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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-06-2019

De patria o muerte a constitucin y ley?

Violeta Guetnamova
Rebelin


Mientras las cosas sigan as, la igualdad,

es decir, la democracia pura

ser un engao.

V.I Lenin


Inesperadas coincidencias en varios aspectos del discurso poltico parecen presentarse en Colombia actualmente entre fuerzas polticas en apariencia opuestas. Es por ejemplo el caso de la cercana conceptual expresada por algunos dirigentes del partido Farc en relacin a ciertas concepciones polticas tradicionalmente propias del bloque de poder oligrquico.

Uno de los temas es el referido a la legalidad, la cual es concebida por la clase socialmente dominante como un instrumento de coaccin y violencia institucional contra la sociedad, bajo el artificio de un pretendido imperio de la constitucin y la ley.

El ordenamiento jurdico colombiano es un poderoso instrumento en manos del rgimen para garantizar la imposicin de sus intereses sobre el grueso de la poblacin, mientras la muerte y la miseria prevalecen por los campos y ciudades de Colombia validando las palabras de Miquias en relacin a que La victoria de la legalidad es la victoria de un mundo hecho un gran mercado.

Colombia es un pas donde histricamente el aparato jurdico ha estado subordinado a la aplicacin de polticas de Seguridad Nacional y enemigo interno. Es por este motivo que continan en la impunidad miles de crmenes de Estado ocurridos durante ms de 70 aos, donde el territorio nacional ha sido convertido en una gigantesca fosa comn, al tiempo que la protesta social es reprimida violentamente; sustentando esta cruda realidad bajo un pretendido rgimen de legalidad.

Llama la atencin que el discurso de un sector de la Farc, venga coincidiendo en algunos de los aspectos mencionados, evidencindose en los casi nulos y tmidos llamados a la movilizacin, negando de facto el uso de las vas de hecho como mecanismo legtimo de protesta. Lo anterior en razn a que se da por hecho la supuesta existencia de garantas para la movilizacin social, soslayando la realidad de una clara poltica de exterminio emprendida por el Estado contra todo contradictor poltico.

A lo anterior hay que adicionar un confeso arrepentimiento del pasado insurgente, la reaccin poco enrgica frente al asesinato sistemtico de excombatientes, y la reprobacin de la vigencia del derecho universal de los pueblos a la rebelin armada, seguramente para no retractarse, sobre declaraciones pblicas, en las que se asegura que vivimos tiempos de paz y posconflicto.

De esta forma la consigna de patria o muerte, se ha transfigurado en un vergonzoso discurso legalista, amparado en la proteccin de un pretendido Estado Social de Derecho, y en la defensa a ultranza de la constitucin y la ley; misma bajo la cual el rgimen transgrede los derechos ms bsicos del pueblo, que algn da las FARC jur defender.

El actual discurso de un sector del partido Farc, valida el lema de Paz con legalidad del gobierno Duque y del Centro Democrtico, el cual expresa la imposicin de una poltica de paz conforme a los lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional; dicha poltica fue diseada con el objetivo de hacer de los acuerdos de paz un pacto de sometimiento para la insurgencia.

Tomando en cuenta lo anterior, el Estado colombiano busca restringir los derechos polticos y civiles de los excombatientes desde diversos dispositivos legales; al tiempo que estigmatiza los territorios en los cuales se encuentran asentados los exguerrilleros, con el fin de justificar la paulatina militarizacin de dichos Espacios Territoriales de Capacitacin y Reincorporacin (ETCR) y sus poblaciones aledaas, y as garantizar que no hayan procesos de organizacin social y poltica desde las comunidades.

Otro objetivo de la poltica de Paz con legalidad del Centro Democrtico, es, acudiendo al discurso del respeto a la institucionalidad y de una supuesta lucha contra la ilegalidad, asegurar impunidad a los determinadores del conflicto, sean estos militares, polticos, empresarios, etc., transformando la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP) en un tribunal de juzgamiento contra la ex guerrilla, el movimiento social y popular, y propendiendo por suprimir los seis tribunales que conforman el poder legislativo y fabricar una supercorte de bolsillo. Con ello se busca conservar el predominio del poder poltico del sector ms retardatario de la clase social dominante, para que la verdad contine siendo un derecho mutilado.

De all que mientras la impunidad ronda por los Pasillos de la Casa de Nario, los aparatos represivos del Estado violentan a indgenas, campesinos, estudiantes y dems sectores que se manifiestan en contra de las actuales polticas de gobierno. Hechos tan inherentes a una protesta social como el bloqueo de vas pblicas, las huelgas, o las marchas son reprimidas bajo la consigna de la legalidad, mientras que aquellos que se suman a la protesta y confrontan la brutalidad policial son sealados y perseguidos como auspiciadores de la ilegalidad.

Sin duda este tipo de presin y terror institucional ha hecho que algunos miembros de la direccin del partido Farc y de la llamada izquierda democrtica, acaben siendo tiles al rgimen, cuando actan como facilitadores que pretenden apaciguar la protesta social como condicin al dialogo, terminando por legitimar de forma indirecta su criminalizacin. Lo anterior ha generado hechos como fue el caso de la visita del senador Pablo Catatumbo de Farc al departamento del Cauca, donde termin siendo abucheado y expulsado por los participantes de la Minga Indgena el pasado mes de marzo.

Lo cierto es que la Paz del Centro Democrtico, es decir, la paz con legalidad es la misma que ha hecho trizas los Acuerdos de la Habana y est condicionada a la desmovilizacin de la sociedad colombiana y al cercenamiento de las luchas populares, mientras el rgimen entrega el pas a los grandes capitales nacionales e internacionales, dicha situacin es facilitada consciente o inconsciente por una parte de la izquierda colombiana incluyendo al partido Farc.

No hay que ser experto en derecho para saber que lo que en el derecho se hace en derecho se deshace; siendo los procesos jurdicos en Colombia un absurdo kafkiano contra el pueblo.

En oposicin a la Paz con Legalidad de la burguesa, la Paz con Justicia Social pasa por la transformacin estructural del Estado, ya que resulta imposible hablar de una paz para todos, si no es construida por todos.

Para poder avanzar en la construccin de la justicia social, es imperativo que las fuerzas sociales, populares y revolucionarias rompan las cadenas coercitivas, que ha impuesto el aparente estado de legalidad, y ejerzan masivamente sus derechos legtimos como constituyente primario desde las calles y dems escenarios de lucha.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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