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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-08-2019

Historia ms reciente de Chile: un gigantesco autoengao histrico

Felipe Portales
Rebelin


La historia ms reciente de Chile nos proporciona tambin evidencias abrumadoras de un pro- fundo autoengao colectivo. Partiendo por el desconocimiento de que a fines de los 80 el lide- razgo de la Concertacin lleg a una convergencia con el pensamiento econmico de la derecha, convergencia que polticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer (Edgardo Boeninger.- Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Andrs Bello, 1997; p. 369); y que la incorporacin de concepciones econmicas ms liberales a las propuestas de la Concertacin se vio facilitada por la naturaleza del proceso poltico en dicho perodo, de ca- rcter notoriamente cupular, limitado a ncleos pequeos de dirigentes que actuaban con consi- derable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes (Ibid.; pp. 369-70). Y que para que dicha convergencia no quedase desnuda ante sus bases, aquel liderazgo le re- gal solapadamente a la futura oposicin de derecha (a travs de las reformas constitucionales concordadas en 1989) la inminente mayora parlamentaria que le aguardaba de haber mantenido intacto el texto constitucional (Ver mi Chile: Una democracia tutelada, Captulo III; Sudamericana, 2000).

Tambin desconocemos que, para evitar los cuestionamientos de una prensa de centro e izquierda que no comparta esa convergencia con el neoliberalismo, los sucesivos gobiernos de la Concerta- cin adoptaron diversas polticas silenciosas, pero muy eficaces, para destruir dichos medios; co- mo lo ha denunciado reiteradamente -entre otros, y sin haber sido nunca desmentido- Juan Pablo Crdenas. Dichas polticas incluyeron -desde Patricio Aylwin- la mantencin de la discriminacin del avisaje estatal que les haba hecho la dictadura; el bloqueo gubernamental de sustanciales apoyos financieros prometidos por el gobierno de Holanda; y la compra de algunos de esos medios, por personeros concertacionistas, para luego cerrarlos. De este modo, aquellos gobiernos lograron en los 90 el cierre de La Epoca, Fortn Mapocho, Anlisis, Apsi y de Hoy, entre otros. Asimismo, con polticas anlogas lograron posteriormente la desaparicin de Rocinante, Plan B y Punto Final; as como, luego de un largusimo juicio internacional -sostenido tanto por los gobiernos concertacionistas como los de derecha propiamente tales-, impidieron que Vctor Pey pudiese obtener una indemnizacin con la que iba a reabrir el diario de izquierda Clarn.

Otro proceso fundamental -que en gran medida desconocemos- han sido las continuadas polticas de los diversos gobiernos concertacionistas en favor de la impunidad de las ms graves violaciones de derechos humanos de la dictadura. De partida, como lo reconoci Boeninger, una primera de- cisin fue no intentar la derogacin o nulidad de la Ley de Amnista de 1978, pese a que tal prop- sito estuvo incluido en el programa de la Concertacin. Eso significaba aceptar que no habra cas- tigo por condena penal de los responsables de los crmenes cometidos con anterioridad a su pro- mulgacin, con la sola excepcin del asesinato de Orlando Letelier, explcitamente exceptuado de dicha ley por el propio gobierno de Pinochet (Ibid.; p. 400).

En este sentido fue tambin sintomtico que la Comisin Rettig, que hizo un valorable esfuerzo de bsqueda de la verdad al registrar oficialmente las vctimas fatales de la dictadura, se denomin de Verdad y Reconciliacin, denotando la idea de que no se requera la Justicia para el logro de una efectiva reconciliacin entre los chilenos.

Luego, sistemticamente, el liderazgo concertacionista busc -infructuosamente- convalidar legis- lativamente aquel decreto-ley y/o lograr una sustantiva disminucin de las penas de los agentes del Estado que cometieron graves violaciones de derechos humanos con posterioridad a esa fecha. Fueron los casos del Acuerdo-Marco de 1990; de las propuestas de los presidentes del Senado (Ga- briel Valds) y de la Cmara de Diputados (Jos Antonio Viera Gallo) en 1991; del proyecto de ley Aylwin en 1993; del proyecto de ley Frei en 1995; del Acuerdo Figueroa-Otero del mismo ao; de un proyecto de ley de la Comisin de Derechos Humanos del Senado en 1999; del proyecto de ley de inmunidad, presentado por Ricardo Lagos en 2003; de otro proyecto en esa misma direccin presentado por senadores concertacionistas y de derecha en 2005; y del intento de reflotamiento de ese proyecto por Michelle Bachelet en 2007. Todos estos intentos se vieron frustrados dada la gran oposicin moral que generaron en las ONG de derechos humanos -nacionales e internacio- nales- y especialmente en las agrupaciones de familiares de las vctimas.

Posteriormente, se busc ampliar la impunidad a los casos de tortura. As, a los rechazos pblicos de bsqueda de justicia en los casos de tortura expresados por el ministro del Interior de la poca, Jos Miguel Insulza (Ver La Nacin; 15-2-2001) y por el senador socialista, Jos Antonio Viera Gallo (Ver El Mercurio; 14-2-2001); se sum el que el gobierno de Lagos se negara inicialmente -ante la Comisin Etica contra la Tortura- a establecer una Comisin para registrar las vctimas de aquello en dictadura; vindose virtualmente forzado a ello, debido a crticas surgidas desde la UDI respecto del abandono en que haban quedado sus vctimas! Pero se le dio a la convocatoria la menor publicidad posible y en un plazo tan corto, que posteriormente el gobierno de Bachelet la reabri para recibir nuevas denuncias de casos.

Peor an, en el proyecto de ley de reparacin a dichas vctimas -aprobado en cuarenta y ocho horas a fines de 2004- se estipularon disposiciones tendientes a reforzar una impunidad moral y judicial para los autores de aquellos graves crmenes. As, se estipul un secreto de 50 aos! para el contenido de las denuncias presentadas; e incluso se le impidi al Poder Judicial tener acceso al conocimiento de los delitos denunciados en ella!, contraviniendo con esto la Constitucin, los tra- tados internacionales de derechos humanos y los principios ms elementales del derecho. Y el pro- yecto presentado durante el segundo gobierno de Bachelet para derogar dichas disposiciones abe- rrantes qued sin ser aprobado, dado que aquel le quit toda urgencia

El desentendimiento de los gobiernos de la Concertacin respecto del tema lleg a tales grados que incluso se design o intent designar a embajadores o agregados militares que tenan un his- torial de vinculacin con graves violaciones de derechos humanos. El caso ms escandaloso fue el intento del gobierno de Frei Ruiz-Tagle de designar en 1994 como embajador en Suiza a Luis Winter, que haba sido Fiscal Naval en Valparaso luego del golpe, y que como tal haba sido acusado cuando se desempeaba como diplomtico en Ginebra en 1977, por una periodista suiza, de haber ordenado torturar a dos presos polticos: Jorge Escalante y Leopoldo Luna. Habindose querellado por injurias en contra de la periodista frente a la Justicia suiza, sta no le dio la razn (Ver La Suise; 10-1-1981). El intento de nombramiento de 1994 gener naturalmente una indignada reac- cin de los exiliados chilenos que quedaron en Suiza; por lo que el gobierno no pudo designarlo all y lo nombr Cnsul General de Chile en Houston! Los posteriores gobiernos concertacionis- tas lo siguieron nombrando en altos cargos en la Cancillera, hasta que finalmente Bachelet lo design en 2007, cuando jubil, como abogado del Consejo de Defensa del Estado.

Entre los dems casos que suscitaron bochorno internacional para Chile, resalta el de Jaime Lepe (miembro de la Brigada Mulchn de la DINA, que se encarg del asesinato del espaol-chileno Carmelo Soria), a quien el gobierno de Espaa se opuso que se lo nombrara en la Misin militar de Chile en ese pas (Ver Ascanio Cavallo.- La historia oculta de la transicin; Grijalbo, 1998; p. 350). Tambin el de Pablo Belmar (igualmente de dicha brigada) que se intent designar en Ecuador. Sin embargo, aquel no pudo asumir, porque al rechazo del Parlamento de ese pas se sum la firme postura del embajador Roberto Pizarro, quien estuvo dispuesto a renunciar si asuma Belmar (La Nacin; 31-1-1996). Luego, el gobierno quiso nombrarlo en El Salvador, pero all el propio Presi- dente de la Repblica (de la extrema derecha, ARENA), Armando Caldern Sol, confirm las decla- raciones del canciller Ramn Gonzlez Giner, en cuanto a que su gobierno rechaza la llegada al pas de Belmar por las acusaciones que pesan en su contra sobre violaciones a los derechos hu- manos (La Tercera; 17-2-1996).

Y quiz el que afect ms el prestigio global de Chile fue el del jefe de la Misin de Observadores de la ONU en la frontera indo-pakistan, el general Sergio Espinoza Davies, que particip luego del golpe en un Consejo de Guerra en Calama que el 29 de octubre de 1973 cambi una sentencia ya fallada para, bajo presin de mandos superiores, redactar una nueva y condenar a muerte a cuatro dirigentes del Partido Socialista de Iquique. Los dirigentes Freddy Taberna, Juan Antonio Ruz, Ro- dolfo Fuenzalida y Jos Sampson (La Nacin; 18-9-1998). Y, pese a la presin de Naciones Unidas para para que el gobierno chileno lo retirara, este prefiri que la propia ONU lo sacara: Segn fuentes e informaciones extraoficiales, el Gobierno prefiri este camino -que conlleva el bochorno internacional como lo plante el canciller Jos Miguel Insulza- a tener que responder ante el Ejrci- to por llamar a retiro al brigadier general (Ibid.; 17-10-1998).

Pero ciertamente que la conducta ms escandalosa -y en muchos casos olvidada o desconocida- fue respecto de la bsqueda de impunidad del mismo Pinochet. La defensa que se hizo de l, una vez que fue detenido en Londres en 1998, represent la culminacin de una permanente defensa de su figura en las reiteradas ocasiones en que sus visitas al extranjero y otros avatares le genera- ron duras crticas. Esto se dio ya en su primera visita a Inglaterra, en Mayo de 1991, cuando fue defendido por el ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, frente a las duras crticas a Pinochet expresadas por parlamentarios laboristas (Ver La Nacin; 5-5-1991). En ese mismo periplo -y ante el rechazo del gobierno francs de que pasara por all- Correa dirigi una protesta al gobierno francs (Ver Fortn Mapocho; 29-5-1991). Y en la escala que hizo en Portugal, ante las duras crticas que le hicieron los periodistas lusos, Pinochet cont con la aprobacin del ministro del Interior, Enrique Krauss (Ver La Tercera; 18-5-1991) y del presidente de la Cmara de Diputa- dos, Viera Gallo (Ver El Mercurio; 18-5-1991).

Y en Marzo de 1992 se prefigurara perfectamente la conducta defensiva que hara el gobierno de Frei Ruiz Tagle a Pinochet en 1998. As, cuando el exdictador realiz una visita privada a Ecuador, su presidente Rodrigo Borja declar que su presencia no es bienvenida. Ante esto, el gobierno de Aylwin efectu una protesta formal, presentada por el ministro de RR. EE., Enrique Silva Ci- mma, al embajador de Ecuador (Ver La Epoca; 20-3-1992).

Sin duda, el antecedente ms ominoso de la defensa de Pinochet en Londres, lo represent el duro cuestionamiento gubernativo a la acusacin constitucional presentada por varios diputados de la Concertacin en contra de Pinochet, para expresar por lo menos un rechazo moral y poltico a la entrada vitalicia de Pinochet al Senado, luego de cumplir su perodo como comandante en jefe del Ejrcito, en Marzo de 1998. Adems, que la actitud gubernativa de defensa de Pinochet era inne- cesaria, en la medida que la acusacin de todas formas sera rechazada por la mayora senatorial de derecha. De este modo, incluso antes que se presentara, el Gobierno inici una fuerte ofensiva destinada a persuadir a los partidos de la Concertacin, para que los parlamentarios oficialistas se desistan () segn trascendi el Presidente Eduardo Frei instruy personalmente a los ministros del Interior, Carlos Figueroa; de la secretara general de la Presidencia, Juan Villarz; y al de Gobierno, Jos Joaqun Brunner, para solicitar directamente a los presidentes de los partidos de la alianza, y para persuadir a los diputados de la Concertacin en Valparaso, a echar pie atrs en la acusacin constitucional (La Epoca; 7-1-1998).

A las presiones se agregaron las represalias!, una vez que el Consejo del PDC aprob por 21 vo- tos contra 20, dejar en libertad de accin a los diputados del partido para impulsar la acusacin. As, fue destituida de su cargo por votar favorablemente, Jacqueline Saintard, quien se desempe- aba como Directora del Programa del Desarrollo de la Mujer (PRODEMU); y Hctor Ballesteros, quien era funcionario de la Secretara Nacional del PDC (Ver La Epoca; 15-3-1998). Pese a ello, seis diputados del PDC integraron los once diputados que finalmente presentaron la acusacin. Ellos fueron los DC Mario Acua, Gabriel Ascensio, Sergio Elgueta, Toms Jocelyn-Holt, Zarko Luksic y Andrs Palma; los socialistas Sergio Aguil, Isabel Allende, Jaime Naranjo y Fanny Pollaro- lo; y el PPD, Guido Girardi. Las feroces presiones gubernativas hicieron que finalmente la acusa- cin fuese derrotada por 62 votos contra 52, en lo que fueron claves 11 diputados del PDC. Por ello, el diputado DC -y principal lder sindical contra la dictadura-, Manuel Bustos, expres: Quiero pedir disculpas a ms del 70 por ciento de los chilenos, por lo que han hecho algunos de mis cama- radas votando en contra de la acusacin al dictador (La Tercera; 10-4-1998).

Y respecto de la defensa de Pinochet en Londres, adems de lo increblemente vergonzoso del he- cho, se utilizaron argumentos particularmente sofsticos. As, el entonces canciller Insulza seal en marzo de 1999 a un diario espaol que en Espaa, tras la sentencia de los Lores, Pinochet slo puede ser juzgado por torturas o conspiracin para torturar por hechos cometidos despus de 1988. En Chile no existe ninguna inmunidad ni ninguna amnista (sic) que impida juzgar los actos que haya cometido. Las posibilidades de juzgarle aqu son mucho ms amplias que en Espaa. El juicio en su pas (Espaa) puede que les interese ms a los que solo quieren un juicio simblico (El Mercurio; 28-3-1999). Todo ello, pese a que, en noviembre de 1997, al pronunciarse sobre las que- rellas ya presentadas en contra de Pinochet en Espaa, el mismo Insulza expres: Por qu no se presentan esas querellas en Chile? Porque todo el mundo sabe que eso pondra en grave riesgo el proceso de transicin (La Epoca; 21-11-1997).

Adems que, una vez conseguida la vuelta de Pinochet a Chile -por manifiestamente falsas razones de falta de salud mental- el gobierno de Lagos desarroll una fuerte presin a los tribunales -que fueron finalmente exitosas- para lograr la impunidad de Pinochet, tambin so pretexto de su sa- lud mental. As, el entonces ministro del Interior, Jos Miguel Insulza, efectu numerosas decla- raciones pblicas a los tribunales en ese sentido: Yo creo que Pinochet no est en condiciones de ser sometido a juicio () El tema Pinochet, en gran medida, ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho ms all de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban () A m me gustara que si el juez (Juan) Guzmn y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no puede en- frentar un juicio, ojal todo el mundo lo aceptara de buena gana, con buena voluntad. El gobierno lo hara as (Que Pasa; 2-9-2000). Y, en este mismo sentido, Insulza efectu varias otras declara- ciones periodsticas (Ver La Nacin, 10-8-2000; Caras, 18-8-2000; y La Nacin, 16-4-2001).

Y que no era por temor que se estaba defendiendo a Pinochet, lo dejaron meridianamente claro diversas personalidades concertacionistas. En particular, Alejandro Foxley (PDC) y Eugenio Tironi (PPD). As, el primero dijo en favor del exdictador: Pinochet realiz una transformacin, sobre todo en la economa chilena, la ms importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mrito de an- ticiparse al proceso de globalizacin que ocurri una dcada despus, al cual estn tratando de encaramarse todos los pases del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equi- po de economistas () con Sergio de Castro a la cabeza () que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar () de que haba que abrir la economa al mundo, descentralizar; desregular; etc. Esa es una contribucin histrica que va perdurar muchas dcadas en Chile y que, quienes fuimos crticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proce- so de importancia histrica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prcticamente por to- dos los sectores. Adems, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues termin cam- biando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sita a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal (sic) es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese perodo, esa contribucin a la historia ha estado permanentemente ensombrecida (Cosas; 5-5-2000).

Y Tironi escribi: La sociedad de individuos, donde las personas entienden que el inters colectivo no es ms que la resultante de la maximizacin de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologas. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningn gobierno, lder o partido () Las transforma- ciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podran explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los aos 70 y 80 () Chile aprendi hace pocas dcadas que no poda se- guir intentando remedar un modelo econmico que lo dejaba al margen de las tendencias mun- diales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo disearon y emprendieron mostra- ron visin y liderazgo (La irrupcin de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Grijalbo, 1999; pp. 36, 62 y 162).

Tampoco se ha reparado en el total giro que tuvo la poltica en favor de los derechos de los pue- blos indgenas que -excepcionalmente- tuvo el gobierno de Aylwin. A la aprobacin de una Ley Indgena que revirti la poltica de asimilacin y subordinacin que se haba desarrollado desde la pacificacin de la Araucana, se le sum una CONADI que, bajo la direccin de Jos Bengoa, realiz una labor muy eficaz. Sin embargo, Frei Ruiz-Tagle revirti dicha poltica con las ilegales presiones a los pehuenches para que permutaran sus tierras a la ENDESA para la construccin de la Central Ralco. A tal punto, que el gobierno destituy a dos directores de la CONADI por negarse a tal predicamento (Mauricio Huenchulaf y Domingo Namuncura) y a los dos representantes de la Presidencia en el consejo de la CONADI (Mylene Valenzuela y Cristin Vives) por la misma razn (Ver Chile: Una democracia tutelada; pp. 313-4).

Posteriormente, Lagos pareci recuperar una poltica positiva al convocar a una comisin de per- sonalidades, acadmicos y dirigentes indgenas, presidida por Patricio Aylwin (Comisin Verdad Histrica y Nuevo Trato con los Pueblos Indgenas) para efectuar un estudio histrico de sus per- secuciones y discriminaciones; y proponer caminos de profundas reformas en su favor. Sin embar- go, el Informe consiguiente fue virtualmente archivado, tanto por aquel como por su sucesora Michelle Bachelet. Peor an, ambos gobiernos aplicaron la ley antiterrorista en contra de los ma- puches que efectuaban prcticas incendiarias como mtodo de lucha. Como lo seal el director ejecutivo de la Divisin de las Amricas de Human Rights Watch, Jos Miguel Vivanco, al utilizar el rgimen legal ms rgido posible contra los mapuches, el gobierno chileno los est equiparando injustamente con los responsables de crmenes atroces como los asesinatos en masa (Universi- dad Diego Portales.- Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2005; p. 305).

Y, ms grave an, se estableci una pauta de maltrato en que numerosos efectivos de Carabine- ros allanan las comunidades mapuches para realizar detenciones, continan maltratando fsica- mente e insultando a los residentes, incluyendo a mujeres, nios y ancianos (Human Rights Watch y Observatorio de Derechos de los Pueblos Indgenas.- Indebido proceso: Los Juicios antite- rroristas, los tribunales militares y los mapuches en el sur de Chile; Octubre, 2004; p. 50). Aquello deriv en ocasiones en aplicaciones de tortura estando detenidos; y en la muerte a balazos de in- dgenas, como los de Alex Lemun Saavedra (Noviembre de 2002), Matas Catrileo Quezada (Enero de 2008) y Jaime Mendoza Collo (Agosto de 2009).

Tambin pas desapercibido el que la Concertacin, una vez que adquiri mayora parlamentaria, continu en la misma senda econmico-social heredada de la dictadura. As pas cuando final- mente el gobierno de Lagos obtuvo dicha mayora entre agosto de 2000 y marzo de 2002, por los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errzuriz. Y, posteriormente, cuando Bachelet la obtuvo desde marzo de 2006 hasta diciembre de 2007, luego que el PDC expul- sara de sus filas al senador Adolfo Zaldvar. Y durante todo el segundo gobierno de aquella.

De este modo, en lugar de aprovechar dicha mayora para modificar sustancialmente el modelo neoliberal, profundiz sus orientaciones en el mbito de la privatizacin o concesin de servicios pblicos y de la gran minera del cobre; y de la concentracin del poder econmico en algunas decenas de grandes grupos econmicos. Adems de mantener todas las estructuras socio-econ- micas fundamentales dejadas por la dictadura: Plan Laboral; AFP; Isapres; sistema tributario que favorece la elusin de impuestos de los ms ricos; universidades privadas con fines de lucro; irrelevancia de los sindicatos, juntas de vecinos y dems organizaciones de sectores populares; etc. Es decir, legitim, consolid y perfeccion pacficamente, lo que la dictadura haba impuesto a sangre y fuego

Por si aquello fuese poco, finalmente el liderazgo de la Concertacin asumi la Constitucin del 80, luego de algunas reformas de importancia pero que no alteraron la esencia autoritaria y neoliberal de la Carta Fundamental. En particular, se mantuvieron los dispositivos que impiden que el Estado efecte una planificacin indicativa, como la que se realiz en Europa occidental de post-guerra y que permiti (en conjunto con la integracin regional) la creacin del Estado de bienestar. A tal punto la Concertacin hizo suya la Constitucin, que desde 2005 aparece firmada por Lagos y por todos sus ministros!; entre ellos, Sergio Bitar, Jaime Ravinet, Francisco Vidal e Ignacio Walker.

Todo esto nos permite, adems, comprender las razones de la exultante apologa efectuada por destacadas personalidades de derecha de la obra de la Concertacin, y particularmente, de quien fue originalmente el ms temido de sus lderes: Ricardo Lagos. As, el destacado cientista poltico y ex embajador de Piera, Oscar Godoy, al ser consultado si observaba un desconcierto en la de- recha por la capacidad que tuvo la Concertacin de apropiarse del modelo econmico, respon- di: S. Y creo que eso debera ser un motivo de gran alegra, porque es la satisfaccin que le pro- duce a un creyente la conversin del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertacin; en mi tiempo ramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construccin econmica liberal, a m me satisface mucho (La Nacin; 16-4-2006).

Por otro lado, el entonces presidente de la Confederacin de la Produccin y del Comercio, Her- nn Somerville, seal a fines de 2005 que a Lagos mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico) como ac (en Chile) () porque realmente le tienen una tremenda admiracin por su nivel intelectual superior y porque adems se ve am- pliamente favorecido por un pas al que todo el mundo percibe como modelo (La Segunda; 14- 10-2005). A su vez, el destacado empresario y economista, Csar Barros, sostuvo el da final del Gobierno de Lagos que las alabanzas empresariales dejan pequeas a las declaraciones de amor que le hiciera la cpula empresarial finalizada la APEC. Un grupo de amigos empresarios que de- nominaban a Don Ricardo El Prncipe (tanto por aquello de Maquiavelo como por ser el primer ciudadano de la Repblica) han optado en llamarlo, de ahora en adelante, Zar de todos los Chiles () Antes () un prncipe socialista solo podra hacernos dao. Pero el hombre, trabajando con cuidado y con inteligencia, los convenci de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha (sic) de todos los tiempos; y el temor y la desconfianza se transformaron en respeto y admiracin (La Tercera; 11-3-2006).

Por su parte, Herman Chadwick (UDI) seal que el Gobierno de Lagos fue muy bueno y que el ex Presidente tiene una importancia a nivel mundial que no podemos desaprovechar (El Mercu- rio; 21-3-2006). Asimismo, el destacado empresario pinochetista, Ricardo Claro, declar, en lo que quizs fue la ltima entrevista de su vida, que Lagos es el nico poltico en Chile con visin inter- nacional, y est muy al da. No encuentro ningn otro en la derecha ni en la DC (El Mercurio; 12- 10-2008). Incluso, el ultraderechista, Hermgenes Prez de Arce, plante que la derecha ha vis- to cmo el modelo de desarrollo econmico-social que ponen en prctica los sucesivos gobiernos concertacionistas se parece mucho ms al que ella siempre prohij que a los proyectos propios y originales de la izquierda y de la DC (El Mercurio; 19-3-2006).

Por otro lado, Arnold Harberger -el segundo economista ms importante de la escuela de Chicago, luego de Milton Friedman- seal en 2007, que estuve en Colombia el verano pasado participan- do en una conferencia, y quien habl inmediatamente antes de m fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podra haber sido presentado por un profesor de economa del gran perodo de la Universidad de Chicago. El es economista y explic las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos polticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia econmica es una bendicin para el mundo (El Pas, Espaa; 14-3-2007). Y en 2010, el mismo Harberger seal que yo creo que ha habido una gran evolucin de poltica econmica en Chile durante el perodo del gobierno militar, y una vez que se form el equipo de Patricio Aylwin con Alejandro Foxley y otros, ellos siguieron el mismo rumbo que los gobiernos anteriores, y eso ha seguido hasta hoy da (El Mercurio; 19-12-2010).  

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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