Portada :: Espaa :: Crisis poltica en Catalua
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-10-2019

Nuevo tsunami democrtico en Catalua?

Isabella Arria
Rebelin


El Tribunal Supremo espaol declar culpables de sedicin, malversacin de recursos pblicos y desobediencia a los catalanes que lideraron el proceso unilateral de autodeterminacin de octubre de 2017, lo que produjo una reaccin ciudadana masiva al grito de al grito de "Nuestra sentencia: la independencia".

A punto de cumplirse los dos aos en prisin cautelar de los procesados, el tribunal dispuso que nueve de los 12 procesados debern cumplir condenas que van de nueve a 13 aos de crcel e inhabilitacin (en conjunto suman ms de 100 aos de crcel), mientras los otros tres no tendrn que ir a prisin, pero pagarn una multa por haber incurrido en el delito de desobediencia.

La respuesta a la sentencia se dio en las calles. Decenas de miles de personas colapsaron las principales calles de Barcelona y cerraron los accesos a la Terminal Uno del aeropuerto de El Prat, donde miles de pasajeros tuvieron que llegar o salir de ah a pie y bajo la lluvia. Tambin fue suspendido el servicio de los trenes de alta velocidad, sobre todo en el tramo que va de Barcelona a Figueras.

En el aeropuerto barcelons fue donde se reportaron los choques ms intensos con los grupos antidisturbios de la polica autonmica catalana (los Mossos), en coordinacin con la Polica Nacional espaola. Los servicios de salud informaron de ms de un centenar de personas atendidas. En las inmediaciones de la sede de la Polica espaola, en la Via Laietana, tambin hubo violencia.

El plebiscito del 1 de octubre de 2017 se hizo a pesar de una frrea e inusitada oposicin de toda la inteligencia policiaca espaola y de 14 mil policas, armados hasta los dientes enviada por el gobierno de Madrid para evitar que la votacin se realizara. El entonces presidente derechista Mariano Rajoy anunci con toda rotundidad [sic], que la votacin no se haba llevado a cabo.

Mientras, los canales de televisin de medio mundo se cansaron de pasar escenas de la gente sufragando y de policas tratndolo de evitar con toda violencia Y, a pesar de todo, hubo ms de dos millones de votos.

El fallo

Una nueva amenaza separatista y violenta. Con las connotaciones que tiene para un pas que sufri durante cuatro dcadas la accin de una banda terrorista, la tesis jurdica de que el soberanismo cataln incluy la violencia en el tramo final de su plan hacia la independencia ha monopolizado el debate poltico de los ltimos dos aos, seala eldiario.es.

La sentencia del Tribunal Supremo circunscribe ahora esa supuesta violencia estructural a hechos puntuales que no formaron parte de plan organizado alguno. Pero la tesis contraria sirvi en su momento para sostener la acusacin por rebelin, la consecuente suspensin de Carles Puigdemont y el resto de procesados, y para apuntalar la medida cautelar de prisin provisional en virtud de la grave pena que lleva aparejado el delito: hasta 30 aos de crcel.

La Sala de lo Penal acord por unanimidad en la sentencia que el plan soberanista en ningn momento cont con la violencia como un elemento estructural. Es ms, la "conjura", dicen, ni siquiera pretenda instaurar la Repblica catalana sino forzar al Estado a acordar una consulta popular.

Los ilusionados ciudadanos, que crean que un resultado positivo del llamado referndum de autodeterminacin conducira al ansiado horizonte de una repblica soberana, desconocan que el derecho a decidir haba mutado y se haba convertido en un atpico derecho a presionar", dice el fallo.

El conato de los independentistas, aade, ni siquiera se acerc a una rebelin consumada. Frente a la versin de que el golpe de Estado triunf, la sentencia establece que "el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar policial, jurisdiccional e incluso social". 

Segn el fallo de los magistrados espaoles, los sentenciados no indujeron la violencia que se desencaden en las jornadas ms crticas de septiembre y octubre de 2017, pero s promovieron tumultos para obstaculizar la aplicacin de las leyes.

