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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-08-2019

La hipocresa nacional y el gigantesco autoengao histrico

Felipe Portales
Rebelin


El natural impacto causado por las atrocidades desarrolladas durante dcadas por uno de los ms connotados sacerdotes de nuestro pas nos debe ayudar a desembarazarnos del profundo auto- engao histrico en que hemos estado viviendo. Es cierto que todas las sociedades del mundo se ven en mayor o menor grado afectadas por el autoengao, propiciado fundamentalmente por quienes disponen de un mayor poder y riquezas. Pero en Chile esto adquiere dimensiones monu- mentales.

En primer lugar, en el caso de nuestra Iglesia Catlica. As, son ya decenas los sacerdotes y obispos -y muchos de ellos tanto o ms prestigiados que Renato Poblete!- que durante muchos aos han desarrollado abominables formas de abusos sexuales o de poder; o los han encubierto -en la prctica- con su proteccin o negligencia. Adems, la misma Iglesia que proclamaba una doctrina de justicia social, durante muchos aos la ha soslayado en los medios de comunicacin, en los colegios catlicos y en las liturgias dominicales. Incluso, durante buena parte del siglo XX persigui a los sacerdotes ms caracterizados en su defensa y promocin. As, fueron depuestos de sus car- gos, deportados del lugar o, incluso, exiliados del pas, sacerdotes como el salesiano Valentn Panzarasa, el diocesano Oscar Larson, o los jesuitas Alberto Hurtado, Jorge Fernndez Pradel y Ramn Angel Cifuentes. Especialmente grave fue el caso del jesuita Fernando Vives, exiliado a Argentina entre 1913 y 1915; y a Espaa entre 1918 y 1931; y a quien a su muerte en 1935 el superior de la Compaa en Chile le quem todos sus archivos. Y el del connotado jesuita antinazi, Josef Spieker, quien luego de una estada en un campo de concentracin alemn, la Compaa lo releg a un total segundo plano en Puerto Montt, entre 1937 y 1950 (Ver mis Historias desconocidas de Chile, 2; Catalonia, pp. 163-9; y Eric Johnson.- El terror nazi. La Gestapo, los judos y el pueblo alemn; Paids, Barcelona, 2002; p. 252). Lo terrible de todo lo anterior no puede, por cierto, llevarnos a olvidar ni a minusvalorar la notable obra en defensa de los derechos humanos que efectu gran parte de la Iglesia chilena bajo la dictadura. Por el contrario, aquel contexto autoritario nos debera llevar a valorarla mucho ms.

Pero nuestro mayor autoengao es respecto del conjunto de la historia de Chile. En primer lugar, creyendo que hemos disfrutado de una ejemplar democracia en casi toda nuestra historia republicana; en circunstancias que, salvo en el perodo 1958-73, las elecciones presidenciales y -sobre todo- las parlamentarias fueron completamente distorsionadas por los sistemas electorales existentes. Primero, hasta 1891, porque las elecciones fueron totalmente manejadas por un Poder Ejecutivo que para fines de imagen (del cual siempre hemos sido los chilenos de los mejores especialistas del mundo!) dejaba que algunos candidatos de la oposicin alcanzasen a ser electos. Segundo, porque entre 1891 y 1958, las elecciones eran falseadas por fraudes electorales abiertos (hasta 1914), pero sobre todo por el cohecho y el acarreo de los inquilinos que propiciaba el sistema de cdulas electorales confeccionadas por cada partido, lo cual naturalmente favoreca a los partidos ms conservadores. Y, finalmente, luego de 1990, con el sistema electoral binominal (que felizmente est en gran parte condenado a desaparecer en 2021) que sobrerrepresenta antidemo- crticamente a la segunda lista (derecha), sub-representa a la primera (centro-izquierda) y elimina virtualmente la representacin de las terceras listas.

Asimismo, siempre hemos credo que la Constitucin de 1925 era impecablemente democrtica, en su origen y contenido. Nada ms lejano de la realidad. Primero, porque en lugar de la Asamblea Constituyente prometida, Alessandri -gobernando con decretos-leyes como dictador, ya que, a partir de la vuelta de su autoexilio en Europa, en Marzo de 1925, gobern sin el Congreso Nacional que mantuvo disuelto- design a dedo a los otros 14 miembros de una subcomisin encargada de elaborar el nuevo texto; e impuso en su redaccin sus criterios extremadamente autoritario-pre- sidencialistas. Luego, al someter dicho texto a una comisin de 120 personas (designadas tambin por l) -y como surgieran voces disonantes- utiliz al comandante en jefe del Ejrcito, Mariano Na- varrete, para que amedrentase a la Comisin con un nuevo golpe de Estado (ya el Ejrcito haba dado uno en Septiembre de 1924 y otro en Enero de 1925) si no aprobaba dicho texto (Ver Mariano Navarrete.- Mi actuacin en las Revoluciones de 1924 y 1925; Centro de Estudios Bicentenario, 2004; pp. 304-5). Y, por ltimo, lo hizo refrendar por un plebiscito que no cumpli con ningn re- quisito de una eleccin libre, incluyendo el hecho de que la votacin fue pblica, al establecer cdulas con distintos colores de acuerdo a las diversas opciones! Notables semejanzas con el origen de la Constitucin de 1980

Adems, su texto fue descalificado como antidemocrtico por la mayora de los partidos polticos existentes, debido precisamente a su carcter autoritario-presidencialista. Reveladoramente, el ilustre jurista alemn Hans Kelsen la critic duramente tambin por ello en 1926 (Ver Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle.- La Repblica en Chile. Teora y poltica del constitucionalismo republicano, LOM, 2006; pp. 121-2). Y el propio Eduardo Frei, en 1949, consider que con dicha Constitucin se pas a un (poder) Ejecutivo tan fuerte como tal vez no exista otro, con tal suma de facultades, que se convirti en un rgimen presidencial de desmesurada concentracin de poderes e influencias, de tal manera que el peligro del sistema reside en su tendencia casi orgnica a la dictadura legal del Presidente y permite con facilidad que este sea tentado a abusar de sus facultades. Supremo dispensador de beneficios y honores, puede influir de manera desmesurada en la vida del pas y, por lo tanto, quebrantar toda oposicin o buscar medios indirectos, pero eficaces, de silenciarla (Historia de los partidos polticos chilenos, Edit. del Pacfico; pp. 201-3). Sin embargo, con el tiempo todos la consideraron democrtica, lo mismo que con la Constitucin de 1980! que, luego de algunos cambios de importancia pero que no alteraron su esencia autoritaria, fue tan aceptada por la Concertacin que hoy est firmada por Lagos y sus ministros!

Igualmente, desconocemos que el proceso de transformaciones vividos por nuestro pas entre 1920 y 1958, respondi a una suerte de proyecto alessandrista-ibaista-radical que, junto con ampliar la exclusiva repblica oligrquica -incorporando a los sectores medios al poder y al disfrute de sus beneficios-; busc reorientar la economa chilena de acuerdo a un modelo de industrializa- cin va sustitucin de importaciones; y paliar la miseria urbana y minera; pero manteniendo a los sectores populares en general -y particularmente a los agrcolas- excludos del poder y fuertemen- te reprimidos, cuando stos luchaban con vigor por sus reivindicaciones.

De este modo, recin iniciado el gobierno de Alessandri (1920-1925), en Febrero de 1921, efectu la masacre de San Gregorio en una oficina salitrera cercana a Antofagasta, siendo su ministro del Interior, Pedro Aguirre Cerda; y el intendente de dicha provincia, el radical Luciano Hiriart Corvaln. En ella se mataron indeterminadamente entre 60 y 80 obreros, ya que como era costumbre, ni siquiera se haca una investigacin a fondo de estas gravsimas violaciones de derechos humanos (Ver Floreal Recabarren Rojas.- La matanza de San Gregorio, 1921: Crisis y tragedia; LOM, 2003; p. 69).

Adems, el entonces secretario de Alessandri (y posterior ministro clave de Aguirre Cerda; ministro tambin en la segunda presidencia de Ibez; y cuya ltima figuracin pblica fue como genealsimo electoral de la candidatura presidencial de Allende en 1964), Arturo Olavarra Bravo, escribira en 1923 que el Gobierno, que tiene el deber fundamental de mantener el orden pblico, se ve en la dolorosa y cruel necesidad de contener con mano de fierro los abusos de la poltica obrera. Las masacres que por esta causa se producen, sirven de doloroso escarmiento a los exalta- dos y el nmero de estos empieza a disminuir considerablemente (La Cuestin Social en Chile; Impr. Fiscal de la Penitenciara, 1923; p. 23).

Por otro lado, Aguirre Cerda, en una intervencin en el Senado en el mismo mes de Febrero, in- form que el nuevo gobierno continuara con la poltica represiva desarrollada por Juan Luis Sanfuentes en contra de la filial chilena de la anarcosindicalista IWW (International Workers of the World); y deline la poltica social del Gobierno, que sera persuasiva en primera instancia con trabajadores y capitalistas, y represiva en ltima instancia con los primeros: Esta es la frmula que el Gobierno ha adoptado sin vacilacin; se presenta ante los obreros para decirles la vincula- cin estrecha que deben tener con el capitalista y sus obligaciones para con l y para con el Gobierno en cuanto al mantenimiento del orden y al respeto que deben a las autoridades. Les hace presentes los perjuicios que ellos reciben por estas huelgas y ejercita su influencia ante los patrones para que cedan en aquello que pueda significar un beneficio legtimo para la clase trabajadora. Si esta armona no se produce, si la mediacin del Gobierno es insuficiente para evitar las dificultades, en todo caso amparar a los obreros que deseen trabajar, pertenezcan o no a las instituciones en huelga, empleando la fuerza pblica si fuese necesario (Boletn de Sesiones del Senado; 8-2-1921).

A su vez, el posterior ministro del Interior de Alessandri, el radical de su ala izquierda, Hctor Arancibia Laso, amenaz hasta con fusilamientos sumarios a los mineros de Lota que anunciaron que para el 18 de septiembre de 1921 arriaran el pabelln patrio, colocando una ensea roja. Y ms increble an, es que el historiador radical, Luis Palma Ziga, celebrara en 1967!, a raz de este episodio el temple de Arancibia Laso (Historia del Partido Radical; Andrs Bello; p. 140).

Por su parte, el propio Alessandri, ante una comunicacin de la SNA que le manifestaba su extre- ma preocupacin por la agitacin campesina desarrollada por la Federacin Obrera de Chile (FOCH), se expres en favor de que cada agricultor en los fundos grandes o en cada regin forme federaciones en que los trabajadores puedan intervenir en los asuntos que les interesan relacio- nados con las condiciones de su trabajo, de su habitacin y subsistencia; y en relacin a las actividades de la FOCH en el campo, seal que condeno en la forma ms categrica la obra de losagitadores y perturbadores del orden y del trabajo y los considero enemigos del pueblo y enemigos del progreso de la Repblica (El Agricultor; Mayo de 1921).

Posteriormente, en los mismos momentos en que impona -ayudado por la amenaza del Ejrcito la Constitucin de 1925, su gobierno efectu la que quizs ha sido la mayor (y ms desconocida!) masacre puntual de la historia de Chile en la oficina salitrera de La Corua. En ella se asesin a centenares o miles de personas con caones y ametralladoras. Segn Peter de Shazo, los diplomticos britnicos estimaron que entre 600 y 800 trabajadores fueron muertos en la masacre, mientras que el Ejrcito no sufri bajas (Urban Workers and Labor Unions in Chile 1902-1927; The University of Wisconsin Press, 1983; p. 227). Carlos Vicua seal que todas las voces hacan su- bir de mil los hombres muertos. Algunos me aseguraron que llegaban a mil novecientos (La tirana en Chile; LOM, 2002; p. 322). Y Julio Csar Jobet sostuvo que los que estuvieron en aquella zo- na y conocieron las peripecias de este drama, afirman que fueron masacrados 1.900 obreros; pero otros testigos oculares estiman en ms de 3.000 el nmero de vctimas (Ensayo crtico del desa- rrollo econmico-social de Chile; Universitaria, 1955; p. 172). A su vez, la matanza gener sendos telegramas de felicitacin al general que la comand, Florentino de la Guarda, de parte de Ale- ssandri y de su ministro de Guerra, Carlos Ibez (Ver El Mercurio; 8 y 9-6-1925).

Y si bien es cierto que Alessandri logr finalmente (con la presin del Ejrcito!) la aprobacin de una legislacin sindical en 1924; sta tuvo un carcter claramente discriminador entre empleados y obreros. Adems, en 1933 (en su segundo gobierno) impidi inconstitucionalmente -por medio de un simple dictamen de la Direccin del Trabajo- que los campesinos pudiesen sindicalizarse. Y el conjunto de las polticas sociales de los gobiernos de Alessandri, Ibez y de los radicales forja- ron una realidad social fuertemente discriminatoria en contra de los obreros, en materia de re- muneraciones, jubilaciones, educacin, salud y vivienda.

Tampoco es sabido que el Partido Radical se constituy en el principal sostn poltico de la dictadura de Ibez (1927-1931), hasta el punto que el Congreso designado en 1930 fue confeccionado en un acuerdo en las Termas de Chilln entre Ibez y el presidente del PR, Juan Antonio Ros. Aguirre Cerda fue tambin un connotado ibaista, terminando como presidente del Consejo de Defensa Fiscal (denominacin de actual del Estado) y estuvo dentro de las personalidades que instaron a Ibez a no renunciar a la presidencia (Ver Gonzalo Vial.- Historia de Chile (1891-1973), Volumen IV; Fundacin, 1996; p. 548). Y Gabriel Gonzlez Videla fue diputado designado en el Congreso Termal.

Posteriormente, en 1931, el gobierno provisional del radical Manuel Trucco trat infructuosamen- te de aprobar la primera ley que condenara en Chile la difusin de doctrinas consideradas revo- lucionarias; lo que finalmente impuso al ao siguiente la dictadura del ibaista Carlos Dvila, con su ministro del Interior, Juan Antonio Ros (Decreto-Ley N 50). Luego, el segundo gobierno de Alessandri (1932-1938) legitimara dicho decreto-ley, adems de otros decretos represivos, a travs de la aprobacin en 1937 de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Notablemente, los radicales y la izquierda, en la discusin parlamentaria, condenaron duramente dicha ley por fas- cista y monstruosa. Incluso, el entonces diputado Ros la consider como la muerte definitiva de la democracia y de la libertad electoral; y dijo que uno de los principales desvelos de Ale- ssandri en su segundo gobierno haba sido dictar leyes represivas abiertamente violatorias de las garantas que asegura la Constitucin Poltica del Estado, o hacer uso de Decretos-Leyes, tambin represivos (sic), para perseguir o apresar a esa misma querida chusma con la cual dice contar en forma incondicional (Boletn de Sesiones de la Cmara; 23-12-1936). Dos aos despus, los radi- cales y la izquierda no solo no trataron de abolirla, sino que tambin comenzaron a aplicarla con frecuencia

Tampoco es conocida la feroz matanza de Ranquil, efectuada por el gobierno de Alessandri en 1934, y que signific la detencin seguida de desaparicin de centenares de campesinos que se haban sublevado en contra de la eviccin de sus hogares y tierras en la alta cordillera de Lonqui- may al comenzar el invierno de ese ao. Notablemente, Alessandri se anticip a Hitler y Stalin en el empleo de dicho mtodo. El primero con su tristemente clebre dispositivo Noche y Niebla, utilizado en la Europa ocupada en 1940. Y el segundo, con la tristemente clebre desaparicin de 15 mil oficiales e intelectuales polacos luego de recluirlos en campos de concentracin en la U- nin Sovitica. Adems, anticipndose a las explicaciones de la dictadura de Pinochet, el general director de Carabineros, Humberto Arriagada declar que se ha tenido conocimiento que la ma- yora de los agitadores que fueron causantes de estos sucesos, se suicidaron arrojndose a los ros (El Mercurio; 10-7-1934).

Asimismo, es desconocido que el gobierno considerado habitualmente como el ms progresista de la poca 1925-58 -el de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941)- fue muy represivo con campesinos y o-breros. As, a los primeros continu negndoles inconstitucionalmente sus derechos de sindicaliza- cin, como lo haba establecido Alessandri. Y ms an, liquid toda huelga campesina al amenazar a los inquilinos con la eviccin de los fundos en camiones de Carabineros; de lo cual se jact, aos despus, su ministro del Interior, Arturo Olavarra (Ver Chile entre dos Alessandri, Tomo I; Nasci- mento, 1962; pp. 452-3). Y respecto de las huelgas obreras de envergadura, orden el encarcela- miento de centenares de tranviarios (Ver ibid.; p. 457); la deportacin de varias decenas de agita- dores de la pampa salitrera, los que fueron embarcados a Valparaso sin orden judicial alguna y sin siquiera informarles de su destino (Ver ibid.; p. 506); y la amenaza de ejecucin sumaria de to- dos los maquinistas de ferrocarriles que efectuasen una huelga (Ver ibid.; p. 509). Reveladora- mente, en la reunin de autoridades civiles y militares, en que Olavarra comunic la decisin del Gobierno de fusilar a los eventuales huelguistas, el general Arturo Espinoza Mujica expres con una emocin que se le dibujaba en el rostro: Permtame seor ministro que, interpretando el sentir de todos mis camaradas del ejrcito, exprese que, al fin, hay gobierno en Chile. Era lo que haca falta, mxima energa, mximo sentido de la responsabilidad. Puede Ud. Seor ministro, contar con la ms decidida cooperacin de mis compaeros de armas (Ibid.).

Adems, tampoco sabemos que dicho gobierno reafirm la eficacia del cohecho en las ciudades, al establecer el control de las Fuerzas Armadas de los actos electorales, con la finalidad de impedir la accin de las Ligas contra el Cohecho que estaban afectando su eficacia, al presionar o castigar a los electores que acudan a vender su voto a las secretaras electorales de los partidos de dere- cha y, en menor medida, del propio Partido Radical (Ibid.; pp. 335-6).

Posteriormente, los gobiernos radicales agravaran la represin de los sectores populares. Primero Ros (1942-1946), con la Ley de zonas de emergencia que inconstitucionalmente le otorg al presidente de la Repblica la facultad discrecional para restringir los derechos humanos bsicos; y que la usaran todos los gobiernos hasta 1973. Luego, el vicepresidente Alfredo Duhalde, con la matanza de Plaza Bulnes en enero de 1946, que dej seis manifestantes muertos, incluyendo la joven comunista, Ramona Parra. Y, finalmente, Gonzlez Videla (1946-1952) con la Ley de Defen- sa de la Democracia (que cont con la aprobacin de radicales y parte de los socialistas, adems de la derecha), que rigi entre 1948 y 1958 y que -entre otras cosas- ilegaliz al Partido Comunista; le quit la calidad de ciudadanos a ms de 20.000 de sus miembros (Ver Simon Collier y William Sater.- A History of Chile; Cambridge University Press, 1996; p. 249); les impidi tambin a estos ser dirigentes sindicales, docentes y funcionarios pblicos; y restringi an ms los derechos sindi- cales. Adems, Gonzlez Videla, cre un campo de concentracin en Pisagua; y, en conjunto con la derecha, logr en 1947 aprobar una ley de sindicalizacin campesina tan restrictiva, que posibilit que en 20 aos se establecieran solo 20 sindicatos campesinos; hasta que, en 1967, el gobierno de Frei logr una legislacin que hizo efectiva dicha sindicalizacin, adems de otra ley que hizo posi- ble la Reforma Agraria.

Ibez, en su segundo gobierno (1952-1958), continu aplicando la Ley de Defensa de la Demo- cracia, llegando incluso en 1956 a reabrir el campo de concentracin de Pisagua; y a comienzos de abril de 1957 a efectuar una masacre de ms de 20 personas en Santiago. Hasta que finalmente el agotamiento del proyecto alessandrista-ibaista-radical condujo en 1958 a la derogacin de la ley maldita y al establecimiento de la cdula nica electoral que estableci un sistema electoral que permiti, por primera vez en nuestra historia, una autntica manifestacin de la voluntad po- pular en las elecciones de nuestro pas.

Otro elemento de nuestro gigantesco autoengao histrico es la poca conciencia que tenemos de las numerosas masacres efectuadas por diversos gobiernos chilenos durante el siglo XX. Fuera de las de Pinochet, creemos que solo existieron las de Iquique de 1907 (gracias a Luis Advis y el Quilapayn!) y la del Seguro Obrero en 1938, debido a que fue a pasos de La Moneda y a que constituy un hecho poltico que muy probablemente cambi los resultados de las elecciones presidenciales de ese ao. Sin embargo, casi no tenemos conciencia de las ya mencionadas (San Gregorio, La Corua, Ranquil, Plaza Bulnes y de Santiago de 1957); ni tampoco de las de Valparaso (1903), Santiago (1905), Antofagasta (1906), Puerto Natales (1919), Punta Arenas (1920), Santiago (1931), Vallenar (1931), Jos Mara Caro (1962), El Salvador (1966), Puerto Montt (1969) y Apoquindo (1991).

Y tampoco tenemos conciencia de los genocidios republicanos cometidos contra los mapuches y os indgenas australes de nuestro pas. Creemos que se trat de una pacificacin de la Arauca- na, el exterminio del 20% de los mapuches de la Araucana por matanza directa o por el hambre y las enfermedades asociadas (Ver Jos Bengoa.- Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX; Sur, 1985; p. 156); y el despojo efectivo de ms del 90% de sus tierras entre 1884 y 1929 (Ver Bengoa.- El Estado y los mapuches en el siglo XX; Planeta, 1999; p. 61). Y ms desconocemos, an, que a fines del siglo XIX y comienzos del XX se extermin virtualmente a toda la poblacin austral de fueguinos, yaganes, alacalufes y onas, sea a travs de la matanza directa o de las enfermedades asociadas a su concentracin en reducciones (Ver Gonzalo Vial.- Historia de Chile (1891-1973), VolumenI, Tomo II; Zig-Zag, 1996; p. 762).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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