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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-10-2019

El tratado internacional para controlar a las multinacionales, cada vez ms lejos

Pedro Ramiro, Erika Gonzlez, Juan Hernndez Zubizarreta
El Salto


Esta semana tiene lugar en Ginebra la quinta sesin del grupo de la ONU encargado de elaborar un instrumento internacional jurdicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Pero en el texto que se discute apenas queda nada del espritu y la ambicin con que naci este proceso hace cinco aos.

El lunes 14 de octubre dio comienzo, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, la quinta sesin del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurdicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Como viene ocurriendo todos los aos por estas fechas desde que en 2014 se aprob la resolucin del Consejo de Derechos Humanos que instaba a los pases a avanzar en esta lnea, durante toda esa semana est volviendo a ponerse en el centro de la agenda internacional la necesidad de contar con mecanismos de control para frenar la impunidad con que operan las grandes corporaciones en su expansin global. Las posibilidades de que este proceso en la ONU concluya con la creacin de nuevas normas vinculantes que puedan poner mnimamente en riesgo los beneficios empresariales, sin embargo, son cada vez ms remotas.

Ya el ao pasado se present el primer borrador de lo que ser el futuro tratado. En aquella versin inicial del texto haba al menos seis elementos fundamentales que resultaban cuestionables y se alejaban de las demandas expresadas por las organizaciones sociales implicadas en el proceso. A saber: no se trataba de un instrumento jurdico especfico para las empresas transnacionales; nicamente estableca obligaciones para los Estados; no incorporaba mecanismos efectivos para el cumplimiento de la legalidad internacional; dejaba de lado la responsabilidad solidaria de las multinacionales en las cadenas de valor globales; no tena en cuenta la primaca de los derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversin; no inclua instancias ni rganos de control y seguimiento.

En la segunda versin del texto del tratado, que ha sido presentada este ao y est siendo la base de los debates en Ginebra esta semana, se profundiza an ms en esa misma lnea. As, lejos de incorporar las exigencias de una mayor regulacin para evitar que se desdibujen las responsabilidades legales de las transnacionales en la esfera global, se sigue dejando en manos de los Estados las posibilidades de controlar a estas empresas. Por decirlo con un titular: el tratado est ms cerca de convertirse en una versin remozada de los Principios Rectores de los que, recordando su prembulo, no se deriva ninguna nueva obligacin jurdica que de servir para avanzar en la creacin de normas internacionales que siten los derechos humanos por encima de la lex mercatoria.

Poco queda ya del espritu y la ambicin con que naci la resolucin 26/9 hace cinco aos. Ni siquiera el que siempre fue el objetivo fundamental de un tratado de este tipo: que fuera til para caracterizar los crmenes econmicos y ecolgicos cometidos por las empresas transnacionales y sirviera para cubrir el hueco que existe en el derecho internacional respecto a su regulacin. En esta involucin del proceso en Naciones Unidas han tenido mucho que ver las presiones de los lobbies empresariales y los cambios en la correlacin de fuerzas a escala mundial. Los giros tanto del gobierno de Ecuador, que al principio asumi un fuerte liderazgo del proceso pero luego fue suavizando su posicin, como de la Unin Europea, que de boicotear la primera sesin del grupo de trabajo en 2015 pas a mostrar en la apertura de la sesin de ayer su buena disposicin por el rumbo que est tomando el tratado, as lo atestiguan.

Frente a la arquitectura de la impunidad

A la vez que en los organismos internacionales se va perfeccionando la retrica sobre proteger, respetar y remediar los derechos humanos, contina fortalecindose la arquitectura jurdica de la impunidad. Los contratos y los negocios empresariales se blindan a travs del complejo entramado normativo que en las ltimas dcadas han venido construyendo las transnacionales y los Estados que las apoyan, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayoras sociales y de la propia democracia. El proceso del tratado en la ONU, al fin y al cabo, no se desmarca de la realidad actual de los derechos humanos en todo el planeta.

