Portada :: Economa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-10-2019

Situacin de la responsabilidad de las empresas multinacionales y los derechos humanos, incluyendo el boicot

Santiago Gonzlez Vallejo
Rebelin


Introduccin

Las empresas multinacionales, que actan en jurisdicciones y soberanas varias, tienen que respetar y cumplir las normas all donde actan. Eso puede determinar comportamientos nada homogneos en su gerencia y de sus accionistas, responsables, no lo olvidemos, de las actuaciones de las empresas.

Ya, a priori, los inversores, a la hora delocalizar sus actividades, continuamente estudian toda clase de ingenieras fiscales y sociolaborales, as como las restricciones legales de calidad de sus productos, con el objetivo de minimizar costes y maximizar beneficios. An ms, subastan continuamente esas posibles localizaciones de inversin vase la determinacin del lugar de fabricacin de un modelo de vehculo, o la ubicacin de centros logsticas de compaas areas-ya no slo entre pases sino tambin entre las plantas o bases de su misma empresa con diferentes entornos, para que trabajadores y autoridades locales flexibilicen sus condiciones laborales o realicen, a cargo de los contribuyentes, inversiones complementarias a las prometidas por ellas.

Las decisiones de los directivos y accionistas de esas empresas multinacionales abarcan un amplio abanico, lo que implica desde una gran responsabilidad con trabajadores y sociedad, contribuyendo con sus innovaciones al enriquecimiento colectivo, hasta la planificacin de la rapia y el trabajo forzado. Por lo tanto, es preciso buscar marcos normativos que impidan y sancionen los peores comportamientos y malas prcticas. Y que estos marcos sean aceptados de forma multilateral e intersectorial.

Las legislaciones nacionales responden a la evolucin y desarrollo histrico de sus sociedades. Pero, la globalizacin y la competencia sobrevenida han impuesto una presin a la baja,las ms de las veces, de las normas nacionales. Es de conocimiento comn que la globalizacin que tenemos la fabricacin o prestacin de servicios por parte de empresas que tienen sus centros productivos y de decisin en diversos pases y que comercializan en muchos otros- ha desdibujado la capacidad fiscal soberana de los pases por medio de contabilidades creativas precios de transferencia, gastos de investigacin y desarrollo, etc.- y han desarrollado estrategias onerosas,utilizando los convenios de doble imposicin fomentados desde la OCDE, el club de pases occidentales ms ricos.

Nos encontramos con un apoyo estructural a los parasos fiscales por parte de las multinacionales y de los gobiernos de dichos pases, y con la complicidad de los gobiernos de los pases donde se encuentran esas sedes de las empresas y los principales accionistas de esas multinacionales. Una evidente colusin de intereses.

Adems, del iceberg de la elusin fiscal de las multinacionales, trabajada por gerencias, accionistas, despachos de abogados y gobiernos, hay ms afectaciones al bien comn y que generan discriminaciones.

Volkswagen hizo trampas. Fue sancionada por Estados Unidos y la propia Alemania. Pero no en Espaa, donde fabrica sus vehculos. Tuvo que sufragar las inspecciones de los vehculos afectados vendidos, pero no pag una multa universalni proporcional para cada usuario o Estado concernido.

Google, Apple o Uber o Starbucks no pagan los impuestos que generan sus beneficios en los pases donde se desarrollan sus ventas. De hecho, se desconoce si pagan impuestos en algn pas sus beneficios. La peticin de la Comisaria Europea de la Competencia para que Apple pague a Irlanda (y que otros pases reclamen su parte) todava no ha logrado el xito deseable, pero, mientras tanto, los dficits presupuestarios de las arcas de los pases sobre los que se ha ejercido la elusin fiscal siguen sin resolverse para escarnio de las empresas nacionales y ciudadana afectada.

Esas malas prcticas de las multinacionales son de varios tipos y mbitos, ms all del plano fiscal. Lo habitual es que no existan las mismas condiciones sociales y salariales en todos los centros productivos. Ya no es slo la diferencia de valor de las monedas entre unos pases y otros la que dibujara los distintos tratos entre unos centros y otros. Se ampla a mbitos que s se podran igualar: la seguridad e higiene en el trabajo y las propias instalaciones, la formacin de los trabajadores, etc. Y tambin, a la oportunidad de gozar de derechos, o a la carencia de ellos, la libertad afiliativa sindical, la negociacin colectiva, etc.

Frente a todo esto, hay planteamientos normativos internacionales para corregirlos. Hay toda una panoplia de tratados y convenciones internacionales que establecen mnimos, criterios homogneos, etc. Pero lo relevante es su capacidad de pasar de las musas al teatro. Es decir, su capacidad ejecutiva, de establecer criterios que se respeten y, en su caso,de sancionar y de indemnizar a las vctimas.

 Instrumentos existentes

As, en positivo, tenemos en primer lugar, en funcin de su importancia, las Convenciones Fundamentales de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), organizacin centenaria nacida a finales de la Primera Guerra Mundial,y como frmula de atemperar insurgencias populares. [1] Actualmente, hay cerca de 200 convenios aprobados en la OIT con mucha disparidad en sus ratificaciones y cumplimientos. Todos los pases de la UE tienen suscritos los 8 convenios fundamentales [2] . No as otros importantes pases. Por ejemplo, los Estados Unidos, Japn, Singapur, Corea del Sur, Brasil o China no tienen suscritos todos esos convenios fundamentales de la OIT [3] ,siendo pases con los que, por ejemplo, la UEtiene importantes intereses, y en los que hay importantes sedes de empresas multinacionales, o que respaldan tratados de libre comercio e inversin con esa competencia desleal mercantil y moralmente. Ha habido sindicalistas presos en esos pases, falta de libertad sindical [4] Pero, para este documento lo relevante es sealar que existe un mecanismo de vigilancia de normas y exmenes tcnicos sobre el cumplimiento de los convenios que se hacen pblicos y que, por lo tanto, pueden aprobarse informes de vulneraciones graves de derechos laborales, con el estigma consiguiente para dicho pas y, en su caso, para las malas prcticas de determinadas empresas. Pero son estigmas, no multas ni sanciones a los gerentes o gobernantes. Esos informes y sealamientos de malas conductas gubernamentales son anuales, con unas limitaciones cuantitativas de pases, y se necesitan consensos tripartitos (gobiernos, patronales y sindicatos), pero en todo caso, ah estn y afectan a la imagen [5] .

La OIT ha creado un instrumento especfico, no puesto en prctica todava, que intenta revisar el comportamiento laboral de las multinacionales, la Declaracin Tripartita de Principiossobre las Empresas Multinacionalesy la Poltica Social, [6] y aboga en su prrafo 64y siguientes el acceso a mecanismos de reparacin y examen de reclamaciones [7] . Esperemos que sea fructfera su andadura.

Hay otro mecanismo internacional prctico para resolver y remediar malas prcticas, en el mbito de la aceptacin de mecanismos de mediacin y anterior al establecido por la OIT.Nos referimos al habilitado en los pases miembros de la OCDE, a travs de las Lneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, [8] que desarrollan los Puntos Nacionales de Contacto [9] .

Parte del hecho de que la empresa que presuntamente ha realizado alguna mala prcticaacepta voluntariamente revisar la denuncia presentada y, en su caso, remediar el dao causado. El motivo de esa actitud es que no afecte a su imagen corporativa.

Esto, en este mundo globalizado, sobre todo si la empresa multinacional es conocida por vender productos de consumo popular, tiene su importancia, y eso es lo que permite una cierta presin preventiva para que las empresas cuiden el buen hacer de sus filiales. Pero, puede ocurrir que la empresa afectada no quiera participar en ese arbitraje o que las reglas del mecanismo de mediacin impidan dar una mnima publicidad que es el instrumento de presin temido/odiado por las corporaciones-, con lo cual pierde todo efecto reparador y mitigador del dao presuntamente causado y elimina el efecto preventivo.

 Los contrarios a la soberana nacional

S, se ha ledo bien. Existen instrumentos jurdicos que recortan la capacidad nacional de mejorar la situacin de su ciudadana o por lo menos que son utilizados por las multinacionales para intentarlo. Hay Tratados de Inversin con clusulas que inciden en que, si existe una norma aprobada en un Estado que la empresa instalada en ese pas considere perjudicial para sus intereses, sta puede llevar ala Administracin no ante el tribunal ordinario correspondiente, sino que sea un arbitraje privado (ISDS) el que resuelva la disputa. Estos arbitrajes a cargo de despachos privados y que pueden tener sus correspondientes puertas giratorias, han sido utilizados por las multinacionales para intentar impedir publicidad anti-tabaco (Phillips Morris) en Uruguay, o subir el salario mnimo en Egipto, o reducir las subvenciones a la energa solar en Espaa [10] .

 Normas obligatorias

Ante una situacin en la que muchas de las empresas multinacionales no quieren tener una vigilancia sobre toda su cadena de valor, lo que provoca que peridicamente estallen escndalos al descubrirse el uso de trabajo infantil, forzado, esclavo o de explotacin dickensiana o la falta de derechos y la existencia de crmenes en determinadas producciones y empresas, los poderes pblicos se han visto impelidos por la opinin pblica, el consenso acadmico, los activistas de los derechos humanos y la presin sindical adisfrazar [11] o superar la llamada Responsabilidad Social Corporativa con alguna norma que obligue y sancione malas prcticas.

As, hay varias lneas de actuacin normativa

La primera, sera la denominada diligencia debida . Es la obligacin por parte de la empresa (muy grande, de momento) de trazar un mapa de riesgos de vulneracin de derechos laborales, sociales, ambientales en toda la empresa, incluyendo las filiales de otros pases. Ese deber de vigilancia permite, contemporneamente, reglar las frmulas de denuncia, reparar o mitigar los posibles daos que cause la empresa. La carga de la prueba de vigilar para que no haya vulneraciones corresponde a la empresa. De momento, slo la ley francesa est en vigor [12] , pero la OCDE ha desarrollado un manual [13] para su extensin a ms pases y en la propia Unin Europea parece que hay propuestas de generalizarla y ampliarla a una serie de empresas con unos criterios ms relajados que la norma francesa. Hay otras normas de diligencia debida, selectiva en relacin con un solo elemento, como la ley holandesa contra el trabajo infantil, pero hay una presin social para que, como decamos, se generalice la diligencia debida en el mbito, cuanto menos,de las multinacionales con sede en los pases de la UE y sus asociados.

Norma europea, fruto de una directiva, es la ley sobre informacin no financiera y diversidad [14] dentro de las memorias regladas que el consejo de administracin tiene que aportar a accionistas, administracin y pblico general. Esta informacin no contable se espera que sirva, adems de para prevenir malas prcticas, para crear una dinmica de mejora de las polticas de igualdad, de gnero, reduccin de la huella ecolgica y de cara a los propios trabajadores de las empresas.

Como se ve, se est creando todo un cuerpo jurdico en el que el consejo de administracin y la gerencia de las empresas se hacen responsables de sus decisiones, ms all de la persona jurdica de la empresa.

Todo el desarrollo del Cdigo Penal en el ao 2010 [15], para combatir la corrupcin y otros delitos, va en este sentido.

La plasmacin alicorta de la ley de la diligencia debida francesa, as como el superar el mbito de la RSC de las Lneas Directrices de la OCDE, y proponer por parte de este organismo que se desarrollo o acepte por parte de los Estados que la componennormas de diligencia debida desde un plano normativo, responden desde nuestro punto de vista, al rechazo de esos mismos estados de la posibilidad de que se plasme por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un tratado vinculante sobre multinacionales y respeto de los derechos humanos [16] . No quieren un tratado donde se establezca jerrquicamente el respeto a los derechos humanos por encima de leyes mercantiles y acuerdos comerciales y de inversin, con responsabilidades solidarias y personales, y quieren diluirlo con normas nacionales de menor relevancia.

En octubre de este ao 2019 se celebrar en Ginebra la discusin sobre un borrador articulado de tratado [17] y hay mucha expectativa y propuestas para su mejora [18] , para que ese tratado impulsado en su da por Ecuador y Sudfrica pueda plasmarse definitivamente y aprobarse.

 Criterios de seleccin de concursos pblicos y boicot

La nueva ley de contratos pblicos del sector pblico [19] permite baremar, bajo diferentes criterios, ms all del precio, unos componentes tanto en el pas como en sus filiales -por ejemplo, que no tengan filiales o relaciones en parasos fiscales-, que serviran para estimular mejores prcticas.

Tambin, la Confederacin Sindical Internacional est reclamando que las agencias de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, etc., valoren en sus inversiones y concursos el desarrollo del trabajo decente en sus plicas [20] .

Pero, mientras se plasman en normas de obligado cumplimiento y se universalizan las mismas, ante la falta de respeto de algunas empresas por los derechos humanos, diferentes entidades de muchos pases han considerado el boicot a alguna empresa como un instrumento pacfico y con la suficiente fuerza o testimonio como para hacer cambiar las posturas o malas prcticas de las direcciones de esas empresas.

Siempre ha habido llamadas al boicot. Suelen tener una dosis de planteamiento cvico frente a la colusin de la direccin de una empresa y los poderes pblicos. Tenemos ejemplos mltiples, desde el boicot de la poblacin negra a los autobuses de Montgomery tras el castigo a Rosa Parker por sentarse en una zona reservada por blancos, la huelga de tranvas en la Ciudad Condal durante el franquismo, etc., en un plano nacional, o el boicot a empresas que se han considerado cmplices del apartheid sudafricano, o que favorecen la ocupacin de Palestina o el Shara Occidental en el plano internacional.

En Espaa tenemos algunas sentencias tras la invasin de Irak por fuerzas estadounidenses en donde se considera el boicot o la huelga poltica o solidaria como parte de la libertad de expresin [21] .

En nuestro pas ya hay llamamientos al boicot de empresas israeles como Premier, sita en territorio palestino ocupado, que vende cosmticos, o a la empresa espaola Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril (CAF) por haber licitado y ganado un concurso de las autoridades israeles para ampliar el tren ligero, desde una Jerusaln ya parcialmente ocupada a las colonias de los alrededores, dado que vulnera las Convenciones de Ginebra y la Opinin Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el Muro que penetra en Cisjordania [22] .

El boicot es una respuesta ciudadana ante lo timorato o la complicidad de las autoridades pblicas a la hora de hacer respetar los derechos humanos, ante normas legales insuficientes o que de forma sistemtica se incumplen, como sera, en el caso israel, el artculo 2 del Acuerdo de Asociacin entre la UE y el propio Israel [23] ,que debiera en teora ocasionar la suspensin de dicho acuerdo si alguna de las partes vulnerase los derechos humanos. Es relevante sealar que, normativamente, la UE impone sanciones a Rusia por su actuacin conflictiva en Ucrania y que, siendo ms antigua la circunstancia de ocupacin de Israel de territorios sirios y palestinos, o de Marruecos sobre el Shara Occidental, no se les impongan sanciones, y que Francia, en concreto, prohba el boicot a Israel. La UE, desde nuestro punto de vista, tergiversa la sentencia Del Tribunal de Justicia Europeo en el caso del Sahara, [24] y hace caso omiso de los dictmenes de la Corte Internacional de Justicia [25] y de mltiples resoluciones internacionales en el caso de Israel.

 Resumen y conclusiones

En resumen, hay una evolucin de las normas legales sobre el comportamiento de las empresas y sus gerencias y accionistas, y sobre el respeto a los derechos humanos, sociales, ecolgicos y fiscales, que descansaban en la vigilancia interna del centro de produccin nacional y en la limitada soberana nacional, muchas veces sin capacidad extraterritorial de velar por el respeto de esas empresas ms all de su sede social- de normas internacionales en sus centros en otros pases, para pasar a otra que quiere extender y universalizar derechos. Pero, la intensidad es variable por temas, espacios econmicos afectados y capacidad de denunciar, investigar, enjuiciar y en su caso, sancionar.

En el caso fiscal, la elusin y el fraude fiscal de las multinacionales y accionistas (fondos de inversin), un asunto de mximo inters, es algo postergado continuamente por gobiernos abducidos por las corporaciones, aunque constituyen, eso s, eso s un tpico de las declaraciones de las reuniones internacionales. Y no olvidemos que la elusin fiscal supone mucho ms que la ayuda al desarrollo, remesas, y otras partidas econmicas para los pases en desarrollo, y que es un hndicap para la capacidad y suficiencia de todos los sistemas fiscales pblicos del mundo.

En la controversia unilateralismo-multilateralismo, parece efectivamente que los rectores de la Unin Europea van a extender en este mbito geogrficonormativas sobre la diligencia debida, la transparencia y criterios sociales, incluso con su reflejo en los cdigos penales, pero, en lo que respecta a tratados comerciales y de inversin y sus mecanismos de arbitrajes,se alinean con las corporaciones.

Por ltimo, hay una pugna entre la legalidad o no de los boicots cvicos a determinadas empresas por sus acciones en el interior o exterior de sus fronteras. Pero, desde nuestro punto de vista, el enfoque debiera recaer en si los poderes pblicos tienen una doble vara de medir para aplicar normas o no, en funcin de la capacidad de los lobbies corporativos o de otros gobiernos que estn paralizados por esos mismos intereses corporativos. De momento, de forma general, parece que la libertad de expresin que supone el boicot prima sobre otros criterios en la generalidad de los pases, ante la hipocresa de las razones de Estado y la indolencia para cumplir las normas existentes.

Notas:

[1] No se puede explicar este nacimiento y evolucin si no se contextualiza. Estamos pocos meses despus del final de la Primera Guerra Mundial, una guerra de reparto de poder, de mercados y de colonias. Han ganado algunos, como los Estados Unidos, que inician su hegemona, y otros han perdido. La revisin del por qu ha surgido la guerra y de la competencia entre naciones, en funcin de las horas y condiciones laborales, tambin entra en consideracin. La Iglesia Catlica ya haba dados algunos pasos adelante y atrs, con la RerumNovarum y sus alianzas con los poderosos de esta tierra. Pero tambin existe una alarma en la rbita capitalista por lo que ha ocurrido en Rusia en 1917, con la revolucin bolchevique y la eliminacin de la monarqua zarista, la promesa de emancipacin de los trabajadores rusos y la del resto de los trabajadores...

Esto es lo que puede explicar el nacimiento de las mejoras en el mundo del trabajo, unos mnimos de derechos, un piso de derechos laborales que cumpla esa economa liberal. De https://www.rebelion.org/noticia.php?id=257979

[2] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_095897.pdf

[3] https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11003:0::NO:::

Por poner un punto de comparacin, LOS Estados Unidos slo han ratificado 2 de los 8 convenios fundamentales de la OIT, y 12 de otro tipo, frente a los ratificados por Espaa, 8 de 8 fundamentales y 133 convenios, en total.

[4] https://www.ituc-csi.org/indice-global-de-los-derechos-de-2019

[5] https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/WCMS_643939/lang--es/index.htm

[6] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf

[7] Como parte de su deber de proteccin contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas, los gobiernos deberan adoptar medidas apropiadas para garantizar, por las vas judiciales, administrativas, legislativas u otras vas adecuadas, que cuando se produzcan esos abusos en su territorio o jurisdiccin todo trabajador o trabajadores afectados puedan acceder a mecanismos de reparacin eficaces.

[8] https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf

[9] http://www.comercio.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/punto-nacional-contacto-lineas-directrices/Paginas/punto-nacional-de-contacto-espanol.aspx

[10] https://isds.bilaterals.org/spip.php?q=egypt+minimun+wages&page=gsearch-en&lang=en

[11] http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Documents/170714%20PAN%20Empresas%20y%20Derechos%20Humanos.pdf

[12] https://observatoriorsc.org/francia-aprueba-la-ley-deber-vigilancia-las-empresas/

[13] http://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf

[14] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989

[15] https://elpais.com/elpais/2019/08/12/opinion/1565625358_224362.html

[16] https://www.rebelion.org/noticia.php?id=233321

[17] https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf

[18] https://www.stopcorporateimpunity.org/guarda-la-fecha-semana-de-movilizacion-de-los-pueblos-12-al-19-de-octubre-2019/?lang=es

[19] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902

[20] https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/declaracion.fmibm.1018.pdf

[21] https://www.nodo50.org/csca/agenda05/palestina/sentencia_8513-2004.pdf

y https://www.nodo50.org/csca/agenda05/iraq/tsj-cv_16-03-05.html

[22] http://rebelion.org/noticia.php?id=260609

[23] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-12599

Artculo 2.

Las relaciones entre las Partes, as como todas las disposiciones del presente Acuerdo, se fundamentan en el respeto de los principios democrticos y de los derechos humanos, que inspira sus polticas interiores y exteriores y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo.

[24] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199683&doclang=ES

[25] https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-es.pdf

Punto D de la Opinin Consultiva:

Todos los Estados tienen la obligacin de no reconocer la situacin ilegal resultante de la construccin del muro y de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de la situacin creada por dicha construccin; todos los Estados partes en el Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la proteccin debida a las personas civiles en tiempo de guerra de 12 de agosto de 1949, tienen adems la obligacin, dentro del respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, de hacer que Israel respete el derecho internacional humanitario incorporado en dicho Convenio;

Santiago Gonzlez Vallejo, economista. Comit de Solidaridad con la Causa rabe.  

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter