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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-06-2019

Seguridad para pocos, inseguridad para todos
Ecos del debate constitucional minero

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro
Rebelin


Yo les invito a reflexionar sobre lo que vamos a hacer ahora, votamos con la mano en la historia, pero pensando en el futuro, o votamos poniendo la mano en el bolsillo, defendiendo los intereses de las transnacionales. Es ms, planteara algo compaeras y compaeros, si pudiera y si tuviera los votos, planteara, que en el Ecuador erradiquemos la minera metlica a cielo abierto, la gran minera metlica a cielo abierto. Pero a lo mejor no tengo los votos y soy realista, por qu no planteamos una consulta popular para que el pueblo defina su futuro sin miedos

Presidente de la Asamblea Constituyente,

Montecristi, 18.04.2008

 

Seguridad jurdica... o seguridad para el lucro sin fin?

La cantaleta es diaria. No hay seguridad jurdica reclama con cansina recurrencia el empresariado -sobre todo minero en estos tiempos- mientras exige ms certezas... para sus beneficios y prebendas. Tal reclamo merece un anlisis integral, recordando que el artculo 82 de la Constitucin de Montecristi reconoce a la seguridad jurdica que, en los hechos no existe o, mejor dicho, existe en diferentes tipos segn para quin, para qu o de qu condiciones hablamos

Ante todo, la seguridad jurdica nunca puede verse como un fin en s mismo, sino como un principio y un medio para alcanzar la certeza de los derechos y reducir la incertidumbre de su incumplimiento. Adems, sin negar su importancia en las actividades econmicas, el gran objetivo de la seguridad jurdica es el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la participacin democrtica , por citar dos puntos clave. Es decir, la seguridad jurdica es un instrumento para cristalizar el mandato del artculo 1 de la Constitucin de Montecristi: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, inclusive intercultural y plurinacional .

Por tanto, la seguridad jurdica no debera ser un privilegio del gran empresariado, sino un derecho de la ciudadana, comunidades, pueblos y nacionalidades indgenas, gobiernos autnomos, gobierno central, emprendimientos privados, cooperativos, comunitarios, asociativos, y dems organizaciones sociales, quienes siempre han sufrido el atropello e irrespeto de sus derechos fundamentales. Todos estos sujetos de derechos son parte del Estado. Es ms, en tanto derecho, la seguridad jurdica incluye a la Naturaleza, que tambin es un sujeto de derechos segn el artculo 71 de la Constitucin [1] .

As, el derecho a la seguridad jurdica de las empresas (al ser personas jurdicas, es decir, entes abstractos), jams debera imponerse sacrificando los Derechos Humanos, individuales y colectivos, ni sacrificando los Derechos de la Naturaleza. Y notemos que, quienes despotrican en contra de que la Naturaleza sea sujeto de derechos son los mismos que nada dicen sobre que las empresas puedan gozar de derechos casi humanos. A muchos les escandaliza reconocer derechos a toda forma de vida -humana o no humana- pero ni les inmuta reconocer al capital el derecho al lucro sin fin.

En defensa de ese derecho al lucro sin fin, ahora se pretende restringir derechos de participacin a toda la ciudadana -establecidos en la Constitucin- para que ella no pueda expresarse y participar activamente en aspectos fundamentales de su vida. Una muestra de ello se vivi el 5 de junio de 2019, justo en el Da Mundial del Ambiente. Entonces, y sin intermediarios, el poder minero despleg su estrategia y poder en la Corte Constitucional con el sumiso y vergonzante respaldo del gobierno nacional. Mientras que antes Rafael Correa era el abanderado de la arremetida extractivista, ahora el gobierno de Lenn Moreno es la caja de resonancia de las pretensiones de las grandes mineras, con un ministro de Recursos Naturales que no tiene empacho alguno para mentir con tal de apoyarles, como con la declaracin de que el pas dijo s a la minera en la consulta del 2018 [2] (o incluso negando la posibilidad de que exista una consulta popular a escala nacional sobre la minera).