El teln de fondo es que estamos viviendo una ofensiva mercantilizadora a escala global, en la que las dinmicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se estn exacerbando. As contina reforzndose un modelo donde las grandes empresas continan ampliando su poder, poniendo en cuestin la propia democracia liberal-representativa y llegando a constituirse como un gobierno de facto. El resultado es la progresiva destruccin de la soberana popular y la captura de pases y territorios como si formasen parte de la organizacin interna de las grandes corporaciones.

Se agudiza, de este modo, la asimetra normativa que protege los derechos de las corporaciones transnacionales y el capital financiero, que cuentan con reglas de obligado cumplimiento y con tribunales privados que las aplican con una eficacia absoluta. Mientras, los derechos humanos se mueven entre la fragilidad de las normas internacionales, las recomendaciones de los comits encargados de su aplicacin y la pasividad de los gobiernos ante el incumplimiento de los pactos y tratados internacionales.

En este contexto se generan modificaciones sustanciales en la propia categora jurdica de los derechos humanos, que sufren una triple reconfiguracin. Primero, se desregulan en base a la explotacin generalizada de personas y los procesos de privatizacin. Segundo, se expropian siguiendo la lgica de acumulacin por desposesin. Y tercero, se destruyen en funcin de un colonialismo/racismo extremo vinculado a la necropoltica. En ese contexto, resultan prescindibles quienes no participen de la sociedad de consumo o no aporten valorizacin al proceso de reproduccin del capital.

Las instituciones globales y la mayora de los Estados no solo estn eliminando y suspendiendo derechos. Tambin estn reconfigurando quines son sujetos de derecho, quines quedan fuera de la categora de seres humanos, lo que provoca una sensacin de descomposicin generalizada del sistema internacional de los derechos humanos. La feudalizacin de las relaciones econmicas, polticas y jurdicas est colonizando la arquitectura institucional de las democracias representativas. Por eso, si se quiere hablar en serio de derechos humanos, de Ecuador a Rojava pasando por el Mediterrneo, hay que ajustar los discursos vacos a los contextos donde esos derechos se subordinan a los intereses del capital transnacional.

Mientras el cuerpo normativo relacionado con la mercantilizacin del sistema neoliberal ha ido perfeccionndose a favor de las empresas transnacionales, se ha ido abandonando la posibilidad de ejercer un control real sobre sus actividades, dejando sus obligaciones socioecolgicas en manos de los acuerdos voluntarios. En estos momentos, a raz de la nueva oleada de tratados comerciales y de inversin, resurge la idea de incluir la responsabilidad social rebautizada en la agenda internacional como los objetivos de desarrollo sostenible como un elemento corrector de esta asimetra normativa.

Dos dcadas despus de que se lanzara el paradigma de la empresa responsable como un supuesto salto adelante en el modelo de relaciones entre las multinacionales y el conjunto de la sociedad, queda claro que la RSC nunca tuvo la intencin de ser un instrumento eficaz para controlar a las grandes corporaciones. La responsabilidad social, adems de servir para el lavado de cara empresarial, se ha constituido como una frmula de soft law que se ampara tericamente en la tica de los negocios pero que, en la prctica, apenas remite sus obligaciones a la publicacin de sus memorias anuales.

De ah la necesidad de introducir modificaciones en las legislaciones nacionales. Pero tambin, y sobre todo, de avanzar en regulaciones internacionales capaces de abarcar toda la complejidad de los grandes conglomerados econmicos, con criterios que trasciendan el marco estatal, rompan la aparente separacin entre matriz y filiales, y amparen el levantamiento del velo corporativo. La cuestin es que los Estados carecen de instrumentos polticos y normativos para poder controlar de manera efectiva a las empresas transnacionales, ya que las reglas internacionales de comercio e inversin y la fuerza con la que los Estados centrales las hacen cumplir construyen una armadura jurdica muy difcil de romper solamente desde el mbito estatal.

Regulacin y confrontacin

En la coyuntura actual del capitalismo global, cualquier intento de regulacin de los mecanismos de extraccin y apropiacin de riqueza que protagonizan las grandes corporaciones puede convertirse en una medida de carcter radical, al atacar directamente al ncleo del beneficio empresarial. De hecho, la mera sugerencia de que puedan introducirse modificaciones legislativas en materia laboral o fiscal suele hacer saltar las alarmas de las patronales y los lobbies empresariales, que enarbolan la bandera de la seguridad jurdica para defender sus contratos e intereses privados.

