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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-08-2019

La justicia y los elefantes

Jos Natanson
Le Monde Diplomatique


Con una creciente presencia en casi todos los pases, la tendencia a la judicializacin de la poltica la interferencia de los jueces en cada vez ms reas de la vida pblica tiene su origen en la construccin de los Estados de Bienestar de las socialdemocracias europeas y los populismos latinoamericanos de la posguerra, que sumaron al clsico men liberal de proteccin de la libertad en sentido negativo (libertad individual y propiedad privada) un conjunto de nuevos derechos, denominados sociales, incorporados a los cdigos legales e incluso, como sucedi en Argentina con la reforma de 1949 y el Artculo 14 bis (en 1957), a las constituciones. Este nuevo catlogo habilit litigios y demandas vinculados a una amplia variedad de temas y abri la oportunidad para un nuevo protagonismo de los tribunales.

Como sostiene el socilogo Javier Couso (1), esta tendencia general adquiri especial intensidad en los pases de la tercera ola de democratizacin. Luego de aos y en algunos casos como Espaa, Portugal y, ms entrecortadamente, Argentina dcadas de dictaduras, la sociedad depositaba en los jueces la esperanza de una rpida correccin de los desbordes autoritarios del pasado. En Argentina, la refundacin democrtica de 1983 le dio al Poder Judicial, que a diferencia de otros poderes del Estado conservaba intactos sus recursos institucionales, el impulso necesario para, amparado en esta nueva cultura de derechos, ampliar su radio de accin hasta niveles inditos.

Aunque hoy lamentemos esta deriva, al inicio produjo efectos interesantes: un caso claro de activismo judicial positivo fue el Juicio a las Juntas y el desmadre posterior, cuando un conjunto de fiscales y jueces empoderados desbordaron los tres niveles de responsabilidad establecidos por Ral Alfonsn y comenzaron a descender en el escalafn militar, lo que llev al gobierno a intentar frenar el afn justiciero de los magistrados mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El protagonismo de los jueces se acentu en pases con diseos institucionales que propenden a dispersar el poder, por ejemplo con sistemas federales como el nuestro, o que incorporaron nuevos mecanismos legales, como el amparo elevado a rango constitucional en la reforma del 94. Y, ms decisivamente, en aquellos pases que cuentan con sociedades civiles capaces de organizar movilizaciones legales desde abajo gracias al impulso de estructuras especializadas de apoyo, ya sea en clave progresista (como, digamos, el CELS) o conservadora (como, digamos, el Colegio de Abogados de la Capital Federal).

Una simple revisin de la historia reciente confirma la relevancia del fenmeno. De hecho, muchas de las grandes reformas emprendidas desde la recuperacin de la democracia, adoptadas por gobiernos democrticos con el apoyo de amplias mayoras legislativas pluripartidistas, como el Tratado del Beagle durante el alfonsinismo, las privatizaciones durante el menemismo y la Ley de Medios durante el kirchnerismo, terminaron definindose, en algunos casos por penales, en la Corte Suprema. Y en este sentido resulta interesante sealar que la impugnacin judicial parti de los partidos que haban perdido el debate parlamentario o las elecciones, lo que confirma que los principales responsables de la judicializacin de la poltica muchas veces son los polticos.

Pero lo ms grave de esta tendencia es su lado B. Si los jueces se vuelven cada vez ms poderosos, si cada vez ms cuestiones decisivas de la vida democrtica terminan resolvindose en los tribunales, entonces es lgico que los polticos intenten incidir en ellos. La contracara inevitable de la judicializacin de la poltica es la politizacin de la justicia, el intento del gobierno y de las agencias que dependen de l, en particular los servicios de inteligencia de condicionar las resoluciones y los fallos. Y esto, se mire por donde se mire, es claramente un problema.

Tribunales SA

Aunque es difcil situar el origen, el punto exacto en el que se inici, todo sugiere que la justicia argentina comenz a contaminarse a comienzos de los 90, cuando Carlos Menem orden una ampliacin del nmero de integrantes de la Corte Suprema para garantizar una mayora que funcionara como reaseguro de ltima instancia de su programa de reformas, y cuando su entonces secretario Legal y Tcnico, Carlos Corach, decidi ampliar la cantidad de juzgados federales, aquellos que investigan temas sensibles como corrupcin, narcotrfico y cualquier cuestin que involucre fronteras o terceros pases, a los doce actuales, lo que le permiti nombrar a una serie de magistrados que aos ms tarde anotara en la clebre servilleta, y controlarlos va la SIDE de Hugo Anzorreguy. Naca Comodoro Py.

Los gobiernos que siguieron todos ellos usufructuaron esta creacin menemista. Ya totalmente consolidado, el sistema Comodoro Py oper a pleno durante el kirchnerismo, con todos sus Oyarbides, y se sum a otras iniciativas tendientes a fortalecer la influencia del Ejecutivo en los tribunales, como la ley de conjueces, las modificaciones en la composicin del Consejo de la Magistratura y finalmente el proyecto de reforma de la justicia, frustrado por decisin de la Corte.

Siguiendo entonces un camino previamente trazado, el macrismo avanz un paso ms. La novedad actual es la docena de ex funcionarios detenidos con prisin preventiva. Por supuesto, ya existan antecedentes de dirigentes presos por causas de corrupcin, en algunos casos por su participacin directa y probada (Mara Julia Alsogaray estuvo dos aos tras las rejas sin condena firme y Erman Gonzlez siete) y en otros por una responsabilidad que en el mejor de los casos fue poltica (Domingo Cavallo, por ejemplo, estuvo ocho meses detenido por la causa de la venta de armas, la misma por la que Martn Balza pas seis meses en prisin).

Pero la gran innovacin de esta poca lo que explica la cantidad de polticos tras las rejas es el uso arbitrario de recursos procesales controvertidos recientemente incorporados a nuestra legislacin, como el imputado colaborador (o arrepentido). En combinacin con la utilizacin abusiva de la prisin preventiva, conforman una tenaza judicial con la que los jueces pueden apretar a los acusados prcticamente sin control. Como a menudo estas operaciones se producen tras las puertas cerradas de los juzgados y las fiscalas (Carlos Stornelli y Claudio Bonadio se han ocupado de que, contra lo que indican los procedimientos, no quede registro en video de las declaraciones), el resultado es una ampliacin de los mrgenes de arbitrariedad que permite arrancar testimonios y obtener pruebas bajo evidente coercin. Ese es el verdadero plus de poca.

Que no es, por otra parte, un invento argentino. El Mani Pulite italiano, la megacausa liderada por el fiscal Antonio Di Pietro que termin con el derrumbe del sistema poltico construido desde la posguerra, fue el antecedente que inspir al juez brasilero Sergio Moro para su Lava Jato. Cuestionados por su ostensible arbitrariedad y direccionamiento poltico, ambos procesos produjeron un cambio radical de la escena poltica que abri las puertas al ascenso de lderes como Silvio Berlusconi y Jair Bolsonaro.

Ambos casos remiten al viejo chiste mexicano sobre servicios de inteligencia. Cuenta la historia que se celebraba un concurso destinado a premiar la eficacia de los espas de diferentes pases, a los que se les encarga la prueba de encontrar y capturar, en el lapso de tres das, el conejo ms grande del mundo. Comienzan los agentes de la KGB, que suben a un helicptero MI-26 y, tras recorrer los bosques siberianos en vuelo rasante, regresan con un conejo de 10 kilos. Sigue la CIA, que recurre a sus aliados de la OTAN para detectar, mediante un complejo sistema de censores, un conejo de 12 kilos escondido en una cueva de Yorkshire, Inglaterra. Finalmente llega el turno de los agentes mexicanos del CISEN, que salen velozmente en una camioneta sin patente con ametralladoras y lanzagranadas y regresan apenas dos horas ms tarde, arrastrando de un cable de acero a un elefante lastimado, con el ojo morado, la trompa rota y los dientes destruidos. Pero que afirma: Soy un conejo, soy un conejo.

No todos nuestros conejos son elefantes. El problema es que no lo sabemos. Las consecuencias de la creciente arbitrariedad de la justicia y de la influencia del poder poltico sobre ella son tres. Desde un punto de vista individual, afecta los derechos de personas que con suerte recuperarn su libertad recin aos ms tarde. En una mirada ms general, una justicia que no logra establecer claramente responsabilidades o que lo hace mal extiende un velo de sospecha sobre todos, justos y pecadores, lo que redunda en una prdida de legitimidad global del sistema: una encuesta de Opinaia sostiene que, con el 78 por ciento de opinin algo o muy negativa, el Poder Judicial es el peor conceptuado de los poderes del Estado; un sondeo de Managment & Fit indica que el 82 por ciento de la sociedad confa poco o nada en los magistrados (2). No hace falta ser un especialista en Durkheim para entender que esto induce la transgresin y la anomia.

El tercer efecto, el menos visible pero quizs el ms grave, es una degradacin del juego democrtico. La explicacin es simple: la democracia exige un piso de convivencia entre las diferentes fuerzas polticas y una perspectiva cierta de alternancia. Si estas condiciones no se verifican, los actores pueden verse tentados a romper las reglas y explorar comportamientos anti-sistema, por ejemplo si los polticos sienten que en la prxima eleccin no solo se juegan su permanencia en el gobierno o una banca en el Congreso sino tambin su prestigio, su libertad ambulatoria o incluso la de su familia. Si las cosas son as, la dinmica poltica adquiere otro dramatismo y es posible que algunos dirigentes estn dispuestos a hacer ms cosas que antes para retener el poder. No hace falta viajar muy lejos para comprobarlo: uno de los nudos que impiden destrabar la crisis poltica venezolana es la percepcin por parte de la cpula del chavismo de que, luego de aos de perseguir opositores hasta en algunos casos llegar al asesinato, su salida del gobierno no supondra una mudanza pacfica a la oposicin, sino la obligacin de elegir entre la crcel o el exilio en Cuba, y por eso quienes creen verdaderamente en una solucin negociada saben que necesariamente debe incluir algn tipo de amnista.

Felizmente, Argentina est lejos de este tipo de escenarios extremos: nuestra clase poltica conserva todava instancias de cooperacin y acuerdo, en particular en algunos lugares (el Senado) y en ciertos momentos (las elecciones). Pese a ello, la doble tendencia a la judicializacin de la poltica y la politizacin de la justicia se viene profundizando y ya ha adquirido una dinmica propia que trasciende a los gobiernos: un modo de funcionamiento permanente que constituye uno de los grandes desafos de nuestra trabajosa construccin democrtica.

Notas:

1. Consolidacin democrtica y Poder Judicial: los riesgos de la judicializacin de la poltica, Revista de Ciencia Poltica de la Universidad Diego Portales, Vol. XXIV, N 2, Santiago de Chile, 2004.

2. http://www.lanacion.com.ar/politica/la-justicia-aparece-como-el-poder-con-peor-imagen-nid2070544

Fuente: http://www.eldiplo.org/242-la-pesada-herencia-del-macrismo/la-justicia-y-los-elefantes/



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