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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-06-2019

La libertad de expresin en peligro

Nstor Busso
Alainet


Desde diciembre de 2015, con el gobierno del empresario Mauricio Macri, Argentina ha retrocedido dramticamente en materia de Derecho a la Comunicacin y Libertad de Expresin.

La versin oficial dice que este gobierno garantiza la libertad de expresin como nunca antes. Ellos piensan y han dicho que la comunicacin es una cuestin de mercado y por lo tanto han liberado al mercado el funcionamiento del sistema comunicacional. A eso llaman libertad. Eso ha provocado una fuerte concentracin en la propiedad y control de los medios de comunicacin.

A poco de asumir, Macri desguaz por Decreto la Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual, modificando los lmites a la concentracin y anulando los organismos participativos que la Ley haba establecido. Esa Ley de Servicios de Comunicacin audiovisual, aprobada en 2009, como producto de un amplio debate y considerada un ejemplo para el mundo, fue modificada en sus aspectos sustanciales.

El pluralismo informativo est en emergencia. En los ltimos aos se han perdido ms de 3000 empleos en los medios de comunicacin, que se suman a la incertidumbre, la prdida del poder adquisitivo y la precarizacin de los trabajadores. Este escenario no es ajeno a la creciente concentracin de los medios y las comunicaciones. La emergencia alcanza a los medios Pymes y comunitarios ante el alza indiscriminada de las tarifas de servicios pblicos y los costos de insumos bsicos como el papel para peridicos. Los medios comunitarios y de entidades sociales son discriminados mediante el recorte millonario al fomento sectorial del fondo previsto en la Ley 26.522 (FOMECA), al tiempo que se clausuran y decomisan emisoras. Tambin se silencian voces al incumplirse la obligacin de incluir en la grilla de cable a canales de asociaciones civiles, cooperativas, medios pblicos provinciales o universitarios y nuevos canales locales.

Las Universidades Nacionales estn siendo afectadas por trabas en el acceso a frecuencias y limitaciones a su cobertura, as como por el desfinanciamiento general que castiga a todo el sector educativo. Los medios pblicos son, a su vez, vctimas de un vaciamiento sistemtico de contenidos, puestos de trabajo y seales, situacin que se agrava con el acoso y censura directa a periodistas de la TV Pblica y la destruccin de TELAM, la agencia oficial de noticias.

En forma concurrente, la asignacin arbitraria y discrecional de pauta publicitaria y frecuencias radioelctricas e infraestructura para negocios de telecomunicaciones y plataformas digitales no nacionales estn afectando la sostenibilidad de los medios argentinos y el futuro de una comunicacin democrtica, diversa y con pluralidad de voces. La produccin nacional de bienes y servicios culturales est amenazada, a su vez, por el incumplimiento de pautas de produccin nacional, independiente y local de contenidos audiovisuales, as como la penetracin creciente de plataformas que comercializan productos audiovisuales internacionales sin exigencias fiscales o de cuotas de contenido nacional. Todo ello en el marco de la discrecionalidad sistemtica de un organismo creado por Decreto (ENACOM) que opera como apndice del Ejecutivo, al margen de la legalidad constitucional que requiere la tutela del derecho humano a la comunicacin.

En los hechos, Clarn result un claro beneficiario. Fue salvado de la quiebra y la compra agresiva de los acreedores entre 2002 y 2005. Posteriormente el grupo se qued con Cablevisin y Multicanal, concentrando el 47,3 % del mercado de cable. En 2015 las ventas del Grupo crecieron un 41% respecto del 2014. La compra de Telecom -con un vidrioso marco jurdico- le permiti dominar los negocios de televisin, telefona, mviles e internet. En 2018 Cablevisin Holding fue la empresa de la Bolsa que ms gan en Argentina; el grupo Clarn, embols $ar 47.019 millones en el ao (algo ms de mil millones de dlares).

La gota que rebasa el vaso es la persecucin de comunicadores populares. La Fiscala Penal Contravencional y de Faltas N 12 de la Ciudad de Buenos Aires inici una causa judicial contra los comunicadores populares y dirigentes sociales y polticos que participaron el pasado 17 de diciembre de una manifestacin pacfica en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y luego en Canal 13, para que se incluya a las televisoras comunitarias en la grilla de cable.

Los acusados son los comunicadores Pablo Antonini, presidente de FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), Omar Zanarini, integrante de Radio Grfica y Natalia Vinelli, de Barricada TV; tambin estn implicados el dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Toms Eliaschev, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, y el referente del MILES Capital, Jos Mara Di Bello.

Se trat de una manifestacin pacfica para exigir que se cumpla una ley que habla de garantizar la presencia de ms voces en la grilla de cable. Y eso no solo no sucede, sino que terminan en el banquillo quienes realizan el reclamo, explic el presidente de FARCO respecto a la protesta realizada. La Ley establece que los sistemas de televisin por cable deben incorporar en sus grillas a los canales de televisin abierta con licencia en la localidad. Cablevisin, principal operador de cable del pas, perteneciente al Grupo Clarn, no incluye en su grilla a los canales de TV comunitarios de Buenos Aires (Barricada Y Urbana TV), ante la pasividad del ENACOM que debera hacer cumplir la ley. Ese fue el motivo de la protesta: buscar la pluralidad y diversidad de voces.

Es muy paradjico y muy fuerte que quines queremos ms voces en el espectro y en la grilla del cable, ms voces entre las posibilidades de opcin de los argentinos y argentinas, sean los enjuiciados y tildados de antidemocrticos. Y por otro lado, que quines pretenden que no entre ms nadie para seguir teniendo el control de la formacin de la opinin en Argentina, aparezcan como los ofendidos.

A partir de las elecciones de octubre de este ao, seguramente se abrir en el pas una nueva etapa y es de esperar que se puedan recuperar derechos con reglas democrticas. Es necesario recuperar y avanzar en el debate que hizo posible la Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual, aprobada en 2009.

Seguiremos bregando por la Democratizacin de la Comunicacin, la Libertad de Expresin y el Derecho a la Informacin. Eso requiere que el Estado implemente polticas pblicas activas para fomentar diversidad y pluralidad de medios; que la informacin, en cualquiera de sus formatos, deje de ser considerada solo como negocio y se la reconozca como un bien social indispensable para el debate pblico en democracia.

Nstor Busso es Director de Radio Encuentro y ENTV, en Viedma y responsable de Polticas Pblicas de FARCO. Ex Presidente del Consejo Federal de Comunicacin Audiovisual.

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/200282



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