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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-09-2019

EE.UU. y la asistencia jurdica para Amrica Latina y el Caribe

Atilio Born, Arantxa Tirado, Tamara Lajtman, Anbal Garca Fernndez y Silvina Romano
Celag


La sospechada injerencia del Departamento de Justicia estadounidense en la megacausa judicial conocida como Lava Jato, que habilit el derrocamiento de Dilma Rousseff y el posterior encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil, fue ampliamente probada por la documentacin publicada recientemente por periodistas de The Intercept. Este material no slo muestra que Sergio Moro (juez a cargo de la causa) coludi con otros jueces y funcionarios del aparato judicial con fines polticos, esto es, evitar que Lula se presentara a elecciones presidenciales; tambin deja en evidencia la presencia fsica en Brasil de personal del Departamento de Justicia de EE. UU., as como los vnculos de Moro con el sector pblico-privado estadounidense (think tanks, burs de abogados y universidades) durante el desarrollo de la causa[1]. La evidencia es de tal envergadura que miembros del Congreso estadounidense han elevado una carta al Departamento de Justicia solicitando explicaciones sobre su involucramiento en el Lava Jato[2].

La presencia de EE. UU. en cuestiones jurdicas de Amrica Latina no se reduce a este caso y es de larga data. Estados Unidos ha tenido un rol fundamental en las reformas jurdicas implementadas por numerosos gobiernos de Amrica Latina y el Caribe (ALC), al menos desde la dcada de los 80. Ese papel se concibi como parte de un paquete que llegaba junto a las condicionalidades exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BancoMundial (BM) en el marco de las polticas deajuste estructural y estabilizacin. Las medidas buscaban achicar al Estado, al paso que potenciaban el crecimiento incontrolado de los mercados. Las recetas de reforma se orientaban, supuestamente, a combatir la corrupcin y la ineficiencia estatal. Esto contribuy a reforzar la nocin de que lo pblico y lo estatal eran inevitablemente ineficientes y corruptos, y que -para remediar tal situacin- haba que emular el funcionamiento ms transparente o eficiente del sector privado. Los aparatos judiciales se reorganizaron tanto por presin interna, como por esta directiva propiciada por el Gobierno de EE. UU. para cumplir con las normas de calidad, ms tarde sintetizadas en el concepto de gobernanza: promover una cierta seguridad jurdica capaz de garantizar el buen funcionamiento del mercado.

Con el paso de las dcadas, y en particular a partir del giro progresista en la regin, los aparatos judiciales (no elegidos por el voto popular)[3] se han transformado en uno de los actores clave para deslegitimar a gobiernos, partidos polticos, funcionarias y funcionarios que apostaron por una revalorizacin de lo pblico, la intervencin del Estado en la economa y los proyectos de unidad e integracin latinoamericana. Junto con los medios de comunicacin hegemnicos, jueces y fiscales vienen operando para instalar fuertemente el relato de la corrupcin como principal problema de ALC (y principal legado de los gobiernos progresistas). Esto pese a que, una tras otra, las encuestas de opinin que se realizan en la regin sitan el problema de la corrupcin muy por debajo de las penurias econmicas, la pobreza, la caresta o el desempleo. Al mismo tiempo, esto se materializa en un incremento de la injerencia y el poder de los tribunales en la poltica, alimentando un rol protagnico de la Justicia en la resolucin y, en muchos casos, la invencin de los conflictos polticos, hasta llegar al punto de desatar una guerra judicial (lawfare) que est en pleno apogeo.

Paradjicamente, los principales organismos multilaterales dedicados a la asistencia jurdica son dos instituciones financieras: el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), articulados con los marcos normativos y programas de la Organizacin de los Estados Americanos (OEA). Tal como lo reconociera el propio Zbigniew Brzezinski, estos organismos son, desde su creacin, una extensin del gobierno de EE. UU. adems de ser la Casa Blanca su principal fuente de financiamiento. Esto define una incidencia del sector pblico-privado de EE. UU., de modo indirecto, sobre la vida poltica y econmica de ALC. En efecto, el BM, el BID y la OEA, estn desarrollando decenas de proyectos de largo aliento y programas de cooperacin en la regin.

En el mbito bilateral, y ya en el terreno de la intervencin directa en las instituciones de otros pases, destaca el accionar de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y agencias del Gobierno asociadas (National Endowment for Democracy, National Democratic Institute, International Republican Institute, Fundacin Milenio), as como empresas y Organizaciones No Gubernamentales ntimamente articuladas con aqullos y que ejecutan los programas de asistencia jurdica (Checchi and Company, ConsultingInc, Chemonics, Casals & Associates, etc.). A estos se suman los departamentos de Justicia y del Tesoro, a travs de normativas y programas de cooperacin bilaterales con pases de la regin para reforzar instituciones y cultivar una cultura de transparencia e integridad. La Corporacin del Desafo del Milenio (agencia independiente del Gobierno de EE. UU. dedicada a la asistencia exterior)[4] exige a los pases que pasen un umbral de control de la corrupcin para desbloquear fondos, y los programas del Departamento del Tesoro incluyen sanciones, listados y confiscaciones de activos en cooperacin con la polica en caso de que la corrupcin no se controle de acuerdo a los estndares propuestos por EE. UU.[5]

Supuestamente, el objetivo de la asistencia judicial es mejorar la democracia, la gobernanza y los Derechos Humanos. La USAID es el ejemplo ms concreto de estas metas. En el 2012 cre el Centro de Excelencia en Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza[6] para desarrollar la cooperacin tcnica y proporcionar ayuda a las misiones que EE. UU. tiene sobre el terreno. El Centro cuenta con una divisin de Gobernanza y Estado de derecho cuyo propsito es mejorar la rendicin de cuentas, la transparencia y la capacidad de respuesta de las instituciones promoviendo marcos legales y regulatorios que mejoren el orden y la seguridad, la legitimidad, los controles y los saldos, y la aplicacin y el cumplimiento igualitarios de la ley.[7] La intervencin de esta divisin se hace a travs de expertos internos que forman a lderes y acadmicos que ayudan en sus programas de capacitacin y buenas prcticas proporcionados a los gobiernos y la sociedad civil.

Existen, al menos, 12 programas a nivel regional, sumando la USAID, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el del Tesoro.

Los principales efectos de la asistencia jurdica que ofrece el Gobierno de EE. UU. y que deberan estar sujetos a discusin en la esfera de la opinin pblica son:

Notas:

[1] http://www.brasilwire.com/us-agents-in-brasil-were-active-in-lava-jato/

[2] http://www.tvn-2.com/mundo/eu/Piden-Departamento-Justicia-EEUU-Brasil_0_5378462175.html

[3] Una excepcin es el caso de Bolivia, donde Constitucin Poltica del Estado Plurinacional define que los principales jueces a nivel nacional sern elegidos por el voto popular. https://www.la-razon.com/la_gaceta_juridica/Consideraciones-eleccion-jueces-voto-popular_0_2006199443.html

[4]https://www.mcc.gov/about

[5]https://fas.org/sgp/crs/row/R45733.pdf

[6]https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-democracy-conflict-and-humanitarian-assistance/center

[7]https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-democracy-conflict-and-humanitarian-assistance/divisions

[8]http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/Ramseyer_681.pdf


Ver artculo completo en: http://www.celag.org/eeuu-y-la-asistencia-juridica-para-america-latina/


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