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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-08-2019

La nueva Ley Electoral cubana: un breve balance

Julio Csar Guanche
OnCuba


Una Ley Electoral (LE) es uno de los pilares de la participacin poltica de la ciudadana, un camino para promover tica cvica. Es clave en el acceso al Estado y un apoyo crucial si se pretende fortalecer la capacidad de controlarlo.

Ante esa importancia, las cifras que atestiguan el carcter genuinamente popular del proceso de elaboracin de la nueva LE no son para tirar cohetes. En su ltima edicin participaron 492 legisladores, 119 invitados, hubo 195 intervenciones, adems de 32 preguntas por correo electrnico. Sin embargo, recibir una treintena de emails y haber invitado a la redaccin de la Ley al 0.002 por ciento del padrn electoral ha sido celebrado.

La nueva LE no contiene grandes novedades, adems de desarrollar los nuevos contenidos constitucionales. La confirmacin proviene de los encargados de su redaccin: tiene un fuerte basamento en el contenido de la Ley 72 (1992) vigente.

Uno de los nuevos contenidos destacables es la creacin del Consejo Electoral como rgano permanente, estructurado en los diferentes niveles territoriales, con composicin colegiada. Mientras antes era convocado solo para las elecciones, el nuevo perfil debe brindarle estabilidad y profesionalidad. Posee independencia funcional frente a cualquier otro rgano, aunque sus miembros son electos por la Asamblea Nacional o el Consejo de Estado.

La nueva ley dispone elecciones directas a delegados municipales y diputados nacionales, con mandato de cinco aos. Al haber desaparecido las Asambleas Provinciales, se eliminan las elecciones en ese nivel.

En ello, la LE modifica la proporcin establecida para la eleccin de los diputados. La Asamblea Nacional se reducir as en 131 miembros (474 diputados). Es un cambio deseable, pero pudo estrecharse ms. La primera Legislatura (19761981) tuvo una cifra cercana: 481. La actual contina siendo una alta cifra de representantes. Son pocas decenas menos que el Congreso de los Estados Unidos, un pas con una poblacin 28 veces mayor.

El aumento del marco sancionador por ilcitos electorales es otro cambio positivo: alcanza un mximo de un ao de privacin de libertad (antes solo aplicaban multas), que se siguen tramitando por tribunales municipales. Sin embargo, en correspondencia con el perfil de juez y parte de todas las instituciones del sistema poltico (bajo una interpretacin del principio de unidad de poder), las disposiciones de los consejos electorales que afectan los derechos electorales de los ciudadanos se reclaman ante el propio rgano que la emiti.

Respecto a la tica electoral, enumera sus principios en orden de prioridad, aunque tengan igual valor legal. Primero, regula hacer patente, en todo momento, su lealtad a la Patria, a la Revolucin y al sistema poltico, econmico y social que defendemos. Luego, guardar obediencia a la Constitucin, a la Ley Electoral y dems disposiciones que regulan el Sistema Electoral dentro de la ms estricta legalidad. Aunque sea una enumeracin simblica, el orden de los factores puede afectar el resultado, al subrayar prioridades polticas sobre las legales.

El Consejo Electoral Municipal tendr ahora participacin cuando la Asamblea Municipal inicie la revocacin del mandato de uno de sus delegados. El tema de la revocacin es un rasgo positivo, aunque desaprovechado. El mecanismo actual reedita viejos problemas: los delegados municipales y diputados nacionales son electos de modo directo por la ciudadana, pero solo los revocan las asambleas que los nominaron.

La nueva Ley Electoral es ms prolija en regular el funcionamiento de las Comisiones de Candidatura (regula su independencia funcional y sometimiento a la ley), pero mantiene el perfil de ese rgano, integradas por las organizaciones sociales y de masas. Con ello, congela la estructura de la sociedad civil en su versin oficial e histrica, desconoce el estado en que se encuentra la legitimidad social de tales organizaciones y bloquea caminos para la representacin de los nuevos y diversificados desarrollos de la sociedad civil cubana.

La ley mantiene el perfil que ha sido cuestionado por dismiles voces como filtro controlado por el Partido Comunista de Cuba, que promete evitar el monopolio de los partidos a travs de las Comisiones de Candidatura, pero asegura el monopolio del Estado. Las propuestas alternativas fueron unificadas como enemigas. La diputada Vilma Alvarado defendi el perfil de las Comisiones de Candidatura como elemento que siempre tenemos que defender a contra pelo de lo que dicen los enemigos de la Revolucin.

Sin embargo, existen propuestas afines al sistema poltico, desde el mundo universitario, que no fueron consideradas. Al mismo tiempo, las Comisiones perdieron mbito de cobertura. Donde antes podan presentar las propuestas de candidatos, y del Presidente, a las Asambleas provinciales, la propuesta de Gobernador corre ahora a cargo del Presidente de la Repblica.

A diferencia de la Constitucin venezolana (art. 67), la LE cubana no reconoce el derecho de asociarse para las elecciones mediante mtodos democrticos de organizacin, funcionamiento y direccin. No impone requisitos sobre la transparencia en el ejercicio del presupuesto electoral ni para garantizar paridad de las opciones (como las respuestas de s o no en plebiscitos). La LE tampoco menciona al PCC, que no es partido electoral, pero es imposible ignorar su rol clave en la direccin del sistema poltico.

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, explic que el proyecto de Ley Electoral preserva un principio bsico: en Cuba quien nomina y elige es el pueblo, y que adems salvaguarda la representatividad territorial y por sectores, cuya importancia es extraordinaria. La afirmacin merece dos comentarios.

En un sistema que ha anunciado siempre estar comprometido ms con la participacin directa que con la representacin, es muy contradictorio que la enorme mayora de la seleccin de cargos estatales se lleve a cabo por eleccin de segundo grado.

El pueblo nomina a los delegados a las Asambleas Municipales y elige a esos delegados y a los diputados nacionales. El resto (la abrumadora mayora de los cargos, como Presidentes y Vicepresidentes de todas las Asambleas, Intendentes municipales, Gobernadores provinciales, Presidente de la Repblica, Consejo de Estado, Primer Ministro, Consejo de Ministros) son electos de modo indirecto, o nominados.

El discurso de las Comisiones de Candidaturas subraya que la integracin de la Asamblea Nacional por sectores socio-laborales es una fortaleza, por integrar un amplio arco de sectores sociales y laborales. No obstante, ese modelo ha recibido crticas y sugerencias de alternativas (como la de representacin laboral, elaborada por Miguel Limia) desde los 1990.

Las propuestas no fueron recogidas en la Ley, de modo que se mantienen vigentes los problemas, entre otros, este: grupos sociales con intereses no locales se quedan sin cauces de representacin institucional para introducir sus temas en las agendas locales, regionales, nacionales y globales.

Siendo Presidente, Ral Castro defendi el derecho de todos los ciudadanos no solo de los militantes del PCC a ocupar cargos estatales. Sin embargo, cerca de 95% de los diputados es militante del PCC. La LE no provee mecanismos de garanta de la diversidad en la composicin de la Asamblea, ms all de la aludida representacin por sectores.

El argumento es que los diputados representan a la nacin, no a sus territorios ni a sus sectores. En continuidad, la frase ha sido repetida en ocasin del debate sobre la LE como un rasgo revolucionario, pero es la nocin ms conservadora entre las ideas sobre la representacin poltica nacidas con la Revolucin francesa.[1]

La ley pudo aumentar el nmero de delegados municipales que integran la Asamblea Nacional que no debe exceder de un 50%, e impedir a los diputados ser electos por territorios en los que no viven ni trabajan, requisito que se les impone, deseablemente, a los delegados municipales.

A diferencia de la Constitucin ecuatoriana (Art. 113.8), los miembros en activo de las fuerzas armadas pueden ser elegidos a cargos, y no se imponen otras prohibiciones, de uso contemporneo, al sufragio pasivo como el impedimento de ser electos para cargos a quienes adeuden pensiones alimenticias. Solo pueden votar y ser electos quienes tengan residencia fsica ahora se aumenta la exigencia al requerirse ser efectiva , lo que excluye incluso a residentes legales en el exterior, pero que conservan ciudadana y residencia en Cuba.

Con la nueva Ley, las boletas continuarn siendo cerradas: un candidato para cada puesto. Es imposible por el diseo electoral nunca ha ocurrido lo contrario que los propuestos no ganen una vez nominados. El hecho hace muy problemtico el propio contenido de eleccin presente en el sistema. La nueva Ley, a la que la Constitucin confiere todas las prerrogativas de regular la forma de eleccin, no mejora esta posibilidad. Nada fuera de la LE impide que se presenten varios nombres para elegir a un cargo a cualquier nivel.

La nueva ley no supone una reforma, largamente esperada por muchos sectores, del Poder Popular. No desarrolla mecanismos para contrarrestar sus principales dficits: carencia de poder real, mnimo tiempo dedicado a las sesiones plenarias asamblearias, control inoperante de la actividad estatal, ausencia de lo local como espacio de construccin poltica, o la necesidad de situar un marco en que el delegado pueda ejercer sus funciones con mayor calidad (autoridad, tiempo, recursos).

La Ley contina anclando el pago de los representantes (siguen siendo no profesionales) al salario de sus centros de trabajo. El problema deviene ms grave para el caso de los delegados municipales, a los que se supone trabajando de continuo: no se incentiva que sectores no asalariados cuentapropistas y cooperativistas, puedan cumplir funciones de representacin, cuando suman ya ms de 30 % del empleo.

La Constitucin de 1976, reformada en 1992, ya estableca como formas de participacin directa la iniciativa legislativa popular y los referendos y plebiscitos. La actual Constitucin regula con mayor amplitud esos instrumentos, ms la reforma constitucional (para 50 mil ciudadanos). Tomando en cuenta que la iniciativa legislativa popular nunca ha sido ejercida, la nueva Ley debi facilitar la recoleccin de firmas, y establecer protecciones especficas para ese proceso y garantas de publicidad a sus proyectos.

Los cubanos no conocemos en profundidad los planteamientos expresados durante el debate constitucional acerca del sistema electoral. Poder cotejarlos con esta LE dara pistas sobre la forma en que se ha respetado esa voluntad, cunta y de qu tipo es la continuidad que demanda el voto por el s a la nueva Constitucin, y cules cambios han sido considerados imprescindibles, pero han quedado pospuestos.

Nota:

[1] Es la comprensin de Siyes sobre la soberana nacional. Esa tesis fractura la responsabilidad material ante los intereses especficos de sus electores: el elegido solo queda obligado por el inters nacional. El resultado es el concepto de representacin libre, donde no hay vnculo mandatorio entre la actuacin del representante y el control de sus electores.

Fuente: http://oncubanews.com/cuba/la-nueva-ley-electoral-un-breve-balance/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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