Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Golpe militar y resistencia popular en Honduras
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-07-2019

Honduras
Desafo al poder autoritario

Marvin Barahona
Brecha


Militares en las calles, represin a las protestas, corrupcin endmica y un gobierno heredero de un golpe de Estado y surgido del fraude electoral. El conservadurismo hondureo apuesta a la mano dura, pero no logra aplacar el descontento popular ni frenar la sangra migrante.

La coyuntura poltica de Honduras est llena de descontento, convulsin social, movilizaciones populares y represin gubernamental. El 24 de junio, en el contexto de las protestas ms recientes, agentes de la Polica Militar del Orden Pblico irrumpieron en los predios de la Universidad Nacional Autnoma (Unah) y dispararon contra un grupo de estudiantes que haba tomado las instalaciones universitarias en solidaridad con la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educacin, organizada para oponerse a la privatizacin de esos servicios estatales.

El resultado fueron tres estudiantes heridos de bala y una honda conmocin en la comunidad universitaria y la sociedad hondurea, que presenciaron la accin a travs de imgenes capturadas con celulares por otros estudiantes. A pesar de que el acontecimiento logr un gran impacto meditico, los sucesos de ese da slo fueron la continuacin de acciones similares llevadas a cabo entre el 19 y el 20 de junio, tras las que se report la muerte de tres jvenes, tal como denunci la Comisin Interamericana de Derechos Humanos.

Un escenario agitado

La represin se desat poco despus de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Cnds), presidido por el jefe del Ejecutivo y conformado por los presidentes de los restantes poderes del Estado, el fiscal general y los ministros de Defensa y Seguridad. El consejo orden el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar el derecho a la libertad de locomocin, la proteccin de la propiedad privada y pblica y la integridad de la poblacin, como medida punitiva ante las protestas que a diario se producen contra el gobierno. Los hechos que motivaron esa decisin no han sido esclarecidos por las autoridades, no obstante la gravedad que se le atribuy a un conato de incendio en el edificio de la embajada de Estados Unidos, el incendio parcial de varias decenas de contenedores supuestamente pertenecientes a la trasnacional Dole en el noreste del pas y el saqueo de algunas tiendas de electrodomsticos en la capital, Tegucigalpa, y en San Pedro Sula.

La crisis que prevalece desde finales de abril desemboc en la multiplicacin de actos de insubordinacin iniciados por empleados de la salud y la educacin. Le sigui el paro declarado en junio por los Tigres, fuerza especial de la polica, en reclamo de mejores condiciones laborales y para exigir al Ejecutivo que cumpla con sus promesas. En el mismo contexto estall una huelga del transporte de carga pesada, tambin en reclamo de que se cumplan los acuerdos suscritos con el Estado tras una huelga similar en 2018. En ambos casos, el incumplimiento dej al descubierto uno de los ardides ms recurrentes del gobierno para enfrentar los paros laborales: firmar acuerdos que no se propone respetar.

En junio de 2019, la oportunidad para que el transporte de carga pesada y un escuadrn de la polica paralizaran nuevamente sus actividades se present con la entrada en accin de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educacin, que rene a varios miles de empleados de ambos rubros que se mantenan en paro desde finales de abril. Desde ese momento, la plataforma exigi y obtuvo la derogacin de varios decretos ejecutivos. En ellos se contemplaban reformas que los agremiados rechazan, con el argumento de que se orientan a privatizar los servicios estatales de salud y educacin y vulneran derechos establecidos en la Constitucin. A pesar de que dichos decretos fueron derogados la noche del 31 de mayo, las protestas gremiales continuaron, ahora contra la ley marco de proteccin social, que, en opinin de los lderes de la plataforma, permite la privatizacin de los servicios pblicos defendidos.

Las races del fracaso

Las respuestas del gobierno han sido principalmente tres: el discurso oficial que se afana en culpar de la crisis a la oposicin partidaria y a organizaciones sociales como la plataforma, que llam a un dilogo alternativo al convocado por el gobierno y est logrando un amplio respaldo popular; la represin y la amenaza de represin a las organizaciones gremiales, sociales y comunitarias adversas; el recurso al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como ltimo medio para gobernar en los momentos ms crticos.

La represin intenta disuadir la insubordinacin colectiva, un acto intimidatorio contra todo intento de mantener movilizados en las calles a los opositores al gobierno. Esta labor disuasiva se vena concretando en el uso abusivo de artefactos, como las bombas lacrimgenas, lanzadas a granel contra los manifestantes, que por lo general responden arrojando piedras o devolviendo esas mismas bombas lacrimgenas. Sin embargo, en la coyuntura actual como han denunciado las organizaciones sociales y populares las protestas son reprimidas con bala viva. En consecuencia, ha crecido el nmero de heridos y muertos entre los manifestantes. A pesar del incremento de la represin, esta no logra su cometido esencial: frenar las protestas, pacificar las calles o aplacar el descontento popular.

El propsito de utilizar el Cnds como ltimo recurso para maniobrar en la crisis es tambin cada vez menos eficaz para asegurar la gobernabilidad y sofocar las protestas que crecen da a da. Sin embargo, el secreto del fracaso militar no responde slo a la capacidad de autodefensa o resistencia de las poblaciones reprimidas, sino adems a la persistencia de innumerables focos de descontento acumulados durante el decenio inaugurado por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. All estn las grietas que el golpe ensanch en la sociedad y el rgimen poltico, el fraude electoral en 2017 que facilit la reeleccin de Hernndez para un segundo mandato, el mal gobierno y la represin. A eso se suman los proyectos mineros y de represas hidroelctricas, que motivan la defensa del territorio por una poblacin organizada y desafiante del podero del capital nacional y transnacional, la corrupcin institucionalizada y la extendida imagen de ilegitimidad que tiene el gobierno. Con un caldo de cultivo tan frtil para la protesta, no es exagerado decir que hay ms problemas capaces de convocar a la insubordinacin popular que policas y militares aptos para reprimirla.

A diez aos del golpe de Estado de 2009, el autoritarismo poltico y la conflictividad social en Honduras se conjugan en una coyuntura que recuerda y recrea otros escenarios de crisis vividos en esta dcada, determinados en primera instancia por el propio golpe y luego por la ilegtima y fraudulenta reeleccin que condujo al gobierno actual. Como seal el historiador italiano Guglielmo Ferrero hace casi un siglo, el despotismo, arbitrario y violento, es siempre consecuencia de la ilegitimidad y, en virtud de ello, la fuerza no slo no puede estar nunca segura de imponer por s sola la obediencia, sino que adems tiende a provocar la revuelta.

Marvin Barahona. Historiador, doctor en ciencias sociales por la Universidad Catlica de Nimega, autor de Evolucin histrica de la identidad nacional y Honduras en el siglo XX. Una sntesis histrica, entre otras obras de contenido histrico y social.



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