En caso de verse afectadas por medidas regulatorias que perjudicasen sus intereses, no hay duda de que las grandes corporaciones presionarn con todos los instrumentos jurdico-econmicos a su alcance para tratar de echarlas atrs. Pero el ncleo de esta disputa no se encuentra en una cuestin de tcnica jurdica, sino de voluntad poltica; en otras palabras, en la capacidad para poder sostener ese tipo de reformas con una fuerte movilizacin social y apoyo popular. Lo que parece claro es que el Derecho oficial, al ser parte de la estructura hegemnica de dominacin, nicamente podr convertirse en un vehculo contrahegemnico si se subordina a la accin poltica.

El proceso seguido en la ONU no es ajeno a este contexto. Poco a poco, el tratado va convirtindose en un documento irreconocible en relacin a los debates y a las propuestas formuladas entre 2015 y 2018 por juristas, defensoras de derechos humanos y representantes de las organizaciones sociales y de las comunidades afectadas. En el texto apenas queda nada sobre la empresa transnacional como sujeto de obligaciones en derecho internacional, sobre las normas de comercio e inversin, el rol que juegan las instituciones econmico-financieras internacionales, la posibilidad de crear una corte mundial sobre empresas y derechos humanos, etc. En este marco, una estrategia de incidencia poltica solamente sostenida en la presin a embajadas y gobiernos no va a poder arrancar un tratado internacional para controlar de manera efectiva a las multinacionales.

Formalmente, el proceso contina. Pero con este documento como base de la negociacin entre los pases, en la que inevitablemente se van a ir rebajando todava ms los postulados del texto, aunque finalmente llegara a aprobarse el tratado tampoco servira de mucho. Las reformas sin ms, adems de meramente coyunturales, pueden acabar fortaleciendo el orden establecido y generar desmovilizacin social.

Sirva el declive del proceso hacia una normativa internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, en torno al cual se han articulado cientos de ONG y organizaciones sociales de todo el mundo, para reflexionar sobre las estrategias a seguir; para no perderse en procesos largos y burocrticos, no generar falsas expectativas y, a la vez, fortalecer la capacidad de denuncia, movilizacin e incidencia. En este tipo de negociaciones institucionales resulta cuestionable el consejo habitual del realismo. La concepcin de altura de miras de los movimientos sociales y las comunidades afectadas es diferente a la que pueden tener los gobiernos de los pases centrales y las empresas transnacionales. El pragmatismo del que estas ltimas hacen gala se basa en una negociacin asimtrica que suele terminar en resultados vacos y poco precisos.

En un escenario que se torna cada vez ms adverso, se trata de evitar que la accin social y poltica de los colectivos y movimientos en resistencia quede condicionada a los tiempos de los organismos nacionales e internacionales. La apuesta, ms que por centrar todas las fuerzas en el terreno institucional, pasara por seguir potenciando lgicas contrahegemnicas a nivel local, regional y global. Estas alianzas locales y globales, sin abandonar aquellas instancias de regulacin en las que haya posibilidades de lograr importantes modificaciones normativas, resultan fundamentales para construir modelos alternativos capaces de desmantelar a las transnacionales y formular propuestas econmicas de largo alcance.

Guiar la actividad social, poltica y econmica con valores contrahegemnicos sustentados en el ecofeminismo, la propiedad colectiva, la democracia y la autogestin supone confrontar de raz las prcticas promovidas por las empresas transnacionales. Y es que, adems de separar el mbito del mercado y el de las instituciones pblicas, se trata de construir ms all del sistema estatal sistemas econmicos, de cooperacin y de nueva institucionalidad que sean capaces de autodinamizarse, autoconstruirse y autoorganizarse. Frente a la eliminacin institucional de derechos, una articulacin internacionalista que rechace a los Estados como nica fuente de derecho y que reivindique el papel protagonista de organizaciones, movimientos y comunidades en la creacin de las condiciones que garanticen una vida digna y en paz con el planeta a las mayoras sociales presentes y futuras.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/instrumento-internacional-juridicamente-vinculante-sobre-empresas-y-derechos-humanos



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