Ms all de las declaraciones prepotentes de un funcionario meramente instrumental a los intereses extractivistas, la consulta popular en cuestin est prevista en el artculo 104 de la Constitucin, el cual es claro sobre las nicas circunstancias en las cuales dicho tipo de consultas se encuentra prohibido :

Las consultas populares que soliciten los gobiernos autnomos descentralizados o la ciudadana no podrn referirse a asuntos relativos a tributos o a la organizacin poltico administrativa del pas, salvo lo dispuesto en la Constitucin

Este artculo abre la puerta para la construccin de una democracia directa permitiendo a la ciudadana y a los gobiernos locales -cumpliendo una serie de requisitos- la posibilidad de convocar a dicha consulta con las salvedades mencionadas. La minera evidentemente no entra en ninguno de estos puntos, adems que es un tema de inters de la jurisdiccin de los gobiernos locales y la propia ciudadana. Y justamente este derecho es el que quieren atropellar las empresas mineras en contubernio con el gobierno de Lenn Moreno.

Sobre la interpretacin de la consulta popular, cabe resaltar que un gran argumento de los juristas pro-mineros es que el pueblo se pronunci por prohibiciones expresas a la minera en la consulta del 4 de febrero de 2018; para ellos, eso implicara que las consultas populares seran una suerte de reformas puntuales/territoriales de la Constitucin... Ante esto el ministro de Recursos Naturales interpreta que la consulta de 2018 aprob la actividad minera... un argumento falaz, pues:

(1) sera -si lo acepta- una forma de desmontar los derechos de participacin establecidos en el mencionado artculo 104 con una consulta sobre otro tema;

(2) la pregunta de la consulta popular de febrero de 2018 no se formul en ese sentido, ni deca que las prohibiciones a la minera ah establecidas eran nicas, sino que, en realidad, incorpor otras prohibiciones; basta recordar la pregunta 5 de esa consulta : Est usted de acuerdo con enmendar la Constitucin de la Repblica del Ecuador para que se prohba sin excepcin la minera metlica en todas sus etapas, en reas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

(3) en derecho pblico solo se puede hacer lo que est expresamente dispuesto (y la pregunta de la consulta de febrero no dispuso expresamente la aceptacin de la minera, mucho menos a gran escala); y

(4) el asunto es ms complejo si consideramos el tema de los bienes comunes.

Respecto a este ltimo punto, cabe destacar lo dicho por Ugo Mattei en los Bienes Comunes - Un manifiesto:

la tenaza entre la propiedad privada que legitima los comportamientos ms brutales de la empresa moderna, y la soberana estatal, que de modo incansable colabora con la primera en la generacin de constantes ocasiones para la mercantilizacin y privatizacin de los bienes comunes.

Tal reflexin es oportuna al caso minero pues, en la prctica, la sumisin del Estado a los intereses del capital transnacional implica una suerte de privatizacin del subsuelo -por ejemplo, minerales o petrleo: bienes comunes en tanto que todos los miembros de la sociedad deberan ser sus propietarios- junto con la destruccin del suelo sin permitir que las comunidades decidan aceptar o no la explotacin.

La idea no debera ser alentar la privatizacin -explcita o encubierta- de los minerales o el petrleo, como sucede en la jurisprudencia anglosajona. Incluso aqu podemos recoger la idea de Simn Bolvar quien, el 24 de octubre de 1829, plante que las minas de cualquier clase pertenecen a la Repblica. Y an as esta tesis es insuficiente, pues no basta con proclamar al Estado como propietario de los minerales o el petrleo (de hecho, el problema radica en que el Estado parece forzado a transferir bienes comunes al sector privado... es decir, la dicotoma Estado-empresa privada o mercado es falsa tambin en este tema). Es crucial que las decisiones sobre los bienes comunes se democraticen, de tal forma que las comunidades tengan el derecho a decidir y garantizar su propia existencia en armona con la Naturaleza.

Adems de estos los, notemos que la megaminera arriesga bienes comunes como el agua y los pramos, es decir territorios de vida. No olvidemos que cuando se destrozan los pramos o las fuentes de agua, es muy difcil -o hasta imposible- repararlos y menos an restaurarlos como manda la Constitucin en su artculo 72 . Hasta se puede interpretar que, con la minera, bienes comunes como el agua se estn mercantilizando al privatizar el derecho del capital transnacional a lucrar sin fin contaminando, destruyendo, aniquilando...

Lo correcto ms bien debera ser que las comunidades puedan decidir sobre dichos bienes comunes, en especial sobre el agua. Esta posibilidad es indispensable si asumimos la tierra -superficie y subsuelo- no como un simple factor de produccin y damos paso al territorio: base para la vida de las comunidades, concepcin que puede empatar con una concepcin plurinacional del Estado, en donde los pueblos y nacionalidades indgenas pueden y deben tener mecanismos potentes para decidir sobre su territorio.

