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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-09-2019

Guatemala
Se termina la lucha contra la corrupcin

Marcelo Colussi
Rebelin


"Gracias a Dios los echamos y nunca ms debemos esperar ni permitir que quieran venir a pisotearnos"

Presidente Jimmy Morales refirindose a la Cicig

I

La Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala -Cicig- se ha ido. Hay mucho que decir al respecto, y de hecho, ya se ha dicho muchsimo, tanto penando su salida, como festejndola. La presidencia de Jimmy Morales se encarg a la perfeccin de lograr un marcado espritu anti Cicig, disfrazando la crtica (el miedo a ser investigado?) con una pretendida defensa de la soberana, contrariando la presunta "injerencia" fornea con un acendrado espritu de unidad nacional y patriotismo (al mismo tiempo que se arrodilla deshonroso ante la Casa Blanca aceptando un ignominioso acuerdo para mantener migrantes en el territorio guatemalteco impidiendo que lleguen a Estados Unidos).

La Comisin era un rgano independiente de carcter internacional, financiada por el Sistema de Naciones Unidas. Comenz a trabajar en el pas por acuerdo suscripto entre esa instancia internacional y el gobierno nacional a partir de diciembre de 2006. Su cometido era apoyar al Ministerio Pblico as como a la Polica Nacional Civil y otros entes del Estado en su lucha contra los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, los cuales perduraron despus de la finalizacin del conflicto armado interno con una considerable cuota de poder, y contribuir con acciones que tendieran al desmantelamiento de estos grupos. En otros trminos: trabajar contra la impunidad, tal como su nombre lo estipula.

A lo largo del tiempo de su permanencia en el pas, pas por distintas fases. Con un par de comisionados antes de la llegada del tercero y ltimo, el colombiano Ivn Velsquez (primero Carlos Castresana -2007, 2010-, luego Francisco DallAnese -2010, 2013-), su perfil no fue especialmente alto en trminos de impacto poltico en la mayor parte de su actuacin. Mediticamente no tuvo el lugar que cobr en el ao 2015, luego del caso que quiz fuera el ms notorio de toda su permanencia: la desarticulacin de la banda criminal La Lnea, capitaneada por el entonces binomio presidencial de Otto Prez Molina y Roxana Baldetti. De todos modos, aunque sin el impacto alcanzado all, siempre molest a los grupos de poder que se sintieron perseguidos debido a su inveterada prctica corrupta y la posibilidad de ser descubiertos.

De esa cuenta, y solo a modo de ejemplo, el Comisionado Castresana pudo decir en el 2010: "Grupos criminales que estn enfrentados entre s han cerrado filas contra la Comisin porque han entendido que el peligro era compartido y comn () y la forma que encontraron para detener la accin de la Cicig fue destruir mi imagen, recuperar los espacios perdidos y la filtracin de estructuras criminales en las instituciones de justicia". Algo similar hicieron todos los grupos tocados por las investigaciones a lo largo del tiempo, siempre buscando desacreditar a la organizacin, generando escndalos mediticos contra sus directores, bombardendola de distintas maneras, llegando al colmo, en agosto del 2018, de cercar su edificio con vehculos militares como muestra de profundo descontento y provocativa amenaza.

De todos modos, si bien la Cicig proceda a impulsar el trabajo contra la impunidad y la corrupcin, tal como era su mandato, no tuvo durante varios aos el impacto que alcanzara en su ltimo perodo. Comenz a tomar especial notoriedad durante la presidencia demcrata de Barack Obama en Estados Unidos. All, en 2014, tuvo lugar un boom meditico con la gran cantidad de nias y nios migrantes no acompaados provenientes de los pases centroamericanos, detenidos en la frontera sur del pas norteamericano. Ello trajo como consecuencia la iniciativa de Washington de intentar frenar esos enormes flujos migratorios, por lo que surge la idea de un plan especfico para paliar, al menos en parte, esas salidas masivas. Dicho de otro modo: minimizar los factores expulsores.

