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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-10-2019

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra tres trabajadores por atentado contra la autoridad durante una protesta en el Congreso
El caso Alcoa reaviva el debate sobre la persecucin sindical

Sara Montero
Cuarto Poder

Los sindicatos reivindican la derogacin del artculo 315.3 del Cdigo Penal y de la Ley Mordaza


La semana pasada los sindicatos informaban: el juzgado de Instruccin n 25 de Madrid abra diligencias previas por un delito de atentado contra la autoridad contra el secretario general de CCOO de Industria de Galicia y tres trabajadores de Alcoa de A Corua. La noticia salt al panorama nacional despus de que los medios publicasen que la jueza pretenda citar como imputados a los diputados de Unidas Podemos, Yolanda Daz, Antn Gmez-Reino, Rafa Mayoral, que no han llegado a recibir la notificacin. Sin embargo, este caso ha servido para que los sindicatos critiquen la "criminalizacin de la protesta" y vuelvan a pedir la derogacin del artculo 315.3 del Cdigo Penal y el fin de la Ley Mordaza.

Las diligencias de Alcoa remiten al 28 de marzo, cuando los trabajadores acudieron a protestar a las puertas del Congreso de los Diputados pidiendo medidas que evitasen la prdida de puestos de trabajo. CCOO alega que " de forma pacfica exigieron al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos y fueron vctimas de una carga policial". El pasado 24 de septiembre, unas 200 personas se concentraron ante los juzgados de A Corua en apoyo a los procesados, tal y como narra la crnica de EFE. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que el procesamiento de los de Alcoa no es un hecho aislado y que hay ms instrumentos por los que, durante los ltimos 10 aos, se ha "criminalizado" la accin sindical.

"El caso de Alcoa no es una excepcin. Desde la activacin y aplicacin del artculo 315.3 se han intentado convertir las movilizaciones laborales en atentados al orden pblico", explica Jos Manuel Casado, responsable de Poltica Industrial de CCOO de Industria. Los casos pueden ir desde multas administrativas a penas de crcel. El Cdigo Penal reserva para aquellos que "coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga" una pena de prisin que puede ir de un ao y nueve meses de prisin hasta tres aos o con pena de multa de 18 a 24 meses.

El veterano abogado laboralista Manuel de la Rocha, que pertenece a UGT, y fue uno de los que llev la defensa de "los dos de la plaza de la Lealtad", dos sindicalistas que el 29 de marzo de 2012 participaron en un piquete y a los que la Fiscala pidi hasta siete aos de crcel.

Finalmente, salieron absueltos del delito 315.3 y la condena se qued en resistencia (no atentado) a la autoridad: "Este artculo no se sola aplicar hasta 2011. Con las reformas del PP se empezaron a hacer huelgas generales, sectoriales y de empresa y los fiscales empezaron a acusar a los sindicalistas", recuerda el veterano defensor.

Durante esos aos, se abrieron centenares de procesos contra trabajadores y sindicalistas. Muchos acabaron en absolucin, otros en multa y pocos en crcel. Por eso, Rocha cree que el principal fin de estas acusaciones era la disuasin: "El mensaje era 'ojo con lo que hacis porque hay penas de crcel altas".

Aunque muchas veces acaben en archivo, en ocasiones los procesos se expanden en el tiempo, especialmente, aquellos que tienen carga penal. Los protagonistas se desgastan y las familias sufren. El caso de "Los ocho de Airbus" fue paradigmtico. La Fiscala peda un total de 66 aos de crcel por unos incidentes que tuvieron lugar en la huelga general de 2010, cuando an haba un gobierno socialista.

Jos Alczar fue uno de los ocho de Airbus. Hoy est jubilado. "Es verdad que peleamos. Hubo una movilizacin muy grande" recuerda. A ellos les absolvieron por falta de pruebas, pero se lamenta al recordar algo que va mucho ms all de su caso y que les transciende: "Vuelve a ocurrir algo que es lamentable, los partidos polticos no han sido capaces de modificar la ley".

Muy lejos han quedado las cientos de causas que se abrieron con las huelgas generales de 2010 y 2012 y la conflictividad social de los aos ms duros de los recortes, pero el artculo 315.3 sigue en el Cdigo Penal como una espada de Damocles sobre la cabeza del derecho a huelga: "La gente piensa que esto ya se ha acabado y no".

Adems de abogado laboralista, De la Rocha es un histrico poltico del PSOE. Durante la primera legislatura de Rajoy (de 2011 a 2016) defendi en varias ocasiones la derogacin del 313.5. Tras tres aos de convulsin poltica, an no se ha logrado deshilar ni esta tipificacin ni la Ley de Seguridad Ciudadana, apodada "ley Mordaza", que supone " una restriccin muy dura al ejercicio del derecho de manifestacin", tal y como la describe Manuel De la Rocha: "No hay democracia sin derecho a huelga".

Fuente: http://www.cuartopoder.es/espana/2019/10/02/el-caso-alcoa-reaviva-el-debate-sobre-la-persecucion-sindical/



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