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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-07-2019

El delito de rebelin en la historia y en el Cdigo Penal espaol

Jos Antonio Martn Palln
Ctxt

Para que exista rebelin es necesaria una amenaza real para el bien jurdico protegido, que no es otro que la Constitucin; es decir, un alzamiento pblico, violento y armado


La Historia que, segn Cicern, es maestra de la vida, nos ha mostrado a lo largo de la evolucin de la humanidad numerosos casos de movimientos, revoluciones, insurrecciones y alzamientos que han marcado, en algunos casos, la marcha de las sociedades hacia cotas de mayor libertad y en otros ha significado un preocupante retroceso. Para no agotar ni aburrir con un repaso a todos los acontecimientos histricos, me detendr en dos que me parecen relevantes. Por un lado, la toma de la Bastilla, que marca el inicio de la Revolucin Francesa, que eleva al ser humano de sbdito a ciudadano con plenitud de derechos y libertades. Por otro lado, el asalto al Palacio de Invierno, que supone el comienzo de la Revolucin sovitica, que tena como objetivo derribar una monarqua absoluta e instaurar un rgimen basado en el comunismo y la desaparicin de la lucha de clases, pero sin respetar las libertades individuales.

No es necesario profundizar demasiado en el estudio de la Historia para llegar a la conclusin de que el trmino rebelin ha significado siempre un alzamiento tumultuario o colectivo, ms o menos reducido, contra el sistema poltico establecido, con el objetivo de derribarlo por la fuerza y la violencia del movimiento insurreccional, que siempre ha ido acompaado por la presin y la potencia que supone la utilizacin de armas de todo tipo.

En nuestro pas se han vivido, especialmente durante el siglo XIX y hasta muy avanzado el siglo XX, episodios de violencia armada que han tratado de establecer un nuevo rgimen, instaurar monarquas o jefaturas del Estado, o en definitiva variar por la fuerza de las armas el rgimen poltico establecido. Hemos tenido el dudoso honor de enriquecer el vocabulario poltico con aportaciones autctonas como algaradas, revueltas, motines, asonadas militares, alzamientos, o hasta un glorioso movimiento liberador, que arras con nuestras libertades durante cuarenta aos. Cuando pensbamos que habamos conseguido una cierta estabilidad democrtica nos sacudi el golpe militar del 23 de febrero de 1981, calificado como rebelin por lo tribunales militares y civiles.

Buscando informacin he comprobado el curioso mimetismo en los gestos y actitudes del teniente coronel Tejero y del general Pava cuando invadi el Congreso de los Diputados, sin caballo, el 3 de enero de 1874. Ambos irrumpieron acompaados por guardias civiles y soldados en el momento en que se estaba procediendo a la votacin para elegir al presidente del Poder Ejecutivo. En el caso del 23F, para derrocar la democracia, y en el asalto del general Pava, para impedir que accedieran al poder los lderes de la I Repblica espaola. Si no hubiera triunfado, hubiera sido acusado de rebelin por la aplicacin del Cdigo de 1870.

La rebelin siempre ha tenido una connotacin de violencia armada, que va ms all de un simple desorden pblico. Todos nuestros cdigos penales han definido estos comportamientos con el nombre jurdico de rebelin. No es nuestro propsito realizar una exhaustiva travesa por todos los cdigos penales que han regido nuestro pas desde los comienzos de la codificacin. Me parece suficiente con resaltar el Cdigo Penal de 1870, pasando por la breve vigencia del Cdigo de 1928 y el de la II Repblica, para llegar, a travs del Cdigo de la dictadura de 1944 y su modificacin o adaptacin parcial de 1973, a la redaccin vigente, que aparece en el Cdigo de 1995.

El Cdigo de 1870, que tuvo el acierto de considerar la rebelin como un ataque a la Constitucin, defina el delito como el alzamiento pblico y en abierta hostilidad contra el gobierno. Todos los cdigos posteriores repiten la frmula del alzamiento pblico y en abierta hostilidad contra el gobierno, por supuesto descartando la utilizacin de las vas legales o institucionales, con los aditamentos complementarios de un previsible choque entre las fuerzas armadas de los rebeldes y los leales al gobierno constituido. El diccionario de Mara Moliner define la hostilidad como el ataque recproco de los enemigos en guerra y un comienzo de las hostilidades. Una curiosidad. Todos los cdigos consideran autores a los que denominan jefes principales de la rebelin, excepto el Cdigo de 1932, que hacer recaer la mayor responsabilidad en los caudillos principales. En qu estaran pensando?

La rebelin se ha considerado, sucesivamente, como un delito contra la Constitucin, contra el orden pblico o, segn los cdigos de la dictadura, como un delito contra la Seguridad Interior del Estado. Cuando se decide adaptar el Cdigo Penal a la Constitucin de 1978, los redactores del actual artculo 472 repiten la expresin alzarse violenta y pblicamente y suprimen la referencia a la abierta hostilidad contra el gobierno por considerarla superflua, en funcin de la tradicin histrica y de la redaccin de los artculos que vienen a continuacin. Los autores del texto del Cdigo de 1995, segn han manifestado pblicamente algunos de los que participaron en su elaboracin, siempre pensaron que la rebelin exiga el uso de las armas.

Sectores minoritarios de la doctrina penal sostienen que la redaccin de los artculos 472 y 473 del Cdigo Penal abre espacios para mantener que cabe una rebelin sin armas. Situados ante esta realidad, los aplicadores del derecho y los especialistas tienen la inexorable obligacin de acudir a la interpretacin de las normas legales que integran todo nuestro ordenamiento jurdico. Los jueces y tribunales, en los casos en los que el texto de la ley pueda generar alguna duda, estn obligados a utilizar las reglas de la interpretacin, que segn la ciencia jurdica no son otras que la gramatical, la lgica, la histrica y la sistemtica.

La interpretacin gramatical, es decir, la que surge del propio anlisis y significado de las palabras, solo es necesaria cuando el sentido de las mismas puede llevarnos a la duda sobre la aplicacin de la norma. En el caso del delito de rebelin, la lectura conjunta del texto de los artculos 472 y 473 permite sostener, con criterios racionales, el significado exacto de las expresiones que en ellos se contienen. Toda rebelin exige la necesaria participacin de inductores, promotores, cooperadores y se ejecuta con la intervencin de personas que, segn el legislador, se diferencian entre jefes principales y mandos subalternos. No es necesario ser un especialista en derecho militar para concluir que estas expresiones se refieren a la participacin de elementos castrenses, escalonados jerrquicamente. Resulta inconcebible y contrario al ms mnimo respeto al significado gramatical de las palabras aplicar a los polticos del Govern cataln, que ponen en marcha una actividad para desarrollar leyes elaboradas por un Parlamento y deciden convocar un referndum, cuyo resultado deba ser aprobado por el Parlament, la condicin de jefes principales o mandos subalternos. Todava es ms disparatado, como hizo la acusacin popular, encarnada por el partido de extrema derecha Vox, considerarlos como una organizacin criminal.

Siguiendo con la lectura del texto legal, algn sector minoritario de la doctrina penal ha pretendido encontrar la clave para justificar la existencia de una rebelin con alzamiento pblico y violento, sin el porte o la exhibicin y uso de armas, en una frase que desgajan del resto de los supuestos que vienen a continuacin. Es cierto que el artculo 473.2 considera como una agravacin de la pena para los jefes principales y mandos subalternos el haber esgrimido armas o entrar en combate entre la fuerza a su mando y los sectores leales a la autoridad legtima. Se olvidan que tambin agrava la pena el hecho de haber causado estragos, utilizar violencia contra las personas o haber malversado caudales pblicos. Estimamos que la interpretacin gramatical no permite la extica e imaginativa construccin de lo que llaman la rebelin del siglo XXI, que comenten personas que actan en el seno de las instituciones del Estado al realizar actos sin duda inconstitucionales pero ayunos de cualquier gnero de violencia.

Si acudimos a la metodologa de la interpretacin lgica llegaremos a la misma conclusin. La expresin esgrimir armas se est refiriendo al uso de ellas, portarlas o exhibirlas amenazadoramente, como un elemento consustancial al alzamiento pblico y violento. Ya hemos dicho que desligar el uso de armas del alzamiento pblico y violento, y al mismo tiempo equipararlo a la malversacin de caudales pblicos, desborda los linderos de la lgica y de la razn. Acudir en apoyo de estas tesis a las modalidades agravadas de los delitos de robo y violacin, cuando se utilizan armas o instrumentos peligrosos, traspasa las reglas de la interpretacin sistemtica para introducirse por el peligroso sendero de la analoga en perjuicio del acusado. Adems ignora los datos que nos proporciona la Criminologa como ciencia auxiliar del Derecho Penal. En los atracos planificados es previsible que se manejen y esgriman armas, pero la realidad nos muestra que, en la prctica totalidad de los robos violentos o en las violaciones, se suelen utilizar navajas, destornilladores u otros instrumentos semejantes. Este razonamiento nos llevara a admitir un hecho indito en la Historia, una rebelin con destornilladores. Sin duda, ello dificultara distinguir entre jefes principales y mandos subalternos.

En relacin con la interpretacin histrica ya hemos hecho referencia a ella y nos remitimos a todo lo anteriormente relatado. La conclusin es inequvoca. Para que exista rebelin es necesaria una amenaza real para el bien jurdico protegido, que no es otro que la Constitucin, es decir, un alzamiento pblico, violento y armado. Cualquier otra interpretacin que nos lleve a la rebelin sin armas sera extensiva y adems conculcara los principios interpretativos y de aplicacin del derecho penal. La Historia tambin nos ensea que en tiempo recientes, durante la represin de la dictadura franquista, hubo alzamientos pblicos y violentos; huelgas, manifestaciones, enfrentamientos con la polica, apaleamientos en centros universitarios y de trabajo y en ningn caso al rgimen dictatorial se le ocurri aplicar el tipo del delito de rebelin.

