haber sido puestos en libertad, ya que la prerrogativa de la "inmunidad" impide que se pueda perseguir penalmente un diputado o senador sin solicitar previamente la autorizacin de la cmara para poder hacerlo. [] Se trata de una prerrogativa que est reconocida sin excepcin de ningn tipo. No hay ninguna circunstancia ni anterior ni posterior a la proclamacin como candidato electo que excepte la vigencia de la prerrogativa parlamentaria de la inmunidad. No hay ninguno que se prevea en el ordenamiento espaol. Y ya se sabe que "donde la ley no distingue, no se ha de distinguir". En el momento en que un ciudadano es proclamado diputado o senador electo, el Tribunal Supremo, que es el nico que puede entender en su conducta, debe dirigirse al Congreso o al Senado -en este caso, a ambos- "suplicando" (de ah el trmino 'suplicatorio') que den la autorizacin para poder proceder penalmente contra ellos.

El ex letrado del Parlament de Catalunya, Antoni Bayona, public en Audiencia Pblica: La inmunidad parlamentaria tiene como finalidad proteger la libertad personal de los electos frente a detenciones y procesos judiciales que puedan suponer privacin de libertad y, de esta manera, una perturbacin indebida de la composicin y el funcionamiento de las cmaras. Esta proteccin alcanza tanto a los actos producidos antes como durante el mandato parlamentario. [] Las consideraciones que se acaban de exponer permiten sostener que los representantes electos el pasado 28 de abril afectados por el juicio del caso procs gozan de inmunidad desde el momento de su proclamacin como electos, lo que obligara a suspender el juicio respecto de ellos mientras las cmaras no resuelvan el suplicatorio que, necesariamente, debiera pedir el Tribunal Supremo para poder continuar el procedimiento. Es posible que estas conclusiones no gusten a algunos lectores, pero creo que son las correctas hablando en trminos legales.

Anton Losada, profesor de ciencias poltica, escribi en El Diario: El baile de responsabilidades que se traen el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso, para ver quin se come el marrn de suspender a unos diputados electos y no condenados, pinta mal y amenaza con un resultado an ms catastrfico. El show meditico y poltico que se puede montar en Espaa, cuando el eurodiputado Oriol Junqueras acuda a Estrasburgo a tomar posesin de su ms que probable acta, puede acabar colocndonos en la pura antologa del disparate y el esperpento ante una Europa asombrada. Otra vez el quiero y no puedo de la Justicia espaola que acompaa al juicio del procs. Se les reconocen sus derechos porque no hay base legal para negrselos, pero cuando pretenden ejercerlos se recurre a toda suerte de trampas administrativas y trucos de saln; desde el horario de las prisiones a las urgencias de la seguridad parlamentaria. Todo vale para recordarles y hacernos recordar a cada minuto del da que son presos bajo la tutela del Estado.

Una vez que la Mesa del Congreso tom la decisin de suspender a los diputados, leemos del abogado Jaume Alonso-Cuevillas: La suspensin de un Diputado no es competencia de la Mesa, sino del Pleno, previa elevacin de propuesta razonada por la Comisin del Estatuto de los Diputados (arts. 48.2 y 48.3 del Reglamento del Congreso de los Diputados) La suspensin slo procede si la Cmara ha concedido previamente el suplicatorio (art. 21.1. 2 del Reglamento del Congreso de los Diputados), que debe ser acordado por el Pleno, previo examen por la Comisin del Estatuto de los Diputados (arts. 13 y 14 RCD) Conclusin: Sin suplicatorio no puede haber suspensin. El pequeo problema es que la Ley obliga a que el proceso quede suspendido desde la comunicacin hasta que las respectivas Cmaras resuelvan lo que tenga por conveniente (art. 753 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Y para finalizar, reproducimos la opinin de Joaqun Urias, ex letrado del Tribunal Constitucional: Se equivoca la Mesa del Congreso. El 384 bis LECrim (Ley Enjuiciamiento Criminal) no es aplicable a los diputados presos. Slo lo era para los cargos previos al Auto de procesamiento. Por eso hace un ao el Supremo comunic al Parlament la suspensin. Ahora el propio tribunal crey que no se aplicaba. O sea: el Supremo cree que no es de aplicacin la suspensin extraordinaria de la ley de enjuiciamiento, pero el Congreso la aplica. El Congreso interpretando la LECrim y el Supremo el Reglamento del Congreso. De locos. Todo vale para echar a estos diputados del Parlamento. El Supremo dice -implcitamente- que el art. 384 bis no vale para suspender. Los letrados del Congreso dicen que el Reglamento del Congreso no vale para suspender. Pero al final los Diputados estn suspendidos. Se lesiona el derecho de participacin poltica. Muy claramente.

Efectivamente, de locos, si no fuera por las importantes repercusiones polticas y democrticas que tiene la suspensin.

Razones polticas, no judiciales

A pesar de todas estas consideraciones, que, evidentemente, la Mesa del Congreso conoce, decidi tomar esa decisin por razones polticas. No se llama a eso prevaricacin? Tomar una decisin a sabiendas que perjudica a los diputados y a la misma institucin. Y las razones polticas no tienen que ver con el ejercicio de la democracia, sino, al contrario, con limitarla para ceder a las presiones del Estado y de los grupos polticos de la derecha. Ese es el papel que ha jugado el PSOE.

Es evidente que las derechas no van a dejar pasar ni una. Su nica perspectiva es la confrontacin a costa de lo que sea. Hay que tomar nota y no dejarse amilanar. Sirva, como ejemplo, como se han lanzado a degello contra el presidente del Senado, Manuel Cruz, simplemente por declarar en una entrevista, como una eventualidad, que la situacin cambiara si hubiera una sentencia absolutoria de los dirigentes independentistas. Seguir prisionero de esa estrategia de judializacin orquestada por el PP y el resto de las derechas es incompatible con el dilogo que propone el PSOE.

En realidad, quien ha obligado a la Mesa del Congreso ha sido el Tribunal Supremo y, en particular, el juez Manuel Marchena. El Tribunal no quiso suspender a los diputados para no aparecer como el brazo ejecutor de una decisin antidemocrtica y se la remiti a la Mesa. sta le pidi aclaraciones y el juez Marchena respondi que no tena nada ms que decir y la Mesa, en realidad los representantes del PSOE, cedieron a esa presin y a la de las fuerzas de la derecha. Recordemos que en la Mesa, los votos de PSOE y Unidas Podemos son mayora frente a PP, C,s y Vox. Poco le ha durado al PSOE su supuesto giro a la izquierda. A la primera de cambio ha vuelto a votar con las derechas.

Unidas Podemos ha salvado el honor democrtico votando en contra de la suspensin de los diputados. Uno de sus representantes en la Mesa, Gerardo Pisarello, ha declarado que la decisin afecta gravemente a la separacin de poderes, a la autonoma parlamentaria y a la presuncin de inocencia, y, adems, vulnera los derechos de participacin poltica de diputados, que estn presos, pero no condenados, y de sus votantes.

El PSOE debera recordar su propia historia para reconocer que sus dirigentes salieron de la crcel una vez fueron elegidos por el pueblo. Tenemos que remontarnos a la huelga general de agosto de 1917. El movimiento no tuvo el xito esperado y fue detenido el Comit de Huelga formado, entre otros, por los socialistas Largo Caballero, Daniel Anguiano, Julin Besteiro y Andrs Saborit. Fueron juzgados en un Consejo de Guerra y acusados de sedicin. Se les conden a cadena perpetua y enviados al penal de Cartagena. En febrero de 1918 hubo elecciones legislativas y los cuatro salieron elegidos, junto a Pablo Iglesias e Indalecio Prieto. La inmunidad parlamentaria oblig al gobierno a concederles la libertad para poder ejercer la responsabilidad que el pueblo les haba dado. Y estamos en 1918! Con un rgimen, monrquico tambin, pero con muchas menos libertades, al menos formales, que ahora. Y, sin embargo, ahora se traspasan todos los lmites antidemocrticos, se ningunea a la propia institucin parlamentaria y a los votantes.

Todo lo que tiene que ver con el conflicto cataln se est convirtiendo en un disparate antidemocrtico. Unos presos mantenidos en prisin por pura venganza judicial. Un juicio que no debera estar en manos del Tribunal Supremo, sino del Tribunal Superior de Catalua, pues los hechos sucedieron all. Unos candidatos a los que apenas se les ha permitido hacer campaa electoral. Unos diputados y senador a los que no se les deja en libertad inmediata, como dice la ley y que, adems, sin que el Pleno del Congreso decida se les suspenden sus garantas. No es slo el conflicto cataln, es un problema de la degeneracin democrtica que afecta a todas las instituciones y que pone al desnudo el carcter del propio rgimen monrquico. El siguiente conflicto aparecer de inmediato cuando se elija a Oriol Junqueras como eurodiputado. Qu har la justicia de este rgimen? No quedar en ridculo el Parlamento espaol cuando el Parlamento europeo le reconozca sus derechos?

Si se necesita un cambio republicano es para defender las libertades y los derechos y conquistar la repblica y sus valores.

Miguel Salas es sindicalista y miembro del consejo editorial de Sin Permiso

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/la-suspension-de-los-diputados-una-barbaridad-antidemocratica


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