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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-10-2019

La sorpresa de octubre catalana antes de las elecciones del 10 de noviembre

ngel Ferrero y Daniel Escribano
El Salto

Calma tensa en Catalunya. A la espera de la sentencia sobre los hechos del Procs, se le suman las detenciones de nueve militantes de los CDR y los movimientos en clave electoral de las CUP.


Bajo Catalua, un volcn poltico. Entrar en erupcin? Permanecer dormido? Han adoptado las autoridades precauciones? El pas ha vivido estas ltimas semanas una situacin de calma tensa, en palabras de Daniel Ravents. A determinados medios de comunicacin les ha costado ocultar estos ltimos meses su jbilo ante el cansancio de una parte del independentismo y frustracin hacia sus partidos polticos, guardndose de mencionar, eso s, la represin ejercida en su contra. As, hicieron hincapi en la menor asistencia a la manifestacin del pasado 11-S, aunque ello suponga, como sealaba Ravents, aceptar que el ao pasado fue de un milln, cantidad muy reacia a ser reconocida por la misma prensa en su momento, del mismo modo que movilizar a 600.000 personas en una situacin nada eufrica como era la de aos anteriores no es una cantidad que se pueda despreciar.

La idea viene reforzada por el cambio de orientacin de sealados columnistas y profesionales de la tertulia, sin recordar que el mismo oportunismo que les llev a subirse al carro del independentismo les ha hecho bajar de l, y que, de girarse las tornas, intentarn regresar a ste, pisando las cabezas que haga falta y pidiendo un asiento en primera.

Represin preventiva

Septiembre termin con la detencin de nueve miembros de los CDR (Comit de Defensa de la Repblica). Segn los fragmentos que se han filtrado a determinados medios de un sumario declarado secreto, los acusados formaran parte de unos supuestos Equipos de Respuesta Tctica (ERT) que, aunque no conste que se les ha incautado armamento de ningn tipo, tendran como objetivo realizar actos de sabotaje durante el mes de octubre, en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la causa especial del procs, de la que, habida cuenta de las numerosas irregularidades del juicio y el mantenimiento de la prisin provisional para los encarcelados, las nicas dudas son los tipos penales por los que ser condenado cada procesado y la naturaleza de las penas.

Tambin se da por hecho que la sentencia se dictar antes del 14 de octubre, fecha en que se celebrar la vista en el Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE) sobre la cuestin prejudicial planteada por el propio TS espaol, a instancias de la defensa de Oriol Junqueras, en torno al momento de la inmunidad de los miembros electos del Parlamento Europeo y de si sta es aplicable a Junqueras, elegido eurodiputado por la candidatura Ahora Repblicas en las elecciones del pasado 26 de mayo. Al haber sentencia antes de la celebracin de la vista en el TJUE, el Supremo retirara la cuestin prejudicial planteada, arguyendo que ha decado su objeto, toda vez que ya existira una sentencia condenatoria firme que implica inhabilitacin para el ejercicio de cargo pblico. Con todo, el recorrido que esa maniobra pueda tener en la justicia europea est por ver.

La operacin contra los activistas de los CDR, en general, se ha entendido como una seal de aviso a futuras movilizaciones, pero, sobre todo, como un intento de vincular independentismo cataln a violencia, por cuanto el carcter pacfico de ste es lo que ms deslegitima en el mbito internacional la represin del Estado espaol. La Operacin Judas tambin se ha interpretado como un primer paso para facilitar la extradicin, con el cargo de terrorismo, de Carles Puigdemont. En una entrevista con Naci Digital, David Budria, uno de los detenidos, ha negado cualquier contacto con Puigdemont o con el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, como haban informado algunos medios de comunicacin.

Sin embargo, esta maniobra, como se ha sealado reiteradamente desde el equipo de defensa del president, carece de toda viabilidad jurdica, por cuanto, para que una orden europea de detencin y entrega entre Estados miembros de la UE prospere, no basta con que el nombre del tipo penal que un Estado miembro imputa a la persona cuya extradicin solicita coincida con alguno de los de la lista de delitos no sometidos al control de doble tipificacin establecida en la Decisin Marco del Consejo de Europa relativa a la orden de detencin europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, sino que es tambin necesario que los hechos que el Estado solicitante considera constitutivos del tipo lo sean tambin en la legislacin del Estado receptor de la peticin.

Y, a este respecto, la Administracin de justicia espaola puede calificar la convocatoria y organizacin de referenda, la realizacin de debates parlamentarios o la votacin de declaraciones o resoluciones en asambleas legislativas con los nombres de rebelin o terrorismo, pero mientras esos hechos no sean tipificados como delito en las legislaciones de los Estados requeridos, no habr extradicin basada en esos tipos penales, estn en la lista de la Decisin Marco o no.

Sin embargo, las delirantes acusaciones contra los detenidos de los CDR han servido de municin al flanco derecho del unionismo en Catalua contra el PSC, con el pretexto de la mocin de censura presentada en el Parlament por Ciutadans contra Quim Torra arguyendo la connivencia de su gobierno con los terroristas. Y es que, si bien el bloque unionista no sumaba los 68 diputados necesarios para que prosperara la mocin, por lo que su fracaso era sabido de antemano, la negativa del PSC a apoyarla ha servido a Ciutadans para agitar el espantajo de complicidad del PSC con el independentismo.

Horizonte 10-N

En EE UU, donde las elecciones presidenciales se celebran, como es sabido, el primer martes tras el 1 de noviembre, se da el nombre de sorpresa de octubre a un acontecimiento accidental o creado ad hoc por la maquinaria poltica de uno de los partidos capaz de influir en el resultado de los comicios. En Catalua y el conjunto del Reino de Espaa, a medida que se acerca la fecha de la publicacin de la sentencia, el termmetro poltico ha ido subiendo grados.

Pedro Snchez, tras abandonar toda retrica pretendidamente federalista y exigir al independentismo que condene una violencia que, en Catalua, slo ha procedido de los poderes centrales del Estado, ya ha declarado que su gobierno en funciones est dispuesto a aplicar, l tambin, el artculo 155 de la Constitucin o la Ley de Seguridad Nacional. Lo anunci el 29 de septiembre en la Fiesta de la Rosa en Gav y lo reiter en los das siguientes.

Que las Cortes que segn la letra de las normas a que apela deberan autorizar dicha aplicacin estn disueltas poco parece importar al Gobierno del Estado, puesto que parece contar con que el Tribunal Constitucional desestimar cualquier recurso que se interponga contra esas medidas, como ya ha ocurrido con el presentado contra la disolucin del Parlament y la usurpacin del Gobierno de la Generalitat por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, medidas no previstas en el artculo 155 y cuya inclusin en el precepto fue explcitamente rechazada durante el debate constituyente.

La retrica de Snchez del primero ley y luego dilogo primero era de ley y dilogo, pero, en cuestin de un da, el candidato socialista endureci su discurso tiene otro fin que no escapar a ningn observador atento: tender puentes hacia Ciudadanos para facilitar una coalicin socio-liberal, del gusto de la propia cpula socialista y, huelga decirlo, de los intereses econmicos espaoles y europeos.

No queremos humo ni simbolismo vaco, advirti el 6 de octubre en una entrevista con Europa Press desde la prisin el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Queremos ganar de manera definitiva. Segn Junqueras, su partido solo dar apoyo a aquellas propuestas que nos ayuden a avanzar de verdad hacia la repblica. No obstante, dichas proclamas se compadecen mal con determinadas declaraciones de alguno de sus representantes en el Congreso en que insinuaba la disposicin de su grupo parlamentario a permitir la investidura de Pedro Snchez mediante una abstencin, en caso de que el PSOE llegara a un acuerdo de investidura con Unidas Podemos. Sobre todo porque dicha predisposicin no iba acompaada de contrapartida alguna ms all de evitar el retorno de la derecha al poder.

El presidente de ERC tambin manifest su preferencia por un gobierno de concentracin tras la sentencia que incluyera a Catalunya En Com Podem y la Candidatura dUnitat Popular (CUP), si bien no precis cules deberan ser las tareas de dicho gobierno de concentracin y las propias fuerzas interpeladas no parecen estar dispuestas a entrar en ste.

En las elecciones del 10-N en Catalua habr una novedad: la CUP se presentar, por primera vez, a unas elecciones a las Cortes espaolas. Oficialmente, se alega como motivo el actual momento de excepcionalidad, pero es difcil ver actualmente mayor excepcionalidad que el 28 de abril. En realidad, las causas de fondo ms parecen apuntar a la constatacin del principio de que, en poltica, el espacio o lo ocupas o te lo ocupan. Dicho principio se ha podido apreciar en que las llamadas de la CUP a la abstencin en las elecciones a las Cortes espaolas slo hayan tenan como consecuencia el traslado de la mayora de sus votantes a otras formaciones independentistas o de izquierda fenmeno que el republicanismo norirlands, con mayor finura estratgica, combata presentndose a los comicios pero negndose a ocupar los escaos obtenidos en el Parlamento de Westminster y ni siquiera eran atendidas por importantes exdirigentes de la propia organizacin.

