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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-07-2019

El Estado sigue bloqueando el acceso a los archivos de la represin franquista

Danilo Albin
Pblico

Un libro impulsado por las fundaciones Primero de Mayo y Largo Caballero advierte que continan registrndose trabas a la hora de obtener ese tipo de documentos. Un relator de la ONU lo denunci en 2013, pero no ha habido grandes avances.


El dictador Francisco Franco en una imagen de marzo de 1939. EFE

Son las fotos prohibidas. Lo fueron hace 55 aos, cuando la Guardia Civil detuvo a varios miembros del grupo de danzas vascas Eusko Lorak de Sestao. Su delito: atreverse a desafiar a la dictadura franquista y celebrar el 31 de julio, da de San Inazio. Hoy, aquel carrete con imgenes subversivas sigue escondido en alguna caja con sello de la Benemrita: an resulta imposible recuperar ese material.

Se trata de un caso ms en un largo listado de vetos y prohibiciones a investigadores que buscan recuperar la historia que la dictadura franquista ocult y que la democracia, incluso ms de 40 aos despus de muerto Franco, sigue manteniendo bajo secreto. De todo esto habla el libro electrnico elaborado por las fundaciones Primero de Mayo y Largo Caballero pertenecientes a CCOO y UGT respectivamente gracias a los textos aportados por 20 expertos, entre los que figuran historiadores y especialistas en legislacin.

En conjunto, nos ofrecen una informacin muy completa de la situacin de nuestros archivos, el acceso a sus fondos, las limitaciones legales y materiales que existen, adems de sus experiencias en la investigacin , sealan Sebastin Pacheco Corts y Ramn Grriz representantes de ambas fundaciones en el prlogo.

En las pginas de este trabajo colectivo se cita un dato relevante: en 2013, el Relator Especial para la promocin de la verdad, la justicia y la reparacin y las garantas de no repeticin de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, advirti sobre las dificultades que existan en Espaa para acceder a archivos relacionados con el franquismo, al tiempo que reclamaba una normativa que revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad , de conformidad con los estndares internacionales, incluyendo el derecho a la verdad.

Sin embargo, son ya proverbiales las quejas de los investigadores por las dificultades de acceso a la documentacin de archivo cuando abordan determinados temas histricos en ciertas pocas del siglo XX espaol y, ms concretamente, en el tramo cronolgico que va de la Guerra Civil a la Transicin democrtica, destacan Antonio Gonzlez Quintana, subdirector general de Archivos de la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2018-, y los investigadores Sergio Glvez Biesca y Luis Castro Berrojo en el texto de presentacin.

All sealan que si bien es cierto que en las ltimas dcadas los servicios archivsticos han mejorado, no es menos evidente que su estado es manifiestamente perfectible, tanto en el plano normativo legal en el que inciden el Estado y las Comunidades Autnomas como en el de asignacin de recursos humanos y tcnicos y en el de la promocin pblica del Patrimonio Documental.

En tal sentido, advierten que el descontento de los investigadores se hace extensivo a los familiares de vctimas de la Guerra Civil y del franquismo y a sus asociaciones cuando se trata de recabar informacin acerca de la represin habida durante esos perodos. Esta situacin obstaculiza con frecuencia la labor investigadora e incluso llega a impedirla, como podemos comprobar en algunas de las colaboraciones de esta obra, subrayan.

"Intentos intiles"

A lo largo del libro aparecen distintos ejemplos que ilustran las trabas que sufren los investigadores en Espaa. Matilde Eiroa, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, relata el caso del proyecto de investigacin colectiva sobre Judicatura, Investigacin y Penitencia en el que se pretenda abordar el orden poltico y los instrumentos de represin, 1939-1982-, coordinado por el ya fallecido historiador Julio Arstegui y subvencionado por el Ministerio de la Presidencia bajo el Ejecutivo de Jos Luis Rodrguez Zapatero.

