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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-05-2019

Las fuerzas militares y la violacin de los derechos humanos

Tony Lpez R.
Rebelin


El pasado viernes 17 de mayo el diario New York Times, denunci que el jefe del ejrcito colombiano, general Nicasio Martnez Espinel, haba decretado una orden que orientaba a los mandos militares a intensificar las acciones militares y exiga resultados sin importar que las bajas y heridos fueran inocentes civiles.

A tal efecto, indica el Times, a inicios de ao, a los generales y coroneles se les pidi firmar un compromiso por escrito de intensificar los ataques e instruye a los soldados que exijan perfeccin al momento de ejecutar ataques letales. Segn sectores militares opuestos a esa orden sealaron que la orden implica reducir las normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas.

La reaccin no se hizo esperar el propio Comandante en Jefe del Ejrcito, sin perder tiempo y a cinco das de emitir la orden y publicada la denuncia, reconoci que su orden fue mal interpretada y el martes 21 de mayo orden su modificacin, segn declar al peridico El Tiempo de Bogot y la instruccin de aumentar las capturas, muertes y rendiciones qued anulada, pero que no habra cambios en otras ordenes claves, indic el ministro de Defensa Guillermo Botero y que tambin ha preocupados a sectores militares.

Sin embargo, las modificaciones plantean atemperar la orden, pero no la esencia de ella y al parecer se mantiene en vigor pues instruye a los oficiales a no exigir perfeccin al ejecutar las acciones letales, incluso si hay dudas considerables respecto a los objetivos sobre los que se despliegan. Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud, dice la orden militar. Quiere decir que, del 100 por ciento de acciones, hay entre un 30 o 40 por ciento que pueden ser un falso positivo.

Durante la segunda mitad del pasado siglo XX, los pueblos de Amrica Latina fueron vctimas de crmenes y desapariciones de miles de sus ciudadanos al sufrir horrorosas dictaduras militares. La humanidad conoci el apoyo de los Estados Unidos a esos ilegtimos gobiernos de facto y muchas de ellas, organizadas desde Washington, como la dictadura de Augusto Pinochet, en la cual estuvieron seriamente comprometidos el expresidente Richard Nixon y el Secretario de Estado Henry Kissinger.

La gran mayora de los generales y altos oficiales vinculados a esas criminales dictaduras, estn pagando crcel, pero an hoy a 70 aos de aquellas barbaries, miles de familias en nuestra regin piden justicia para las vctimas. Nada diferente a lo que sucede en Colombia, donde supuestamente existe una democracia y un Estado social de derecho.

Esas imperdonables y dolorosas experiencias, al parecer no han calado en la conciencia de algunos sectores castrense en Colombia, sobre todo en los altos mandos, cuyo objetivo estratgico deba ser la defensa de la soberana del pas y de sus habitantes y ha sido todo lo contrario, las fuerzas militares se utilizan desde hace medio siglo para combatir a la oposicin poltica interna y se han convertido en la guardia pretoriana de la oligarqua colombiana y defensora de los intereses extranjeros.

La denuncia del diario estadounidense New York Times es una alerta para no repetir los horrores vividos durante los ocho aos de los falsos positivos (2002- 2010) durante el Gobierno militarista de lvaro Uribe Vlez, segn el Times, se calculan ms de 5.000 jvenes inocentes asesinados, de acuerdo con informes de las Naciones Unidas. Sin embargo, sus familiares y la sociedad colombiana aguardan an a que los mximos responsables de dicho Gobierno y jefes militares sean juzgados por la CPI.

Considerados crmenes de lesa humanidad, estos deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), lo cual no ha sido posible por la negativa de la Fiscala General de la Nacin a entregar los expedientes de altos mandos militares implicados en dichos crmenes, y pone de manifiesto la complicidad e impunidad en la actuacin del sistema judicial colombiano y del poder ejecutivo, no solo del actual Gobierno sino de las anteriores administraciones.

La denuncia del NYT, fue rechazada por el sector uribista, entre ellos por la senadora Mara Fernanda Cabal, que lleg a caracterizar al diario neoyorquino de pasqun, demuestra el mediocre nivel y analfabetismo poltico de una congresista que lejos de preocuparse, investigar y verificar la certeza de que se cometen tales actos criminales por los uniformados de su pas, la emprende contra el diario estadounidense. Ella deba buscar justicia y velar para que no haya impunidad, para eso fue elegida por una parte de la poblacin y no convertirse en una defensora a ultranza de un sector que lejos de defender a su pueblo est defendiendo la impunidad con la que actan las fuerzas del orden en un conflicto cuyas cifras de muertos y heridos se resumen en el libro de la memoria histrica Basta Ya. El informe permite confirmar que entre 1958 y el 2012 el conflicto social y armado interno ha ocasionado la muerte de 220.000 mil ciudadanos colombianos.

Est semana que comienza hoy, 27 de mayo, el Senado de la nacin tiene la tarea de evaluar a los generales que sern ascendidos al grado inmediato superior, once de ellos y su hoja de vida estn siendo revisados por el Gobierno, luego de la denuncia del NYT, pues se encuentran sealados como violadores de los DDHH por organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Human Rights Warch y la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, algunos tendran procesos en la Fiscala General de la Nacin y otros se han postulado a la Justicia Especial de Paz.

