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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-07-2019

La paz en Colombia en grave retroceso

Vctor Bez Mosqueira
Equal Times


A estas alturas es evidente que hay lites polticas y econmicas en Colombia que se resisten a cerrar el conflicto armado interno que ya lleva abierto ms de 53 aos, y todo ello con el objeto de preservar los intereses representados por el ultraderechista lvaro Uribe Vlez, presidente por dos periodos (2002-2006 y 2006-2010) y quien mantiene las riendas del poder, si bien a la sombra, en el gobierno presidido por Ivn Duque (este desde agosto de 2018). Esas lites, y en especial Uribe, temen a la justicia y no quieren que se conozca la verdad de las violaciones a los derechos humanos y los crmenes de guerra cometidos durante su presidencia.

La violencia poltica es sistemtica y afecta el ejercicio de la libertad sindical e impide que los trabajadores y trabajadoras en Colombia puedan ejercer la defensa de sus derechos de manera libre y democrtica, porque el Estado no ofrece las garantas necesarias. En este sentido, varios de sus funcionarios auspician una poltica de estigmatizacin y amenazas contra lderes sociales y defensores de derechos humanos.

Despus de la firma del Acuerdo Final para la Terminacin del Conflicto y la Construccin de una Paz Estable y Duradera, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) dedic muchos esfuerzos para convencer a nivel internacional sobre los progresos alcanzados en el proceso. Tanto es as que en muchas organizaciones internacionales persiste el convencimiento de que Colombia es un caso en progreso. Nada ms alejado de la realidad.

Colombia ocupa el puesto 143 de 163 naciones en el ndice de paz global 2019, que mide el estado de la paz en tres mbitos temticos: el grado de seguridad y proteccin social, el grado de conflictos internos e internacionales activos y el grado de militarizacin.

De acuerdo con el tercer informe (de abril de 2019) relativo al Estado efectivo de implementacin del Acuerdo de Paz de Colombia 2 aos de implementacin, elaborado por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EEUU): apenas avanza en un 2% el cumplimiento de la reforma rural y acceso a la tierra; en el punto de participacin pblica solo se ha cumplido el 13%; en el tema de los compromisos en relacin a las drogas y la sustitucin de cultivos ilcitos, se reporta solo un 2% de avance. El punto relacionado con los derechos de las vctimas avanza en apenas un 11% y el tema relativo al fin del conflicto avanza en un 45%, explicado por la desmovilizacin y reincorporacin de los excombatientes. En resumen, las FARC han cumplido en mayor grado su compromiso, mientras el Estado colombiano, representado por su gobierno, no est cumpliendo el acuerdo de paz.

El mismo secretario general de la ONU, Antonio Gutrres, en su Informe (2019) ante el Consejo de Seguridad, expres su llamado al Gobierno, al Congreso y a todas las entidades para que adopten rpidamente medidas para asegurar que la Ley Estatutaria se promulgue lo antes posible, de conformidad con el Acuerdo de Paz. Dijo tambin que la JEP [la Jurisdiccin Especial para la Paz] es la principal garante de los derechos de las vctimas a la verdad, la justicia, la reparacin y la no repeticin. Mientras tanto, el gobierno de Duque objet durante meses la Ley Reglamentaria de la JEP y ha venido obstruyendo el funcionamiento de la justicia para evitar que se investiguen los hechos ocurridos durante el conflicto armado, se esclarezcan las responsabilidades y se establezcan las sanciones.

El gobierno le teme a la justicia y la verdad, puesto que quiere proteger a su jefe poltico, lvaro Uribe, y a los aliados locales que son los presuntos responsables de crmenes como las ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, usurpacin de tierras a campesinos, asesinatos a personas protegidas como los lderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos.

La tendencia de la disminucin de los asesinatos entre 2015 y 2017 se trunc con la llegada del gobierno de Ivn Duque. Desde 2018 aument el nmero de asesinatos de lderes sindicales y sociales, defensores de derechos humanos as como de excombatientes de las FARC.

En este sentido, y segn datos de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, un total de 702 personas de los sectores sindical, social y de derechos humanos, adems de excombatientes de las FARC (constituyendo estos ltimos 135 de ese total) fueron asesinados. Esta cifra global incluye igualmente a 73 sindicalistas (desde la firma del acuerdo, en noviembre de 2016).

Segn el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situacin de derechos humanos en Colombia, en 2018 las masacres aumentaron en 164% en comparacin con el ao anterior. Para el Comit Internacional de la Cruz Roja, el nmero de vctimas por desplazamiento forzado aument en un 90% y el nmero de vctimas de minas antipersonales y artefactos explosivos se triplic desde 2018.

Un colega sindicalista que estaba presente en una reunin en la sede de la OCDE en Pars, escuch a un diputado europeo preguntar por qu continan los asesinatos si ya se firm la paz con la insurgencia guerrillera. Quienes conocen Colombia saben que los sanguinarios y derechosos paramilitares continan actuando con total impunidad, amenazando y asesinando a quienes se atrevan a querer relaciones ms democrticas en el pas. Por ejemplo, un grupo paramilitar amenaza con matar a dirigentes sindicales por considerarlos guerrilleros disfrazados de trabajadores que quieren imponer el socialismo en el pas. Dieron un plazo de 48 horas para que quienes estn amenazados salgan del lugar o atenerse a las consecuencias. Varios colegas sindicalistas siguen recibiendo amenazas de muerte.

Las justificaciones oficiales, como la del ministro de Defensa de Colombia Guillermo Botero, en relacin al asesinato del exguerrillero Dimar Torres reflejan el desprecio hacia la inteligencia del comn.

Peor an, la poltica de seguridad de Duque est generando la intensificacin del conflicto armado, la reactivacin de los grupos paramilitares con la complicidad de las autoridades, lo que pone en grave riesgo los derechos humanos, la paz y la vida. Datos no faltan para muestra los enlaces que he ofrecido en los prrafos precedentes; cualquiera que se tome el tiempo y la molestia de leer todas las actualizaciones, llegar a esta misma conclusin.

Por tanto, es urgente que pongamos bajo la lupa el proceso de paz en Colombia que, en los ltimos dos aos no ha tenido progresos sino retrocesos. Cuanto ms temprano nos demos cuenta de eso y actuemos en consecuencia, mejor le ir a todo el mundo, especialmente a Colombia.

Hay que presionar fuertemente al gobierno de Duque para que el pas tome medidas para detener los asesinatos de los dirigentes sindicales, sociales, activistas de derechos humanos y excombatientes; para que se respete y apoye a las instituciones del sistema de justicia transicional (JEP, CEV) para que haya verdad, justicia y reparacin; para mantener la presencia de la Comisin de Verificacin del Consejo de Seguridad de la ONU y ampliar las acciones de cooperacin con las comunidades y territorios. Finalmente, y no menos importante, hay que hacer exigible el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano, incluyendo los laborales.


*Este artculo se public originalmente en Equal Times, puedes leerlo aqu



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