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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-07-2019

Estado social de derecha

Pablo Nario
Las Dos Orillas


A principios de la dcada del 2000 descendan tantos muertos por los ros de Colombia como consecuencia de las masacres paramilitares, que algunos cadveres terminaban en las orillas de los desahuciados puertos fluviales. Eran tantos y tan continuo su inerte peregrinar, que muchos habitantes de los pueblos ribereos enfermaron, sobre todo los nios. El cuadro involucraba fiebre, dolor de cabeza y nauseas; y en norte de Santander los habitantes de uno de esos puertos bautizaron al extrao contagio como cadaveritis.

Entre los aos 1998 y 2005 se estableci en Colombia la paramilitarizacin de la sociedad y las instituciones. El infierno se instal en las zonas rurales, las plazas de los pueblos fueron convertidos en centros de tortura y muerte contra sus moradores, acusados de ser colaboradores, simpatizantes o integrantes de la guerrilla, y sus cuerpos lanzados a los caimanes, a los ros, o calcinados en hornos crematorios.

Los medios, silenciaban los hechos, eludan los motivos y exculpaban a los autores. De esa manera encubran la danza macabra paramilitar y el tormento en el campo colombiano. Al igual que hoy, las nicas fuentes periodsticas de RCN y Caracol, eran la Casa de Nario y las autoridades civiles o militares de las regiones afectadas, muchos de ellos vinculadas a las masacres mismas.

El terror de Estado se conform a partir de relaciones y pactos entre paramilitares, polticos, empresarios, terratenientes, industriales, comerciantes, comunicadores, organismos de seguridad del Estado, militares y narcotraficantes.

El paramilitarismo invadi los tres poderes pblicos, instituciones financieras, alcaldas y gobernaciones. Al tiempo que formaban a sus huestes en escuelas de descuartizamiento, donde se les instrua -como consta en el expediente del paramilitar Francisco Villalva- con personas de edad que llevaban en camiones, vivas, amarradas () Se repartan entre grupos de a cinco () las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza descuartizarlas vivas. 

Llevando la Doctrina de Seguridad Nacional al grado ms extremo, la ola de terror paramilitar se extendi por todo el pas; masacres como las de San Jos de Urab, Segovia, Remedios, La Gabarra, Trujillo, Dabeiba, Ituango, Barrancabermeja, El Tigre, Curuman, Tierra Alta, Tib, El Tarra, Buenaventura, Naya, Chengu y las ms de 1.200 que ejecutaron los paramilitares, se realizaron en su gran mayora auspiciadas por el poder poltico con la participacin y confabulacin de las fuerzas militares.

El recorrido de la muerte arrib tambin a Mapiripn (Meta) entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Paramilitares venidos de Antioquia y San Jos del Guaviare, en complicidad con la Brigada Mvil 2, lista en mano asesinaron a ms de 50 de sus habitantes, en un suplicio que dur seis das. Algunas de las vctimas fueron degolladas, otras desmembradas, las mujeres violadas antes de matarlas y los cuerpos arrojados a las aguas del ro Guaviare.

En el corregimiento del Salado, en febrero de 2000, los paramilitares asesinaron a 60 habitantes indefensos, y desplazaron 4.000, tras dos das de tortura y muerte selectiva, reunieron a la poblacin en la plaza principal y mientras los verdugos tocaban gaitas, tamboras y acordeones, asesinaron a 28 personas ms. Pocos das despus de la masacre Carlos Castao sera entrevistado como gran seor de la guerra contrainsurgente, en horario estelar por Daro Arizmendi de Caracol Radio.

Sera hasta el ao 2006 que explotara el escndalo de la Parapoltica; la alianza entre sectores del poder econmico y poltico del pas con el paramilitarismo. Todos los partidos de la coalicin con los que gobern Uribe Vlez estuvieron involucrados en dichas alianzas. El Congreso en su gran mayora parapoltico, legislaba para el control territorial y de economas ilegales por parte de los paramilitares de las AUC. Estas a su vez garantizaban en la regiones el triunfo de sus socios polticos. Con las masacres desarrollaban su papel en la guerra contrainsurgente y despejaban las regiones colombianas para que poderosas empresas extranjeras o nacionales usurparan las tierras para producir palma o desarrollar megaminera.

Partidos como el antiguo PIN (Partido de Integracin Nacional), que en razn a la parapoltica tuvo a la mitad de sus congresistas en la crcel, lo que los oblig a cambiar su nombre al de Opcin Ciudadana, contaba entre sus filas con Miguel de la Espriella, quien confes el llamado Pacto de Ralito, un acuerdo para refundar la patria que firmaron varios congresistas con jefes paramilitares.

A ese mismo partido perteneci el exsenador lvaro el gordo Garca Romero, a quien la justicia seal de determinador de la masacre de Macayepo, perpetrada por paramilitares el 14 de octubre de 2000, donde con piedras y garrotes un grupo de 80 paramilitares del grupo Hroes de Montes de Mara asesin a 15 pobladores.

Hoy en el ocaso de la segunda dcada del siglo XXI, las regiones dejadas por Farc, tras el acuerdo de paz, s vienen siendo copadas por el Estado, pero por uno de sus instrumentos ms atroces, el paramilitarismo, en un nuevo y acelerado proceso de control social territorial, a la par que los parapolticos y sus herederos continan haciendo poltica.

De la misma forma como Turbay Ayala, declar en los aos 80, que en Colombia no haban presos polticos, y que el nico era l, mientras los calabozos de las brigadas militares se abarrotaban de prisioneros torturados; o como veinte aos despus, cuando ms arreciaba la guerra en el marco del Plan Patriota, el por ese entonces presidente Uribe Vlez aseguraba que en Colombia no exista conflicto armado; hoy los organismos de control soslayan la expansin paramilitar y reducen a los de faldas o vendettas, el ms que evidente plan de exterminio de lderes sociales y excombatientes de Farc en toda Colombia.

Los lderes sociales que protegen y defienden el territorio,
que proponen lmites y controles ambientales para la explotacin industrial
continan siendo asesinados da tras da

Pero no basta ocultar la soga para que desaparezca el ahorcado; los lderes sociales que protegen y defienden el territorio, que proponen lmites y controles ambientales para la explotacin industrial, que subordinan los intereses particulares de las empresas al patrimonio ambiental, los lderes campesinos que luchan por recuperar la tierra despojada por paramilitares, gamonales y polticos delincuentes, los dirigentes que defienden los derechos humanos, que movilizan a la sociedad en defensa de los derechos sociales, econmicos y polticos de los colombianos; continan siendo asesinados, da tras da.

Pero el actual Gobierno, ovacionado por los grandes empresarios, no logra ocultar su desprecio hacia el pueblo colombiano y son solo los intereses de las empresas transnacionales los que al parecer est decidido a defender con firmeza. No importan variables ambientales, derechos humanos, si son obstculo para el crecimiento frentico de la economa de la lite a la cual solo la impulsa un credo, la catalaxia y un dios: el mercado autorregulado, como centro de una sociedad controlada por la ocupacin militar y paramilitar, y que gradualmente recompone su templo, el autoritario Estado social de derecha.


Fuente original: https://www.las2orillas.co/estado-social-de-derecha/



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