La inseguridad como norma minera

Desde que el pueblo -por primera vez luego de una Asamblea Constituyente- aprob en las urnas la Constitucin en 2008, en contra de lo dispuesto en la misma carta constitucional, el manejo de las actividades mineras exacerb la inseguridad jurdica. Inseguridad que, por cierto, ha sido constante en el pasado, cuando para atraer inversiones extranjeras se han atropellado derechos, algo que ahora se pretende hacer a gran escala...

Vamos por partes, como dira Jack El Destripador (s, la minera equivale a destripar al pas). Aunque el discurso oficial distingue entre minera legal e ilegal, en los hechos gran parte -por no decir toda- la minera realmente existente es ilegal: todos los proyectos mineros han incumplido normas legales como la realizacin adecuada y de buena fe de la consulta previa, libre e informada, prevista en el artculo 398 de la Constitucin de 2008 (que no puede confundirse con la consulta popular establecida en el artculo 104 y su realizacin tampoco podra ser un criterio para que la Corte Constitucional autorice una consulta popular [3] ). De hecho, ni siquiera hay una norma para hacer la consulta previa sobre actividades mineras, como reconoce la Corte Constitucional en una sentencia del ao 2010.

Es decir, la ilegalidad minera se refuerza por la inaccin del Estado al incumplir la Constitucin y la sentencia de la Corte Constitucional en 2010. Por ende, si la reversin o anulacin de las concesiones mineras por procesos judiciales genera potenciales demandas al pas ante tribunales internacionales de inversiones (como el CIADI u otros), el gobierno -y las propias empresas- tendr una gran dosis de responsabilidad (ms cuando hasta se ha atrevido a publicar catastros mineros irrespetando la prohibicin de minera en pramos y fuentes de agua).

Otro elemento de ilegalidad minera a destacar es que, como en el caso de Mirador, las licencias concedidas por el Estado tienen condicionantes; es decir, se han entregado licencias bajo la exigencia de que los beneficiarios hagan actividades que, en realidad, deban realizarse antes de que las licencias sean concedidas. Tales licencias con condicionantes son ilegales al no existir ninguna norma donde prevea su otorgamiento.

Pero, sin duda, las mayores violaciones a las normas mineras de la Asamblea Constituyente [4] arrancaron muy pronto con el incumplimiento del mandato nmero 6 o Mandato Minero. Este mandato fue aprobado con una amplia mayora -contando con el respaldo expreso de Mara Paula Romo, ahora ministra de Gobierno- en una importante sesin de la Asamblea Constituyente de Montecristi -ver acta 037-, el 18 de abril de 2008 . Tal mandato, entre otras disposiciones, extingui, sin compensacin econmica, las concesiones que incurran en las siguientes causales:

a) Incumplimiento de la ley respecto a inversiones y pago de patentes.

b) Ausencia de consulta ambiental y de consulta a pueblos y nacionalidades.

c) Afectacin a fuentes y nacimientos de agua.

d) Afectacin al Sistema Nacional de reas Protegidas, bosques protectores y sus zonas de amortiguamiento.

e) Acaparamiento de tierras (se prohibi que una misma persona, empresa y sus subsidiarias tuviesen ms de tres concesiones).

f) Las concesiones entregadas a ex-funcionarios del Ministerio de Energa y Minas.

g) Adems, se suspendi la entrega de nuevas concesiones -moratoria minera- hasta expedir un nuevo marco normativo para la actividad.

Aunque no se incluy a la minera de pequea escala y artesanal en dicho mandato, se conocan sus graves problemas, y s se esperaba que sea considerada en el nuevo marco normativo (algo que en realidad nunca ocurri de manera adecuada e integral, cabra complementar). Es evidente que las dos formas de minera, ilegal y legal, son tremendamente nocivas, tanto para los seres humanos como no humanos. Lo que no se puede ocultar es que los impactos de la megaminera, aun cuando fuera adecuadamente controlada, sern siempre macro por definicin; as, por ejemplo, traigamos a colacin la enorme destruccin dejadas por accidentes como los sucedidos en noviembre de 2015 en Samarco y en enero de 2019 en Brumadhino -ambos en Brasil- para mencionar apenas dos casos sonados de un largo rosario de tremendas destrucciones socioambientales.

El caso es que la violacin al Mandato Minero fue oportunamente detectada. Pero no se hizo nada. El gobierno de Rafael Correa -gran promotor de la megaminera y mayor benefactor de las empresas mineras transnacionales- arras con la Constitucin e incumpli el Mandato Minero. Como seal en su Amicus Curiae el gran constitucionalista Julio Csar Trujillo , del que transcribimos algunos prrafos fundamentales, el incumplimiento del mandato 6 fue una clara violacin constitucional:

el Ministro de Energa y Minas (hoy de Recursos No Renovables) no tena que decidirla sino tan solo identificar a los concesionarios que estaban comprendidos por el art. 1 del Mandato y notificarles que para ellos haban terminado cualquier derecho derivado de la concesin.

No es de su competencia, decidir si revoca o no la concesin, sta se encuentra revocada por el Mandato 6 y cualquier discusin al respecto es extempornea, debi promoverse en el seno de la Asamblea Constituyente de Montecristi antes de que aprobara el Mandato.

Sobre estas concesiones no dice nada claro, el Ministro de Recursos No Renovables y si para estas concesiones quisiera sostener que el Mandato no era aplicable desde que se dict la Ley de Minera haya que recordar, primero, que los Mandatos Constituyentes tienen el rango de leyes orgnicas y, por consiguiente, segn la Constitucin no pueden ser reformados o derogados por leyes ordinarias y la Ley de Minera es ley ordinaria segn la Constitucin (art. 133 ltimo inciso)

()

Si hasta la fecha de la auditoria no se han desarrollado los procesos de consulta previa en las concesiones mineras, es obvio que no se han cumplido esos procesos al 31 de diciembre de 2007 y en consecuencia, se ha incumplido el Mandato 6 de la Asamblea Constituyente y de haberse perfeccionado la concesin pese a este incumplimiento, la concesin estara viciada de nulidad absoluta.

()

No cabe con relacin a estas concesiones ni el argumento de que el Mandato ha sido derogado por la Ley de Minera, porque esta Ley no tena poder para revivir lo que haba dejado existir, esto es el 18 de abril de 2008, antes de que la Ley se expidiera, ni vale tampoco el argumento de que ellas se otorgaron de conformidad con el Acuerdo N| 172, publicado en el R. O. N 396 de 5 de agosto de 2008, porque un Acuerdo no puede tener el poder que no tiene el Ley, es decir dar vida a la concesin que se extingui antes de que el Acuerdo se expidiera, tanto ms cuanto que el Mandato 6 tan solo le faculta al Ministro cumpla lo actos administrativos para el estricto cumplimiento del presente Mandato.

Sin embargo, de subsistir hasta la fecha estas concesiones sera posible proceder a quitar las que excedan de las tres permitidas por el Mandato 6, por cierto careceran de valor las cesiones y transferencias que se hubieren realizado a terceros sin antes haberse cumplido el Mandato 6 y las autorizaciones y ms requisitos prescritos en la Ley de Minera para las cesiones y transferencias.

Es decir, la base jurdica para la actividad minera -desde sus orgenes- naci de una violacin constitucional y, por tanto, irrespetando la seguridad jurdica. Con esto y lo antes dicho, se ve que todos los proyectos megamineros incumplieron el Mandato Minero de abril de 2008. La Contralora General del Estado anot ese incumplimiento mencionando incluso el irrespeto de derechos de pueblos indgenas reconocidos por Naciones Unidas.

Para colmo, la ley de Minera -aprobada en enero de 2009- no asumi el Mandato Minero y es tambin inconstitucional al no haberse realizado la consulta prelegislativa, como ordena el artculo 57, numeral 17 de la Constitucin . Incluso la propia Corte Constitucional de Transicin reconoci tal violacin a raz de una demanda de inconstitucionalidad, anotando que tomara en cuenta esta disposicin constitucional para una prxima ley.

Desde entonces, se ha consolidado lo que se denomin el festn minero del siglo XXI , que ha violado la Constitucin y la ley. Notemos que e l corresmo abandon cualquier espritu revolucionario casi desde sus inicios, pero desde 2014 se exacerb su accionar extractivista y represor. Traicionando sus principios originarios dio paso a la flexibilizacin laboral, a varias privatizaciones -incluso de proyectos emblemticos como los grandes puertos-, entreg grandes campos petroleros a la explotacin de empresas transnacionales y, adems, promocion como ningn otro gobierno los extractivismos. Bajo esas condiciones la vida del Mandato Minero fue efmera. En los siguientes das y meses luego de su aprobacin el propio Correa expresara su culto a la minera a gran escala. De ese modo, se alej de las reivindicaciones sociales anti-mineras sobre las cules, entre otras, sostuvo su campaa electoral y plan de gobierno de 2006.

As, el 22 de abril de 2008 -cuatro das despus de expedirse el Mandato Minero- se aprob el Reglamento de aplicacin de los mecanismos de Participacin Social establecidos en la ley de Gestin Ambiental ( Decreto Ejecutivo No. 1040 ). Este decreto convirti a la consulta ambiental constitucional en una vulgar socializacin previa a la elaboracin de Estudios de Impacto Ambiental como mecanismo formal para autorizar licencias ambientales en proyectos que afecten al ambiente y a las comunidades, incluyendo proyectos mineros. Entre sus fines all solo se menciona contar con criterios de la comunidad afectada y, si hay oposicin de las comunidades a realizar un proyecto, ste siempre podr realizarse por autorizacin del Estado y en contra de la poblacin afectada ( Art. 22 del decreto ).

Semejante decreto tambin inicia, desde el ejecutivo, varias acciones y omisiones que ya no slo concretan un marco jurdico e institucional que facilite la extraccin masiva de minerales, sino que consolidan al Estado como promotor directo de distintos proyectos mineros pblicos y privados a gran escala , como Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, Panantza San Carlos en Morona Santiago, Ro Blanco y Quimsacocha (actualmente Loma Larga) en Azuay; proyectos -como Nankintz y Tundayme- que fueron impuestos literalmente a sangre y fuego. Por cierto, debe estar claro que el Estado es el gran promotor de la megaminera, pero no necesariamente el ejecutor. Los proyectos mencionados, catalogados como estratgicos por el gobierno de Correa, estn todos a cargo de transnacionales, sobre todo chinas. Y hay incluso proyectos, como Llurimagua en ntag, a cargo de la empresa estatal minera ENAMI, coaligada con la estatal chilena CODELCO.

Recordemos tambin que el 6 de mayo de 2008, en un acto pblico en la Plaza Grande ante gremios de mineros, antes de cumplirse un mes de haberse expedido el Mandato Minero y con la Asamblea Constituyente an sesionando, el entonces presidente Correa manifest que el movimiento PAIS y el gobierno nacional apoyan la minera responsable, sostenida en tecnologa de punta, responsabilidad social, cuidado ambiental y recuperacin adecuada de la renta minera . En tal acto se anunci el envo de un proyecto de ley de minera para, supuestamente, corregir la especulacin de concesiones mineras de la dcada de los 90 y 2000 (pasado neoliberal que deba superarse). El Gobierno asegur que permitira no slo la minera artesanal y de pequea escala, sino tambin la minera mediana y de gran escala.

Como resultado de ese posicionamiento pro-minero del Gobierno de Correa, el Mandato Minero fue ejecutado parcialmente por el entonces Ministerio de Energa y Minas. Tan es as, que la Defensora del Pueblo del Ecuador, en 2009, confirm que no se ejecutaron los artculos que revertan las concesiones que afectaban fuentes y nacimientos de agua, reas protegidas y bosques protectores, tampoco las que no realizaron ni consulta ambiental ni indgena, ni las que generaban acaparamiento de tierras (ver la Resolucin Defensorial No. 79-CNDHIG-Exp-No.408210-2009). De esa forma, grandes extensiones de tierra concesionadas a empresas transnacionales no fueron revertidas al Estado, y ms bien continuaron sus actividades pese a la moratoria establecida por el Mandato Minero.

El presidente Correa en persona impuls la aprobacin de la nueva ley de minera en un proceso apresurado, con varias amenazas a la lucha anti-minera, sin un verdadero debate nacional, ni una real participacin ciudadana. Ni siquiera la oposicin de las comunidades locales afectadas por la actividad minera, del movimiento indgena, del movimiento ambiental y de otros sectores logr abrir el dilogo nacional.

As, a nueve meses de expedido el Mandato Minero, en enero de 2009 la Comisin de Legislacin y Fiscalizacin -del llamado Congresillo (que sucedi a la Asamblea Constituyente y que estuvo en funciones hasta la eleccin de la nueva Asamblea Nacional en el mismo 2009)- expidi la nueva ley de minera. No hubo control alguno del cumplimiento del mencionado Mandato Minero por parte del Congresillo, paradjicamente conformado por miembros de la propia Asamblea Constituyente que aprob el Mandato Minero.

