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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-09-2019

Monitor del uso de la fuerza letal en Amrica Latina

Keymer vila
Rebelin


El uso de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado constituye parte de la agenda prioritaria para varios pases de la regin, es por ello que surge la iniciativa del Monitor de Uso de la Fuerza Letal que agrupa a investigadores y acadmicos de cinco pases (Brasil, Colombia, El Salvador, Mxico y Venezuela). En este espacio se han construido indicadores y metodologas comunes para poder medir, analizar y comprender el uso y abuso de la fuerza letal en perspectiva comparada, con miras a la bsqueda de evidencias que sirvan de insumo para la prevencin de abusos, as como una mayor seguridad tanto de la ciudadana como de los propios funcionarios.

En este artculo les presento un resumen de los principales resultados del anlisis regional que elaboramos en conjunto con Carlos Silva (Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM), Catalina Prez Correa (CIDE) e Ignacio Cano (Laboratorio de Anlisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Ro de Janeiro).

Lo primero que hay que destacar es la dificultad para encontrar informacin de calidad que permitiera hacer la comparacin de todos los indicadores acordados. En el caso de Mxico y Venezuela, algunos de los datos tuvieron que ser buscados en las noticias. De ese modo se constata una falta de transparencia de los Estados de la regin con relacin a este tema.

En segundo lugar, la incidencia de muertes de civiles es extremadamente elevada en Venezuela, seguida por El Salvador. En Venezuela, el nmero absoluto de personas muertas por el Estado es incluso superior al de Brasil, a pesar de contar con una poblacin casi siete veces menor. La tasa de civiles muertos supera los 15 por cada 100.000 habitantes, un registro mayor que la tasa de homicidios en la gran mayora de los pases del mundo. El Salvador, por su parte, presenta una tasa de ms de 6 civiles muertos por el Estado y Brasil de algo ms de 2. Slo Colombia registra valores inferiores a 1. El caso de Mxico es difcil de evaluar, pues la fuente es la prensa y presenta un claro riesgo de subestimacin.

En relacin con los agentes del Estado vctimas de homicidio en ejercicio de sus funciones, el panorama es muy diferente. Mxico es el pas con mayor nmero absoluto de vctimas y la tasa por cada 1.000 agentes ms alta (0,5), le seguiran Colombia y Venezuela (0,3 c/u), aunque en este ltimo caso la fuente era la prensa. Brasil y El Salvador son los que registran una incidencia menor (0,1 c/u).

Los indicadores de abuso de la fuerza revelan un escenario preocupante en varios de los pases estudiados. El caso extremo es Venezuela, donde ms de un cuarto de los homicidios son debidos a la intervencin de los agentes del Estado. El Salvador tambin supera el lmite de 10% que est asociado al abuso de la fuerza. Brasil posee un indicador ms moderado, pero an elevado (7,3%). Slo Colombia revela valores reducidos (1,5%). En el caso mexicano, como se mencion anteriormente, la fuente periodstica no permite una comparacin con el resto de los pases.

La razn entre civiles y agentes pblicos muertos alcanza valores alarmantes en El Salvador, donde mueren ms de 100 civiles por cada agente fallecido. En Brasil, el valor es inferior, pero an muy alto: 58 civiles por cada agente. Por su parte, Colombia presenta un valor muy reducido (1,2), que indicara que el nmero de muertes es aproximadamente igual en los dos grupos. Venezuela tiene valores muy elevados (26) para este indicador, pero, al igual que Mxico, su fuente fue periodstica.

El clculo del ndice de letalidad slo fue posible en Mxico y Venezuela, en ambos casos a partir de informaciones de la prensa. Los dos son superiores a uno, que es el lmite aceptable. En el caso de Venezuela, fue de 16 y en el de Mxico, de 4,6, pero no se puede olvidar que la fuente periodstica tiende a sobreestimar este indicador. La razn de letalidades, que sufre de problemas parecidos, muestra en este caso a Mxico en el peor lugar (10) en comparacin con Venezuela (5,7). Esto significara que la letalidad provocada por los agentes del Estado es 10 veces superior a la generada por sus opositores en Mxico y casi seis veces superior en el caso de Venezuela. Es decir, los indicadores sealaran que no existe un riesgo proporcional al uso de la fuerza letal.

En suma, las informaciones obtenidas por este estudio permiten llegar a dos conclusiones. La primera es la limitada transparencia en lo que atae al uso de la fuerza letal en Amrica Latina y, en funcin de ello, la necesidad de exigir la divulgacin pblica y regular de los datos relevantes que permitan realizar un monitoreo especfico sobre estos casos. La segunda conclusin es que los datos apuntan a un uso excesivo de la fuerza en varios pases de la regin, con Venezuela en la posicin ms dramtica, seguida por El Salvador. Todos los pases analizados, con la excepcin de Colombia, exceden los lmites aceptables en por lo menos uno de los indicadores de abuso de fuerza considerados. Es urgente, por tanto, que los gobiernos y la sociedad civil busquen modificar este grave escenario.

 

Los casos de Colombia y Mxico

Particularmente considero que el caso de Colombia y Mxico merecen unos comentarios aparte, que no estn presentes en el sealado informe y en consecuencia- no comprometen en absoluto al grupo de investigacin, ya que son de mi completa autora.