En esa lgica es que la Casa Blanca decide pedir/exigir un mayor compromiso de los Estados centroamericanos en la atencin de los satisfactores mnimos y elementales de sus poblaciones, buscando as que la gente no emigre en forma tan multitudinaria hacia el supuesto "sueo americano". La estrategia consisti en fomentar un mayor compromiso de los gobiernos de los pases de la regin (Guatemala, Honduras, El Salvador) en la recaudacin fiscal, a partir de la cual poder desarrollar planes sociales que hicieran ms tolerable la vida en estos lares. Dicho de otro modo: generar ms oportunidades de trabajo y mejorar las tan dursimas condiciones de vida de las poblaciones (reformas en salud, educacin, vivienda, acceso a tierras cultivables, acceso a microcrditos). Surge as el Plan para la Prosperidad del Tringulo Norte de Centroamrica. Su condicin: bajar los ndices de corrupcin de los Estados para que los mismos estn en condiciones de ofrecer mejores servicios, en el entendido de que aqulla es el factor principal que obstaculiza el bienestar.

En esa dinmica, la Cicig en Guatemala, y engendros similares en Honduras y en El Salvador, fueron la punta de lanza para llevar adelante esa iniciativa. Washington exigi, sin miramientos, que la Comisin se quedara en Guatemala cuando estaba por expirar su mandato, y profundizara su lucha contra la corrupcin. Para ello vino el por entonces vicepresidente estadounidense, Joe Biden, torcindole el brazo al reacio Prez Molina -operador de uno de esos grupos criminales-, quien no quera renovar un nuevo perodo de la instancia internacional, para forzarlo a "aceptar" la continuidad de la Cicig. Por supuesto, donde manda capitn, no manda marinero. Y la Cicig se qued y agigant.

II

Es en esa perspectiva poltica que el gobierno de Estados Unidos levant exponencialmente el perfil de la Cicig en el pas, siendo el representante de Washington, el por ese entonces embajador Todd Robinson, el virtual "mandams" que lider la lucha contra la corrupcin. "Toca al gobierno y a la gente de Guatemala luchar cada da contra la corrupcin y el crimen organizado. Me da rabia francamente la situacin ac. Toca al gobierno, toca a las autoridades locales cambiar su situacin. Nosotros podemos ayudar pero ellos tiene que cambiar su situacin", declar en alguna oportunidad en una precaria escuela rural en el departamento de Izabal, mostrando que la corrupcin (y no la injusticia estructural!) es la causa de las penurias de la poblacin. Estados Unidos preocupado por la corrupcin en Centroamrica? Dudoso, sin dudas. Se jugaba ah el proyecto de detener las migraciones masivas y no otra cosa.

All, entonces, se agiganta la figura del Comisionado Ivn Velsquez y de la entonces Fiscal General y jefa del Ministerio Pblico Thelma Aldana. Para el 2015, esa "lucha" frontal contra la corrupcin alcanza su pico mximo, se visibiliza mediticamente como no se haba hecho hasta entonces, y la Cicig es su abanderada. Las sabatinas movilizaciones urbanas completaron el cuadro (no entramos a analizarlas aqu porque es indemostrable, en principio, hasta dnde la estrategia estadounidense -perfiles falsos de redes sociales mediante- jug un papel bsico en ese despertar ciudadano). Lo cierto es que el sentimiento anti-corrupcin inund el pas. Y el binomio Prez Molina-Baldetti fue a parar a la crcel. Curioso y digno de no olvidar nunca: el mismo ex presidente, ya preso, dijo que esa medida era "poltica" (y en un sentido no se equivocaba), pues se detuvo a La Lnea 1 (los operadores directos de la red mafiosa), pero no a la que llam "Lnea 2" (empresariado beneficiado y nunca tocado). Es evidente que esa "lucha", esa cruzada anti-corrupcin, tena ms de propaganda meditica que de intencin real de mejorar las condiciones estructurales del pas.

Corrupcin e impunidad son una constante que marca la historia de Guatemala. Son prcticas culturales absolutamente entronizadas. Claudia Paz, la anterior Fiscal General, declar que en el momento de recibir ese cargo en 2010, el 98% de los ilcitos quedaban impunes. A su salida del cargo, ese porcentaje haba bajado a 75. Ms all del buen trabajo realizado por ese Ministerio Pblico bajo su mandato, tales prcticas definen la historia nacional, y se ven muy (pero muy!) difciles de erradicar. La corrupcin, en tal sentido, no es la causa de los problemas sino un efecto de la forma en que se desenvuelve la sociedad. El problema de fondo es un capitalismo agroexportador dependiente y subdesarrollado, manejado por unos pocos grupos econmicos que hacen del pas una gran finca. Su administrador de turno es el presidente -desde hace unos 30 aos: civiles elegidos democrticamente; anteriormente: militares, pero en esencia, poderosos grupos oligrquicos decidiendo todo, junto al gobierno estadounidense-. Esa cultura de corrupcin e impunidad atraviesa la sociedad toda y se instaura como modelo dominante. Por eso un ciudadano de a pie, pobre y excluido, tambin repite prcticas corruptas (el soborno es una institucin cultural, por ejemplo). Si "los de arriba" lo hacen -con inconmensurables cuotas de impunidad-, por qu no lo repetiran "los de abajo" en la escala que les es posible?

La Cicig lider esa mediticamente "monumental" lucha contra la corrupcin en el 2015, llegando a rozar incluso a esos grupos histricamente intocables; el caso de Aceros de Guatemala, gran empresa perteneciente a poderosos capitales nacionales, lo evidenci. Los roz, pero quienes terminaron presos: funcionarios pblicos, militares, operadores polticos, nunca fueron los reales "peces gordos". Prez Molina y su equipo son "de abajo", y la lgica poltica del momento permiti quemarlos. La oligarqua nunca fue tocada. Pero tambin se puso nerviosa. De todos modos, el accionar de la Comisin molest profundamente a todos esos factores de poder, crimen organizado incluido. Durante su accionar, este ente investigador ayud a desarticular ms de 70 estructuras criminales, acusando a 1,540 personas (entre funcionarios de gobierno, diputados, algunos empresarios, jueces y civiles), de las cuales 670 fueron procesadas, logrndose 400 sentencias, 100 solicitudes de retiro de inmunidad a funcionarios y apoyando ms de 30 iniciativas de ley que fomentaron la transparentizacin del Estado y de las prcticas jurdico-polticas en general.

Ante todo ello, tanto los tradicionales como los nuevos grupos de poder (alto empresariado, militares, casta poltica, nuevos ricos ligados a prcticas criminales como narcotrfico y contrabando, jueces corruptos, estructuras que crecieron a la sombra del Estado contrainsurgente), todos resultaron tocados, o posibles de ser tocados. Incluso un personaje como lvaro Arz, multimillonario y principal facttum de la poltica nacional, ex presidente y eterno alcalde capitalino, tembl. Por lo que se ve, nadie est libre de culpa; todos, de un modo u otro, tienen "cuentas pendientes". La evasin fiscal, por ejemplo, es un delito. Y en Guatemala, quien ms evade son, justamente, los grandes oligopolios tradicionales.