Desde entonces Correa, una y otra vez, arremeti en contra de los crticos de la minera, en especial sobre las comunidades cuyos derechos humanos y derechos de los ecosistemas en los que habitan han sido -y siguen siendo- afectados. Sin un debate serio ni con argumentos, Correa calific a la resistencia extractivista como ecologismo infantil y demostr sus niveles de intolerancia e ignorancia al decir en la ciudad amaznica de Macas, el da 10 de diciembre del 2011, que:

hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos ms ni un segundo que perder, () los que nos hacen perder tiempo tambin son esos demagogos, no a la minera, no al petrleo, nos pasemos discutiendo tonteras. Oigan en Estados Unidos, que vayan con esa tontera, en Japn, los meten al manicomnio [sic].

Cabe indicar que la postura de Correa fue similar a la de otros gobiernos de la regin. En Colombia el entonces presidente Juan Manuel Santos us la figura de la locomotora minera sugiriendo que la minera arrastrara a su pas al ansiado desarrollo atropellando cualquier crtica. En Bolivia, su vicepresidente lvaro Garca Linera, con un discurso agresivo, insultante y sin argumentos, tild a los crticos del extractivismo de troskistas verdes. El mismo Correa, como relata Eduardo Gudynas, le aconsej a Santos, en un discurso pblico sobre los modos para enfrentar a los ambientalistas fundamentalistas e inyectar dinero en las comunidades para que sean cmplices de los extractivismos. Consejos que Santos destac, acept y valor tanto que los comparti con los empresarios petroleros. El resultado fue -y sigue siendo- una convergencia progresista conservadora.

En resumen, el regreso paulatino del gobierno de Correa al neoliberalismo (e incluso al FMI) , a ms de dejar la mesa servida para que el morenismo se entregue abiertamente al fondomonetarismo , enterr cualquier posibilidad de un Ecuador post-extractivo. Hoy se reprimariza ms y ms la economa, se extiende la frontera extractiva, sobre todo consolidando la megaminera, con graves impactos sociales y ambientales.

Bajo la misma lnea extractivista, tanto progresistas como neoliberales no debaten con argumentos, sino que caricaturizan, amenazan y descalifican a los contrarios, impidiendo cualquier discusin ms profunda. Actan cual Santa Inquisicin, apuntalada con los infaltables expertos de los cenculos extractivistas. Y no dudan en recurrir al terrorismo econmico y poltico, como pas en la mencionada sesin del 5 de junio de 2019 en la Corte Constitucional: los ministerios de Finanzas y de la Produccin amenazaron que, sin minera, el Ecuador vivir una mayor crisis econmica e incluso la dolarizacin caera, mientras el pas sera arrastrado al infierno de los arbitrajes internacionales; al tiempo que impedir la megaminera -segn la visin sumisa del Ministerio del Interior- provocar el avance incontenible y destructor de los mineros informales portadores de todo tipo de males

Un artculo olvidado, pero de mucho fondo: Hay otros potenciales incumplimientos mineros que van a ahondar la inseguridad jurdica: otro ejemplo es el incumplimiento del artculo 408 de la Constitucin , para el cual:

El Estado participar en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no ser inferior a los de la empresa que los explota.

Hacemos esta aseveracin pues la actual realidad pro-minera dominante ha creado un sinfn de exenciones y beneficios tributarios adicionales otorgados al sector minero, como la eliminacin del impuesto a las ganancias extraordinarias mientras no se recupere la inversin . De hecho, vivimos una danza de cifras -muchas falsas y fantasiosas- con las que se apuntala la megaminera, aumentando la inseguridad jurdica al inducir a decisiones equivocadas al propio gobierno central y a los dems enceguecidos por una maliciosa quimera minera que solo enriquecer al capital transnacional sacrificando mltiples formas de vida.

El discurso de que la megaminera generar grandes ingresos para el pas es una ilusin: ms all de cualquier propaganda, incluso las cifras oficiales proyectan ingresos relativamente muy pobres. Peor an, tal ilusin es perversamente irrealista pues se omiten todos los costos sociales y ambientales generados por el capital minero transnacional, el cual disfraza sus verdaderas intenciones bajo los estandartes de progreso y desarrollo.

