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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-07-2019

En el reino del revs
Ecos de una audiencia de apelacin de la nacionalidad waorani

Alberto Acosta
Amazon Frontlines


 

Me dijeron que en el reino del revs

Nadie baila con los pies

Que un ladrn es vigilante y otro es juez

Y que dos y dos son tres

Vamos a ver como es

El Reino del Revs

Vamos a ver como es

El Reino del Revs

(Mara Elena Walsh, autora e intrprete. Cancin infantil [1])

 

Real, no ficcin. El Ministerio de Recursos Naturales el mayor interesado no apel la sentencia de primera instancia que favoreci a la nacionalidad waorani. Lo hizo el Ministerio del Ambiente! Y fue el abogado de este Ministerio quien, en la audiencia dada en la Corte Provincial de Justicia del Puyo el lunes 1 de julio, lider el enfrentamiento en contra de dicha comunidad indgena, abanderndose de las tesis extractivistas. Para colmo, los abogados de estos dos ministerios, junto con el abogado de la Procuradura del Estado, defendieron a ultranza los intereses extractivistas aduciendo el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada en el Bloque 22, a partir del decreto 1247 sin priorizar la Constitucin.

Sorprende, por decir lo menos, que el Ministerio de Recursos Naturales realmente el interesado en demostrar que s hubo tal consulta para realizar sus planes extractivistas no apelara la sentencia favorable a la nacionalidad waorani, donde se demostr hasta la saciedad el incumplimiento de ese requisito previsto en la Constitucin y en instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. El argumento de los abogados de dicha cartera de Estado de que esta omisin fue una falla tcnica no le exime de responsabilidad al gobierno, pues incluso por accin directa de dicha desidia deberan cumplir lo dispuesto por la jueza provincial Esperanza del Pilar Araujo y el Tribunal Penal de Pastaza en su sentencia del 26 de abril pasado; en concreto deberan reconocer la vulneracion cometida y cumplir las obligaciones que de un acto as se desprenden (por ejemplo no avanzar con la licitacion de ese bloque porque sin consulta previa cualquier acto es nulo). En este caso la Corte Provincial debera disponer no solo la ratificacion de la sentencia y que el Ministerio en mencin la cumpla; sino que debiera, adems, aceptar la apelacin de la nacionalidad Waorani, es decir ampliando las comunidades afectadas y las medidas de reparacion establecidas.

Por otro lado y sin rodeos: el papel del Ministerio del Ambiente es vergonzoso. Su abogado lideraba los intereses extractivistas en vez de cumplir con el objetivo de esa cartera de Estado: defender el ambiente, ms an en el primer pas en el mundo que ha constitucionalizado a la Naturaleza como sujeto de derechos. indigna que ese ministerio apelara tan prestamente en contra de la sentencia de primera instancia [2] y que, en la prctica, suscriba la agenda extractivista del gobierno. Desde hace tiempo atrs, el ministerio del ambiente slo cumple con vulgares trmites administrativos al margen de sus objetivos fundamentales.

El accionar de la Procuradura, cuyo supuesto papel es el ser abogado del Estado, demuestra que perdi sus papeles pues se ha vuelto un mero defensor de los intereses del gobierno. Al no reconocer las vulneraciones a la Constitucin y ms bien ser cmplice de dichas violaciones, la Procuradura abre la puerta para que los accionantes en este caso la nacionalidad waorani si es del caso, recurran a la va internacional y se consiga una sancin al Estado por incumplir sus obligaciones constitucionales, que incorporan varios instrumentos internacionales relacionados con los Derechos Humanos (parte activa del bloque constitucional por mandato de los artculos constitucionales 11.3 y 426).

En este reino del revs casi que no sorprendera que a la postre los tres jueces provinciales -Carlos Alfredo Medina Riofrio, Bolvar Enrique Torres Ortz, Segundo Oswaldo Vimos Vimos- de la mencionada Corte, quienes deben tramitar la mencionadas apelaciones, terminen por priorizar el Decreto Ejecutivo 1247 a todas luces inconstitucional sobre la disposiciones de la carta magna, que en su artculo 424 establece la supremaca de la Constitucin sobre cualquier otra ley del ordenamiento jurdico del Estado; y, que en el artculo 425, fija un claro orden jerrquico de aplicacin de las normas: la Constitucin; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgnicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos

Con este Decreto en la mano -sin siquiera haberlo cumplido a cabalidad- el Ministerio de Recursos dio paso a una consulta inconsulta que fue procesada como un simple trmito administrativo, es decir, apenas como una socializacin de informaciones, lo que supone en palabras sencillas pero precisas: una tomadura de pelo. Tengamos presente que la inconstitucionalidad del mencionado decreto es inocultable. El 19 de julio de 2012, el presidente de la Repblica, Rafael Correa, emiti el Decreto Ejecutivo 1247, que entr en vigor a travs de la publicacin en el Registro Oficial No. 759 del 2 de agosto de 2012. Dicho decreto reglamenta la ejecucin de la consulta previa, libre e informada en los procesos de licitacin y asignacin de reas y bloques hidrocarburferos, la misma que sera aplicada en el marco de la XI Ronda Petrolera. Cabe sealar que el Decreto 1247 no acata todas las disposiciones establecidas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en los que hablan sobre los derechos de los pueblos indgenas. Tampoco se consideran en este Decreto 1247 las dispociones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku, vinculantes para el Estado ecuatoriano, emitidas en el mes de mayo del ao 2012.

En su pobre papel, los abogados gubernamentales, a ms de apuntalar su posicin en base a ese incostitucional decreto, y como medida desesperada ante la falta de argumentos, pedan sanciones penales para dos de los testigos de la comunidad waorani por alguna declaracin poco clara o quizs confusa, debida -tal como reconoci el intrprete judicial- a lo complejo que resulta traducir trminos y conceptos inexistentes en la cultura waorani, en medio de un proceso de socializacin llevado adelante por una persona que tena 18 aos cuando fue contratada como encargada de la oficina de consulta y que nunca fue debidamente capacitada, entre otros temas de gravitan en contra de la posicin gubernamental.

Es mucho lo que se juega en este caso. Por un lado la vida misma de la nacionalidad waorani y su selva amenazadas por el extractivismo petrolero. Por otro lado est la posibilidad de construir aunque lentamente luego de la metida de la mano en la justicia ejecutada por el corresmo una justicia independiente y autnoma, como se estableci en Montescriti. Tambin est en debate la necesidad de construir otra economa que garantice en simultneo la justicia social y la justicia ecolgica desde sus bases, superando la trampa perversa de los extractivismos. En este escenario se disputa, adems, la misma democracia.

Podrn los jueces involucrados superar las sombras de un Estado colonial, racista y patriarcal? Darn un paso para salir de esta maraa de contradicciones y empezar as a cristalizar la vigencia de la Constitucin de Montecristi?

Vamos a ver como es

El Reino del Revs

Vamos a ver como es

El Reino del Revs

Notas:

[1] A travs de este link se puede escuchar la cancin: https://www.youtube.com/watch?v=KlMQZsifcio

[2] Sobre la sentencia de primera instancia se puede consultar el texto del autor: No Contaban Con Su Inteligencia : Las Waorani Dan La Vuelta Al Embudo De La Consulta https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/waorani-consulta-alberto-acosta/

Fuente:https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/en-el-reino-del-reves-waorani-alberto-acosta/


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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