Una interpretacin sistemtica de todos los artculos que se incluyen en el captulo que regula el delito de rebelin nos lleva, en conexin con los otros mtodos de interpretacin, a entender que el legislador da por supuesto que, en toda rebelin, existe un alzamiento violento, pblico y armado. La interpretacin sistemtica, segn Bobbio, es aquella que basa sus argumentos en el presupuesto de que las normas de un ordenamiento o, ms exactamente, de una parte del ordenamiento (como el derecho penal) constituyen una totalidad, por lo que es lcito aclarar una norma oscura o integrar una norma deficiente, recurriendo al llamado espritu del sistema, an yendo en contra de lo que resultara de una interpretacin meramente literal. Se interpreta sistemticamente, en la prctica, cuando no se atiende a una norma aislada, sino al contexto en que est situada.

No es fcilmente comprensible que se puedan conseguir los fines que el texto legal atribuye a los rebeldes: derogar o suspender la Constitucin, obligar al Rey a ejecutar un acto contrario a su voluntad, arrancar a la Cortes Generales una resolucin, impedir que se renan o forzarlas a realizar actos contrarios a su voluntad utilizando mtodos que no lleven aparejada la utilizacin o el uso de armas. Si no es as, alguien puede explicar razonablemente qu sentido tiene castigar al militar que no empleare los medios a su alcance para contener la rebelin o al militar que teniendo conocimiento de que se est urdiendo una rebelin no lo denuncia a las autoridades militares o civiles. El Captulo que regula la rebelin termina con un artculo que, sin tener contenido penal, refuerza incontestablemente la necesidad del uso de armas, al imponer a la autoridad gubernativa la obligacin de conminar a los rebeldes a deponer su actitud, aadiendo que este requerimiento no es necesario si los rebeldes abren fuego.

El catedrtico de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, Nicols Garca Rivas, reconoce que la expresin violencia es elstica y en ella caben diferentes actitudes, pero ni siquiera con esa elasticidad se puede considerar delito de rebelin a los actos que han acompaado a la declaracin de independencia de Catalua. Sostiene que este tipo penal guarda una relacin histrica, dialctica y lgica con el estado de sitio. Segn su criterio, para que una insurreccin revista la gravedad de la rebelin tiene que ser un acto de fuerza contra la integridad territorial o el orden constitucional que no puede resolverse con otros medios que no sean el recurso a las Fuerzas Armadas.

Todos los intentos hechos por el juez instructor del Tribunal Supremo, al amparo de la Orden Europea de Detencin y Entrega, para que le entreguen a los polticos residentes en pases que se acogen al marco de aplicacin de la Orden, han chocado con la resolucin del tribunal alemn de Schleswig-Holstein o con la oposicin u objeciones formuladas por las autoridades judiciales belgas. Un alto representante del Gobierno Federal Suizo ha manifestado que los actos que tuvieron lugar en Catalua, desarrollados por el Gobierno y el Parlamento, son delitos polticos por lo que, segn su legislacin, no acceden a la extradicin. En el caso de Escocia, la Corte del Sheriff de Edimburgo ha demostrado, con su pasividad, que no tiene ningn inters en resolver la peticin del juez espaol.

Ante esta realidad incuestionable, ha llegado el momento de que los polticos y los medios de comunicacin transmitan a la sociedad que, al margen de la posicin que mantengan sobre las posibilidades legales de la independencia de Catalua, un Gobierno y la presidenta de un Parlamento no pueden cometer un delito de rebelin o de alta traicin por el hecho de haber tomado decisiones, inequvocamente inconstitucionales, pero en la antpodas de un delito insurreccional.

Si entre todos llegamos a esta conviccin y se reduce la respuesta penal a su verdadera dimensin, sera un buen paso para restablecer los puentes e intentar, con la necesaria reflexin y rectificacin de los independentistas catalanes, la reanudacin de una convivencia que permita, en un futuro ms o menos prximo, encontrar alguna va para que, descartando absolutamente de referndum unilateral, se pueda buscar una frmula satisfactoria para todos. Creo que sera un buen servicio a la democracia y sobre todo a las generaciones futuras.

Jos Antonio Martn Palln. Magistrado emrito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisin Internacional de Juristas. Abogado de Lifeabogados.

Fuente: http://ctxt.es/es/20190626/Firmas/27028/Jose-Antonio-Martin-Pallin-delito-rebelion-historia-codigo-penal-bien-juridico-protegido.htm



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