Siempre segn el Times, documentos publicados por Human Rights Warch el Gobierno de Duque, nombr a nueve oficiales vinculados a asesinatos a mediados de la dcada de los 2000, incluidos algunos que ahora ocupan los cargos ms altos dirigiendo ofensivas militares en toda Colombia. Segn ese grupo, uno de los oficiales vinculados a los asesinatos es el general Martnez, quien fue el segundo comandante de la Dcima Brigada Blindada, acusacin que desmiente el general Martnez.

En medio de este serio escndalo, surge la oposicin de un importante grupo de senadores, que cuestiona la propuesta del ministro de Defensa Guillermo Botero de judicializar las protestas sociales, propuesta nada diferente a la que aplicaron los gobiernos fascistas de Franco en Espaa, Mussolini en Italia y las dictaduras militares en Amrica Latina en dcadas pasadas. Es acaso que realmente en Colombia existen una democracia y un Estado social de derecho como proclama el Gobierno? Respndase usted mismo querido lector.

Resultan contraproducentes esas rdenes y la agresividad de los altos mandos militares cuando solo mediante el dilogo y no por las acciones militares se pudo lograr que las FARC-EP, con un importante sentido poltico y vocacin de paz decidi establecer los dilogos en La Habana y firmado los Acuerdos de Paz hace ya 2 aos y 6 meses y que solo un 20 por ciento de lo acordado se haya cumplido y ahora se trate de imponer cambios y trampas a lo ya acordado. Deja mucho que desear esa conducta no solo del Gobierno, del que se sabia era enemigo de la paz, pero s de las fuerzas polticas colombianas que deben exigir desde sus bancadas en el Congreso el cumplimiento de la implementacin de los Acuerdos de Paz, eso seria lo honorable y lo que espera el pueblo colombiano que merece vivir en paz.

Se sabe que este movimiento guerrillero era considerado el mayor, mejor armado y preparado en el pas, y que los Acuerdos de Paz no fue producto de una derrota militar, sino el inters en responder pacficamente a los clamores del pueblo agotado por cincuenta aos de guerra. El gesto de haber entregado sus armas, si bien fue algo plausible, pero estratgicamente errado, que el histrico comandante en Jefe de las FARC-EP Manuel Marulanda, no hubiera accedido, salvo que la contraparte reciprocaran con coherencia a un verdadero inters por la paz, como hubiese sido la de liberar a todos los prisioneros polticos e iniciar el Acuerdo de la Reforma Rural Integral, importantes elemento que se han cumplido parcialmente en el caso de los prisioneros y nada o casi nada sobre el tema de la reforma rural.

Tampoco Jacobo Arenas o Alfonso Cano habran aceptado entregar las armas que son la garanta de que se cumplan los Acuerdos. Actualmente esa masa guerrillera es una tropa inerme y desarmada. La conducta del Gobierno de Santos y Duque debi tomar en cuenta ese gesto y haber reaccionado con mayor agilidad y sin burocratismo a las necesidades de estos combatientes que hoy muchos de ellos se sienten traicionados. Trabajar por la paz fuertemente en el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, debe ser tarea prioritaria del Gobierno de Ivn Duque, as como acceder, a dar continuidad a los dilogos con el ELN y lograr al igual que con las FARC un acuerdo de paz.

Reconocer que las FARC-EP, sin recibir ningn beneficio a cambio, concentraron sus fuerzas en los llamados Espacios Territoriales de Capacitacin y Reincorporacin (ETCR), centros donde la guerrilla no tienen, segn quienes lo habitan, las ms mnimas condiciones para una vida higinica y digna y sufriendo ataques a sus miembros que ha conllevado al asesinato de 115 exguerrilleros y 31 miembros de sus familias, incluyendo nios. Conociendo el proceder del Gobierno y el Poder Judicial en el caso de Jess Santrich, al desconocer la decisin de la JEP de ponerlo en libertad y estas graves noticias del proceder de las FFMM, es lgico que cause en los desmovilizados, profundas preocupaciones ante la evidente falta de garantas para sus vidas y su futuro.

Estos elementos deban ser tomado en cuenta no solo por el Gobierno, que est obligado a cumplir lo que est avalado por las Naciones Unidas, con el respaldo unnime del Consejo de Seguridad para que se cumpla la implementacin de los Acuerdos de Paz, tambin por la sociedad colombiana, sus partidos polticos y sus organizaciones sociales. Esperemos que se actu con la coherencia y la sensatez de quienes tienen las altas responsabilidades en el Gobierno y contribuir a que los Acuerdos de Paz, se conviertan en una verdadera poltica de Estado.

Combatir con todas las armas legales y ordenar a las fuerzas publica que tomen las medidas correspondientes para extirpar la violencia narcoparamilitar, que es hoy la fuerza que est provocando la desestabilizacin del pas con los horrendos crmenes que est cometiendo contra el movimiento social y poltico colombiano. Solo as Colombia podr escribir pginas de gloria con toda la fuerza e inteligencia que tiene su pueblo y ponerla no solo al servicio de su pas, sino tambin de toda la regin.

 

Tony Lpez R., periodista, politlogo y analista internacional.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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