Tampoco parece ajena a la decisin de la organizacin la emergencia, en las elecciones del 28 de abril, de una candidatura independentista que se ubicaba a la izquierda de ERC (el Front Republic) y que, con el 2,74% de los votos, estuvo a punto de obtener representacin. Por otra parte, la concurrencia de la izquierda independentista a las elecciones a las Cortes espaolas podra contribuir a visibilizar la trabazn entre construccin de la Repblica catalana y el hundimiento del rgimen de la monarqua reinstaurada o, dicho de otro modo, entre independencia catalana y Repblica espaola, al tiempo que permitira mostrar la solidaridad de la izquierda independentista catalana con las clases populares del resto de naciones del Estado.

Con todo, huelga decir que el proceso no ha estado exento de polmica y que la decisin ha sido criticada desde las propias filas de la izquierda independentista. Sin embargo, ms que en ideologismos sobre marcos que no gustan y a los que, por ejemplo, es inmune la extrema derecha euroescptica en las elecciones al Parlamento Europeo, el debate de fondo en la CUP se ubica sobre todo en la priorizacin de la lnea institucional por encima del impulso de los movimientos sociales, y que le llev a decisiones mucho ms cuestionables como permitir la aprobacin, en 2017, de unos presupuestos que no revertan los recortes sociales aplicados desde 2010 ni se acompaaban de una reforma fiscal progresiva, y que tuvo como nica contrapartida la convocatoria de un referndum para cuya realizacin, como han apuntado en el juicio del procs las defensas de los acusados, finalmente no se destinaron recursos pblicos.

Y con el agravante de que esa decisin se tom evitando el pronunciamiento de la Asamblea Nacional de la organizacin, ante el convencimiento del Secretariado Nacional de que la Asamblea se habra pronunciado en sentido opuesto, toda vez que este rgano, en 2016, haba declarado roto el acuerdo que permiti la investidura de Carles Puigdemont, si ste se entenda como incompatible con una poltica de oposicin al govern, precisamente porque el objetivo estratgico de la organizacin era aumentar la base social del independentismo por la izquierda, imposible con el apoyo a un gobierno neoliberal.

En cualquier caso, una vez que la CUP originariamente, un conjunto de candidaturas independientes de mbito estrictamente municipal dio el salto a la poltica autonmica, el que ste se produjera tambin a las Cortes espaolas tena ms que ver con las posibilidades de xito de la candidatura por lo que, en las Illes Balears y el Pas Valenciano, mantiene su poltica de no presentar candidatura que con otra cosa. En este proceso de acentuacin de la dimensin institucional de la organizacin hay que destacar tambin la supresin de la prohibicin de repeticin de candidatos durante legislaturas que duren ms de dos aos, uno de los instrumentos que haba protegido a la organizacin de los hiperliderazgos y personalismos inherentes a las formas actuales de hacer poltica.

La respuesta a la sentencia

El gran tema en la coyuntura poltica catalana actual es la respuesta poltica y social a la sentencia del Supremo en la causa del procs. Por una parte, est en marcha la campaa Tsunami Democrtic, que cuenta con 60.000 seguidores en su canal de Telegram y 53.000 en Twitter en el momento de escribir estas lneas.

La pgina web fue registrada en julio en el Estado caribeo de Saint Kitts and Nevis, donde tambin se registraron otras pginas webs del movimiento independentista en el pasado, para evitar su intervencin por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como ocurri durante el referndum del uno de octubre. Esta iniciativa, de la que se desconocen organizadores y portavoces aunque cuenta con el apoyo de todos los partidos polticos independentistas, organizaciones de la sociedad civil como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), mnium Cultural y los CDR, ha pedido a sus seguidores que se preparen para un ciclo de movilizaciones que se prev largo.

Cunto durar Tsunami Democrtic? Ni una semana ni tres meses, durar lo que haga falta para alcanzar los objetivos, se aseguraba en un mensaje en Telegram. En este sentido, segn Tsunami Democrtic, la respuesta que se ha organizado pretende generar una situacin de crisis generalizada en el Estado espaol que se prolongar en el tiempo. Se habla de cortes de carreteras, marchas lentas, manifestaciones y hasta de ocupaciones de edificios pblicos. Siempre, subrayan, desde la desobediencia civil y la no violencia. Si la respuesta a la llamada estar al mismo nivel que en ocasiones anteriores es, por ahora, una incgnita, como tambin lo es, de producirse este escenario, la respuesta exacta de la Unin Europea ante un bloqueo, aunque sea limitado en el tiempo, de una parte de la economa espaola.

Los Mossos dEsquadra ya han activado el dispositivo Minerva, por el cual todos los agentes de la Brigada Mvil (antidisturbios) pasan a estar disponibles. Segn informaba El Pas, la polica autonmica cree que puede acusar el desgaste y la falta de recursos si las protestas se eternizan y se enfrenta al problema de que los cortes de carretera se reproduzcan por todo el territorio y de forma sostenida en el tiempo, desbordndola y obligndole a solicitar el apoyo de la Polica Nacional y la Guardia Civil. La situacin pone contra las cuerdas al cuerpo de polica, cuya actuacin en el 1-O fue criticada por quienes se opusieron a la consulta, y por los independentistas en los das posteriores al referndum, en particular tras la aplicacin del 155.

La ANC y mnium, por su parte, han convocado cinco marchas de cien kilmetros en los tres das posteriores a la publicacin de la sentencia. Las marchas confluirn en Barcelona, de manera similar a la organizacin de la pasada Diada, celebrada bajo el lema Objetivo: independencia.

Por otra parte, en una rueda de prensa en Bruselas, Puigdemont, quien meses atrs defendi junto a Torra la estrategia de un enfrentamiento democrtico con el Estado, adelant que, cuando se publique la sentencia, el Consell per la Repblica una institucin hasta la fecha adormecida convocara la Asamblea de Cargos Electos para decidir qu medidas adoptar. Esta Asamblea est formada por todos los cargos electos (concejales, diputados y eurodiputados) de Catalua que se adhieran a los principios del Consell per la Repblica.

Mencin especial merece la cuestin del indulto o la amnista. Deca Marx que, si los grandes hechos y personas de la historia mundial suceden dos veces, la primera lo hacen como tragedia y la segunda, como farsa. Y es sabido que una de las grandes y ms emblemticas reivindicaciones del antifranquismo fue la amnista para las personas represaliadas por el rgimen (un concepto, por cierto, de alcance variable, en funcin de quin lo empleara, y que no se agotaba en la excarcelacin de los presos polticos y el sobreseimiento de los juicios polticos en curso). Probablemente con este precedente en mente, el entonces presidente de Catalunya en Com, el historiador Xavier Domnech, ya propuso la frmula de la amnista al poco de producirse los primeros encarcelamientos en el marco de la causa por el procs. Recientemente han recuperado la idea ERC y la CUP.

No obstante, nos tememos que dichas propuestas parten de una comprensin inexacta del concepto de amnista, que, en rigor, es una institucin jurdica que se aplica, fundamentalmente, para la extincin de la responsabilidad penal por delitos polticos y que se enmarca en procesos de cambio poltico. Por ello, es inexacto afirmar que la amnista declara que no hubo delito; antes bien, la amnista presupone la existencia de delito, si bien el proceso de cambio poltico en que se inscribe hace que los hechos amnistiados (a) hayan dejado de ser delito (que la participacin u organizacin de manifestaciones, huelgas o reuniones ya no sean constitutivas de ningn tipo penal) o que, (b) aun si lo continan siendo, el contexto de conflicto poltico en que se produjeron justifique que, excepcionalmente, no sean penalizados (en este supuesto entraran los hechos de intencin poltica que implican violencia).

Si, en el marco del procs, hubiera habido algo remotamente semejante a una rebelin (levantamiento de partidas armadas o uso como tales de los Mossos dEsquadra para defender la Repblica declarada el 27 de octubre de 2017, enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad del Estado o el Ejrcito, etc.), tendra sentido plantear la amnista. se fue el caso, por ejemplo, de la minirrebelin del 6 de octubre de 1934, cuyos responsables fueron amnistiados tras la victoria del Frente Popular (Decreto-ley de 21 de febrero de 1936).

Sin embargo, como ya se ha apuntado, los hechos del procs no son constitutivos de ningn delito, poltico ni de ningn otro tipo, sino simple ejercicio de derechos fundamentales (participacin poltica, manifestacin pacfica, etc.), tanto ahora como en el momento en que se realizaron. Por lo dems, actualmente tampoco se da el contexto de cambio poltico y de resolucin del conflicto que est en la base de las amnistas (y no olvidemos que, a diferencia del indulto, la amnista es una medida que debe aprobar el poder legislativo). De modo que, ms que reclamar amnistas por delitos inexistentes, lo que procede es denunciar que las acusaciones, construidas sobre el relato fantasioso de una violencia que slo existe en la mente de los narradores, vulneran el principio de legalidad penal.

Por otra parte, si jurdicamente es inexacto el concepto de amnista como frmula para la liberacin de los presos del procs y el sobreseimiento de todas las causas relacionadas, ms lo es el indulto, propuesto por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, e inmediatamente desautorizado por el PSOE, por cuanto es una simple gracia concedida por el jefe del Estado o el Gobierno, que no anula la condena, ni siquiera extingue siempre la totalidad de la pena ni reconoce la legitimidad de las acciones a que se aplica. En cualquier caso, viendo el doble juego con que los lderes de los partidos soberanistas han conducido el procs, nos viene a la memoria el aforismo del revolucionario francs Louis Antoine de Saint-Just: quienes hacen revoluciones a medias, no hacen ms que cavar una tumba.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/cataluna/sorpresa-octubre-catalana-10-noviembre



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