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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-08-2019

La ONU dictaminar si los jueces espaoles deben investigar los crmenes del franquismo

Eduardo Bayona
Pblico.es


Las entidades memorialistas preparan una cascada de recursos ante el Comit de Derechos Civiles y Polticos despus de que el Constitucional haya comenzado a inadmitir las peticiones de amparo de vctimas e instituciones.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo internacional fundado en 2006 con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanosy hacer recomendaciones al respecto, ser finalmente quien dictamine si los centenares de crmenes del franquismo que decenas de vctimas y trece ayuntamientos han denunciado ante los tribunales deben ser, o no, investigadospor los tribunales espaoles.

Las causas estn comenzando a llegar al consejo, con sede en Ginebra, como consecuencia de la combinacin de dos factores que estn haciendo naufragar en cascada el recorrido judicial de las querellas y las denuncias en Espaa.

Uno es la jurisprudencia establecida por el Supremo, el cual, en la sentencia por la que absolva de prevaricacin al exjuez Baltasar Garzn por haber puesto en marcha una investigacin precisamente sobre el genocidio franquista, dictamin que los delitos cometidos entre 1936 y 1977 por agentes de la autoridad y por funcionarios quedaban borrados por efecto de la Ley de Amnista de 1977, una norma a la que los magistrados se refieren como pilar bsico e insustituible de la transicin espaola, o, en todo caso, estaban prescritos.

El Constitucional ha comenzado a rechazar los recursos de amparo de varias vctimas contra los sobreseimientos dictados por los jueces

El otro es la posicin que ha adoptado ante este asunto el Tribunal Constitucional, que ha comenzado a rechazar los recursos de amparo de varias de esas vctimas contra los sobreseimientos dictados por los jueces de Instruccin, con base en la doctrina del Supremo, con el argumento de que sus planteamientos jurdicos carecen de relevancia constitucional.

Eso ha ocurrido con al menos tres denunciantes de torturas a manos de Billy El Nio, con otros dos que imputan ese mismo cargo al expolica asturiano Pascual Honrado y, tambin, con la causa impulsadas por el Ayuntamiento de Vitoria y la Junta General de ese territorio por la muerte de cinco obreros por disparos de la Polica Armada el 3 de marzo de 1976.

Vamos a comenzar a llevar esos casos de torturas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es el encargado de supervisar la aplicacin del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, ratificado por Espaa en abril de 1977, medio ao antes de aprobar la Ley de Amnista, explican fuentes de Ceaqua, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crmenes del franquismo.

El Supremo abre una gatera a los comits de la ONU

Y qu puede ocurrir si el criterio de la ONU es contrario al del Supremo y el Constitucional y concluye que los crmenes del franquismo deben ser investigados?

Los dictmenes del consejo son, sobre el papel, de obligado cumplimiento, pero en Espaa topan con un vaco legal que dificulta su aplicacin

Los dictmenes del consejo, similares a las que el Comit de Derechos Econmicos ha emitido en varios casos de desahucios, son, sobre el papel, de obligado cumplimiento. Sin embargo, en Espaa topan con un vaco legal que dificulta su aplicacin: el Estado carece de un mecanismo que los convierta en resoluciones ejecutivas de manera automtica, por lo que su eventual aplicacin, que la Abogaca del Estado recomienda desestimar, queda en manos de cada juez.

Los juzgados las reciben con un informe en ese sentido desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que llegan a travs de la oficina espaola ante la ONU. Hay bastantes reticencias a aplicarlas, sealan desde Ceaqua.

No obstante, el Supremo abri en junio del ao pasado una puerta a modificar esa situacin al determinar que la inexistencia de un procedimiento especfico de ejecucin de los dictmenes de ese tipo de comits es en s mismo un incumplimiento de un mandato legal y constitucional por parte Espaa, ya que el derecho internacional y las obligaciones internacionales contradas por Espaa son derecho que el Estado, como Estado democrtico de derecho, debe respetar y aplicar efectivamente de manera que los derechos y libertades que la Constitucin y los tratados internacionales celebrados por Espaa proclaman, sean reales y concretos.

Las obligaciones de Espaa y el antecedente de 1946

El catedrtico de Derecho Cesreo Gutirrez, de la Universidad de Murcia, considera que, tras esa sentencia, los dictmenes de los organismos de la ONU son de aplicacin directa en Espaa sin que sea preciso adoptar [antes una] normativa expresa en este sentido.

Los tratados sobre derechos humanos, en particular aquellos que crean rganos internacionales de control, son derecho espaol si nuestro pas se vincula a ellos y deben ser cumplidos, anota, para aadir que las decisiones de esos comits, en particular si Espaa ha reconocido su competencia, deben ser aplicadas por los rganos del Estado y tenerse en cuenta como elementos interpretativos de los derechos y libertades reconocidos por nuestra Constitucin.

Existen tres posicionamientos previos de la ONU favorables

No hay antecedentes sobre la posicin de ese organismo sobre los crmenes del franquismo, aunque s existen tres posicionamientos previos de la ONUfavorables a la investigacin.

Dos de ellos provienen del relator para la promocin de la verdad, la justicia, la reparacin y las garantas de no repeticin, Fabin Salvioli y de su antecesor, Pablo de Greiff, partidarios, respectivamente, de garantizar el acceso a la justicia de las vctimas de la dictadura franquista y de privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnista que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

La otra figura en la resolucin que la Asamblea de Naciones Unidas aprob el 12 de diciembre de 1946, en la que seala que en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el rgimen de Franco es un rgimen de carcter fascista que fue impuesto al pueblo espaol por la fuerza y en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Htler y de la Italia fascista de Mussolini.

Otras sesenta denuncias y querellas en los tribunales

Mientras tanto, otros ocho asuntos han entrado ya en el Constitucional en busca de su amparo. Se trata de las denuncias y querellas de cinco vctimas de Billy El Nio en Madrid, de una de Benjamn Solsona, miembro de la Brigada Poltico Social de Valencia, de la querella del Ayuntamiento de Pamplona por los asesinatos, desapariciones y torturas en la ciudad y de la denuncia del consistorio de Durango por los bombardeos de la aviacin italiana. Las cuatro audiencias provinciales han ratificado el archivo de las causas.

Otras nueve querellas interpuestas por ayuntamientos e instituciones han sido archivadas por los juzgados de instruccin, informaron fuentes de Ceaqua; en algunos casos, con ratificacin posterior de la Audiencia. Son las de las localidades guipuzcoanas de Elgueta y Mondragn, la burgalesa de Miranda de Ebro, las cuatro de la Diputacin de Guipzcoa, la de Zaragoza y la de Barcelona por la muerte de Salvador Puig Antic.

Los recursos presentados contra alguno de esos sobreseimientos, como ha ocurrido en la capital aragonesa, incluyen alusiones a esa sentencia del Supremo y a los posicionamientos de los relatores de la ONU, algo que puede servir de base a las audiencias para plantear consultas de constitucionalidad.

Cinco vctimas de Billy El Nio y diez del capitn Jess Muecas estn esperando a que se manifiesten las audiencias de Madrid y de Guipzcoa

Por otra parte, los tribunales todava no se han pronunciado sobre otras tres causas, las impulsadas por los ayuntamientos de Rivas-Vaciamadrid, Bergara y Ebar, en un listado de iniciativas institucionales que incluye tambin la causa por los bombardeos italianos sobre Barcelona. Paralelamente, cinco vctimas de Billy El Nio y diez del capitn Jess Muecas estn esperando a que se manifiesten las audiencias de Madrid y de Guipzcoa, mientras un juzgado de Valncia ha acumulado en una causa cinco denuncias contra Solsona.

Por ltimo, en los tribunales hay otras 19 denuncias presentadas: seis contra Billy El Nio, la ltima de ellas de hace apenas un mes; una contra el exministro Rodolfo Martn Villa, en este caso por los sucesos de los sanfermines de 1978, y otras doce por el fusilamiento de otras tantas personas en Paterna.

Fuente: https://m.publico.es/politica/2111139/la-onu-dictaminara-si-los-jueces-espanoles-deben-investigar-los-crimenes-del-franquismo



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