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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-07-2019

El TC y el artculo 155, un nuevo retroceso

Gerardo Pisarello
Ctxt

El Constitucional se ha situado ms cerca de la posicin de Fraga que de una interpretacin garantista. Las fuerzas progresistas, democrticas o republicanas deberan revisar el sentido de este artculo.


No s qu es lo que est pasando

ltimamente ests extraa

Ya no me miras a los ojos

Solo te importa la unidad de Espaa

(Obsesionada, Novedades Carminha)


Lleva razn el conjunto gallego: hay obsesiones malsanas, que resultan incomprensibles y que solo refuerzan aquello que las activa. La pretensin de utilizar la unidad de Espaa como arma arrojadiza contra cualquier pretensin republicana de reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado es una de ellas. Hace unos das, el Tribunal Constitucional ha dado a conocer su respuesta al recurso interpuesto por Unidos Podemos-En Com Podem-En Marea contra la aplicacin del artculo 155 de la Constitucin. Nadie esperaba demasiado de un Tribunal marcado desde hace tiempo por una politizacin excesiva. Pero era una oportunidad. La de sealar los peligros de esa obsesin y su incompatibilidad con derechos y principios valiosos consagrados en el texto de 1978 y en los Estatutos de Autonoma. La respuesta ha sido decepcionante. Por lo que dice y por lo que no dice. Y sobre todo porque hace suyos los peores argumentos utilizados por el Gobierno de Mariano Rajoy en octubre de 2017. Con ello, el TC no solo abdica de su funcin garantista. Alimenta una concepcin recentralizadora que no se proyectar nicamente sobre Catalunya sino que degradar an ms el papel de la Constitucin territorial en el conjunto del Estado.

1. Un precepto indeterminado que no quiso asumir las tesis de Fraga

La decisin del TC no era menor porque el artculo sobre el que tena que pronunciarse no lo es. Y no lo es porque contempla una medida extraordinaria y delicada: la posibilidad de que el Gobierno central, con el visto bueno del Senado, imponga a una comunidad autnoma medidas coactivas que la fuercen a cumplir sus obligaciones legales o constitucionales o que impidan que atente gravemente contra el inters general de Espaa.

Este artculo no tena antecedentes formales en el constitucionalismo espaol. Su referencia ms explcita fue el artculo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Este precepto es el que contempla la llamada coaccin federal, aunque lo hace en un contexto diferente. La regulacin alemana no hace mencin alguna al inters general nacional y la funcin de control de las decisiones del ejecutivo se atribuye a un Senado fuerte y realmente representativo de las entidades federadas, algo que no ocurre en el caso espaol.

La redaccin del artculo 155 no estuvo exenta de polmicas. Algunos diputados constituyentes, como Francisco Letamenda, advirtieron de que un precepto as poda acabar atentando contra los intereses, no de Espaa en abstracto, sino de las comunidades autnomas, dando pie a que el Gobierno intervenga de manera desmedida en sus actuaciones. Por eso se descart de manera explcita que las medidas coercitivas admisibles incluyeran el cese del gobierno autonmico o la disolucin del Parlamento de la comunidad, algo que ni siquiera la Ley Fundamental de Bonn prevea.

Esta limitacin no convenci a algunos ponentes, como Manuel Fraga, de Alianza Popular. Fraga entenda que la versin final del 155 era demasiado benvola y suave, entre otras razones, porque no contemplaba la posibilidad de que el gobierno central asumiera plenos poderes y pudiera imponer el cese de las autoridades incumplidoras. En 1981, el jurista sevillano Pedro Cruz Villaln, quien llegara a ser presidente del Tribunal Constitucional, adverta de que la redaccin final del artculo presentaba algunas indeterminaciones peligrosas. Pero tena una cosa clara: que lo que haba que evitar, precisamente, es lo que Fraga pretenda: convertirlo en una clusula de habilitacin de una suerte de dictadura constitucional, con plenos poderes para el gobierno central. Por eso, conclua: el arte (de este artculo) consiste en no usarlo.

2. La gravedad de los atentados al orden constitucional

Teniendo en cuenta estos antecedentes, hay buenas razones para pensar que las medidas coercitivas impulsadas por Rajoy en octubre de 2017 hubieran complacido a Fraga. Es mucho ms dudoso, en cambio, que esa utilizacin se corresponda con el sentido originario dado al artculo y con una funcin garantista del mismo.

