Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-06-2019

Estado de opinin o dictadura neo paramilitar?

Horacio Duque
Rebelin


Duque tiene hoy un 63% de desaprobacin ciudadana y el desgaste crece despus de un ao de haberse posesionado en la Casa de Nario como Presidente de la Republica, en un modelo hibrido de gobierno compartido con su principal promotor y jefe poltico, el caudillo asesino del Ubrrimo.

La coyuntura no es precisamente de coincidencias y ascendiente del gobierno y del Centro Democrtico uribista sobre la opinin pblica debido a la terrible y demencial tragedia que afecta a miles de lderes sociales, de los derechos humanos y de reincorporados de la guerrilla de las Farc, sometidos a una cruel y espantosa cacera por el neoparamilitarismo heredero de los escuadrones de la muerte constituidos en los gobiernos de Uribe Velez y Santos. A lo se debe agregar la explosiva crisis de gobernabilidad por el deplorable modo corporativo de la gobernanza implementada por Duque; el estancamiento econmico; el fracaso de la ofensiva contra el gobierno del Presidente Maduro para derrocarlo e imponer una marioneta de la potencia trumpiana en declive geopoltico por la emergencia de otros polos de poder en el escenario global; y la destructiva agenda para hacer trizas, cuando no risas, los acuerdos de paz firmados con las Farc, no obstante ser los mismos una simple replica de los Manuales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para promover una paz liberal y neocolonial, que en nuestro caso cont con la entusiasta colaboracin de un sector de la guerrilla fariana, hastiado y agotado con sus principios y valores histricos antisistemicos (de estirpe marxista y leninista), deslumbrado con la democracia burguesa y sus ejes centrales, tanto polticos como econmicos, particularmente con el mecanismo del mercado neoliberal y con las practicas del clientelismo y la corrupcin para despojar los dineros pblicos y colectivos; tal como lo hace Alape con los dineros para los proyectos productivos de los reincorporados, manejados como dineros de bolsillo y de cocina, en compadrazgo con Archila el de la estabilizacin del post conflicto; o como lo practica Granda convertido en nuevo rico, empresario y mecenas de imprentas y peridicos en bancarrota, los cuales repiten una conocida leyenda de coincidencias con la burguesa liberal parasita del Estado.

En vsperas de iniciarse a fondo la guerra contra las drogas con el uso del glifosato en extensas zonas rurales y urbanas y en la perspectiva de las elecciones locales para escoger alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles en las votaciones del prximo 27 de octubre, la estrella y cerebro del gobierno lanzo la propuesta de constituir un Estado de opinin en el que segn este genio de la poltica neofascista occidental, quien prevalece es el pueblo con su opinin, que en realidad es la del caudillo mesinico, protector de la masa, gua supremo y dueo absoluto de la nacin y el Estado, a la manera como lo hacan Hitler y Mussolini.

Ese Estado de opinin ya tiene sus instrumentos y objetivos establecidos. Se trata de un referendo impulsado por las redes y fichas del uribismo para acabar con la Justicia Especial de Paz (JEP), revocar a todos los magistrados de las Cortes, reducir el tamao del Congreso y crear una Corte nica de justicia.

En la retrica reaccionaria del neofascismo criollo esa propuesta no es algo nuevo. Desde los aos 30 con Silvio Villegas y su Estado racista y anticomunista; desde la Constituyente corporativa de Laureano Gmez en 1953; y desde el Estatuto de Seguridad turbayista en 1980, es una idea que ronda y alimenta el alma podrida del sector ms violento de la clase dominante nacional.

Digamos que es la tentacin totalitaria y desptica de los ncleos mas retardatarios del pas, alrgicos a los derechos de los trabajadores, a las libertades democrticas y opositores cerrados del socialismo.

