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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-09-2019

Derecho al mnimo vital de agua, entre la iusfundamentalidad y la libertad de empresa

Fernanda Snchez Jaramillo
Rebelin


En este trabajo se plantea el siguiente problema jurdico: En Colombia prima el agua como derecho fundamental o la libertad de empresa? Este breve escrito desarrollar el tema en tres partes: la primera consiste en la presentacin del servicio pblico de agua potable, su ubicacin en el ordenamiento jurdico nacional e internacional; la segunda, su concepcin desde el punto de vista jurisprudencial y la tercera una propuesta de la autora sobre el tema.

La nocin de servicio pblico ha experimentado una transformacin a partir de diferentes escuelas que la han estudiado. Entre las diferentes perspectivas de los servicios pblicos la Escuela de los Servicios Pblicos, Escuela de Burdeos, ocupa un lugar destacado.

Esto se debe a que pensadores de la talla de Len Duguit, Jez, Bonnard y Louis Rolland establecieron la nocin del servicio pblico como base del derecho administrativo el cual tiene su origen en Francia.

Sin embargo, con el paso del tiempo las transformaciones del Estado empezando por el stado liberal clsico, pasando por el Estado de Bienestar, hasta llegar al Estado regulador y al regulador constitucional influyeron tambin en la nocin de servicio pblico i.

En Colombia, los servicios pblicos se encuentran en el Captulo 5 De la finalidad social del Estado y los servicios pblicos, arts. 365 al 370, y en la parte dogmtica de la Constitucin Poltica de 1991.

Ellegislador colombiano expedi la ley Ley 142 de 1994, del rgimen de los servicios pblicos domiciliarios, cuyo artculo 1 determina que los servicios pblicos domiciliarios son: acueducto ii , alcantarillado, aseo, energa elctrica, distribucin de gas combustible, telefona fija pblica bsica conmutada y la telefona local mvil en el sector rural.

Y en su artculo 4 seala que estos son servicios pblicos esenciales, en concordancia con la Constitucin, artculo 338, que advierte que no podr declararse la huelga en ellos y reafirmado en el Cdigo Sustantivo del Trabajo, artculo, 430.

De igual manera, la Ley 442 de 1994 en su artculo 4, literales j y g lo caracteriza como un derecho e inters colectivo, el cual podr ser defendido a travs de las acciones popular y de cumplimiento.

Por su parte, a nivel internacional iii se han desarrollado diferentes instrumentos jurdicos, de hard y soft law, para consolidar el derecho al agua. Las Naciones Unidas han contribuido a la consolidacin de este derecho a partir de convenciones y declaraciones internacionales iv .

En el plano internacional se ha realizado un esfuerzo continuo para fortalecer el derecho al agua con miras a garantizar el nivel de vida adecuado al que toda persona, segn la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, artculo 25, tiene derecho.

Con este propsito, el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (DESC) public en noviembre de 2002, la Observacin General No. 15 denominada El derecho al agua en la cual precis que es: el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y domstico.

Este comit determin como su fundamento jurdicointernacional- los artculos 11 (derecho a un nivel de vida adecuado)v, y el artculo 12 (derecho de disfrutar del ms alto nivel de salud posible) del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

As mismo la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) public un informe al respecto como consecuencia de una audiencia que se llev a cabo en su sede y la cual revel un preocupante panorama-en palabras de la CIDH- debido a las dificultades para materializar este derecho.

En dicha audiencia lderes y lideresas de Latinoamrica y el Caribe informaron que: 580 millones de habitantes de Amrica Latina y el Caribe, el 20 por ciento no tendra acceso a agua potable por medio de un acueducto, y menos del 30% de las aguas servidas recibiran tratamiento, muchas veces deficiente, resultando en que 34 de cada 1.000 nios mueren cada ao en Amrica Latina y el Caribe por enfermedades asociadas al aguavi. (CIDH, 2015).

En ese documento, la CIDH hizo nfasis en los elementos del derecho al agua: el cual entraa libertades tales como la no discriminacin para obtenerla y la prohibicin de contaminar las fuentes de agua, entre otras.

Asimismo, implica prestaciones, es decir, el acceso a una cantidad mnima de agua para garantizar la vida y la salud; adems, la continuidad y suficiencia del suministro, para satisfacer las necesidades domsticas y personales bsicas.

Adicionalmente, otro componente esencial es que debe ser salubre, potable, para el uso personal y, finalmente, su accesibilidad para todas las personas,vii. (ONU, 2015).

En el proceso de consolidacin internacional del derecho al agua cobra protagonismo la Resolucin de la ONU del 26 de julio de 2010 la cual declar el agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial gener obligaciones para los Estados miembro incluido Colombia Colombia dispone de una normatividad que se ha especializado con el paso del tiempo, pero a pesar de esto no siempre este derecho es garantizado en los trminos que lo proponen los instrumentos internacionales y la Constitucin Poltica de 1991.

Derechos humanos vs. Derechos empresariales

En Colombia hay un modelo econmico de Economa social de mercado como lo ha explicado la Corte en sentencias como la C-263 de 2011 es decir, privilegia la libertad econmica, compuesta por la libertad de empresa y la libre competencia, pero que obliga al Estado, artculo 333 de la C.P., a intervenir para corregir las fallas del mercado y alcanzar el desarrollo econmico.

Para el caso especfico de los servicios pblicos domiciliarios, el Congreso de la Repblica ejerciendo la funcin prevista en el artculo 150 de la Carta Poltica expidi las leyes 142 y 143 de 1994.

La primera corresponde al rgimen de los servicios pblicos domiciliarios y la segunda al de interconexin, transmisin, distribucin y comercializacin de electricidad en el territorio nacional.

(Caballero, Jadresic y Ramrez, 2006) sostienen: El artculo 3 de la Ley 142 de 1994 determina cules son los instrumentos para la intervencin estatal () se destaca el numeral 3.3 viii que se refiere a la regulacin de los servicios pblicos. (p.20).

Es en ese contexto donde investigadores sitan la jurisprudencia de la Corte Constitucional que enfrenta una permanente colisin entre el derecho al agua, como derecho fundamental, y el derecho a la libre competencia, la libertad de empresa de las prestadoras de los servicios pblicos domiciliarios que no desean prdidas..

Estudiosos de la iusfundamentalidad del derecho del agua encontraron que los fallos de la Corte afrontan obstculos para materializar el mnimo vital de las personas con dificultades econmicas para pagar las facturas y quienes como consecuencia de ellos enfrentan la suspensin del servicio, pues las compaas defienden la onerosidad del mismo.

Para (Mazo, 2014) , ex integrante del equipo de servicios pblicos mnimo vital de las Empresas Pblicas de Medelln (EPM) estudi el casode Medelln y la garanta del mnimo vital del agua.

El resultado sorprende. Si bien se esperara que la Corte, va tutela, asegurara ese mnimo vital, el investigador observ que esto no siempre ocurri pues cuando public su artculo haba ms de 28 mil hogares sin agua.

Esto demuestra que a pesar de que la Carta Poltica -en su parte dogmtica- hace alusin a los servicios pblicos como proveedores de bienestar y a los fines esenciales del Estado (artculo 2.) estos no siempre se materializan cuando de prestacin del servicio se trata.

En Medelln miles de hogares no obtenan ese servicio debido a su ubicacin en zonas de alto riesgo pues de acuerdo con normas como la Ley 338 de 1997 no se prestaban servicios en esos lugares debido a la diferenciacin, discriminacin, entre zonas rurales y urbanas.

Sobre este ltimo punto la Corte Constitucional sostuvo que: El acueducto urbano no puede justificar su trato diferente a las personas que se encuentran en el sector rural que habitan los accionantes, confesando que discrimina a dichas personas, porque les da un tratamiento de mala calidad, en razn al lugar en que viven. (C.C. T-418, 2010).

Frente a esa situacin, algunas familias mediante la accin de tutela solicitaron el amparo de este derecho fundamental tambin por conexidad con otros como el derecho a la salud y a la vida. (Como es considerado en las sentencias T-207/97, T-881/02, T-410/03, entre otras).

El fallo C-1189/08 declar inexequible la Ley 812 de 2003 que prohiba las inversiones en zonas pblicas de alto riesgo no recuperable por considerar que los servicios pblicos deben estar al alcance de todos y que no se puede discriminar con base en la pobreza y la marginalidad.

La Corte, explica Mazo, conoce casos en los cuales debe garantizar el servicio pblico, como uno de los fines esenciales del Estado (arts. 2, art. 365 de la C.P.), pero la empresa prestadora de servicio fundamenta la suspensin del mismo en las causales establecidas en el artculo 141 de la Ley 142 de 1994.

Es decir que este cuerpo colegiado debe realizar una ponderacin entre el derecho fundamental al agua ya sea por conexidad con otros derechos o de manera autnoma- y el derecho a la libertad de empresa, los cuales a su vez representan el inters general (bienestar) y el privado (onerosidad del servicio y no prdidas econmicas).

En esta tensin jurdica se inscriben fallos como el T-408/08, contra Empresas Pblicas de Medelln (EPM) por vulneracin a la prestacin eficiente de servicios pblicos y en el cual ordena prestarlos a los accionantes y el T/865/11 que protege el mnimo vital del servicio ix .

Por su parte, (Gutirrez y Zarde 2016) tambin estudiaron el mnimo vital x de agua potable en la jurisprudencia y comprobaron que, en situaciones de suspensin parcial -cuando colisionan la onerosidad del servicio y el derecho al mnimo vital del agua - la Corte otorga gran importancia al acuerdo de pago para acceder a la reconexin, privilegiando as una lectura economicista y de las leyes del mercado sobre la iusfundamentalidad del derecho al agua.

Los autores citados escogieron 40 sentencias de esta corporacin, 16 de ellas con suspensin del servicio de agua, por no pago, y nueve del departamento de Antioquia.

Este anlisis estableci que la Corte desarroll una lnea jurisprudencial en cuyos primeros fallos reconocieron la iusfundamentalidad del derecho al agua en conexidad con otros como el derecho a la salud y la vida (T-578/92 y T-413/95, T-881/02) y, en un segundo momento, reconcelo reconoci como derecho autnomo, en las sentencias T-270/07 y el T-717/10. (Otros fallos en este sentido fueron T-270/07, T-546/09 y T-614/10).

Gutirrez y Sarde (2016) aportan al debate casos concretos como los de la seora Ruth Villa (T-725/11) y Leonor Medina (T-242/13) en los cuales predomin el acuerdo de pago con la empresa, para que esta recupere su cartera xi , por encima del bienestar de las usuarias, quienespara pagar la reconexin y los pagos atrasados incluso pactada a plazos- dejaron de cubrir, o lo hicieron de manera precaria, otras necesidades bsicas como la alimentacin.

Por supuesto que esas decisiones respetan el rgimen establecido en la Ley 142 de 1994, artculo 140, modificado por el artculo 19 de la Ley 689 de 2010, sobre la suspensin por no pago y la reconexin cuando se pague la deuda ya que este rgimen no contempla el derecho al mnimo vital del agua.

As lo explican Gmez y Rodrguez (2013): Por ende, este rgimen, dada las expresas prohibiciones sobre la gratuidad del suministro no contempla el mnimo vital del agua. (p.63).

Necesidades vitales y el mercado econmico

Luego de exponer de manera breve esta situacin es claro que tanto para las Cortes como para el Estado es difcil hallar una solucin que satisfaga a las dos partes porque si bien la Corte intenta ejerciendo un rol de co-creadora del derecho y activista judicial -muchas veces criticado- hacer efectivo ese derecho al mnimo vital del agua no siempre puede lograrlo.De acuerdo con (Espino, 2017) esto ocurre ya que aunque el neoconstitucionalismo, promotor de la justiciabilidad de los derechos econmicos, sociales y culturales (DESC), le otorg un papel protagnico a los jueces como garantes de su concrecin ante las desigualdades persistentes en Colombia y Amrica Latina debido a la falta de recursos econmicos de los pases

Adicionalmente, la Constitucin, norma de normas, en su artculo 334 impone el lmite de la sostenibilidad fiscal tambin a las Cortes y la posibilidad de que sea tramitado un incidente de impacto fiscal, Ley 1695 de 2013 xii , sobre sus fallos xiii lo cual las hace ser prudentes, para no decir conservadoras, con los derechos que reconocen por el impacto negativo que pueda tener en las finanzas pblicas.

Asimismo, el Estado colombiano y su modelo econmico social de mercado promueve el derecho a la libertad econmica, a travs de la libertad de empresa y de libre competencia, artculo 333 de la Constitucin (tambin libertad de empresa en el artculo 10 de la Ley 142 de 1994), y esto lleva a que no siempre se asegure la prestacin de servicios pblicos.

De igual forma, las condiciones impuestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) xiv y el Consenso de Washington xv ordenan profundizar la privatizacin, la eficiencia y la libertad de mercadoaunque sacrifiquen los DESC.

Sin embargo, teniendo en cuenta que en esta economa social de mercado caracteriza el contrato xvi de servicios pblicos domiciliarios como consensual y de adhesin, pero tambin sui generis porque involucra derechos fundamentales. En esta relacin jurdica la parte dbil es el usuario, por eso esta reflexin final est claramente de su lado. (C-294/07).

En un escenario ideal, los servicios pblicos domiciliarios seran prestados por el Estado siguiendo las directrices de la Escuela de los Servicios Pblicos Francesa- orientada al inters general, para garantizar el mnimo vital del agua.

En este orden de ideas, el servicio pblico de acueducto estara a cargo, ciento por ciento, de los municipios de manera eficiente como ocurre en Pars (Francia), Hamilton (Canad), Buenos Aires (Argentina), entre otros, donde despus de aos de ser prestados por empresas privadas pasaron nuevamente a manos pblicas. (Matas, 2014. P. 48 )

El servicio sera de las mejores calidades tcnicas lo cual no ocurri en el caso del Eje Cafetero colombiano, por ejemplo, donde un anlisis revel fallas como el desconocimiento en el manejo de indicadores comerciales, falencias tcnicas y la inexistencia de un fondo de solidaridad (Gonzlez, Galeano y Can, 2012).

Para que el modelo funcionara se exigira el pago de una tarifa que permita el sostenimiento a largo plazo con prdidas mnimas- y adicionalmente se promovera una cultura del consumo responsable y del pago oportuno por parte de los usuarios, excepto en situaciones extremas en la cuales se compruebe la imposibilidad de hacerlo.

Para ese tipo de circunstancias se contara con un fondo de solidaridad, cubierto con un porcentaje mnimo de la tarifa y eliminando el que se destina para la expansin de servicios que deber estar a cargo de la empresa y no del usuario.

Esta propuesta es hecha considerando que la solidaridad es el ncleo esencial de la teora del servicio pblico y de le corresponde al Estado asegurar su prestacin eficiente a todos xvii los colombianos. (Atehorta, 2008).

Al respecto la Corte Constitucional asegur en un fallo del ao 1998:

() con tarifas por debajo de los costos reales del servicio, la poblacin de escasos recursos pudiese acceder a los diversos servicios pblicos domiciliarios y cumplir as con los principios de solidaridad y redistribucin del ingreso que impone la Constitucin en esta materia. (Corte Constitucional, 1998. P. 40).

En este escenario los funcionarios pblicos de dichas empresas recibirn formacin tcnica y en finanzas de otros pases donde han sido siempre pblicos o volvieron a serlo, y se prestan sin prdidas para las compaas y con beneficios para los usuarios.

La eficiencia de las empresas pblicas permitir asegurar la cobertura en zonas antes no cubiertas y llegar a usuarios que no gozaban del mismo. La tarifa incluira tambin un porcentaje para subsidiar xviii a los estratos ms bajos, 1 y 2, por parte de los ms altos aunque actualmente se incluyen los estratos 1, 2 y 3.

En este punto es importante anotar que si bien la Corte Constitucional ha prohibido a las empresas de servicios pblicos suspender en forma definitiva el servicio a personas en situacin de vulnerabilidad -como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas en situacin de discapacidad o personas oxgeno dependientes (para el caso de la electricidad), nios y comunidades tnicas como los Wayu xix, es crucial que esto se aplique a todos con independencia de ese tipo de factores, pero cubriendo situaciones extremas.

Entre tanto para las zonas rurales, pequeas poblaciones y caseros a donde no llega el Estado y no hay condiciones tcnicas para instalar acueductos de gran envergadura la propuesta es reforzar los acueductos comunitarios que estn en peligro de desaparecer.

Esto sera posible mediante alianzas entre las empresas de servicios pblicos estatales, instituciones educativas como el Sena y universidades, pblicas y privadas, que ofrezcan como prcticas, pasantas y trabajo rural la posibilidad de que estudiantes de ltimos semestres se trasladen a esas zonas.

De esta forma apoyaran la construccin de los acueductos comunitarios con mejores calidades tcnicas y capacitaran a los pobladores para su mantenimiento. No obstante, , y como parte de los convenios los estudiantes volveran para hacer revisiones y mantenimientos ms especializados semestral o anualmente segn las necesidades del servicio.

De esta manera, con la ayuda de profesionales y pasantes -como una opcin de servicio social profesional en lugar del servicio militar para carreras tcnicas e ingenieras- podra garantizarse la prestacin y cumplir as con el principio de solidaridad contenido en nuestra Constitucin para que este no sea solo un enunciado carente de contenido.

Referencias

Libros impresos

Agudelo, H. (1992). Actualizacin Econmica Social y Poltica. Editorial: Servicios Cooperativos Siglo XXI, Bogot.

Amador, L. (2000). Los servicios pblicos frente a las reformas econmicas en Colombia. Editorial: Universidad Externado, Bogot.

Atehorta, C. (2008). Rgimen de los servicios pblicos domiciliarios. En el contexto de la doctrina constitucional. Biblioteca Jurdica Dike. Bogot.

Caballero, C., Jadresic., A. y Ramrez, Manuel. (2006). El Marco Institucional para la regulacin, supervisin y el control de los servicios pblicos en Colombia: Propuesta para su fortalecimiento. Cuadernos de Fedesarrollo, Bogot.

Gmez, A. y Rodrguez, A. (2013). El derecho fundamental al agua, Coleccin precedentes jurisprudenciales. Legis, Bogot.

Artculos de revistas online

lvarez, J. Impacto de las reformas neoliberales en Colombia desde 1990. Revista in Vestigium . 2015. Enero-junio. PP. 78-91. Recuperado de https://repository.usta.edu.co/handle/11634/5157?show=full

Galeano, J., Gonzlez, J y Can, J. (2012).   Dispersin urbana y oferta hdrica en el eje cafetero. Revista Gestin y ambiente . Volumen 5 No. 2. PP. 59-74. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/35337/39325

Gutirrez, R y Zarde, C. (2016). El mnimo vital del agua potable en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Revista Opinin Jurdica. Volumen 15. No. 29. Enero-junio. PP. 123-140. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v15n29/v15n29a07.pdf

Espino, R. (2017). Derechos sociales y su justiciabilidad en la teora constitucional de inicios del Siglo XXI. Revista Cuestin Constitucional . No. 36. Enro-junio. PP. 80-107.

Matas, S. (2014).Servicios pblicos domiciliarios como derechos fundamentales. Revista Derecho y realidad. Nmero 24, II Semestre. Recuperado de

https://revistas.uptc.edu.co revistas derecho_realidad article viewFile

Mazo,F. (2014). Servicios pblicos domiciliarios: Derechos humanos o productos para la venta? Caso Medelln. Revista gora . Universidad San Buenaventura. Volumen 14. No. 2. PP. 583-600. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-80312014000200013&script=sci_abstract&tlng=es

Informes online

Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2015). Acceso al agua en las Amricas. Recuperado de:

ONU. Recuperado de: https://www.ohchr.org/SP/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/InternationalStandards.aspx

Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de los Derechos Econmicos y sociales Recuperado de: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

Naciones Unidas. Consejo Econmico y social. (2002). El derecho al agua. Recuperado de: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf

Naciones Unidas (1948). Declaracin Universal de los derechos humanos. Recuperado de: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

Jurisprudencia

Corte Constitucional

C-150/03.

C-924/07.

C-1189/08

C-263/11.

T-578/92.

T-110/94.

T-207/97.

T-881/02.

T-410/03.

T-408/08.

T-546/09.

T-717/10.

T-418/10.

T-725711.

T-242/13.

Consejo de Estado

Sentencia enero 26 de 2007.

Normatividad

Constitucin Poltica de 1991.

Ley 142 de 1994.

Ley 338 de 1997.

Ley 812 de 2003.

Ley 689 de 2010.

Ley 1695 de 2013.

Cdigo Sustantivo del trabajo.

Decreto 1189 de 2011.

Decreto 013 de 2014.

Resolucin de la Asamblea General 64/292 del 26 de julio de 2010.

Notas:

i No me extender en este punto pues esto fue abordado en clase.

ii 14.22. Servicio pblico domiciliario de acueducto. Llamado tambin servicio pblico domiciliario de agua potable. Es la distribucin municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexin y medicin. Tambin se aplicar esta ley a las actividades complementarias tales como captacin de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conduccin y transporte. Ley 142 de 1994.

iii Aunque el derecho al agua no est reconocido expresamente como un derecho humano independiente en los tratados internacionales, las normas internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones especficas con relacin al acceso al agua potable. Esas obligaciones exigen a los Estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y domstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparacin de alimentos y la higiene personal y domstica. Tambin les exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero tambin que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable. https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0013_2014.pdf

iv https://www.ohchr.org/SP/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/InternationalStandards.aspx

v Artculo 11: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado

para s y su familia, incluso alimentacin, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

vi Comisin Interamericana de Derechos Humanos. Captulo IV. A. Acceso al agua en las Amricas. Una aproximacin al derecho humano al agua en el sistema interamericano.

vii ONU. Folleto informativo No. 35.

viii 3.3. Regulacin de la prestacin de los servicios pblicos teniendo en cuenta las caractersticas de cada regin; fijacin de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluacin de las mismas, y definicin del rgimen tarifario .

ix El mnimo vital fue establecido p or primera vez en Medelln va Decreto municipal 1889 de 2011 por medio del cual se reglamenta del Acuerdo 006 de 2011." All se reglament lo concerniente al programa del mnimo vital de agua potable, los requisitos para acceder al mismo, el acompaamiento familiar, el reconocimiento de auspicios en casos de suspensin o corte de los servicios, lo referente al cambio en el domicilio y de miembros del hogar, la liquidacin del auspicio del mnimo vital de agua potable, lo correspondiente a los consumos de actividades diferentes al residencial, sobre los contratos o convenios con empresas prestadoras de servicios pblicos, entre otras disposiciones; pero adems se defini la Entidad responsable del Programa, designando para el efecto a la Secretara de Bienestar Social como Dependencia responsable del Programa y modificado por el Decreto 013 de 2014. El Decreto 1364 de 2012 en su artculo 179 seal las funciones de la Secretara de Calidad y Servicio a la Ciudadana, dentro de las cuales se destacan ...Garantizar la prestacin de los servicios pblicos domiciliarios y no domiciliarios, con calidad, cobertura y acceso, a todos los habitantes del Municipio de Medelln. Ejercer en materia de servicios pblicos como autoridad administrativa dentro de la jurisdiccin del Municipio de Medelln. Direccionar las polticas sobre universalizacin de los servicios pblicos domiciliarios y las tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones. 10. Igualmente en el artculo 181 asigna las funciones a la su Subsecretara de Servicios Pblicos, entre otras la de Establecer y aplicar las polticas sobre universalizacin de los servicios pblicos domiciliarios y las tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, especialmente las relativas a los mnimos vitales.

x Decreto 013 de 2014. Art.1.Modifiqense los artculos 1o; literal a) del numeral 1) de los artculos 2, 3, 4, 8, 9 y 10 del Decreto Municipal 1889 de 2011, los cuales sern del siguiente tenor: Art.1. Del Programa Mnimo- Vital d Agua Potable (MVAP): El municipio de Medelln auspiciar hasta 2.5 metros cbicos por mes del servicio pblico de acueducto y del alcantarillado, incluidos los cargos fijos, a cada uno de los usuarios identificados en los hogares cuyos miembros, segn clasificacin del Sisbn, - Sistema de identificacin de potenciales beneficiarios de programas sociales- se encuentren en situacin de vulnerabilidad y pobreza-,hagan parte de los programas de acompaamiento familiar de que trata el artculo 3o de este decreto y que cumplan con las condiciones aqu sealadas. https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0013_2014.pdf

xi El modelo constitucional econmico de la Constitucin Poltica de 991 est fundado en la superacin de la nocin conforme a la cual esta era asimilable a una funcin pblica, para avanzar hacia una concepcin econmica segn la cual su prestacin est sometida a leyes de un mercado fuerte como se deduce del artculo 365 constitucional cuando dispone que es deber del Estado asegurar la prestacin del servicio pblico. C.E. sentencia enero 26 de 2007.

xii Artculo 1. Incidente de impacto fiscal. De conformidad con lo sealado en el artculo 334 de la Constitucin Poltica, el Procurador General de la Nacin o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia o los autos que se profieran con posterioridad a la misma, por cualquiera de las mximas corporaciones judiciales, podr solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trmite ser obligatorio.

Nota: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-870 de 2014, en el entendido de que, por existir reserva de ley estatutaria, estas previsiones no se aplican a los autos que se expidan en materia de tutela y que los autos a que se refieren son aquellos a travs de los cuales, sin importar su denominacin, se ajustan o modifican las rdenes de la sentencia, o se adicionan unas nuevas, con incidencia autnoma en materia fiscal.

En todo caso, el Ministro de Hacienda y Crdito Pblico ser parte dentro del trmite.

Pargrafo. Bajo ninguna circunstancia se podr invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos, restringir su alcance o negar su proteccin efectiva.

Artculo 2. Procedencia. El incidente de impacto fiscal proceder respecto de todas las sentencias o los autos que se profieran con posterioridad a la misma, por las mximas corporaciones judiciales, cuando se altere la sostenibilidad fiscal, con independencia de la postura que haya adoptado dentro del proceso cualquier entidad u organismo de naturaleza pblica, aun cuando no haya participado dentro del mismo.

xiii Un incidente de impacto fiscal fue decidido por la Corte Constitucional en el Auto 233 de 2016 que difiri los efectos de la Sentencia C-492 de 2015, aplicable a la vigencia fiscal de enero de 2017.

xiv Sobre este tema ver El malestar de la Globalizacin, de Joseph Stiglitz, estudiado en analtica Vi y Disfraces del Leviatn, el papel del Estado en la globalizacin neoliberal de Juan Carlos Monedero.

xv Segn informacin de Planeacin Nacional entre los aos 1990-1994 creci la inversin extranjera en Colombia en un 80%, especialmente se fortaleci con empresas de servicios pblicos domiciliarios. Martnez, J. 2015. P. 78-91.

xvi Artculo 128. Uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios a un usuario a cambio de dinero de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados.

xvii En el pasado, el expresidente Alberto Lleras Camargo sostuvo al respecto: Cada vez estoy ms convencido de la impropiedad de que ciertos servicios pblicos fundamentales para el desarrollo del pas estuvieran en poder de las compaas extranjeras, cuyo solo inters era y deber ser, el del mayor rendimiento () Esos servicios se deben prestar con el mximo de inters pblico y de ellos no debiera derivarse provecho para nadie, sino para el comn, por su constante desarrollo y expansin y bajos niveles de tarifas. (Agudelo, 1992, P. 156).

xviii As mismo, el artculo 89.1 de la Ley 142 de 1994, en materia de aplicacin de los mencionados criterios de solidaridad y redistribucin de ingresos establece que el factor que se debe aplicar para el otorgamiento de subsidios, de los cuales son beneficiarios los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, no podr ser superior al equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del servicio y, adicionalmente se indica en la normativa en cita, que no podrn incluirse factores adicionales por concepto de ventas o consumo del usuario para el cmputo del citado porcentaje mximo. Concepto unificado 25. Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios. https://www.notinet.com.co/administrativo/servicios_publicos/Regimen%20de%20subsidios%20y%20contribuciones

xix El Consejo de Estado en sentencias de 11 y 18 de mayo de 20173, inst a la Corte Constitucional para que declarara el estado de cosas inconstitucionales por la crisis humanitaria que afronta la etnia Wayu, asentada en el departamento de La Guajira. Comisin Interamericana de Derechos Humanos, mediante la Resolucin 60/2015, solicit al Estado Colombiano adoptar medidas cautelares a favor de los nios, nias y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Rioacha y Maicao del pueblo Wayu, en el departamento de La Guajira. Medidas que posteriormente, el 26 de enero de 2017, fueron ampliadas a las mujeres gestantes y lactantes. Consejo de Estado, Seccin Cuarta. 21 de marzo de 2018.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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