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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-06-2019

La autodeterminacin vista para sentencia

Jess Gellida
Rebelin


E l juicio al Procs queda visto para sentencia despus de cuatro meses en que las partes, Fiscala, Abogaca del Estado, acusacin popular y defensas han mantenido sus posiciones, y en medio del nuevo escenario poltico abierto despus de las elecciones generales, municipales y europeas.

Una judicializacin de una voluntad poltica ejercida democrticamente, a travs de un referndum de autodeterminacin, que pone a prueba al Estado y de la que depende la gobernabilidad espaola. En este sentido, la represin hacia Catalua supuso la tumba poltica del gobierno de Mariano Rajoy y, ahora, con el inicio del nuevo ciclo poltico, con Pedro Snchez en la Moncloa seguramente con el apoyo interno o externo de Unidas Podemos y otras candidaturas soberanistas de todo el Estado, habr que poner fin a la represin, a la involucin democrtica y al recorte de libertades para avanzar en la resolucin negociada y dialogada del conflicto entre Catalua y Espaa, sino, la desobediencia civil pacfica volver a ser la nica opcin.

Durante el juicio la Fiscala y sus testigos han articulado un relato de un supuesto clima insurreccional, con intimidacin y violencia contra la polica, hasta acabar definiendo en sus informes finales que lo que sucedi en Catalua fue un golpe de estado contra la orden constitucional y que, por lo tanto, tiene que mantener la peticin de rebelin, adems de los otros delitos. En este sentido, la extrema derecha de Vox, que ejerce la acusacin popular, han reforzado los alegatos de la Fiscala y han acusado a los lderes independentistas de organizacin criminal. Por el contrario, la Abogaca del Estado no ha visto la violencia estructural que requiere el delito de rebelin, pero si el uso de la fuerza como prev la sedicin. Por su parte, las defensas han criticado la poca solidez jurdica de los argumentos de la Fiscala, calificndolos de mitin poltico con una visin del antiguo rgimen y sin ninguna referencia a los derechos de libertad de expresin y de reunin. As mismo, han alegado que la Fiscala prepar los testigos de la Guardia Civil, que las acusaciones no tienen pruebas y que se basan en el llamado derecho penal del enemigo. En sus alegatos finales las defensas se han centrado en el ejercicio de los derechos civiles y en la naturaleza parlamentara de los hechos que se imputan, han asumido la desobediencia para negar la rebelin y la sedicin, han negado tambin la violencia y la malversacin y, han concluido que la sentencia del Tribunal Supremo puede ser una oportunidad para devolver a la poltica la resolucin del conflicto. Finalmente, los acusados han reiterado su compromiso con la autodeterminacin a travs del dilogo y la negociacin.

Unos acusados que llevan ms de un ao y medio en una prisin preventiva injusta y que se enfrentan a penas que van desde los 7 hasta los 25 aos de prisin, por unos hechos en que la justicia europea no ha visto violencia en ninguna parte. Una situacin de perplejidad cuando el mximo responsable poltico de la Generalitat durante el 1-O, el presidente Carles Puigdemont, tiene libertad de movimientos por todo el mundo, excepto en el Estado espaol. Mientras tanto, sus compaeros presos polticos, algunos de ellos cargos electos tomaron posesin de sus actas en las Cortes Generales en unas imgenes que dieron la vuelta al mundo para pocos das despus consumarse su suspensin. Una decisin que es prcticamente una inhabilitacin llevada a cabo por la mesa del Congreso, en un tira y afloja, en el que el Tribunal Supremo le gan la partida a la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no defendi por intereses partidistas en medio de la campaa del 26M los derechos de los diputados electos.

As mismo, los observadores internacionales han denunciado, durante el juicio, la concepcin poco democrtica de los argumentos de la Fiscala, han criticado la descontextualitzaci de los videos, han acusado al presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, de sobreactuar, de desconsiderado, de obstruccionista con las defensas, de favorecer el discurso subjetivo de los policas, de permitir la banalizacin de la violencia y, finalmente, han cuestionado su imparcialidad.

En conclusin, un juicio a los lderes polticos y civiles del movimiento independentista que ha puesto de manifiesto el callejn sin salida jurdico-poltico en que se ha metido el estado espaol y que tendr en la sentencia un antes y un despus para la democracia espaola, y un nuevo Momentum para la sociedad catalana que tendra que parecerse ms al espritu del 1 y el 3 de octubre de 2017 que no a una nueva convocatoria electoral si, realmente, se quiere avanzar en hacer efectivo el derecho de autodeterminacin.

Jess Gellida, politlogo e investigador social

@jesusgellida

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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