Si bien es cierto que la ms rancia oligarqua no se vio directamente afectada, tambin se sacudi ante las investigaciones impulsadas por la Cicig. Es moneda corriente en el pas desde tiempos inmemoriales que el poder se ejerce impunemente, sin lmites, con criterio casi de seor feudal (en las fincas ms recnditas an permanece un virtual derecho de pernada del "patrn"). Las fortunas -las tradicionales y las nuevas- se hacen siempre sobre la base de una brutal impunidad: salarios de hambre (el sueldo bsico, que cobra solo un tercio de los trabajadores, cubre apenas la tercera parte de la canasta bsica), fabulosa evasin impositiva (Guatemala es el segundo pas de Latinoamrica en menor carga fiscal, con apenas un 10% del PBI, mientras que la media de la regin ronda el 25%, y los ahora olvidados Acuerdos de Paz fijaban un piso de 12%, para crecer luego gradualmente), represin abierta (pese a la Firma de la Paz Firme y Duradera en 1996, nunca se detuvo la ejecucin de lderes comunitarios y activistas del campo popular), criminalizacin de la protesta social, un discurso dominante todava absolutamente empapado de los valores de la Guerra Fra. Dicho sea de paso: el anticomunismo visceral sigue campeando altivo, llegndose a ver como una "amenaza bolchevique" a las Naciones Unidas, a la Cicig, al actual Papa Francisco, al ex embajador estadounidense Todd Robinson, a cualquier atisbo de reivindicacin social como los movimientos feministas, o por la diversidad sexual, o por el aborto o la legalizacin de la marihuana. O, todava ms, a una propuesta muy tmidamente socialdemcrata como quien llegara recientemente a la segunda vuelta electoral, Sandra Torres. El espritu conservador se amalgama perfectamente con la impunidad y la corrupcin.

III

El fallecido? lvaro Arz (hay quien dice que para evitar ser investigado fragu su muerte), conspicuo representante de la ms aeja oligarqua y uno de los principales actores polticos del pas en los ltimos 30 aos, fue el primordial adversario de la Cicig. Con la presidencia de Jimmy Morales y el cabildeo realizado por los grupos mafiosos guatemaltecos en Estados Unidos con los sectores ms conservadores de la administracin Trump, se logr prcticamente desarticular el accionar de la Comisin. El ofrecimiento que hiciera la administracin de Jimmy Morales a principios de 2018 de trasladar la embajada guatemalteca en Israel de Tel Aviv a Jerusaln haciendo el coro a Washington, fue una rastrera -y desesperada- medida para lograr el favor del imperio en cuanto a quitar el apoyo a la Cicig. De ah que sta, en su informe final, pudo decir: "En los ltimos aos, ms concretamente desde 2016, Cicig ha enfrentado una fuerte reaccin que se ha generado desde grupos empresariales y polticos afectados por las investigaciones lideradas por el MP y la CICIG, atacando la labor de la comisin en tres reas: 1) acciones de lobby internacional para minar el apoyo poltico y financiero a la Comisin, incluyendo la difusin de noticias falsas; 2) campaas de desprestigio y difamacin de la Comisin y sus funcionarios en redes sociales; y 3) acciones directas para entorpecer las operaciones de la decisin".

Retirada ya la Cicig desde septiembre, pueden sacarse al menos dos conclusiones: 1) el Estado sigue cooptado por grupos de poder que se manejan mafiosamente (10% del PBI est representado por una "economa caliente" -narcoactividad, contrabando, contratos dudosos con los gobiernos de turno-, segn pudo establecer el PNUD, mientras que los poderosos grupos tradicionales siguen evadiendo impuestos a sus anchas), siendo que la corrupcin es parte fundamental del accionar poltico-empresarial, por lo que seguir impune, y 2) lo que sucede en el pas est siempre monitoreado / autorizado / impulsado por el principal factor de poder en estas tierras: Washington.

Los sectores econmicamente bien posicionados (tradicionales y advenedizos, los que crecieron despus de la guerra) manejan a discrecin el Estado. Ello siempre fue as, desde la colonia hasta hoy, y cualquier intento de modificacin es duramente castigado. La llamada "primavera democrtica" de 1944-1954, intento de modernizar el pas, siempre en la lgica capitalista pero con un posicionamiento ms social, ms en favor de las mayoras histricamente excluidas, termin con un sangriento golpe de Estado, dirigido en muy buena medida por la CIA de Estados Unidos, que haca su debut como organizacin con esa bien planificada intervencin.

La Cicig, si bien no toc especialmente a la gran oligarqua, era una molestia. Los operadores polticos que funcionan como agentes pblicos moviendo las palancas de ese Estado, el alto empresariado y sus grupos adlteres (los partidos polticos financiados siempre con dineros dudosos), todos juntos en eso que se dio en llamar el "Pacto de Corruptos", estaban muy nerviosos con estas averiguaciones "molestas". All cualquiera poda caer, porque todos los factores de poder (empresarios, polticos, militares, incluso rectores de la universidad pblica) tienen historias "comprometedoras". Solo para ejemplificarlo: quin mat al militar Byron Lima, detenido en crcel de ultra lujo? Qu poda decir esta persona si abra la boca? Doce matones fuertemente armados irrumpieron en su prisin y lo acribillaron. Impunidad? Todos, absolutamente todos los factores de poder estaban preocupados porque un da la Cicig tocara a su puerta. De ah que, con el gobierno republicano de ultra derecha de Donald Trump -que fren el Plan para la Prosperidad de Centroamrica prefiriendo erigir un muro fronterizo- esos sectores se sintieron envalentonados y desarmaron todo lo avanzado en la lucha contra la corrupcin, festejando la salida de la Cicig como un verdadero triunfo. Ya se le haban cerrado puertas en el ltimo tramo del gobierno de Jimmy Morales, prcticamente desmantelndola y prohibiendo la entrada al pas luego de un ocasional viaje al extranjero del Comisionado Ivn Velsquez. Ah comenz la batalla final. Se la desacredit, presentndola como una "misin comunista que vena a polarizar a la sociedad guatemalteca, creando divisiones y malestares". El discurso cal, haciendo que ms de alguna persona repitiera esa visin, crendose un clima anti Cicig bastante extendido.

Ahora, con su finalizacin oficial, esos sectores poderosos bailan de gozo. Ya no habr "investigaciones molestas", y las cosas vuelven a la "normalidad". Sin ninguna vergenza el Presidente Jimmy Morales pudo decir un par de das antes del final de la misin: " Gracias a Dios los echamos y nunca ms debemos esperar ni permitir que quieran venir a pisotearnos ".

"La lucha contra la corrupcin queda debilitada. () La justicia y la independencia judicial no son temas que interesen a muchos en el gobierno" declar, no sin consternacin, Haroldo Vsquez, juez pesquisidor que llev varios casos apoyados por la Cicig y presidente de la Asociacin de Jueces por la Integridad, ante el retiro del ente internacional. El futuro presidente, Alejandro Giammattei, que asume en enero del prximo ao, no ha mostrado el ms mnimo inters por pedir una comisin internacional similar. De momento hay una vaga idea de una estructura nacional que se encargara del problema de la corrupcin. Valga decir que Giammattei pas diez meses en prisin por un caso de "limpieza social" cuando fue Director del Sistema Penitenciario, evento tambin denunciado por la Cicig.

La derecha, ese Pacto de Corruptos que ahora domina ampliamente las distintas instancias del aparato estatal: Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Contralora de Cuentas, Superintendencia de Administracin Tributaria, con el aval de Washington y sin un campo popular y una izquierda que sean realmente alternativas de poder en este momento, seguramente comenzar a pasar factura a quienes "osaron" levantar las tapas del infierno y denunciar la podredumbre reinante. Amparado en el anonimato, un ex funcionario pblico, detenido a partir de una investigacin llevada adelante por la Cicig, dijo a la agencia noticiosa Reuters: "Ahora ya tenemos la lista de los investigadores y fiscales que nos la van a pagar por haber sido tan mala gente con todos nosotros".

La reciente detencin de la ex candidata Sandra Torres por financiamiento electoral ilcito (igual que todas las fuerzas polticas) y el anuncio de prohibicin de su partido Unin Nacional de la Esperanza -UNE-, tibia -muy tibia- oposicin poltica (Sandra Torres no es de izquierda!), muestra lo que se viene, allanando el camino para el primado absoluto de la corrupcin y la impunidad. A casi 23 aos de finalizada la guerra interna, con un raqutico proceso de paz, el retiro de la Cicig deja ver que nada ha cambiado en lo sustancial en el pas, aunque exista una formal democracia y no haya combates en las montaas. La consigna, definitivamente, sigue siendo: "El que manda, manda. Y si se equivoca vuelve a mandar!"

Blog del autor: https://mcolussi.blogspot.com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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