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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-08-2019

La Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos y el derecho humano al agua

Jos Alywin
Observatorio Ciudadano


La emergencia sanitaria vivida en Osorno recientemente como consecuencia del derrame de ms de mil litros de petrleo en los estanques de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL), y la consiguiente contaminacin del agua potable que result en el corte de su suministro por diez das para una poblacin cercana a las 200 mil personas, ha generado indignacin, no solo en la poblacin afectada, sino en el pas entero.

Tratndose de un elemento vital, como lo es el agua, que ha sido reconocido por la comunidad internacional como un derecho humano, corresponde hacer un anlisis de este lamentable episodio desde la perspectiva de estos derechos. En efecto, dada sus implicancias para el ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho a la salud fsica y mental (artculos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, ratificado por Chile), el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales en su Recomendacin General N 15 estableci el 2012 el derecho de todos sin discriminacin a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y domstico. (Prr.2) Ms tarde, el 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolucin 64/292 de 2010, aprobada con el voto favorable de Chile, reconoci que [e]l derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Por otro lado, el Estado de Chile como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprob el 2011 los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En ellos se establece la obligacin de los Estados de proteger a las personas de las consecuencias negativas de las actividades empresariales sobre los derechos humanos (Pilar 1), as como la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos (Pilar 2). De acuerdo a los mismos Principios la responsabilidad de las empresas en este sentido incluye evitar infringir los derechos humanos de terceros, impulsando para ello procesos de debida diligencia, as como hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan participacin.

Ms an, el Estado de Chile aprob el 2017 un Plan de Accin Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile, con ms de 150 compromisos para instituciones pblicas y privadas, a objeto de hacer efectivos los Principios Rectores antes referidos. No obstante las insuficiencias de este Plan, en particular en lo referido a la responsabilidad de las empresas en la materia, este reafirma el deber de las empresas de identificar los potenciales impactos de sus operaciones en derechos humanos y establecer mecanismos de reclamacin y de reparacin de dichos impactos (Gobierno de Chile, 2017).

Los marcos normativos y principios antes referidos resultan fundamentales para entender la responsabilidad que corresponde tanto al Estado como a la empresa ESSAL en la crisis del agua potable ocurrida en Osorno.

Es indudable que el Estado de Chile tiene una responsabilidad fundamental en esta crisis. Ella est determinada, en primer trmino por su incapacidad para hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o por efecto hacer respetar los derechos humanos a las empresas y evaluar peridicamente si tales leyes resultan adecuadas y remediar eventuales carencias (Principio Rector 3). Una ley crtica en este sentido es el Cdigo de Aguas (DFL 1.122 de 1981), el que a travs del otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas a travs de concesiones que otorgan a sus titulares dominio sobre las mismas ha privatizado gran parte de este recurso cada vez ms escaso en un contexto de cambio climtico. As el Estado ha otorgado ya a particulares derechos de aprovechamiento sobre el 90% de las aguas superficiales y sobre el 60% de las aguas subterrneas del pas (Chile Sustentable 2017). Si bien a travs de la reforma del 2005, que estableci el pago de patentes por no uso de las aguas, se han revertido en favor del Estado algunos de estos derechos, ellos siguen en un porcentaje muy significativo, en particular en el caso de los derechos no consultivos, en poder de privados, en particular de empresas generadoras de electricidad. Uno de los sectores beneficiados con esta legislacin es el sanitario, el que concentra el 6% de los derechos consuntivos de aguas del pas, los cuales son utilizados para la produccin de agua potable, adems del transporte y tratamiento de las aguas residuales (MOP, 2013).

El proyecto para la reforma de esta legislacin, de iniciativa parlamentaria, que apunta al reconocimiento del derecho humano al agua potable y de saneamiento, a impedir la concentracin de la propiedad de las aguas en pocas manos terminando con la perpetuidad de nuevas concesiones de derechos de aprovechamiento de aguas-, adems de garantizar usos prioritarios de las mismas (entre ellos el agua potable y de saneamiento, las actividades de subsistencia y la sustentabilidad ambiental de acuferos), se encuentra en el Congreso desde el 2011. El avance logrado el 2016, cuando este fuera aprobado por la Cmara de Diputados, se ve hoy amenazado con las indicaciones del actual gobierno, las que, respondiendo a las presiones del empresariado, apuntan en la direccin de mantener la perpetuidad de los derechos de agua vigentes y futuros, y desestiman la priorizacin de usos de aguas.

Otro mbito de responsabilidad del Estado es el de la privatizacin de los servicios sanitarios y su incapacidad para garantizar la provisin del derecho al agua potable y de saneamiento. En efecto, bajo el gobierno de Frei Ruiz Tagle, se impuls un proceso de traspaso de las sanitarias a privados, incluyendo a ESVAL, ESSBIO, ESSAL y Aguas Andinas, reservndose para el Estado el 40 % de las acciones de dichas empresas. Bajo el primer gobierno Sebastin Piera en 2012 el Estado se desprendi de gran parte de sus acciones remanentes en ellas, manteniendo slo un 5 % de participacin.

Fue esta poltica de Estado la que determin que ESSAL, constituida en 1990 como empresa de CORFO continuadora legal del Servicio Nacional de Obras Sanitarias, pasara a ser controlada por Aguas Andinas, la que a su vez hoy es controlada por el Grupo Suez, empresa de capitales franceses y con inversiones en el rubro en Amrica Latina y el mundo.

La responsabilidad de ESSAL en la crisis generada en Osorno es indiscutible. Ella ha sido representada por el gobierno y reconocida por los propios directivos de la empresa. Todo indica, sin embargo, que no se trata de un episodio aislado, sino de uno ms en una larga lista de negligencias y ausencia de debida diligencia, la que ha resultado en la afectacin del derecho de la poblacin de la regin de Los Lagos para acceder al agua potable y de saneamiento suficiente, salubre y aceptable. En efecto, de acuerdo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios desde el 2014 se han abierto 85 procesos sancionatorios contra ESSAL, siendo multada por $3.500 millones, multas principalmente relacionadas con incumplimientos en la calidad de sus servicios en ciudades como Panguipulli, La Unin, Ancud y Osorno. El 2017 la Municipalidad de Puerto Varas interpuso una demanda en su contra por su responsabilidad en la contaminacin con aguas servidas en el lago Llanquihue, demanda que es sustanciada ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. En junio de 2018, ESSAL fue multada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios por $400 millones por reiteradas descargas de aguas servidas sin tratamiento al Lago Llanquihue durante 2017 (Soto y Bujes, MODATIMA, El Periodista, 18 julio 2019)

La administracin de los servicios de agua potable por empresas sanitarias privadas como ESSAL y otras controladas por Aguas Andinas, tampoco ha permitido incrementar el acceso de la poblacin a este elemento vital, siendo el agua potable en muchas regiones con importante poblacin abastecida por camiones aljibes. As de acuerdo a la Direccin de Obras Hidrulicas, al 2014 existan en Chile 417.516 personas que carecan de agua potable, la mayora en las regiones del Maule, Bio-Bio y Araucana, donde el 63% de la poblacin no posea este servicio esencial. En contraste con ello, de acuerdo a la OECD (2016) la administracin por privados de las sanitarias determina que Chile cuente con uno de los servicios ms caros de agua potable en toda Amrica Latina.

La participacin del Grupo Suez, empresas de capitales franceses, como controladora de Aguas Andinas, propietaria de ESSAL, tambin constituye un hecho de preocupacin desde la perspectiva de derechos humanos. Como sabemos, las inversiones de empresas extranjeras en Chile han sido estimuladas por los alrededor de 30 acuerdos comerciales suscritos por Chile con ms de 60 estados en las ltimas dcadas. En el caso de Suez, estas inversiones han sido realizadas al amparo del Acuerdo de Asociacin con Unin Europea suscrito el 2002, cuyo pilar comercial otorga garantas a los inversionistas europeos en nuestro pas. De acuerdo a los Principios Rectores antes referidos los estados deben mantener una poltica internacional coherente de modo de garantizar que esta, que incluye tratados o contratos de inversin, no vulnere los derechos humanos. (Principio Rector 9)

Se trata de un tema no menor en momentos en que Chile y la Unin Europea se encuentran negociando la renovacin del componente comercial del Acuerdo de Asociacin vigente, acuerdo que debera asegurar que las inversiones europeas en Chile no tengan impactos adversos en los derechos humanos. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad que de acuerdo a los rganos de Naciones Unidas tiene tambin el Estado de Francia, el que de conformidad con sus obligaciones extraterritoriales de derechos humanos, debe garantizar que empresas domiciliadas en ese Estado- en este caso las empresas del grupo Suez- no vulneren los derechos humanos cuando estas desarrollen actividades fuera de sus fronteras.

Por todo lo anterior es que la crisis sanitaria generada por ESSAL en Osorno no solo debe ser abordada con la aplicacin del mximo rigor de la ley, como lo han propuesto las autoridades lo que podra incluir la cancelacin de su concesin- sino que tambin debe llevar al Estado a revisar su marco normativo incluyendo el Cdigo de aguas- y la poltica pblica, como la que ha entregado servicios de utilidad pblica, como son las sanitarias, a empresas privadas cuyo fin es el lucro, sin imponer reglas para proteger los derechos humanos de la poblacin. Tambin es el momento para que el Estado, y en particular las empresas, tomen en serio sus obligaciones y responsabilidades en materia de empresas y derechos humanos. Ello ms all de la retrica de los Planes de Accin incumplidos en el primer caso y de la responsabilidad social empresarial en el segundo.

Mientras ello no ocurra es muy probable que episodios como este, lamentablemente, vuelvan a repetirse.

https://observatorio.cl/essal-y-el-derecho-humano-al-agua/



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