En el captulo sobre Colombia se plasma claramente el historial de violencia que ha padecido este pas por dcadas: guerra, narcotrfico, sicariato, paramilitarismo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, seguido de un largo etctera. No en vano contra algunas de sus autoridades se han promovido acciones ante la Corte Penal Internacional ; recientemente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Colombia denunci que para el ao objeto de estudio (2017) este tipo de crmenes de Estado continuaban en el pas , y cuestion los ascensos de oficiales vinculados a casos de falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales). A pesar de la firma y aprobacin del Acuerdo de Paz en 2016 las denuncias por el asesinato de cientos de lderes sociales no han cesado. Apenas hace un par de meses The New York Times public un artculo en el que se denuncia el asesinato de ms de 130 exintegrantes de las FARC desde la firma del acuerdo de paz , as como la emisin de rdenes oficiales en las que se instruye doblar los resultados de rendiciones, detenciones y ejecuciones durante operaciones militares. En sntesis, la informacin oficial no es completa ni confiable. Tal como se explica en el mencionado captulo: a discrecin, la Polica est manipulando cifras para obtener resultados operacionales favorables y sacando del registro casos de homicidios que deberan estar consignados, as hicieran parte de operaciones que se realizan haciendo uso legtimo de la fuerza, en defensa de la poblacin (pp.59-60). En el 60,5% de los casos de homicidios ocurridos en Colombia se desconoce la informacin sobre el presunto victimario (p.63). Por otra parte, la existencia de grupos armados de diversa naturaleza, formales e informales, legales o ilegales, que en ocasiones se confunden y funden entre s, amerita que el anlisis sea mucho ms complejo, ya que se dificulta la construccin del dato y la obtencin de informacin ms precisa, como para poder tener una panormica ms clara de la situacin del uso de la fuerza letal en este pas.

El caso mexicano presenta dificultades similares, una informacin oficial inexistente, en otros casos incompleta, dispersa, precaria y poco confiable, en un contexto blico, donde el narcotrfico, la guerra, una situacin fronteriza extrema y las denuncias de miles de desapariciones forzadas son cada vez ms frecuentes (sin cadveres los homicidios no se pueden registrar). A pesar de la expansin de la lgica militar coexiste con sta un sistema federal donde cada institucin se maneja como un feudo particular, donde los cuerpos armados ni rinden cuentas ni estn sometidos a mayores controles. Pareciera que los esfuerzos de las diversas investigaciones independientes que se hacen no alcanzan a conocer la extensin ni las dimensiones reales del uso de la fuerza letal en Mxico.

Por estas razones lo ms probable es que tanto el caso colombiano como el mexicano usualmente se presenten de una manera mermada, tmida y sub representada cuando se abordan estos temas en perspectiva comparada. Sin duda la situacin de Venezuela es muy grave , pero posiblemente la brecha que la separa de estos pases sea menor que la que se presente en el informe.

 

Recomendaciones

El informe cierra con algunas recomendaciones generales:

 

Transparencia: debe existir un registro preciso y detallado sobre personas muertas y heridas en incidentes en los que participen miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Es indispensable, adems, que estos datos sean divulgados regularmente, de forma que sea posible monitorear el fenmeno y tomar, en su caso, medidas preventivas o correctivas.

 

Regulacin del uso de la fuerza: debe estar en una normativa especfica y ampliamente divulgada que incorpore los estndares internacionales sobre doctrina, equipamiento, capacitacin y entrenamiento. Venezuela posee una normativa en consonancia con los principios internacionales pero que no se aplica, lo que demuestra que no basta slo con tener una buena legislacin, hace falta, adems, toda una institucionalidad que las haga valer.

 

Investigacin de los incidentes de uso de la fuerza letal: cada incidente de uso de la fuerza letal que resulte en vctimas debe ser adecuadamente registrado y dar lugar a una investigacin rigurosa, que garantice que tal uso de la fuerza ha respetado los principios legales. Las muertes a manos de agentes del Estado deben ser tipificadas inicialmente como homicidios, independientemente de la posible existencia o no de excluyentes de ilicitud por parte de los agentes del Estado, para que la legalidad de la accin sea establecida a posteriori como resultado de la investigacin Por su parte, la investigacin de los hechos debe ser realizada por miembros de otras instituciones diferentes de aquellas que participaron en la accin, de modo que se garantice la independencia de la investigacin. La investigacin debe contemplar no slo a los autores materiales de las posibles violaciones a los derechos humanos sino tambin a las responsabilidades de la cadena de mando. Por su parte, las posibles vctimas, sus familiares y testigos deben recibir la proteccin del Estado y, en los casos en que se compruebe el delito, deben recibir una compensacin adecuada.

 

Monitoreo y medidas de prevencin: los Estados deben crear y promover mecanismos de monitoreo y de prevencin del uso abusivo de la fuerza letal.

Resumen ejecutivo y anlisis regional del Monitor del uso de la Fuerza Letal en Amrica Latina

 

Informe completo sobre el caso venezolano

 

Informe completo y toda la informacin sobre el Monitor de Fuerza Letal en Amrica Latina

 

Sigue al Monitor de Fuerza Letal en Amrica Latina por: @monitor_FL #MonitorFuerzaLetal

 

Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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