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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-07-2019

Durante el macrismo se ha asesinado a una persona cada 21 horas

Jorge Elbaum
El Cohete a la Luna


El mircoles 3 de julio se llev a cabo una conferencia de prensa en la Cmara de Diputados argentina, para hacer visible los mltiples formatos de violencia institucional ejecutados por el actual gobierno. La iniciativa fue organizada por el legislador Horacio Pietragalla y participaron del encuentro familiares de las vctimas, el premio Nobel de la Paz Adolfo Prez Esquivel y referentes de las bancadas de todo el arco opositor al macrismo.

Entre los familiares estuvieron presentes el primo de Danilo Sansone, una de las vctimas de la masacre de San Miguel Del Monte en la que fueron asesinados cuatro jvenes; los padres de Diego Cagliero, asesinado luego de una persecucin policial; y hermanos de las vctimas de la crcel de Esteban Echeverra, donde fallecieron por un incendio diez detenidos, como producto de la negligencia policial, el 15 de noviembre de 2018.

La convocatoria realizada por Pietragalla se llev a cabo ante la permanente negativa del titular de la Comisin de Derechos Humanos de la Cmara Baja, Toty Flores (integrante del interbloque Cambiemos), quien desde hace ms de un ao se rehsa a citar a los diputados integrantes de la Comisin para darle tratamiento legislativo a los proyectos ligados a su temtica.

Prez Esquivel fue explcito al denunciar que este gobierno viola los derechos humanos y el derecho de los pueblos, y esto es un dao enorme en la construccin democrtica. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles, cuando se violan los derechos humanos la democracia se debilita y deja de ser democracia. Por eso es bueno que nos podamos reunir diferentes sectores polticos, culturales y sociales y que se realice en el Congreso de la Nacin para reclamar al gobierno. Ya basta de represin. Un gobierno que no piensa en los nios es un gobierno que daa el presente e hipoteca el futuro, seal.

El trasfondo estructural de las denuncias remite a los datos relevados por la Coordinadora Contra la Represin Policial e Institucional (CORREPI) entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. En ese lapso el aparato estatal, a travs de todas sus fuerzas de seguridad, ha asesinado a 1303 personas. Esa cuantificacin implica que el 20 % de todos los muertos generados por fuerzas estatales en el actual periodo democrtico inaugurado en 1983 (hasta febrero de este ao) han sido producidas por el actual gobierno.[1]

Esos datos sugieren que, durante el macrismo, se ha asesinado a una persona cada 21 horas, un guarismo que expresa la situacin de desbocamiento de los organismos de seguridad, avalados por un discurso de permisividad represiva. Las caractersticas de la letalidad policial (definida por las acciones de agentes de seguridad indiferentes a los protocolos de prevencin, y reproductores, por ende, de la violencia social), supone el abuso de la utilizacin de armas de fuego y la impunidad que suele caracterizar las investigaciones administrativas y judiciales de los hechos en los que las fuerzas de seguridad estn imputadas [2].

El contexto que brinda legitimidad a la violencia estatal durante el gobierno macrista proviene de sus ms altos exponentes polticos. La interpelacin y condescendencia del votante segregacionista, parte del ncleo duro de Cambiemos, les reclama sobreactuar una autoridad fundada en la intimidacin social, especialmente dirigida hacia los sectores ms vulnerables. La vigilancia en las barriadas populares, la mano dura contra los manifestantes y la amenaza permanente contra los jvenes se presentan como un modelo de violencia institucional bifronte: alterna la invisibilizacin genrica de sus estadsticas con la anuencia y el patrocinio de sus victimarios.

Para contribuir a su invisibilizacin se ha decidido eludir la produccin de datos estadsticos pblicos y evitar que las organizaciones sociales puedan consultarlos para obtener informacin fidedigna y poder, de esa manera, exigir rendiciones de cuenta en relacin a las acciones policiales.

En forma complementaria, con el objeto de ensalzar su sobreactuacin, se postulan ejemplos de eficacia nicamente basados en letalidad policial, es decir, en las muertes producidas: llamativamente no ha sido costumbre la premiacin pblica de funcionarios responsables de haber evitado situaciones de violencia, mediante la inteligencia criminal y/o la prevencin.

La tipologa que agrupa los diferentes formatos de violencia institucional incluye:

-La represin de protesta social, los operativos y las razzias, como las que generaron la desaparicin y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

- Las ejecuciones, conocidas como gatillo fcil, como el caso de los jvenes y nixs asesinados en San Miguel del Monte.

- Las muertes producidas bajo custodia policial, en crceles o en traslados, ya sea por accin, omisin o negligencia, como las sufridas por los detenidos en la comisara de Estaban Echeverra (Transradio) [3].

El modelo de violencia institucional est dirigido prioritariamente contra grupos vulnerables, cuya consideracin social es inferiorizada por los sectores hegemnicos mediante la construccin de etiquetas de peligrosidad y/o anormalidad. Estas estigmatizaciones son retomadas por las fuerzas de seguridad que reconvierten a sus integrantes en destinatarios de maltrato simblico y material.

Entre los colectivos estigmatizados, cuya probabilidad de ser agredidos aparece como ms alta, figuran, en trminos etarios, los adolescentes y los adultos jvenes. En su articulacin con el gnero, los agrupamientos que se encuentran en peligro son los pertenecientes a los diferentes colectivos LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgnero e Intersexuales) y las mujeres, vctimas prioritarias de la lgica patriarcal imperante en las fuerzas de seguridad.

En referencia a su pertenencia tnica, los afrodescendientes y los inmigrantes de pases como Per, Bolivia o Colombia son los destinatarios de los etiquetamientos ms despectivos. Entre los tres conjuntos, compuestos por identificaciones de gnero, condicin social y tnicos, se encuentran ms del 90 % de las vctimas.

Para que la violencia institucional pueda implementarse se requiere un marco de legitimacin simblica capaz de naturalizarla, de convertirla en algo normal y de alguna manera deseable. Esa precondicin requiere instituir un miedo social capaz de habilitar la utilizacin de la fuerza ante los peligros reinantes. En este marco, toda pacificacin social es contraproducente a la segmentacin que exigen los programas de exclusin social. La violencia empieza a ser funcional y necesaria para escenificar una batalla contra los enemigos precatalogados como tales. Y las fuerzas de seguridad inmediatamente habilitadas para darle persecucin y, de ser necesario, garantizar su eliminacin o exterminio.

Frente a este escenario de una ejecucin diaria (muchas veces tergiversada por las propias versiones policiales de sus ejecutores o sus protectores), el Centro de Estudios Legales y Sociales ha elaborado un conjunto de recomendaciones, entre las que figuran:

- La cantidad de personas muertas por las fuerzas de seguridad no puede ser un indicador de eficacia de una poltica de seguridad ni de la actuacin policial.

-La necesaria implementacin de programas de formacin y reentrenamiento continuo de las fuerzas de seguridad, para dar cuenta de los nuevos fenmenos delictivos y su abordaje ms eficiente, capaz de reducir lesiones y muertes.

- Se debe adecuar la respuesta judicial a los compromisos internacionales que establecen el deber de garantizar un investigacin objetiva y exhaustiva de estos crmenes, dada la responsabilidad estatal de quienes los cometen.

-Se deben promover fiscalas especializadas en violencia institucional, acompaadas por voluntad poltica de conceder suficiente autonoma para interceder y acceder a la informacin que las corporaciones policiales esconden para proteger a sus integrantes.

- Impedir que las fuerzas policiales brinden defensas jurdicas corporativas a los involucrados en casos de ejecuciones y agilizar los procesos penales para evitar la caducidad de pruebas.

La violencia institucional tiene componentes que no son letales. Las lgicas de encierro expresadas en la superpoblacin carcelaria y las condiciones de hacinamiento y falta de oportunidades laborales o educativas (en contextos de encierro) solo reproducen conformaciones de agresividad social que tarde o temprano se volcarn en contextos de reinsercin. En ese marco, no deja de llamar la atencin que las Unidades Penitenciarias de mayor nivel de superpoblacin sean aquellas en las que se encuentran detenidos los presos polticos.

La violencia del hacinamiento carcelario

El problema de la violencia institucional es estructural. Las fuerzas de seguridad han reiterado, con mayor o menor aquiescencia de sus mandos polticos, desde 1983 a la actualidad, una impronta militarista que se resiste a ser restringida o limitada. Sin embargo, la gran mayora de las administraciones gubernamentales han visualizado y tematizado (con menor o mayor nfasis e inversiones) sus efectos como un problema de polticas pblicas.

La excepcin ha sido el actual gobierno, que ha instituido la celebracin de la muerte como un beneficio social digno de ser valorado y a la vez como un ejercicio pasible de ser galardonado por las mximas autoridades de un Estado.

La violencia que proviene del Estado es doblemente perniciosa y peligrosa. Quienes la ejercen desde sus instituciones son (paradjicamente) quienes se presentan e instituyen como los encargados de evitarla. Y quienes la celebran son los que deben comunicar los recurrentes asesinatos como algo digno de ser celebrado. Algo as como una reminiscencia eufemizada del Viva la Muerte pronunciado por Jos Milln de Astray en 1936, frente a Miguel de Unamuno.


 

Notas

[1]. CORREPI (Coordinadora Contra la Represin Policial e Institucional) Archivo 2018: Cada 21 horas el Estado asesina a una persona. Archivo 2018. Disponible en: http://bit.ly/2FOIgDl

[2]. VVAA: Muertes naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin justicia. Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, CABA, 2018. Disponible en:http://bit.ly/2KYuen7

[3]. https://www.elcohetealaluna.com/caretas-ajustes-y-balas/

Jorge Elbaum, Socilogo, doctor en Ciencias Econmicas, escritor, periodista, analista senior del Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la). Fuente: La chocobarizacin policial | El Cohete a la Luna



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