La idea de que el sector minero es el futuro del desarrollo econmico del pas, como afirma la Agencia de Regulacin y Control Minero (ARCOM) es una falsa promesa que, en nombre del desarrollo, busca impulsarnos hacia una actividad que solo ser rentable para los intereses transnacionales y no para el pas. Pero la pregunta no se detiene all, pues la megaminera se ha impuesto en nuestras tierras a sangre y fuego, pisoteando completamente a seres humanos y Naturaleza: basta ver lo que sucedi y sucede en Nankintz y Tundayme, para mencionar apenas dos ejemplos. Sin duda, la megaminera es una quimera perversa que an engaa a mucha gente (como esperamos demostrar en un prximo artculo, incluyendo una serie de datos que develan una verdadera farsa econmica minera...).

As, es evidente que el tema no es minera legal versus ilegal. La cuestin debe abordarse ms all de esa falsa dicotoma, afrontando la urgencia de construir otra economa no extractivista pues la minera no nos sacar de la pobreza ni del subdesarrollo, como tampoco lo hizo el petrleo; ms bien nos mantendr como una sociedad dependiente y de gran violencia. Solo as construiremos una sociedad ms equitativa en armona con la Naturaleza; una sociedad que entienda y practique una justicia social que demande justicia ecolgica, y viceversa, ambas bases fundamentales para una genuina seguridad jurdica.

Asimismo, con tanto favoritismo a las empresas mineras, se produce una distorsin en favor de empresas extranjeras que afecta al trato equilibrado y equitativo que debe darse a todo el aparato productivo nacional enmarcado en una economa social y solidaria ( Artculo 283 de la Constitucin ).

Si lo anterior no basta para demostrar la marcada inseguridad jurdica asociada a la minera, recordemos el incumplimiento de las sentencias en los casos favorables a las comunidades de Ro Blanco y AiCofn de Sinangoe , que demostraron graves violaciones al derecho a la consulta previa, libre e informada, a los derechos del Buen Vivir y a los Derechos de la Naturaleza. Vase las respectivas sentencias. Tambin podemos mencionar los informes de Contralora que destacan graves violaciones y afectaciones en varios casos, como Loma Larga o Quimsacocha (Azuay), Llurimagua (Imbabura), Cascabel (Imbabura), entre otros. Los permanentes atropellos a comunidades y Naturaleza en casi todos los proyectos mineros, ampliamente documentados, agravan una inseguridad jurdica, una violencia y hasta una corrupcin que parecen innatas a las ambiciones mineras (y extractivistas, en general ).

Asimismo, no olvidemos que la Constitucin es categrica en lo que se refiere al agua, considerada como un derecho humano fundamental ( artculo 12 ), a la vez que, para el artculo 318 , se prohbe toda forma de privatizacin del agua, estableciendo que:

el Estado, a travs de la autoridad nica del agua, ser el responsable directo de la planificacin y gestin de los recursos hdricos que se destinarn a consumo humano, riego que garantice la soberana alimentaria, caudal ecolgico y actividades productivas, en este orden de prelacin.

Es evidente, entonces, que la minera no puede, en ningn caso, estar en orden de prelacin superior al agua y sus fuentes, como son los pramos, por ejemplo.

Por ltimo, pero sin agotar las afectaciones a la seguridad jurdica, est el incumplimiento de la CONSULTA POPULAR de Girn, del 24 de marzo pasado, basada en el -ya mencionado- artculo 104 de la Constitucin. Esta consulta es totalmente legal y legtima, ms an luego de eliminarse las enmiendas (in)constitucionales propuestas por el gobierno totalitario y autoritario de Rafael Correa en diciembre de 2015. Recordemos que esas enmiendas limitaban en general la capacidad de una consulta popular de preguntar sobre cualquier asunto y restringa a que los gobiernos autnomos solo hagan consultas sobre asuntos de su competencia (golpeando tanto al derecho de participacin como al espritu de descentralizacin y de autonoma). Al dejarse sin efecto esas enmiendas, la consulta de Girn es completamente legal.

El derecho a esta y todas las consultas populares se lo quiere atropellar por parte del conglomerado empresarial minero compuesto por empresas mineras, bufetes de abogados afines, el gobierno central, entre otros actores.