La investigadora relata una situacin paradjica: a pesar de haber recibido el aval del Gobierno de entonces, los impulsores del proyecto no consiguieron acceder a los expedientes de la Comisara General de Informacin y de la Brigada Poltico-Social. Los intentos que realizaron algunos miembros del equipo, entre otros Carlos Jimnez Villarejo, por lograr acceder a los fondos, fueron intiles. No vali de nada la justificacin de la necesidad de conocer la estructura y organizacin de la polica poltica y su relacin con la Magistratura, ni la solvencia acadmica del director del proyecto y su Equipo. Y tampoco tuvimos una explicacin satisfactoria del destino de la documentacin que solicitbamos, destaca.

"En otras ocasiones el investigador ha tenido que recurrir a denuncias pblicas y demandas judiciales"

Tal como se describe en la presentacin de este informe, en otras ocasiones el investigador ha tenido que recurrir a denuncias pblicas y demandas judiciales para lograr el acceso a cierta documentacin. Citan el caso del historiador Francisco Espinosa, quien relata su lucha con el Tribunal de Cuentas, que en principio le negaba la consulta de fondos relativos a Batallones y Campos de Concentracin espaoles durante la Guerra Civil y la posguerra.

En el captulo que lleva su firma, Espinosa aborda tambin el caso, ms conocido y denunciado, de los 10.000 expedientes clasificados como secretos o reservados en archivos militares del perodo 1936 a 1968, que durante el mandato de Carme Chacn como Ministra de Defensa se anunci que iban a ser liberados para su consulta. El expediente de desclasificacin qued entre los asuntos sin tramitar por el Gobierno de Jos Luis Rodrguez Zapatero y, al hacerse cargo del ministerio Pedro Morens, despus de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de 2011, qued completamente olvidado , denuncian.

A criterio de los investigadores, las dificultades de acceso a cierta documentacin son a la vez causa y efecto de esa deficiencia en la atencin a los deberes de la memoria histrica democrtica en Espaa. Sin duda, la capa de silencio y olvido hacia el inmediato pasado con que se pretendi cubrir el proceso de Transicin poltica a la muerte de Franco tuvo un efecto deletreo para la investigacin de los aspectos ms siniestros e impresentables de su rgimen ; en especial los relacionados con las distintas formas de violencia, exclusin y control social que garantizaron su permanencia, subrayan.

En tal sentido, denuncian que la inconsistencia de la informacin aportada por algunos organismos del Estado es muy notoria. Las direcciones generales de la Polica, de la Guardia Civil y de Instituciones Penitenciarias se limitan a especificar el nmero de cajas y los kilmetros lineales que ocupa la documentacin en sus servicios centrales y en sus unidades perifricas, pero sin definir demasiado o en absoluto la naturaleza de tales registros.

Remarcan adems que parte de la documentacin policial sobre grupos polticos est todava clasificada lase vetada por una decisin del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, aplicando la Ley de Secretos Oficiales que, en lo sustancial, sigue teniendo la misma formulacin que en 1968.

"Ocultacin"

En ese contexto, Gonzlez Quintana seala en su texto que el abuso de la clasificacin de documentos por razones de seguridad o la limitacin desproporcionada del acceso a la informacin por razn de la proteccin de datos personales no pueden ser, de ninguna manera, puertas abiertas a la ocultacin de las violaciones de DDHH y menos an a la impunidad de los responsables de las mismas.

Sin duda, es en los procesos de transicin desde regmenes represivos a sociedades democrticas cuando la ponderacin y el equilibrio entre los dos derechos enfrentados se debe afrontar con mayor rigor, de modo que amparados en el secreto o en la defensa del honor o la intimidad personales no queden impunes los crmenes de guerra de lesa humanidad u otras graves violaciones de los DDHH, seala. Por tales razones, remarca que en ningn caso debe quedar amparado por el secreto ningn documento que sea prueba de casos de vulneraciones de los derechos humanos.

Para muestra, un botn. Gonzlez Quintana cita el ejemplo del comisionado federal para la administracin de los archivos de la Stasi, en Alemania, que cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros y 1.600 empleados. Sin embargo, en el caso espaol, a pesar de todas las campaas publicitarias desarrolladas en torno a la Memoria Histrica y pese a la importancia meditica de tales campaas y de los debates subsiguientes, los avances reales en polticas archivsticas, para hacer aportes reales de testimonios oficiales, han quedado en muy poco , compara.

@danialri

Fuente: https://www.publico.es/politica/sigue-bloqueando-acceso-archivos-represion-franquista.html



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