Las penas van de mayor a menor, segn el cargo que tenan en el gobierno. Quen recibi la pena ms severa fue el exvicepresidente de la Generalitat y mximo lder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, condenado a 13 aos de crcel y de inhabilitacin. Los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa purgarn 12 aos de crcel; Josep Rull y Joaquim Forn fueron sentenciados solamente por el delito de sedicin a 10 aos y medio de prisin e inhabilitacin.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento cataln, tambin de ERC, fue condenada a 11 aos y medio de crcel por sedicin y a nueve aos los lderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de mnium, Jordi Snchez y Jordi Cuixart.

Los exconsejeros que enfrentaron el proceso en libertad, Santi Vila, Carles Mund y Meritxell Borrs, fueron sentenciados a un ao y ocho meses de inhabilitacin especial y 10 meses de multa con un cuota de 200 euros diarios. Los tres fueron absueltos de malversar fondos pblicos.

Los defensores legales de los acusados anunciaron que presentarn un recurso ante el Tribunal Constitucional por violacin de los derechos fundamentales de sus clientes, y si ste no prospera se presentar un recurso de impugnacin ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Desde la crcel, los independentistas condenados enviaron un comunicado conjunto en el que fijaron su postura: No se ha hecho justicia. La sentencia es la triste culminacin de una instruccin que no ha respetado las garantas procesales propias del estado democrtico y de derecho. Un proceso judicial que no ha buscado justicia. El Estado ha buscado venganza y castigo... Nuestra apuesta pasa por que Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de Repblica.

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y lder del proceso de independencia, calific la sentencia de injusta e inhumana. El exmandatario cataln que s refugi hace dos aos en Bruselas, haba sido notificado horas antes de que se ha reactivado la orden de detencin internacional que rige en la Unin Europea (UE), y que ahora con una sentencia en firme tiene ms visos de prosperar.

El independentismo cataln compareci de forma conjunta para denunciar lo que calific de atropello y una condena antidemocrtica e injusta. El presidente Quim Torra, flanqueado por Roger Torrent, presidente del Parlamento, exigi el fin de la represin, as como la libertad de los presos polticos, exiliados y exiliadas, incluida la amnista como punto de cierre para todas las personas implicadas.

A las protestas se sumaron agrupaciones polticas, asociaciones civiles, entidades culturales y empresariales, incluidos equipos de futbol profesional como FC Barcelona y el Girona.El movimiento independentista, organizado en torno a lo que llamaron el tsunami democrtico, anunci ms protestas en los prximos das, incluida una huelga general el prximo viernes.

El presidente del gobierno espaol, Pedro Snchez, realiz una declaracin institucional para tender la mano del dilogo a los independentistas ante lo que consider son los estertores de un proceso poltico que ha naufragado, al tiempo que mantuvo conversaciones con los principales lderes polticos del pas para recabar apoyos de cara a una eventual intervencin en Catalua, segn se desarrollen los acontecimientos.

Snchez hizo la declaracin en espaol y en ingls dada la repercusin internacional del conflicto, pero tambin su equipo ms cercano mantuvo encuentros con las principales delegaciones diplomticas acreditadas en Espaa y con medios de comunicacin locales e internacionales con el objetivo, sealaron, de defender la democracia espaola como una de las ms avanzadas del mundo, an cuando el pas es una monarqua.

Tras asegurar que su gobierno garantizar el cumplimiento ntegro de la sentencia, Snchez dijo que concluy un proceso judicial ejemplar, pero a la vez se confirma el naufragio de un proceso poltico que ha fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un reconocimiento internacional.

Deja tras de s un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Catalua. Quedan, en definitiva, algunos das en los que vamos a asistir a los estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa nueva en la cual el fin slo puede ser la restauracin de la convivencia en Catalua. El mtodo ser siempre el dilogo, y la regla slo puede ser la ley, aadi el dirigente socialdemcrata.

Un fallo que agudiza el problema

Mucho antes de que los dirigentes separatistas catalanes organizaran el referndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 con el que desafiaron al Estado espaol, el entonces presidente Mariano Rajoy ya haba renunciado a la va poltica para resolver el conflicto. La opcin judicial por la que se decant en ningn caso supone la resolucin del problema sino, quiz, todo lo contrario.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo espaol no agota la va judicial, que slo concluir cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie, pero mucho menos resuelve la crisis institucional que vive Espaa en uno de sus territorios ms ricos y poblados. Las manifestaciones masivas demuestran que la sentencia, lejos de acercar una solucin, la ha alejado.

Para los independentistas, cualquier fallo distinto a una absolucin generalizada para los acusados era inaceptable, mientras que los sectores polticos ms monrquicos y derechistas esperaban sanciones an ms duras sobre la base de que con el referndum se haba incurrido en un delito de rebelin, un golpe de Estado segn la terminologa adoptada, tesis que defenda el fiscal.

Acadmicos espaoles recordaron, asimismo, que el artculo 206 del reglamento penitenciario abre la puerta a que la Junta de Tratamiento de una prisin proponga el indulto para los penados, va que dejara al Tribunal Supremo al margen de cualquier decisin sobre la situacin de los lderes del procs y solo con posibilidad de opinar a travs de un informe no vinculante.

Al presidente de gobierno espaol que surja de las elecciones generales del prximo 10 de noviembre, le quedar un importante problema que afrontar. El lder de la centroizquierdista Podemos, Pablo Iglesias, pidi a Pedro S+anchez que no renuncie a los indultos a los condenados: "No debe excluir ninguna va legal".igo Errejn, por su parte carg contra el pfresidente y lo acus de haber tomado una posicin "partidista" tras la sentencia.

Se abre ahora una etapa poltica donde tanto el Estado como los lderes independentistas sern puestos contra las cuerdas, mientras la sentencia del llamado procs recorre la Corte Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un camino extraordinario con el que los condenados pretenden anularla.

Es tiempo de tensin, y de temor a incurrir en una escalada de violencia que hasta el propio Artur Mas, expresidente de la Generalitat, ha hecho llamamientos para evitar. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Snchez, anunciar en 48 horas las alternativas polticas que baraja, pero ya ha dicho que no se plantea el indulto de los condenados.

La plataforma Tsunami Democrtic ha comenzado a lanzar sus convocatorias. No tiene direccin aparente, pero agrupa a distintas organizaciones soberanistas que se comunican por Telegram. Sus simpatizantes acudieron este lunes a los centros de transporte neurlgicos y lograron colapsar el aeropuesto de Barcelona. Los Comits de Defensa de la Repblica (CDR), amparados por el actual presidente cataln, Quim Torra, han llamado a la revuelta popular.

La web Tsunami Democrtic est inscrita en el paraso fiscal de San Cristbal y Nieves, dnde el expresidente Carles Puigdemont registr el Consell per la Repblica y la web que recauda dinero de los afiliados, segn public El Confidencial. Para los analistas, esta aparente falta de direccin emula el movimiento de los chalecos amarillos de la Francia profunda que se ha levantado contra la lite parisina.

Seguramente, una generacin de polticos y dirigentes sociales independentistas ser relevada, ya que est huida o inhabilitada de ejercer la poltica mientras est condenada, como ocurre con Junqueras, el presidente de ERC que ha sido inhabilitado por 13 aos.

El futuro del actual presidente, Quim Torra, tambin est en juego. Ser juzgado por desobediencia el prximo 18 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La causa: no haber descolgado lazos amarillos y smbolos polticos de la fachada del Palau de la Generalitat durante las elecciones y en contra de la orden de la Junta Electoral Central.

El Estado sabe que perdi la batalla de la imagen en el 1-O de 2017 y, ahora, intentar enderezarlo, y para ello cuenta con el respaldo de los grandes medios hegemnicos de comunicacin trasnacionales. El presidente de la Generalitat catalana tendr que decidir si convoca elecciones o da paso a un gobierno de concentracin, como pretende ERC.

Isabella Arria. Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/10/15/nuevo-tsunami-democratico-en-cataluna/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter