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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-10-2019

Entrevista a Miguel Castells, histrico abogado de procesados polticos
En el juicio del procs, el manejo de los instrumentos polticos ha sido frecuente

Daniel Escribano
Cuarto Poder


Miguel Castells (Busturia, Vizcaya, 1931) es un histrico abogado de procesados polticos. Ejerci, entre otros juicios, en los consejos de guerra de diciembre de 1970 en Burgos contra activistas de ETA y en el de septiembre de 1975 contra militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Senador por Guipzcoa durante la primera legislatura del rgimen constitucional de la monarqua reinstaurada (1979-1982), por la coalicin Herri Batasuna (HB), es autor de numerosas obras sobre represin poltico-judicial, entre las que destacan Consejos de guerra en Espaa. Fascismo contra Euskadi (Pars: Ruedo Ibrico, 1976, firmado con el pseudnimo de Pierre Celhay), Los procesos polticos (de la crcel a la amnista) (Madrid: Fundamentos, 1977), El mejor defensor, el pueblo (Donostia: Ediciones Vascas, 1978) o Radiografa de un modelo represivo (Donostia: Ediciones Vascas, 1982). A principios de agosto conversamos con l sobre pasado y presente de la represin poltico-judicial en el Reino de Espaa.

- Has estudiado a fondo los procesos polticos, tanto en tu obra escrita como en tu prctica como abogado. Cmo definiras el concepto de delito poltico?

- Los juristas discuten sobre si un delito es poltico por la motivacin del que lo comete o si lo es por su naturaleza objetiva o su estructura interna. P. ej., el delito de rebelin sera poltico por su propia naturaleza, porque es contra un poder poltico, trata de cambiar la forma de gobierno. Un delito de motivacin poltica puede serlo un homicidio, si ste se realiza por una motivacin poltica; el tiranicidio es un delito poltico porque, aunque se considere que el homicidio, por su naturaleza es un delito comn, la motivacin es poltica. Un delito puede ser poltico tambin por sus consecuencias, por el tipo de procedimiento penal por el cual se juzga, porque el poder persigue una finalidad poltica en ese proceso (p. ej., condenar a una persona o dictar una sentencia ejemplar, para intimidar a la sociedad en una determinada coyuntura poltica), lo que es caracterstico de los juicios que se celebran ante tribunales especiales. Los juicios que se celebraban en el Tribunal de Orden Pblico (TOP) o en la Cour de Sret de l'tat, en Francia creada por De Gaulle recin acabada la guerra de la independencia argelina y que funcion entre 1963 y 1981, eran polticos por el mero hecho de que el tribunal en que se juzgaban era un tribunal poltico. Asimismo, la funcin penitenciaria trata de distinta forma a los presos por unos y otros delitos. Manuel Fraga, en una entrevista concedida en 1969, siendo ministro de Franco, manifestaba que el enemigo poltico es el peor de todos, precisamente porque no persigue robar una cartera o romper una ley, sino porque persigue romperlo todo. Por eso es el ms peligroso y es el que debe ser tratado con el mayor rigor. En el derecho penal liberal, ocurre lo contrario: al delito poltico se le aplica un tratamiento menos riguroso, porque, mientras en el delito comn domina el nimo egosta del delincuente, el delincuente poltico persigue una finalidad altruista, mejorar la situacin del pueblo. Todo eso acredita que existe el delito poltico. Otra cosa es que los doctores en derecho se pongan de acuerdo sobre la definicin de delito poltico. Yo suelo hablar de acusados o condenados por delitos de motivacin poltica. Para m, un delito de motivacin poltica es un delito poltico, pero utilizo esa otra expresin para evitar discusiones cuando me refiero a personas juzgadas por la Audiencia Nacional: se lee la sentencia y resulta que se les ha acusado y, en su caso, condenado por delitos cometidos con una finalidad poltica.

- Con todo, en los Cdigos Penales no se suele llamar por su nombre a los delitos polticos o de motivacin poltica, sino que hay que rastrearlos en diversos tipos penales con otros nombres y que, de facto, constituyen delitos polticos o de motivacin poltica...

- Hubo una poca histrica en que no se le llamaba poltico, pero el crimen de lesa majestad era el delito poltico. En los tiempos en que los poderes pblicos van asumiendo el derecho penal liberal, despus de la Revolucin Francesa, s que, de una forma u otra, se reconoci la existencia del delito poltico. Hoy en da, tambin, pero en sentido excluyente: en los tratados de extradicin se excluye expresamente de la extradicin el delito poltico. Y, en el artculo o apartado siguiente, dicen: Se conceder la extradicin por los delitos de terrorismo. No dice: El terrorismo no es delito poltico, pero s que queda excluido de la no extradicin.

- Las tendencias restrictivas en la consideracin del delito poltico como motivo de denegacin de peticiones de extradicin son casi tan antiguas como el propio principio de no extradicin por delitos polticos. La ley belga de 22 de marzo de 1856 (una ley ad hoc provocada por un complot contra Napolen III) ya introdujo la clusula que exceptuaba de la prohibicin de extradicin a las personas acusadas de atentado contra jefes de Gobierno. Jimnez de Asa ya replic contra esta clusula que no quiere decir que no sea un delito poltico; al contrario, si se excepta es porque se reconoce que es de ndole poltica. Durante la segunda mitad del siglo XX, las excepciones al principio de no extradicin por delitos polticos aumentaron crecientemente, hasta el punto de que, mediante el pseudoconcepto de terrorismo, ya se niega el carcter de delito poltico, a efectos de extradicin, a cualquier accin intencionada que implique riesgo para las personas. En esta dinmica de creciente vaciamiento del contenido del concepto de delito poltico, la Decisin Marco del Consejo de Europa relativa a la orden de detencin europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, omite directamente el trmino delito poltico, lo que revela la imbricacin entre los conceptos de delito poltico y terrorismo...

- En el Estado espaol, en el lenguaje habitual de la burocracia poltica y de los polticos convencionales, el delito poltico es solamente el delito de opinin (de opinin en poltica) y lo que no es opinin ya no es poltico. Es una argumentacin antihistrica e ilgica, porque poltico no es solamente lo que se opina, sino que es o puede ser poltico desde un golpe de Estado hasta muchas otras cosas ms. En este contexto, acaso sea ms interesante hablar de proceso poltico que de delito poltico.

- Empezaste a ejercer en plena dictadura franquista. Hasta la creacin del TOP, todos los procesos polticos eran enjuiciados por la jurisdiccin militar. A partir de entonces, los casos en que no concurra violencia pasaron al TOP, un tribunal especial civil.

- No exactamente. Primero funcion la Ley de 2 de marzo de 1943, de rebelin militar, que era una refundicin de los bandos de guerra. La jurisdiccin militar era competente en todos los procesos polticos, hasta por huelgas, propaganda, etc. En 1947 se aprob el Decreto-ley de bandidaje y terrorismo y, en 1960, el Decreto de rebelin militar, bandidaje y terrorismo, que refunda esas dos normas anteriores y que se aplic en los consejos de guerra hasta la muerte de Franco. Inicialmente, los abogados no podamos intervenir en estos procesos. Cuando se aprob la ley de creacin del TOP, en 1963, los abogados pudimos empezar a intervenir como defensores en los procesos que se seguan de acuerdo con el Decreto de rebelin militar, bandidaje y terrorismo de 1960, pero nicamente si se aplicaba este decreto; no, en cambio, si se aplicaba el Cdigo de Justicia Militar (CJM) (por eso, a Iaki Sarasketa le juzgaron aplicando el CJM, no el decreto de 1960, porque la vctima era un militar en acto de servicio, y le defendi un capitn militar). Para los temas polticos ms importantes, Franco confiaba en el Ejrcito, su instrumento favorito para resolver problemas. Pero el Decreto de rebelin militar, bandidaje y terrorismo de 1960 tena un artculo, el octavo, que permita a la jurisdiccin militar inhibirse a favor de la jurisdiccin ordinaria cuando considerara el asunto de escasa trascendencia. Lleg un momento en que empezaron a levantar la cabeza estudiantes y obreros, y aumentaba la cantidad de gente insumisa frente al franquismo. De modo que el juzgado militar especial de Madrid, el del coronel Eymar, no daba abasto, por lo que, en algunos asuntos ―poco importantes―, se inhiba a favor de las Audiencias Provinciales. Y de ao en ao iban aumentando los casos en que lo haca. El TOP se cre para cortar eso. Estos asuntos que llegaban a las Audiencias Provinciales ahora iran al TOP, con jueces nombrados a dedo y con muchas menos garantas que en la jurisdiccin ordinaria. Franco quera asegurarse de que todo lo que no pudiera llevar su ejrcito lo llevara su TOP.

- Convencionalmente, se ha presentado al TOP como una suerte de civilizacin de la represin franquista, cuando, en realidad, fue lo contrario...

- No se ha hablado de los casos polticos en que, hasta la creacin del TOP, la jurisdiccin militar se inhiba a favor de los tribunales ordinarios del lugar de comisin del hecho a juzgar. Aqu, en Donostia, hasta 1963, yo llegaba a acuerdos con el fiscal para que el acusado no siguiera en la crcel, y eso en el TOP ya sera imposible. Con el TOP, el acusado, la mayora de las veces, permaneca en prisin preventiva hasta el juicio (aunque luego a lo mejor fuera absuelto), que se celebraba en Madrid.

- En tu obra escrita, retomas la tesis de Jacques Vergs segn la cual la defensa desde una estrategia de ruptura puede reportar resultados penalmente ms benignos para el procesado que la estrategia de connivencia. En este sentido, en el eplogo de Consejos de guerra en Espaa contrapones la ruptura del juicio por parte de los procesados en la causa 31/69 con el planteamiento de la defensa, ms bien de connivencia, en el consejo a Jos Antonio Garmendia y ngel Otaegi, en agosto de 1975. En el proceso de Burgos, el Gobierno conmut todas las penas de muerte impuestas por el tribunal, cosa que no ocurri con la dictada contra Otaegi...

- No hay que mitificar el juicio de ruptura; no creo que por hacer un juicio de ruptura te salves y por hacer juicio de connivencia, pierdas. En Burgos, no fue el juicio de ruptura lo que les salv la vida, sino la lucha popular. Lo que pasa es que la lucha popular lleg a los niveles a los que lleg gracias, entre otras causas, a la forma en que se llev el juicio. En el proceso poltico se mezclan elementos jurdicos y elementos polticos; es un proceso en que se puede perder jurdicamente y ganar polticamente, o al revs. A menudo, en el proceso jurdico, las defensas y las acusaciones estn utilizando instrumentos jurdicos, pero con una finalidad poltica. En el proceso de Burgos estuvo muy claro: durante una primera fase, los acusados y sus defensores estuvieron aceptando, de hecho, el juicio y los medios jurdicos. Pero con la finalidad de que todo el mundo se enterase de la represin que haba en Euskadi y de los motivos y objetivos de la lucha desarrollada por los acusados y su organizacin. En la forma en que se desarroll el proceso, hubo una ruptura de fondo constante desde el principio: los abogados empezamos exigiendo que les quitasen las esposas y montando folln porque las esposas expresaban la coaccin y falta de libertad. Protestbamos continuamente, exigamos que nuestras denuncias constaran en acta, interrumpamos, los interrogatorios a los acusados fueron maravillosos. En esta fase, el enfrentamiento con el presidente del tribunal fue radical, porque ste no quera que los acusados explicasen lo que estaba ocurriendo en el Pas Vasco y los motivos de su lucha, que era la nica razn por la que nosotros aceptbamos que se desarrollasen los trmites judiciales. Se utiliz el instrumento jurdico haciendo durar el juicio, porque el pueblo reciba las informaciones y luchaba en la calle, y lo que pasaba en el juicio ayudaba a esa rebelin popular. Lo que ellos decan en el juicio ese mismo da llegaba a Euskadi y la prensa clandestina lo distribua por todas partes, y las radios extranjeras lo decan en sus emisiones. Todo eso fue un grano de arena para una lucha popular que estaba preparada de antemano, desde los aos en que se venan celebrando juicios a gente de ETA, con huelgas generales cuando haba penas de muerte. Y lleg un momento en que se aplic un instrumento fundamentalmente poltico: romper formalmente el juicio. Rompimos cuando vimos que la huelga llevaba ya muchos das y la gente tena que comer; haban matado a Roberto Prez Jauregi, en las barricadas de Eibar, y haba que parar. Aprovechamos la declaracin de Mario Onaindia, que era el ltimo. No bamos a practicar pruebas ni a informar. Es cuando dijo: Yo me considero tambin, como han dicho los compaeros, un prisionero de guerra y, de acuerdo con las convenciones de Ginebra, solamente estoy obligado a dar mi nombre y graduacin, pero tanto yo como la mayora hemos utilizado este juicio para denunciar la represin que est sufriendo el pueblo vasco. Rechazo este tribunal; a m, slo me puede juzgar el pueblo vasco. Gora Euskadi askatuta! Y se levantaron todos y empezaron a cantar el Eusko gudariak. Los acusados y sus defensores utilizaron polticamente unos instrumentos jurdicos con una eficacia poltica que les salv la vida, aunque ellos estaban dispuestos a morir. En cuanto al juicio de 1975, si hubiera sido de ruptura, si se hubiera llevado como se llev el de Burgos de 1970, qu habra pasado? No lo s. En aquel caso ayud. En ste habra ayudado? Los juicios de 1975 eran ms cortos, estaba el mes de agosto de por medio, con todo el mundo de vacaciones. Yo mantengo esa tesis en el libro, en aquella poca estaba ms caliente, hoy en da estoy ms fro, pero quizs habra valido la pena haberlo intentado.

- En diciembre de 1970, el PCE apost por una fuerte movilizacin contra el juicio, con convocatorias de huelga incluidas en todo el territorio estatal. En agosto-septiembre de 1975, en cambio, las movilizaciones laborales apenas trascendieron los lmites del Pas Vasco. Desde la izquierda revolucionaria se acus al PCE de frenar las protestas en el mbito laboral, a fin de atraer a la causa de la democracia poltica a los supuestos sectores evolucionistas de la burguesa, hacindoles ver que sta no implicara alteraciones en las relaciones de produccin. Las dinmicas de huelga general continuada que hubo en el Pas Vasco contra los consejos de guerra y las penas de muerte chocaban frontalmente con esta estrategia...

- Yo ah te aado algo ms desde el punto de vista de lo que he vivido, que son los juicios. En 1975, los abogados jvenes de Madrid me llamaron para que participara en los juicios del FRAP. Por supuesto, les dije que contaran conmigo. Defend a Vladimiro Fernndez Tovar. Ellos no tenan experiencia en consejos de guerra con penas de muerte; yo tena poca, porque haba participado en pocos consejos de guerra con pena de muerte, pero tena alguna experiencia. El PCE haba dado la consigna de que ningn abogado de su mbito participara en los juicios del FRAP. Se quiso contar con ellos, pero se negaron. Eso sent mal, porque no era un problema de partidos polticos, sino de un juicio farsa mediante el cual se iba a asesinar a unas personas.

- Un anlisis atento a la cronologa de las medidas excarcelatorias de presos polticos aplicadas por el segundo gobierno de la monarqua muestra que fueron precedidas de fuertes movilizaciones, que, en 1977, se limitaban ya prcticamente al Pas Vasco. El 14 de julio, el Grupo Comunista present en el Congreso dos proposiciones de amnista total, pero UCD no mostr disposicin a negociar ley de amnista alguna hasta el 14 de septiembre, despus de la masiva Marcha por la Libertad que recorri el Pas Vasco entre el 10 de julio y el 28 de agosto, y de las grandes manifestaciones de principios de septiembre en las cuatro capitales vascas y que parecan sealar que el movimiento pro amnista podra desbordar a los partidos parlamentarios que haban obtenido mayor representacin en las elecciones del 15 de junio (PSOE y PNV).

- S. Aqu, la lucha por la amnista, que es fundamental, fue arrancando libertades de presos, que el rgimen encubra con la vestimenta de indulto, amnista o extraamientos. El rgimen, cuando no tena ms remedio, soltaba presos y le daba la apariencia de una concesin graciosa. Son cinco las veces que sac a presos vascos, unas con la palabra de amnista, y otras con las palabras indulto o extraamiento. Desde el punto de vista del movimiento popular, poda llamarles como quisiera. Cada vez que haba una salida, inicialmente disminua la presin popular; nos alegrbamos, se reciba a los presos con charangas y aplausos en lugares pblicos. Pero, una vez que se haban celebrado las fiestas que haba que celebrar, como homenaje a los que salan y de congratulacin del propio pueblo por el triunfo parcial conseguido con estas salidas, se vea que segua habiendo presos, que no se haba obtenido aquello que se reivindicaba. Y se volva a la lucha. Fraga Iribarne, despus del primer indulto, dijo que no iba a haber ms, y cay. Y, como consecuencia de la lucha, volvi a haber ms indultos o amnistas limitadas. Y lo mismo ocurri con la que en octubre de 1977 negociaron los partidos que estaban en las Cortes. La postura popular fue la misma: llmenle ustedes como quieran, pero sabemos que estos presos han salido porque lo hemos arrancado. Sobre la amnista de octubre de 1977, los parlamentarios decan que era total para Euskadi (ya hemos cerrado el tema de la amnista), mientras que los presos polticos que salan de la crcel decan que no lo era. La lucha por la amnista sigui, pero ya haba una serie de partidos que estaban en otra onda, y eso tiene repercusin, sobre todo en el relato que se est haciendo hoy en da, que se est ocultando que esta amnista, desde el primer momento, dijimos que no era la amnista por la que luchaba el pueblo vasco. Por ejemplo, la Ley dice que quedan amnistiados los actos de lucha por las libertades pblicas o por la reivindicacin de autonomas. Y aqu haba un sector que no haba luchado por la autonoma, sino por la independencia. Lo que pasa es que, como siguieron las manifestaciones y las movilizaciones, en la prctica la Ley fue desbordada y se le fue dando una interpretacin, en el caso de los vascos, que hizo que el 9 de diciembre hubiera salido el ltimo preso independentista, Francisco Aldanondo. La Ley se haba publicado el 17 de octubre. Tuvieron que pasar casi dos meses de lucha en la calle, enfrentamientos, denuncias y violencia. Quedaron casos de anarquistas, etc., que tardaron ms. La Ley dice que hay que aplicar la amnista caso por caso, bien el juez de oficio o bien a peticin de la defensa o del fiscal. Hubo casos concretos, sobre todo de espaoles el FRAP y este tipo de casos, en que tuvo que pedirla el abogado defensor, pero con los vascos se actu ms de oficio. Yo denunci que no inclua a las mujeres presas por haber dispuesto libremente de su cuerpo ni la amnista laboral (aunque aparentemente lo hiciera). La amnista laboral de la ley de 15 de octubre de 1977 inclua la prdida del puesto de trabajo como sancin o como consecuencia del juicio o de la pena, pero no la situacin de las personas que haban huido al extranjero porque la polica haba ido a su domicilio a detenerlas (lo que habra supuesto tortura y, luego, procesamiento en el TOP o consejo de guerra). Cuando se dict esta ley, no se les permiti recuperar el puesto de trabajo, a pesar de probar judicial o extrajudicialmente que haban faltado por haber tenido que exiliarse porque haban ido a detenerles.

- En artculos publicados en la prensa de la poca, vinculabas la amnista al cambio poltico. El concepto de amnista en las ideologas del antifranquismo era harto diverso. Por una parte, el PCE y el PNV la vinculaban a la reconciliacin, mientras que el movimiento popular vasco lo haca a cambios estructurales que incluyeran la eliminacin de las causas polticas que haban llevado a los presos a la crcel, la depuracin de responsabilidades por la represin franquista, la disolucin de los cuerpos represivos del rgimen y la derogacin de los preceptos del Cdigo Penal contrarios al ejercicio de la libertad sexual y de los derechos reproductivos.

- Ninguna de las amnistas anteriores a la muerte de Franco de las que yo he tenido conocimiento a travs del estudio histrico ha sido producto de una reconciliacin, sino de un cambio radical de rgimen. Tanto las amnistas histricas espaolas como la ms reciente de Portugal han sido una conquista en que la amnista supona tambin la conquista de un rgimen poltico. En Euskadi, no creo que llegase a haber una definicin comn de todas las gestoras pro amnista sobre el objeto de la amnista por la que luchaban. Pero lo que s era unnime era la salida de los presos y un cambio de la situacin poltica para que no volvieran a entrar. Este movimiento popular nunca asumi aquellas salidas de presos como amnistas. Un eslogan era Amnistia ez da negoziatzen, 'la amnista no se negocia'. Nunca se negoci, negociaron partidos entre s lo que ellos quisieron, pero lo que sacaron (la ley llamada de amnista) se denunci, sin poner el nombre de ley de punto final del rgimen, como una autoamnista que se daba el rgimen franquista, y que no era la amnista por la que estaba luchando el pueblo y por la que se siguieron arrancando presos. Y eso se ha ocultado y se sigue ocultando, e incluso por partidos que estn en la oposicin.

- La aplicacin de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnista, a los presos polticos vascos dividi a las propias Comisiones Gestoras Pro Amnista, que haban sido la principal estructura de movilizacin a este respecto.

- No puede hablarse de divisin. En 1976, se cre la gestora que luego se llam de los ilustres. Vinieron a mi despacho dos ex presos: uno del Movimiento Comunista (MC) y otro que, cuando yo lo haba defendido, tena relacin con ETA, pero que en ese momento era de LCR-ETA VI. Tenan la idea de crear una gestora pro amnista muy amplia, que abarcara a todas las ideologas posibles de la oposicin, con gente importante, que le diera nombre, y ex presos y gente popular que currase. Fuimos a ver a la ta de Eduardo Moreno Pertur (de ETApm, que estaba exiliado) y le planteamos la idea. Ella la transmiti a donde crea que haba que transmitirla. Se contact con gente del PNV, del PC, etc. Recuerdo sus nombres. Los respectivos partidos, de alguna forma, apoyaron el tema, o no lo boicotearon. Luego se busc a Chillida, a Flix Soto, que, siendo entrenador de un equipo de baloncesto, haba dicho por la radio libertad para los presos!. Tambin estaba Gabriel Celaya. Convocbamos manifestaciones, pero bamos cuatro gatos, a pesar del trabajo que hacan los ex presos. A algn ex preso se le ocurri la idea de crear las gestoras de pueblos y de barrios, con un funcionamiento autnomo, popular, pero haba una coordinadora, de la que formaba parte un representante de cada gestora de pueblo o de barrio, que acuda a las reuniones con los acuerdos tomados en su respectiva gestora. Estas gestoras tuvieron una fuerza impresionante, las manifestaciones fueron enormes. Cuando sali Aldanondo, Bandrs consigui la disolucin de la gestora inicial, la de los ilustres. Al da siguiente, dimos una rueda de prensa en la que estaba Aldanondo, el coordinador de las Gestoras pro amnista de Guipzcoa y Flix Soto. Dijimos que se haba disuelto la gestora de ilustres, pero que las de pueblos y barrios, no. La gestora de los ilustres ya no pintaba nada. Las grandes movilizaciones haban sido organizadas por las de pueblos y barrios. Las Gestoras seguan y la lucha por la amnista segua con total unanimidad.

- Tienes tambin una larga experiencia en procesos juzgados en la Audiencia Nacional (AN), rgano sucesor del TOP.

- Mitterrand llevaba en su programa la disolucin de la Cour de Sret de l'tat y, cuando gan las elecciones, la disolvi. Aqu, en cambio, en ninguna campaa electoral, ningn partido ha llevado en su programa la disolucin de la AN. Me parece muy bien que se lleven del mausoleo los restos de Franco. Pero los restos de Franco tienen mucho menos inters que su hijo (predilecto?) superviviente: la AN. La AN se cre de acuerdo con y en ejecucin de una ley franquista: la Ley de Bases de la Justicia de 1974. El decreto que constituye la AN reproduce frases literales de la Ley de Bases de la Justicia de 1974. La AN no es un tribunal de jueces naturales, el juez del lugar en que ha ocurrido el delito, que es donde ste se debe juzgar, segn la sexta enmienda de la Constitucin americana y en todo rgimen jurdico que se considere estado de derecho y en el derecho histrico vasco. Adems de los costes adicionales que supone para procesados, testigos, peritos y abogados el tener que desplazarse a Madrid, la vulneracin del derecho al juez natural aumenta las dificultades para la investigacin directa de los hechos y la dependencia excesiva de las fuentes policiales. Se utilizan como pruebas periciales informes de la Guardia Civil y de la polica espaola. La AN es el tribunal en que abundan ms los jueces con ideologa ms derechista. Adems, tiene un efecto llamada: los jueces ms radicales de la derecha piden ir ah, para actuar como jueces en lucha. Un juez no puede juzgar como juez en lucha, porque pierde la ponderacin, el equilibrio, la serenidad y la ecuanimidad imprescindibles en la funcin judicial. Se ha visto a menudo, como en el juicio Bateragune, cuando se les han escapado expresiones por las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a Espaa. Hay algunos jueces que se salvan muy pocos, pero es muy difcil que compongan la Sala que juzga. Como la mayora de los jueces son de ideologa derechista muy radical, es muy difcil que, cuando se forma la Sala de tres magistrados que van a juzgar, coincidan dos de los escasos jueces que tienen una ideologa ms liberal o progresiva o, cuando son Salas de cinco magistrados, que coincidan tres.

- Un motivo de vulneraciones graves del derecho a la defensa tiene que ver con la atribucin a la AN de la competencia para juzgar a personas acusadas de terrorismo que, en la AN, es un verdadero crculo concntrico cuando los acusados son vascohablantes y parte de la documentacin utilizada en el juicio est escrita en euskera. Ms all de la prdida de matices que implica el recurso a intrpretes y traducciones, se han documentado verdaderas manipulaciones por parte de traductores e intrpretes en el ejercicio de su tarea, donde confluyen la inepcia y la intencin incriminatoria. Aunque la legislacin procesal espaola y los tratados internacionales de derechos humanos reconocen el derecho de los acusados y testigos a declarar en su lengua, con la asistencia, si es preciso, de un intrprete, la Ley de enjuiciamiento criminal espaola permite que cualquier persona que diga saber el idioma en cuestin pueda intepretar, sin necesidad de acreditar conocimientos especializados. De modo que la vulneracin del principio del juez natural implica tambin la lesin del derecho a un juicio con garantas, tambin por motivos lingsticos, y la vulneracin de los derechos lingsticos.

- El traductor, en un tribunal, igual que un mdico forense, es un perito judicial y, en la AN o en cualquier tribunal, son nombrados por ste. Las defensas no tenemos derecho a intervenir en la seleccin de los traductores. Tengo una ancdota de un acusado de Bermeo en la AN. Cuando, muy democrticamente, el presidente le pregunt si quera un intrprete, el acusado le contest, en castellano: Un intrprete, yo? Para qu? Yo a ustedes les entiendo muy bien. Ahora: yo, a partir de ahora, voy a hablar en euskera, usted ver si quiere intrprete.... Ms all de la ancdota, el intrprete es una falta de garantas.

- Entre los numerossimos juicios que ha habido en Espaa por delitos de opinin, hubo uno que te afect directamente y concluy con una condena del TEDH al Reino de Espaa.

- Tuve dos juicios ante la jurisdiccin comn en materia de opinin. En 1979, siendo senador, escrib un artculo en Punto y Hora en que denunciaba una serie larga de muertes cometidas por los aparatos policiales (Germn Rodrguez, Joseba Barandiaran...) o en connivencia con stos y que los responsables eran los aparatos del Estado y el Gobierno, entonces de la UCD. El fiscal general del Estado, el falangista Fanjul Sedeo, formul querella contra m. El Senado concedi el suplicatorio (la UCD tena mayora absoluta). Ah planteamos una cuestin muy interesante: la recusacin de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), porque uno de ellos (Hijas Palacios) haba presidido el TOP. Otro haba sido director general de Prensa con Franco. Un artculo de opinin lo iba a juzgar quien, como director general de Prensa, haba ejercido la censura y perseguido la libertad de expresin, de prensa y de pensamiento? Otro magistrado haba luchando con el ejrcito nazi en la Divisin Azul. Y ellos y el resto de los magistrados haban estado aprobando las sentencias que llegaban del TOP, que condenaban a gente por ejercer el derecho fundamental a pertenecer a un sindicato o a un partido poltico o escribir un folleto sin pie de imprenta o sin permiso de la autoridad. Planteamos su recusacin, y el Pleno de magistrados del TS dijo lo mismo que cuando recusamos, por lo mismo, a los magistrados del TS del juicio por cantar el Eusko gudariak ante el rey de Espaa en las Juntas Generales de Bizkaia, en Gernika. Rechazando las recusaciones, el Pleno del TS vino a decir: Estos jueces no ponan nuestros compaeros se han limitado a aplicar la ley vigente en el momento en que se celebraban los juicios, en vida de Franco, y sa es la funcin de todo juez. Conforme a eso, los juicios que hubo en Alemania contra los jueces nazis y en Italia contra los jueces del fascismo fueron un error. La justicia de Espaa es diferente. Mi juicio por el artculo de Punto y Hora lleg al TEDH, que conden a Espaa por la sentencia del TS que, vulnerando la libertad de expresin, me haba condenado, y el del canto en Gernika pas al Tribunal Constitucional, que revoc la sentencia condenatoria. El juicio se volvi a celebrar y, en el segundo juicio, se nos absolvi.

- Todo esto que cuentas sobre los juicios y los jueces del franquismo y la Ley 46/1977, qu relacin tiene con la situacin poltica actual?

- Todo casa. El Pleno referido del TS, respaldando la conducta de los jueces del TOP, las Cortes espaolas aprobando la ley denominada de amnista, la sustitucin del TOP por la AN, conforme a la franquista Ley de Bases de la Justicia de 1974, etc., todo esto concuerda con lo que ha sido la transicin consensuada con el franquismo. El rgimen poltico vigente, llamado, por razn de la Constitucin, rgimen del 78, no rompe con el franquismo, sino que consensa con l. Se mantuvo y ascendi a sus jueces, se mantuvo y dio cargos de confianza a la polica franquista (Ballesteros, Martnez Torres, etc.), se encubrieron torturas polticas, se autoriz y facilit al franquismo la constitucin de partidos polticos con sus lderes institucionales (Surez, Fraga Iribarne, Rodolfo Martn Villa...), la corrupcin, inherente al franquismo, se democratiz y punto. Los cuarenta aos de drstica limpieza ideolgica en vida de Franco, sin que a la muerte de Franco se hubiera impuesto la ruptura democrtica con el rgimen franquista, pesan, p. ej., en la ideologa de un extenso sector del censo electoral. Cuarenta aos de limpieza ideolgica ms transicin consensuada son parte de los factores a tener en cuenta para entender, entre otros particulares, la fuerza que, todava en la actualidad, mantienen los partidos provenientes del franquismo.

- El gran juicio poltico de los ltimos meses ha sido la causa especial 20907/2017.

- El rgimen del 78 tiene obvias diferencias con el rgimen franquista, pero en algunos temas, p. ej., la Espaa una, no ha cambiado; han cambiado los medios, pero no el objetivo final ni la falta de garantas. En el juicio del procs, al ser un juicio poltico, se mezcla lo jurdico con lo poltico. Cada juicio poltico es muy distinto, pero cada uno es un eslabn de una cadena contra una ideologa concreta en una coyuntura concreta. En el juicio del procs, hay elementos interesantsimos, nuevos, con los que estoy aprendiendo. P. ej., el tema de que se emita en directo por televisin. En los juicios en que he intervenido, siempre he visto que el presidente del tribunal deca a la prensa saquen las fotografas o filmaciones antes de que empiece el juicio y antes vamos a ver si los acusados, los letrados y las dems intervinientes estn de acuerdo en que salga su imagen. Si estaban de acuerdo, aparecan sus imgenes, tomadas antes de iniciarse el juicio oral. En el Estado espaol, nunca se haba permitido a los periodistas que sacaran fotografas en el transcurso del juicio, porque, segn los tribunales, alteran su desarrollo, distraen, etc. Conforme a mi experiencia, en ningn juicio espaol se ha permitido la retransmisin en directo. Pero en este caso, s. No hay ninguna razn jurdica para ese cambio, pero s la hay poltica: incidir en la campaa internacional que desarrollan las embajadas y medios del Gobierno espaol sobre la cuestin catalana; que en el extranjero crean que aqu hay plenas garantas judiciales. Se trata de ganar la batalla de la opinin pblica, fuera y tambin dentro del Estado espaol. Pero, adems de otras vulneraciones de principios y derechos fundamentales denunciadas por los abogados, la cobertura televisiva no ha sido imparcial. Por una parte, en la grabacin originaria emitida por la pgina web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ―a partir de la cual las televisiones efectuaban sus retransmisiones―, se ha utilizado tendenciosamente la seleccin de los enfoques, planos y tomas. Y por otra parte, una cosa es cmo sala en la pgina web del CGPJ y otra cmo lo daban Noticias 24 Horas y los dems canales de televisin. En la web del CGPJ no salen comentarios, pero cuntas personas han visto el juicio a travs de la pgina web? Casi ninguna, profesionales del periodismo, y no todos. La mayor parte de la gente que lo ha visto en directo, lo ha visto en Noticias 24 Horas, donde se han censurado trozos y se han intercalado comentarios. Y el comentario es definitivo. Con lo cual, es falso que lo hayan emitido en directo por motivo de transparencia. Las retransmisiones televisivas de sesiones ha sido un instrumento poltico ms no jurdico; en el juicio del procs, el manejo de los polticos ha sido frecuente.

- Cmo valoras las diversas estrategias llevadas a cabo por las defensas? Se han visto dos lneas claramente diferenciadas...

- Un juicio puede ser, formalmente, de connivencia y, en el fondo, de ruptura. Se pueden estar utilizando los instrumentos jurdicos del sistema constantemente y hasta el final, pero, en el fondo, estar creando ante la opinin pblica una situacin de enfrentamiento con el derecho que aplica el tribunal, con el propio tribunal y con el rgimen, que utiliza polticamente el juicio. En el juicio del procs, era imposible un juicio de ruptura clsico a lo Jacques Vergs (de forma y fondo), porque no haba ideologas ni voluntad dominantes para hacerlo. Entre los acusados hay ms de dos ideologas divergentes, y quizs ms de tres. Y cada ideologa ha influido en la postura rupturista o de connivencia, tanto formalmente como en el fondo. Y ha habido distintos abogados. Son muy distintas las posturas de Cuixart y de Forcadell. Cuixart, con unas u otras palabras, dice, como dijeron los del proceso de Burgos de 1970: A m, no me importa la pena que me pongan; yo lo que quiero es que se respeten estos derechos y estos otros. ste es un planteamiento tpico de los juicios de ruptura. Forcadell, defendiendo la democracia parlamentaria, viene a decir: ustedes, si tienen un parlamento, tienen que dejar parlamentar, y, si no, no hay ni parlamento ni democracia. Pero el rgimen los ha unificado en el mismo juicio. ste es uno de los datos importantes de este juicio. De cara al rgimen, ambos tienen un rupturismo de fondo, ms en el caso de Cuixart y su equipo de abogados. En algunos letrados, ha habido connivencia absoluta (alguno ha dicho que este juicio es igual que los de alcoholemia), tanto en la forma como en el fondo, pero, en los acusados incluso, en algn caso, por encima del propio abogado, ha predominado una ruptura de fondo, que ha conectado con un amplio sector popular, que ha salido a la calle, con incidencia en las instituciones catalanas.

- Para concluir: hemos hablado de las movilizaciones pro amnista de los aos setenta que arrancaron al gobierno de la monarqua liberaciones de presos polticos y de los lmites de esas medidas. Qu salidas ves para los presos y procesados polticos vascos actuales?

- Es urgente que salgan los presos enfermos y, por supuesto, estoy en contra de la dispersin, pero todo eso es compatible con reivindicar la amnista total, que, en estos momentos, la izquierda abertzale creo ojal me equivoque que no est manteniendo. La amnista tena mucha fuerza popular. Y conecta con sentimientos y aspiraciones profundos y universales; ahora es difcil volver a ella. He escrito ms de un artculo en que reivindico, como abogado, la amnista total. Porque no ha sido promulgada. Como ya he dicho contestando a otras preguntas sobre la AN, los presos condenados por la AN no han sido juzgados con las debidas garantas. Se les ha juzgado aplicando una legislacin regresiva, de excepcin y no democrtica, bajo un sistema de dispersin, durante todo el trmite de la instruccin se les ha tenido en crceles lejansimas. Cmo voy a poder defenderlos bien, si no los puedo juntar, hacerles preguntas? Para poder llevar mnimamente bien un asunto as, tendramos que tener al preso en crceles prximas al lugar donde han ocurrido los hechos y a nuestros despachos, como ocurre con los dems presos (los llamados presos comunes). Habra que reivindicar la disolucin de la AN, la derogacin de la legislacin especial y, como consecuencia lgica y necesaria, la amnista. Habra que reivindicar la amnista para los presos de motivacin poltica, tanto catalanes como vascos. Dicen que Constitucin ha prohibido la amnista, pero eso no es verdad; prohbe el indulto general (art. 62.i), pero entre indulto general y amnista hay una diferencia que los juristas solemos resaltar: el indulto es una gracia del jefe del Estado, requiere la existencia de una sentencia condenatoria firme, y la amnista, habitualmente, la da un rgano legislativo, puede ser por razones de justicia o por razones polticas. La Ley de enjuiciamiento criminal, en las cuestiones de previo pronunciamiento (que se pueden plantear antes del juicio oral), sigue hablando del indulto y la amnista como de algo vigente (art. 666.4). El indulto se puede aplicar, porque sigue existiendo el indulto parcial, y la amnista, tambin, porque no est prohibida.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/en-el-juicio-del-proces-el-manejo-de-los-instrumentos-politicos-ha-sido-frecuente-entrevista 



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