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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-07-2019

La sanidad universal de Snchez deja fuera a embarazadas y nios que no lleven 90 das en Espaa

Ter Garca
El Salto Diario

Desde Yo S Sanidad Universal denuncian que el documento de recomendaciones enviado desde el Ministerio de Interior a las comunidades autnomas es an ms restrictivo que el decreto de sanidad universal aprobado en julio de 2018.


La exclusin sanitaria que comenz en 2012 sigue ms que vigente con el RDL 7/2018 del PSOE. As lo advierten desde la Plataforma Yo S Sanidad Universal en un texto en el que analizan el documento de recomendaciones mandadas desde el Ejecutivo de Pedro Snchez a las comunidades autnomas en cuanto a la ejecucin del decreto con el que el Gobierno del PSOE prometa la restauracin de la sanidad universal a nuestro sistema sanitario.

Desde Yo S Sanidad recuerdan que ya advirtieron al Gobierno de que la redaccin de este decreto, que fue aprobado en julio de 2018, en algunos casos profundizaba la exclusin sanitaria. Durante los diez meses que lleva en vigor esta ley, los cambios detectados han ido a peor: han aumentado las restricciones de acceso al sistema sanitario de forma grave, denuncian desde la plataforma, que lamenta que no se haya hecho caso a sus recomendaciones y que, a pesar de que desde el Ministerio de Sanidad se prometi que los huecos de exclusin sanitaria que dejaba la ley seran cubiertos en el documento de recomendaciones a las comunidades autnomas, finalmente este documento sea an ms restrictivo.

Con 12 pginas, el documento enviado a las comunidades autnomas desarrolla un procedimiento complejo y burcrtico, sealan desde Yo S Sanidad Universal, que deja fuera del sistema sanitario a colectivo de personas que s estaban siendo atendidos con el apartheid sanitario aprobado por el Partido Popular en 2012. Es el caso de las personas sin papeles en regla que no lleven o no puedan demostrar llevar viviendo en territorio espaol durante un periodo superior a 90 das como aquellas que, al no haber recursos en el Samur Social u otras instituciones, terminan viviendo en la calle o en parques de Madrid hasta que llega su cita para formalizar su solicitud de asilo.

Es un sinsentido establecer un lmite tan arbitrario al acceso sanitario: antes de 2012 no se exiga este mnimo de residencia, y no exista un problema de turismo sanitario, sealan desde la plataforma, que destacan que este lmite de 90 das no se ha puesto en prcticas en varias comunidades autnomas que, ante la ley de 2012, aprobaron reglamentos propios para dar asistencia sanitaria a estas personas.

Si para este colectivo de personas que no pueden demostrar una estancia superior a 90 das en Espaa, el decreto aprobado en julio de 2018 an prevea, como va alternativa de acceso al sistema sanitario a travs del informe de una trabajadora o trabajador social, en el documento remitido ahora a las comunidades autnomas se ha suprimido esta posibilidad. Se est aadiendo una barrera ms a esta poblacin, ya que por el momento no va a haber ninguna va de acceso que les permita recibir asistencia, subrayan desde el colectivo.

Las mujeres embarazadas y menores de edad extranjeros no comunitarios tambin van a ver ms limitado su acceso a la sanidad. Si en el decreto del PP de 2012 se garantizaba la atencin sanitaria tanto a embarazadas como a menores de edad, el decreto del PSOE de 2018 elimina estas excepciones al apartheid sanitario. Lo mismo pasa con la atencin en urgencias. Es una denegacin que pone en peligro el seguimiento de un trimestre entero de un embarazo o la atencin sanitaria y la medicacin de un menor que sufre epilepsia, sealan como ejemplos de las consecuencias de esta supresin desde Yo S Sanidad Universal. Esta exclusin no solo viola el derecho a la vida y a la salud, sino que adems va en contra de numerosos tratados y convenios internacionales de derechos de la mujer y del nio de los que Espaa es un Estado firmante, aaden. Tambin se han suprimido las excepciones a la exclusin sanitaria en el caso de enfermedades de declaracin obligatoria como la lepra o el sida y mentales.

Las personas ancianas con permiso de residencia pero que no estn cotizando y no pueden figurar como beneficiarios de sus familiares sobre todo personas incluso comunitarias que no han encontrado trabajo o padres y madres que han venido a vivir con sus hijos tambin se quedan fuera del sistema sanitario. Desde 2012, en una interpretacin en disputa de las regulaciones sanitarias y de extranjera, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha denegado todas las tarjetas sanitarias a estas personas ancianas, que han ganado en los tribunales su reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria.

Sin embargo, en junio de 2019, tras ganar 80 juicios y solo uno perdido, el Tribunal Supremo mencion la ley del PSOE como argumento principal para denegar el derecho a la atencin sanitaria. Tras la modificacin operada por el RD Ley 7/2018, la actora no tiene derecho a la asistencia sanitaria, se afirmaba en la sentencia. Desde Yo S Sanidad Universal subrayan que la vulnerabilidad es an mayor porque en muchos casos estas personas ni siquiera pueden contratar un seguro sanitario privado, porque en su mayora tienen ms de 65 aos y sufren patologas que los seguros no quieren cubrir.

Centros sanitarios en check points

Adems de la exclusin efectiva del sistema sanitario de toda personas que no pueda demostrar una estancia mayor a 90 das en Espaa, desde Yo S Sanidad Universal denuncian que el documento de recomendaciones inicia una peligrosa senda para convertir a los centros sanitarios en check points, introduciendo medidas basadas en la sospecha, en la disuasin y en la amenaza.

En el documento enviado a las comunidades autnomas se atribuye al personal sanitario y administrativo la obligacin de denunciar casos que perciban de migracin sanitaria. Obligar a los profesionales a hacer ese juicio abre la puerta de la inseguridad jurdica al tiempo que criminaliza a todas las personas que se mueven para poder tener una vida un poco ms digna. Introduce una sospecha que no se apoya en ningn dato, pues no hay estudios ni anlisis que puedan demostrar el mito del turismo sanitario por parte de personas en situacin vulnerable, sealan desde la plataforma. En todo caso, migrar por necesidades de salud no es un delito y no hay base jurdica que sustente la obligacin, por parte de los profesionales de los sistemas sanitarios, de investigar los motivos de la migracin de sus pacientes, aaden.

El documento enviado por el Ministerio de Sanidad tambin establece la posibilidad de facturar los servicios sanitarios a posteriori, si en un plazo de tres meses se les deniega a los pacientes la solicitud de asistencia sanitaria. El efecto disuasorio de este tipo de medidas es claro, afirman desde la plataforma, que recuerdan el caso de Jeanneth Beltrn, que, con 30 aos, falleci en 2014 por una infeccin comn, tras retrasar acudir a urgencias por el miedo a ser facturada. De hecho, el hospital curs la factura de la atencin de urgencias que no pudo salvar a Jeanneth, a pesar de que en el decreto de 2012 la atencin de urgencias s apareca como garantizada para todo el mundo. Si en este caso la factura era ilegal, y aun as se curs, la legitimacin que hacen las nuevas recomendaciones de la facturacin puede ampliar la base del iceberg de la exclusin, compuesto por todas aquellas personas que desisten de solicitar su derecho a la atencin sanitaria, concluyen.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/universal-sanchez-deja-fuera-embarazadas-ninos-menos-90-dias-espana


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