Sobre estas premisas, el Grupo Confederal de Unidos Podemos y sus confluencias present un recurso contra el Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre que aprobaba las medidas requeridas por el Gobierno central al amparo del 155. Y una de las principales cuestiones que se colocaba sobre la mesa era establecer si la aplicacin de este artculo era necesaria. Si exista un supuesto habilitante, una amenaza real lo suficientemente grave como para justificar su puesta en marcha.

En la sentencia, el TC recoge una serie de elementos anteriores y posteriores al requerimiento inicial de Rajoy que probaran la existencia de una deriva secesionista que amenazaba con romper el orden constitucional y la convivencia: desde las leyes de referndum y de transitoriedad jurdica de septiembre hasta un supuesto manifiesto de constitucin de la repblica catalana (sic) firmado por el presidente de la Generalitat junto a otros parlamentarios.

El problema de este listado de declaraciones verbales, manifiestos e iniciativas normativas es doble. Por un lado, es unilateral. Aborda incumplimientos innegables de decisiones jurisdiccionales por parte de las autoridades catalanas. Pero en cambio no hace mencin alguna a incumplimientos tan o ms censurables del Gobierno central, como sus reiterados desconocimientos de la Constitucin y del Estatuto de Catalunya, su reticencia a abrir espacios efectivos de dilogo o la respuesta represiva, totalmente desproporcionada, a las manifestaciones y votaciones del 1-O. Por otra parte, no explica que cuando el Gobierno del PP propuso activar formalmente el 155, muchas de las actuaciones de las autoridades catalanas ya haban sido neutralizadas a travs de otros mecanismos, como el control de las finanzas autonmicas o la suspensin y anulacin de diferentes leyes impulsadas por el Parlament.

En otras palabras: cuando el PP decidi poner en marcha el artculo 155, cesando al Govern de la Generalitat y disolviendo el Parlament de Catalunya, su aplicacin haba dejado de ser necesaria. Y es que las posibilidades reales, y no simplemente simblicas, de una ruptura del orden constitucional o de un golpe de Estado estaban desactivadas. Porque las autoridades centrales (Gobierno, tribunales, fuerzas de seguridad) haban hecho valer su posicin de preeminencia jurdica y material y porque el Govern cataln haba renunciado a cualquier despliegue de fuerza o de control del territorio.

De hecho, en su escrito de 11 de octubre, Mariano Rajoy condicion la activacin del 155 a un solo hecho: la existencia de una declaracin de independencia. Cuando requiri a Carlos Puigdemont sobre si esta se haba producido o no, la primera respuesta no se produjo en los trminos tajantes fijados en el requerimiento. Sin embargo, el presidente de la Generalitat no tard en aclarar su posicin y en carta de 19 de octubre admiti que no se haba votado declaracin de independencia alguna y que su voluntad era dialogar para buscar soluciones.

3. Una respuesta desproporcionada, abusiva e ineficaz

Llegados a este punto, una aproximacin garantista al artculo 155 hubiera obligado al Gobierno central a no cerrar las vas de dilogo en la fase del requerimiento, a explicar cules eran sus intenciones, y cules las medidas previstas en caso de incumplimiento. Pero no solo no lo hizo, sino que el TC no ha visto en ello razn alguna para el reproche.

La manera en que la sentencia valora el inters general de Espaa es en este punto desoladoramente reduccionista. Por un lado, porque niega que el dilogo pudiera tener espacio en un contexto de abierto y expreso desafo a la fuerza de obligar de la Constitucin. Por otro, porque no ve problemas en que el Gobierno central no informara de las medidas que pensaba aplicar, ya que las autoridades autonmicas dice careceran de un derecho a la predeterminacin de las mismas. Y por ltimo, porque descarta sin mayor soporte argumental que las medidas adoptadas en este caso sealadamente, las de cesar al Gobierno, disolver el Parlamento autonmico y convocar elecciones supongan vulneraciones del principio de autonoma, de la forma de gobierno parlamentaria o de los derechos de los representantes removidos de sus cargos.

Una concepcin garantista del artculo 155 hubiera obligado a un juicio mucho ms exigente de estas actuaciones, y no solo de las del Gobierno cataln. El TC, por ejemplo, tendra que haber dejado ms claro que la coaccin forzosa a la que alude la Constitucin debe concebirse como ltimo recurso. Pero tambin podra haber amonestado al Gobierno central por no haber mantenido abiertas las vas de dilogo e incluso por haber consentido actuaciones desproporcionadas y abusivas como el uso de la fuerza desplegado el 1 de octubre.

Igualmente, un TC garantista tendra que haber condicionado de manera ntida la aplicacin del 155 a la adopcin de las medidas menos lesivas posibles para el principio de autonoma. Esto podra haber incluido, en caso de desatencin, la sustitucin temporal de algunas funciones de las autoridades autonmicas, pero no su cese o disolucin, que es lo que plante el Gobierno del PP con el acuerdo del Senado.

En la sentencia, el TC vincula la justificacin de estas medidas excepcionales a su temporalidad. De hecho, quienes han celebrado la sentencia, ven en este punto una de sus principales virtudes: haber establecido que la Constitucin no admite un 155 indefinido, como el que han defendido, en ms de una ocasin, Ciudadanos, PP o Vox. Sin negar relevancia a este aspecto, debe decirse que el consuelo es menor. Y es que si la sentencia excluye la posibilidad de un 155 indefinido, lo cual por s solo sera uno de los logros del recurso de Unidas Podemos y sus confluencias, deja abierta la posibilidad a que este pueda reactivarse durante el tiempo necesario para restablecer el orden constitucional y a que pueda hacerlo mediante medidas tan lesivas como las utilizadas en 2017.

Se dir que no era posible esperar otra cosa del actual Tribunal Constitucional. Que sus interpretaciones restrictivas de la Constitucin venan de lejos y que haban experimentado un punto de inflexin con su decisin de 2010 sobre la reforma del Estatut de Catalunya. Es posible. Sin embargo, este TC tambin tuvo momentos en los que sugiri otros caminos: por ejemplo, en su decisin de 25 de marzo de 2014, cuando entendi que el derecho a decidir era una aspiracin poltica que poda tener perfecta cabida en la Constitucin espaola.

Leda en trminos de contexto, desde un prisma poltico y jurdico ms amplio, la sentencia sobre el artculo 155 comporta un retroceso significativo. Porque da cobertura a la estrategia de criminalizacin judicial del independentismo, apuntalando el relato punitivista construido por el Tribunal Supremo. Porque quita toda importancia al discurso de la monarqua justificando la represin de derechos fundamentales bsicos. Porque consolida las interpretaciones contrarias a la Constitucin territorial y al propio principio de autonoma que el TC viene realizando al menos desde la sentencia sobre el Estatut. Porque no cuestiona las limitaciones impuestas al papel de control del Senado a lo largo del proceso. Y sobre todo, porque omite mostrar que las medidas impulsadas por el Gobierno de Rajoy no solo fueron desproporcionadas y excesivamente gravosas para el principio de autonoma, sino tambin ineficaces.

Efectivamente, si algo ha quedado probado en estos meses es que la aplicacin del 155, promovida en octubre de 2017, respondi a la obsesin malsana de preservar la unidad de Espaa como razn de Estado incuestionable. Esta obsesin ha abierto las puertas a la laminacin de derechos no solo en Catalunya sino en todo el Estado. Y lo peor es que se ha revelado intil, ya que nada indica que las medidas de excepcin adoptadas durante la vigencia del 155 hayan conseguido aplacar las posiciones favorables a la independencia o a superar el agotado marco monrquico-autonmico actual.

4. Desactivar la obsesin centralista, asumir la plurinacionalidad del Estado

Las crticas a la actuacin del Gobierno central no pretenden eximir a las autoridades catalanas de responsabilidad por los acontecimientos de 2017. Son muchos, de hecho, los reproches que se les podran dirigir: no haber asumido la falta de alianzas y de apoyo suficiente para emprender ciertos cambios de envergadura; haber abusado de iniciativas unilaterales simblicas, entre otras razones para ocultar su inaccin en mbitos polticos y sociales ms concretos; no haber anticipado de manera ms realista las consecuencias que tendran sus actos; haber menospreciado los argumentos discrepantes de opositores y de una parte considerable de la sociedad catalana y espaola. Sin embargo, la irresponsabilidad y los errores del Gobierno del PP y de las autoridades catalanas no pueden situarse en un plano simtrico. El Gobierno central tena una posicin institucional decisiva y un poder normativo, meditico y coactivo muy superior al de la Generalitat. Por eso, e incluso por mandato constitucional, estaba obligado a ofrecer alternativas dialogadas, democrticas, a la situacin de bloqueo. En cambio, actu sistemticamente desde la prepotencia y la arbitrariedad, impulsando la judicializacin del conflicto y dificultando an ms cualquier salida limpia y sensata.

Desde estas premisas, la sentencia del TC debera ser vista crticamente no solo por quienes mantienen posiciones independentistas. Tambin debera inquietar a quienes defienden concepciones federales o confederales incompatibles con una visin recentralizadora y autoritaria del Estado. Y por eso no basta con criticar jurdicamente la sentencia. Hara falta una respuesta en el terreno poltico, legislativo, esto es, un cambio constitucional que evite que el artculo 155 sea un agujero negro. Eso o algn tipo de regulacin que asegure su compatibilidad con el principio de autonoma y con el ejercicio de derechos polticos bsicos.

Todas las fuerzas parlamentarias progresistas, democrticas, republicanas tendran buenas razones para replantear el sentido de este artculo. Tambin el PSOE. Es cierto que sus senadores votaron a favor de las medidas exigidas por el PP en octubre de 2017. Pero aquella decisin no debera impedirle sumarse a una revisin garantista de esta figura. Despus de todo, el propio Snchez hizo campaa y conquist la Secretara General de su partido defendiendo la plurinacionalidad y un modelo de Estado federal inviable con el relato utilizado por el Gobierno Rajoy en octubre de 2017. Tampoco hay que olvidar que la votacin del Senado sobre el 155 cont con discretas pero relevantes discrepancias socialistas. De manera sealada, la de los expresidentes del Gobierno de Catalunya, Jos Montilla, y de Baleares, Francesc Antich, que se ausentaron deliberadamente de la sesin. O la de la todava hoy alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Nria Parlon, que dimiti como secretaria de cohesin e integracin de la Comisin Ejecutiva Federal del PSOE y dej escrito en las redes sociales: El 155 no es la solucin. Amplifica la fractura emocional entre Catalunya y Espaa. Necesitamos abrir otro camino sin demora.

Sera un error renunciar a abrir nuevos caminos en nombre de la estabilidad o de una ilusoria pretensin de aparcar el tema de Catalunya. Entre otras razones porque ni el PP, ni Ciudadanos, ni Vox lo harn. De hecho, cuando el artculo 155 se redact, nadie ignoraba que lo que estaba en la cabeza de quienes lo proponan era la proclamacin del Estado cataln dentro de la Repblica Federal espaola, realizada por Llus Companys en octubre de 1934. En aquella ocasin, la coalicin integrada por la CEDA (Confederacin Espaola de Derechas Autnomas), reaccion encarcelando a los miembros del Govern cataln y aprobando una ley que suspenda la autonoma. En su momento, aquella decisin pudo parecer incuestionable e irreversible. Sin embargo, tras la victoria de las izquierdas y de sus aliados sobre todo en Catalunya y el Pas Vasco Companys y sus seis consejeros fueron amnistiados y el Tribunal de Garantas Constitucionales declar inconstitucional la ley, en una decisin que colocaba en el centro el principio de autonoma todava vigente.

Ni Europa, ni Espaa, ni Catalunya son hoy las de los aos 30 del siglo pasado. Evidentemente. Sin embargo, la articulacin de alianzas polticas y sociales progresistas, republicanas, amplias contina siendo una condicin imprescindible para desactivar a las derechas fanatizadas, abrir nuevos caminos de libertad y conseguir que el principio democrtico en todas sus dimensiones la econmica, la de gnero, la ecolgica, tambin la territorial adquiera fuerza normativa real y capacidad transformadora. Perderlo de vista sera, adems de suicida, una irresponsabilidad histrica.

Fuente: http://ctxt.es/es/20190710/Firmas/27263/Gerardo-Pisarello-155-tribunal-constitucional-proces-catalunya.htm


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