El Estado de opinin se propuso en los dos gobiernos de Uribe Velez (2002-2010) y en plena retaliacin contra las Cortes, objeto de linchamientos e interceptaciones telefnicas para propiciar los montajes judiciales y la implantacin de la parapoltica en el Congreso, el Das, el Ejercito, la Polica, el Ministerio de Hacienda y en mltiples rganos del Estado en todos los niveles. Fue la poca del auge de la arbitrariedad, la persecucin y los montajes judiciales como el que se me orquesto desde la Secretaria General de la Presidencia en el ao 2007, para acusarme de ser parte de las redes financieras de las Farc a cargo de Ral Reyes.

Todo eso ocurri en el momento en que se desplego la mayor presin para cambiar la Constitucin del 91 y facilitar la reeleccin perpetua del Caudillo de marras, por fortuna fracasada.

Digamos que hoy el Estado de opinin es una especie de significante vaco planteado para articular y acumular todas las perversas pretensiones de las facciones mas violentas de la oligarqua, incluido el asalto en octubre de las 1113 alcaldas y las 34 gobernaciones, mediante la configuracin de alianzas con el viejo partidismo liberal (Gaviria) conservador (Pastrana), duramente cuestionado por la indignacin ciudadana con el cinismo de los politiqueros que se las arreglaron para hundir uno de los proyectos anti corrupcin mas emblemticos como era el de sus pender el subrogado penal de la casa por crcel para los atracadores del gobierno.

A partir del Referendo, de la consulta sobre la prohibicin al consumo mnimo y de la oferta de una demaggica mesada salarial adicional a los trabajadores, lo que se pretende es dar el salto a una Constituyente aceitada a base de mermelada, al amao del caudillo para remodelar el Estado social de derecho e implantar una dictadura neoparamilitar de excepcin en el que se extirpe la verdad sobre los crmenes de quienes mediante masacres y asesinatos desplazaron en las ltimas tres dcadas, ms de 8 millones de colombianos despojndolos de casi 7 millones de hectreas rurales hoy en manos del gamonalato regional que aora la dictadura y la eliminacin de la democracia y las libertades polticas; y en la que se profundice la masacre y el exterminio de los lderes sociales, de los derechos humanos y de los ex combatientes de las Farc dejados a la deriva por la cpula colaboracionista y gobiernista de Timochenko.

De lo que se trata es de dar impunidad a los autores de la guerra, el exterminio y el desplazamiento mediante privilegios judiciales para los poderosos que monopolizan la maquinaria del Estado y la violencia por el acceso preferente al armamento de que dispone el mismo.

A Duque, en pleno extravi autoritario, la idea la cae de perlas para poder aplastar en su momento la inconformidad popular que ha tenido momentos de auge histrico en los ltimos doce meses con la huelga universitaria y la Minga indgena y campesina. Inconformidad que sigue vigente y en disposicin de expresarse con mayores bros multitudinarios.

Acudir a al rgimen de conmocin se contempl recientemente para la extradicin exprs de Santrich. La idea se descarto por el amplio rechazo que provoco entre los partidos de oposicin, los organismos internacionales y la sociedad civil.

Pero el objetivo sigue vivo, pues el recurso del rgimen de excepcin parece ser la nica ruta para destrabar a Duque y a su endeble gobernabilidad, dando va libre a un devastador rgimen dictatorial neoparamilitar que sofistique el uso de la violencia para eliminar la resistencia democrtica y popular aupada por el clima creado con los dilogos y acuerdos de paz.

El Estado de opinin de Uribe/Duque ciertamente es una grave amenaza para Colombia que debe ser denunciada en el marco de la actual campaa electoral para desenmascarar toda su carga fascistizante.

El estado de opinin es la herramienta convenida para aplastar la fractura en el aparato militar que se visibiliza y crece con el ingreso de decenas de oficiales, sub oficiales y soldados profesionales a la JEP para contar la verdad de los falsos positivos, las masacres y el auge del paramilitarismo promovido desde los gobiernos de Uribe, Duque y Santos. Para contar como los poderosos de la banca, la tierra, la ganadera, las multinacionales, las empresas petroleras, mineras, bananeras, la Embajada americana, financiaron y financian la violencia contra las organizaciones sindicales, populares, los partidos de oposicin, la prensa independiente y los lideres sociales.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter