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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-06-2019

Recuperacin de la democracia, oposicin poltica y elecciones nacionales

Arturo D. Villanueva Imaa
Rebelin


Prembulo

A los ojos de lo que ocurre con lo que podra asemejarse a un dao estructural provocado contra la democracia; todo el pas ha sentido el impacto de aquel golpe artero que ha removido los cimientos mismos de la democracia, la convivencia pacfica y el respeto a las bases fundamentales del Estado de derecho, mismos que constituyen aquel patrimonio fundamental de la nacin conquistado con tanto sacrificio hace casi cuatro dcadas. Me refiero a la intencin autoritaria del actual gobierno, que hace ms de 3 aos decidi desconocer y burlarse nada menos que del mandato soberano expresado en las urnas, en un referndum nacional expresamente convocado por ellos, y a pesar de constituir ste el principal y ms determinante factor decisivo de la democracia, tal como as se reconoce en cualquier parte del mundo.

Es a partir de ese 21 de febrero de 2016, y como respuesta a semejante golpe que puso en grave riesgo tan invaluable legado democrtico, que se han ido generando diverso tipo de iniciativas orientadas a resistir la pretensin prorroguista anticonstitucional y antidemocrtica, aunque como veremos a continuacin, no solo no atacan el meollo y la causa de tan grave problema, sino que terminan facilitando la convalidacin y consolidacin de tan despreciable maniobra, hasta el punto de llevar al pas a un escenario de violencia completamente indeseado.

Para apreciar mejor lo que exactamente est sucediendo con la democracia nacional, veamos el panorama y el estado de situacin actual.

Repaso del contexto democrtico nacional

Qu ha hecho el oficialismo?

Para resaltar los principales rasgos del quehacer gubernamental en el campo poltico (donde no destaca precisamente ningn apego a las prcticas democrticas, sino todo lo contrario), se hace indispensable un balance que permite apreciar lo siguiente:

Conculca sistemticamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Baste mencionar los ataques al periodismo independiente y a la libertad de informacin, como los sucedidos con destacados periodistas como Amalia Pando, Andrs Gmez, Ral Pearanda, Juan Pablo Guzmn, etc. El estrangulamiento econmico y el uso discrecional de fondos pblicos para castigar (o favorecer segn se vea) el trabajo informativo y periodstico a la que todos los ciudadanos tenemos derecho, es otro instrumento utilizado que inclusive ha llevado al cierre de varios medios de comunicacin. Ms graves y abusivas han sido las amenazas de enjuiciamiento y el hostigamiento que el propio ministro de gobierno realiz en contra de defensores de los derechos humanos, y especialmente de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Tampoco son un caso menor las medidas adoptadas respecto de algunas instituciones y ONGs, a las que se busca restringir los derechos de asociacin, expresin e investigacin, porque son ejemplos elocuentes que se suman a la larga lista de violaciones de los derechos, como los que tambin afectan a los pueblos indgenas y contra sus territorios que el gobierno ha ejercitado sistemticamente.

Reprime violentamente y hace abuso de la fuerza policial y militar en una innumerable lista de casos luctuosos como los sucedidos en Chaparina con el TIPNIS, Takovo Mora contra comunidades y el pueblo indgena guaran; o aquella sacrificada marcha nacional de discapacitados que lleg a la sede de gobierno. No se puede obviar los casos de muertes sucedidas en represiones como la de Caranavi, la Glorieta en Sucre, la movilizacin de cooperativistas mineros (donde inclusive perdi la vida un viceministro de gobierno). Tampoco las sucesivas represiones en los Yungas de La Paz, o los casos como el de Tariqua, en Tarija, y las recientes intervenciones a los bloqueos de productores de soya en Cuatro Caadas, Pailn y San Julian del departamento de Santa Cruz, solo para mencionar algunas de las ms graves.

Las decisiones gubernamentales se imponen a la fuerza, tal como recurrentemente se puede comprobar con la aplicacin de aquella afirmacin presidencial del quieran o no quieran, que se ha convertido en el modo corriente de adoptar y aplicar medidas de gobierno.

Se ha establecido el culto a la personalidad y la imagen del presidente, como prctica regular y propaganda obligatoria que es insertada inclusive en los ms insospechados lugares (como por ejemplo tapas de cuadernos estudiantiles, lpices y hasta envolturas de bocadillos que se reparten en los aviones).

A los anteriores rasgos tpicamente representativos de regmenes dictatoriales, se aade el sometimiento y cooptacin de los 4 poderes del Estado. Producto de ello, de forma por dems cuestionable, han logrado conseguir un fallo judicial que habilita inconstitucional y antidemocrticamente al binomio oficialista con un argumento legalmente impugnable.

Se desacata prohibicin expresa de la Constitucin Poltica del Estado, contenida en el Art. 168, con tal de imponer a toda costa una nueva reeleccin antidemocrtica y anticonstitucional.

Con el mismo propsito prorroguista anticonstitucional, tambin se pretende desconocer el mandato soberano expresado en referndum nacional vinculante; lo cual constituye una flagrante transgresin y burla a la mxima expresin de la voluntad y decisin democrtica de un pueblo.

Se ha impuesto una ley de organizaciones polticas de carcter colonial y partidocrtico, que al margen de pretender legitimar la candidatura trucha mediante su inclusin en la papeleta electoral, tambin ha alterado el tipo de relacionamiento y la dinmica poltica entre el Estado y la sociedad, puesto que termin anulando a diversos actores sociales y formas organizativas de representacin, para imponer a los partidos polticos como los nicos referentes.

Finalmente, se ha montado sistemticamente el fraude electoral con base en el respaldo y la obediencia servil del Organo Electoral. Ante la sucesiva disidencia y renuncia de algunos vocales nacionales, el OEP se dio a la tarea de favorecer la intencin prorroguista, con base en el despido y alejamiento de varios tcnicos y profesionales clave (principalmente en el campo informtico), la emisin de reglamentos y otras disposiciones que han generado fundadas sospechas ciudadanas acerca del manejo del sistema electoral y de cmputo, y un claro favorecimiento y parcializacin de parte de los principales miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Todo este conjunto de acciones y medidas adoptadas, dan cuenta de la configuracin de un rgimen dictatorial mucho ms sofisticado y perverso que aquellos gobiernos militares conocidos en el pasado, pero que adems de fungir como democrtico, le asestan un golpe demoledor a las bases y principios fundamentales de sustento democrtico que fingen ejercer. El pas aparece formalmente como democrtico, siendo que el rgimen y la manera cmo se gobierna y ejerce el poder, corresponde a un sistema dictatorial y autocrtico. Se ha retrocedido tanto que en vez de avanzar y profundizar la democracia, el pas ms bien la ha perdido. Ya no basta defender la democracia, hay que recuperarla.

El desempeo de la oposicin poltica partidista

En el campo de la sociedad frente al poder encaramado en el gobierno, la oposicin poltica partidista tiene un papel realmente lamentable. Los partidos polticos que durante aos haban permanecido arrinconados y despreciados por la ciudadana que se haba organizado y autoconvocado en diversidad de colectivos, plataformas y otras formas de representacin social; en vez de rescatar y asumir las banderas de lucha y resistencia por la defensa de la democracia y el 21F (que en varias ocasiones ya haba logrado paralizar el pas con sendas movilizaciones ciudadanas), decidi aprovechar la aprobacin de la ley de organizaciones polticas astutamente aprobada por el oficialismo, para arrastrar a varias plataformas y colectivos que se haban mantenido hasta ese momento movilizadas y en pie de resistencia, para subirse inmediatamente a la comparsa electorera (tan conveniente para los intereses gubernamentales de perpetuarse en el poder). Su propsito fue muy claro desde el comienzo: satisfacer y reproducir tambin sus aspiraciones polticas, encaramarse en la carrera por el poder y buscar medrar del mismo. Es decir, hace todo lo contrario de lo que pregona. Va en contra de todo principio tico y valor democrtico, traicionando y dando la espalda a la defensa del 21F y la democracia, y con ello a la propia base de sustento social que busca seducir.

Tan lamentable y pernicioso ha sido su rol, que dice defender la democracia, pero solo reclama apoyo electoral, adhesiones y votos para sus candidatos. Dice que tiene principios y valores democrticos, pero est dispuesta a convalidar una candidatura anticonstitucional y antidemocrtica, nada menos que en las urnas, con tal de conseguir acceder al poder. Ha proclamado su respaldo a la lucha y resistencia ciudadana y popular para defender el 21F y la democracia, pero sin embargo sus acciones se limitan a realizar proselitismo y campaa en su favor.

Es la misma oposicin derrotada ideolgicamente y expulsada materialmente del pas, que durante 14 aos ha mostrado su total inoperancia e incapacidad para plantearse como una alternativa frente a la impostura y la traicin del oficialismo.

No es que no quiere; lo que pasa es que NO puede, porque responde a una visin, un enfoque y un modelo agotados en el pas. En su ceguera por subirse al poder, no comprende que las elecciones no son la solucin, sino el desastre que reafirmar la autocracia.

Por eso es que no se le ocurre mejor idea que pedir ayuda al exterior y hacer gestiones internacionales para que algn organismo internacional se apiade del pas, porque persiste su lgica colonial y dependiente. Por eso pide unidad del pas, pero no para recuperar la democracia, sino para lograr respaldo electoral y conseguir canonjas. En fin, por eso se adhiere tmidamente al pedido de renuncia y cambio del Tribunal Supremo Electoral, pero no dice nada de que el nico obstculo para tener verdaderamente elecciones limpias, transparentes e imparciales, es la inclusin y permanencia anticonstitucional y antidemocrtica del binomio oficialista en la papeleta y las elecciones nacionales.

Consecuencias: la democracia como generadora de conflictividad social

La recuperacin de la democracia (no solo su defensa), es un asunto que ha quedado a la deriva; pero en cambio la consigna de la defensa del 21F y la democracia, se ha convertido en una coartada para la oposicin electorera, con el nico propsito de conseguir adhesiones y respaldo electoral. Es decir, la oposicin poltica partidista no solo est permitiendo la transgresin de las reglas de juego democrtico, sino que va en contra de sus principios bsicos.

Estamos en un escenario de ficcin donde no hay democracia; las elecciones nacionales no resolvern la disputa acerca de la candidatura anticonstitucional y antidemocrtica; y tampoco el solo cambio del TSE resolvera el problema de la legalidad, constitucionalidad y legitimidad de unas elecciones amaadas. Pero adems, estamos viviendo un Estado autoritario, y sin embargo nos aferramos a creer que alguien nos salvar, sea ste el candidato mejor posicionado, la unidad electoral de todos contra el oficialismo, un pronunciamiento internacional, o hasta el control electoral ciudadano en las urnas (que tan candorosamente se ofrece como viable).

Parece como si no quisiramos o no pudiramos comprender que las elecciones nacionales en las actuales condiciones no son la solucin sino el desastre, porque conducen a un nuevo engao, a un nuevo fraude, a una nueva burla del mandato soberano, que adems no ser ya motivo de persuasin y convencimiento, sino que ser impuesta a la fuerza y con furia de ser necesario. Es decir, no se percibe que las elecciones en este caso no conducirn a la resolucin del conflicto y la disputa, sino que tal como se plantea la actual polarizacin entre las fuerzas en disputa, las elecciones ms bien estn dirigidas a generar conflictividad social y enfrentamiento. Es como si estuvieran pensadas para llevarnos otra vez a las calles para enfrentarnos entre bolivianos.

Por supuesto que no se trata de un escenario deseado, mucho menos buscado, pero tal y como se dan las cosas aparece como probable y hasta previsible, porque gobierno y oposicin electorera se han empecinado en hacer prevalecer sus mezquinos intereses polticos por encima del bien comn y el inters nacional.

Debe considerarse que el gobierno se engaa y pretende engaarnos, si cree ingenuamente que puede llevar al pas a las elecciones y que todo el pueblo acepte el fraude y la imposicin. Y en la otra acera, la oposicin electorera tambin se engaa y pretende engaarnos, si cree realmente que puede ganarle al fraude montado y desalojar pacficamente a un gobierno prorroguista que no se ha cansado de decirle al pas que resistir inclusive con las armas.

En esas condiciones, es claro que solo queda hasta Octubre para resolver la disputa a buenas, y ahorrarnos la furia que se desatar si se persiste en este intento desbocado por hacer prevalecer la conservacin/acceso al poder a toda costa y por encima del inters democrtico de la nacin. De otra forma, siendo que no existen muestras de disposicin al dilogo y, mucho menos, declinacin en los intentos anticonstitucionales y antidemocrticos que buscan ser impuestos a toda costa, entonces, ms temprano que tarde, es previsible esperar que los bolivianos nos veamos nuevamente enfrentados en las calles.

Qu hacer?

Articular fuerzas, pero NO para ir a elecciones amaadas, ni siquiera para botar al TSE y cambiarlo por otro idneo, transparente e imparcial. Hay que lograr la anulacin y retiro de la candidatura anticonstitucional y antidemocrtica como primer paso para recuperar la democracia, pero sobre todo para evitarle al pas el riesgo de enfrentamiento. A las dictaduras no se las saca con votos y el electoralismo solo sirve para convalidar el fraude y el desacato a la Constitucin.

Arturo D. Villanueva Imaa es socilogo

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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