Constitucin o barbarie extractivista  

Despus de todo lo expuesto, suprimir la vigencia de la consulta popular sobre cualquier asunto, como reza el artculo 104 de la Constitucin, golpeara la seguridad jurdica integral. La posibilidad de que las poblaciones sean consultadas, por ejemplo, ante el desarrollo de cualquier proyecto extractivo, como la minera, es una conquista histrica, un derecho irrenunciable plasmado en la Constitucin. Desmontar esta conquista provocara graves afectaciones a varias disposiciones constitucionales, ahondando la inseguridad jurdica. Basta con tener en mente los siguientes artculos de la Constitucin, como menciona Carlos Castro Riera al hablar de Consulta popular y concesiones mineras:

Ninguna norma jurdica podr restringir el contenido de los derechos ni de las garantas constitucionales. ( Artculo 11, numeral 4 )

El contenido de los derechos se desarrollar de manera progresiva a travs de las normas, la jurisprudencia y las polticas pblicas. El Estado generar y garantizar las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.

Ser inconstitucional cualquier accin u omisin de carcter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos . ( Artculo 11, numeral 8 )

Estas disposiciones se refuerzan con lo dispuesto en el artculo 427 :

Las normas constitucionales se interpretarn por el tenor literal que ms se ajuste a la Constitucin en su integralidad. En caso de duda, se interpretarn en el sentido que ms favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente...

Sin pretender agotar la base constitucional que establece la participacin ciudadana como base para una democracia vigorosa, indispensable para construir una slida seguridad jurdica, destaquemos el artculo 395 de la Constitucin, numerales 3 y 4 , en la seccin Naturaleza y ambiente, en donde se dispone:

3. El Estado garantizar la participacin activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificacin, ejecucin y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, stas se aplicarn en el sentido ms favorable a la proteccin de la naturaleza.

Vemos, pues, que el tema supera la pregunta para una posible consulta popular presentada desde cuatro parroquias de las provincias de Carchi e Imbabura (cuestin actualmente en disputa). Es evidente que lo que est en juego es la seguridad jurdica de los pueblos y de la Naturaleza, es decir la misma democracia.

Un primer paso para construir dicha seguridad jurdica en el mbito minero debera ser la recuperacin de los elementos fundamentales del Mandato Minero del 18 de abril del ao 2008 (sobre todo en lo relativo a la prohibicin de actividades mineras en fuentes de agua como son pramos, humedales, ros y mar territorial), en consonancia con las reflexiones del doctor Julio Csar Trujillo. Y, por supuesto, garantizar la vigencia de todos los derechos establecidos en la Constitucin, particularmente aquellos que garantizan la participacin popular en todas sus formas: recordemos que la soberana radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad."

Notas:  

[1] Conviene tener presentes tambin los artculos 72, 73 y 74 , los cuales constituyen la base fundamental de dichos derechos, que se complementan con otros artculos de la propia carta magna.

[2] Ver la entrevista recogida en El Comercio: Carlos Prez: El pas dijo s a la minera en la consulta del 2018, junio 9 de 2019. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/entrevista-carlos-perez-mineria-consulta.html

[3] Una supuesta expresin en las urnas de una comunidad a favor de la minera, por ejemplo, no obvia, en ningn caso, la realizacin de la consulta previa, libre e informada y el cumplimiento de todos los dems trmites legalmente establecidos para poder cristalizar un proyecto de extraccin de minerales.

[4] En vsperas de la Asamblea Constituyente las empresas mineras, aglutinadas en la Cmara de Ecuatoriana de Minera, consideraban que el tema minero no debe ventilarse en la Asamblea. Su preocupacin se explicaba, entre otras causas, porque el entonces ministro de Energa y Minas, luego presidente de dicha Asamblea y uno de los autores de estas lneas -Alberto Acosta- era considerado por esas empresas como el principal enemigo de la minera (Revista Amrica Economa, octubre de 2007). Esto por la crtica planteada ante la megaminera y el -fallido- intento de poner orden en el sector minero en el ministerio del ramo. Tal cuestin ha sido reconocida pblicamente en varias ocasiones, como se lee en el acta 37 de la Asamblea Constituyente de Montecristi, del 18 de abril de 2008, cuando uno de quienes escribimos estas lneas lider la aprobacin del Mandato Minero. Tambin se encuentra este reconocimiento en la pgina 96, cita 5, del libro de Alberto Acosta: La maldicin de la abundancia. CEP, Swissaid y Abya-Yala. Quito, 2009.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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