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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-08-2019

Los falsos positivos judiciales como expresin del terrorismo de Estado

Equipo Jurdico Pueblos


Casos como el de Julin Gil; los jvenes acusados del atentado en el Centro comercial Andino; los universitarios detenidos en julio de 2015 bajo cargos de terrorismo por presuntamente haber participado en una protesta estudiantil en la Universidad Nacional; los estudiantes capturados en Lebrija Santander tras un montaje de la seccin de inteligencia de la policial nacional; el proceso contra Harry Gil; el de Mateo Gutirrez; el del profesor Miguel ngel Beltrn, las detenciones que a diario se producen en las zonas rurales de Casanare, Cesar y Sur de Bolvar, los cuales se expusieron en el marco del Encuentro contra la criminalizacin y la persecucin judicial en Colombia, hablan de esta comunidad de patrones sistemticos del terrorismo de Estado e invisibilizados desde el poder.

La persecucin judicial y criminalizacin al movimiento popular es una realidad en Colombia. Es una poltica estatal sistemtica que forma parte integral de un modelo de represin a travs del cual se busca romper con la voluntad e identidad de lucha y resistencia de los pueblos.

La problemtica fue abordada en el Encuentro contra la criminalizacin y la persecucin judicial en Colombia, desarrollado el 19 de Julio en la ciudad de Bogot, en el cual se dieron cita, familiares y amigos de luchadores populares criminalizados, defensores de presos polticos, docentes universitarios, profesionales en el campo sicosocial, e integrantes del movimiento popular colombiano, con parlamentarios y organizaciones de derechos humanos del pas vasco. El escenario permiti caracterizar esta modalidad represiva desde distintas disciplinas y vivencias y evidenciar el impacto que causa, en todas sus dimensiones.

El espacio arroj un balance preocupante. Por un lado mostr que la persecucin no se limita a los detenidos/as sino que se extiende hacia sus ncleos familiares y acompaantes, generando rupturas que difcilmente pueden ponderarse; por otro lado revel la existencia patrones comunes, as como el claro propsito de golpear moralmente tanto de los perseguidos y redes de apoyo, como de los procesos sociales en los que trabajaban los capturados.

Estos patrones pueden abordarse desde un antes, un durante y un despus de la detencin. Los seguimientos ilegales, los hostigamientos, la interceptacin arbitraria de comunicaciones, los empadronamientos, los sealamientos, entre otras; son formas que suelen preceder a la captura; la cual, una vez producida se sigue de un despliegue meditico en el que se muestran los operativos espectaculares de la fuerza pblica como heroicos y a los acusados como culpables, imponiendo el estigma de la exclusin y generando condenas anticipadas. Los cubrimientos de este talante, cumplen una funcin de estigmatizacin y amedrantamiento, que no slo recae sobre los procesados sino tambin sobre los procesos populares, en este sentido es posible sealar, que el papel de los medios de comunicacin ha sido el de justificar o legitimar la represin contra las expresiones organizadas del pueblo, aislando y criminalizando a luchadores populares.

Los procesos (montajes) judiciales suelen basarse en testimonios falsos de sujetos que persiguen intereses particulares como rebaja de penas; los cargos que se imponen son desproporcionados y ambiguos; los medios para defenderse son escasos y costosos; la institucionalidad en su conjunto se vuelca contra las personas procesadas a quienes se les despoja de toda garanta formal, y se les enva a la crcel bajo el argumento de constituir un peligro para la sociedad; y luego, la privacin de la libertad se prolonga al mximo. En suma, se aplica un derecho penal de enemigo y se exacerban las relaciones de poder, imponiendo un alto riesgo de sentencias condenatorias, a pesar de la arbitrariedad de los cargos.

Miedo, desconcierto, negacin de lo ocurrido, incertidumbre, impotencia, son sentimientos que suelen confluir con gestas de solidaridad y organizacin alrededor de las y los perseguidos. La extensin de hostigamientos y represin contra familiares y acompaantes, incrementa la sensacin de inseguridad y de proteccin. El propsito es castigar a los acusados y al movimiento popular y llevarles a la inmovilizacin (del colectivo) o (en lo individual) a la aceptacin de cargos anticipadamente como medida para frenar la represin contra sus redes de apoyo. El escenario de la crcel, por naturaleza hostil, se torna an ms para esta poblacin: requisas, restricciones, dispersin, desarticulacin, son entre otras, las medidas que afrontan de manera permanente.

Si bien es cierto que el panorama que se revel durante el encuentro es poco alentador, tambin es cierto que tanto los familiares como los detenidos y el movimiento popular, en medio de la represin, han logrado asumir un papel fundamental en el acompaamiento, la denuncia y la visibilizacin; ello hace, que al menos en parte, la lucha poltica por el reconocimiento y la participacin no queden aisladas, sino que por el contrario tomen otras banderas que reivindiquen la importancia de lxs luchadorxs populares y su trabajo por la transformacin de la realidad.



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