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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-10-2019

Ante la sentencia del Procs
La democracia consecuente es el nico camino

Jordi Escuer y Jess Mara Prez
Rebelin


Un Estado democrtico y sus leyes tienen la obligacin de dar cauce a las aspiraciones de la ciudadana. La movilizacin masiva en Catalua reclamando poder ejercer el derecho de autodeterminacin no ha encontrado, por parte del Estado espaol, ningn camino para poder hacer realidad sus aspiraciones. Slo ha encontrado la crcel. Por ese motivo son presos polticos los dirigentes catalanes condenados. Por ese motivo, hay que exigir su puesta en libertad y la apertura de vas para permitir al pueblo de Catalua decidir democrticamente cul es su grado de vinculacin con el Estado espaol.

No es verdad que se le haya ofrecido cauces democrticos para poder ejercer sus aspiraciones. Ni siquiera se admiti el Estatut aprobado en el Parlament, ratificado (con modificaciones serias) en el Congreso y con un referndum en Catalua, es decir siguiendo estrictamente las reglas constitucionales. No es casual que fuese entonces cuando se dispar el apoyo masivo al derecho de autodeterminacin y a la independencia.

Si se quisiera saber cul es la voluntad del pueblo cataln, incluso la Constitucin permitira celebrar una consulta en base al artculo 92.1: Las decisiones polticas de especial trascendencia podrn ser sometidas a referndum consultivo de todos los ciudadanos. No sera vinculante, pero quedara clara cul es esa voluntad, en uno u otro sentido. Sin embargo, no se quiere abrir la puerta a un precedente semejante.

En un Estado plurinacional, empearse en mantener la unidad por la fuerza est condenado al fracaso. Slo la unin voluntaria puede funcionar. Por eso, una salida a este conflicto poltico pasa por reconocer el derecho de autodeterminacin y establecer unas reglas democrticas para ejercerlo. Son estriles los razonamientos que limitan el derecho a la autodeterminacin a los pueblos coloniales. El hecho es que la mitad de la poblacin catalana desea la independencia y la mayora es partidaria de dilucidar la cuestin con un referndum. Eso exige que todo el mundo, partidarios de la independencia y oponentes, pacten unas reglas democrticas que se comprometan a respetar, sea cual sea el resultado.

No es una quimera. Canad y Gran Bretaa celebraron referndums de autodeterminacin. Que el Estado espaol no sea capaz de hacer lo mismo, no es un sntoma de buena salud ni de fortaleza democrticas, sino todo lo contrario. Slo la democracia consecuente puede resolver este problema. Eso empieza por poner a los presos polticos en libertad y sobre la mesa un camino para ejercer la autodeterminacin.

El derecho al voto de las mujeres tambin le pareca un desatino a muchos sectores de la sociedad. Hoy a nadie se le ocurrira cuestionarlo. Algo similar ha pasado con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es visto como normal por la mayora de la sociedad.

La derecha y la sentencia

Sin embargo, en vano esperaremos que la derecha se avenga a ese acuerdo. La alternativa no es un referndum pactado con el PP y Ciudadanos, por no hablar de Vox, que nunca aceptarn. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana lvarez de Toledo, considera el Procs ms grave que Tejero y Milans con los tanques"[1]. Adems, la bandera rojigualda se ha convertido en un medio para cosechar votos y tapar otras miserias.

Si la Unin Europea estableciera que no tenemos derecho a separarnos de ella, la derecha montara en clera y hablara de la soberana espaola (lo hacen cuando los tribunales europeos les enmiendan la plana, como ha pasado con las rdenes de extradicin a dirigentes del Procs). Por qu se extraan cuando una gran parte de la poblacin catalana aspira a tener su propio Estado? El nacionalismo espaol ve la paja en ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Como aquellos catlicos que creen que su religin es la nica verdadera.

Pero volviendo a la sentencia, a la derecha la pena final le ha sabido a poco. Para ver si efectivamente son poco las condenas de 9 a 13 aos para la mayora de los acusados, basta con compararlas con las del 23F, donde s hubo un golpe de Estado y una accin armada incluido el asalto y secuestro del Congreso de los diputados con tropas y carros de combate, slo 3 de los 33 acusados fueron condenados a penas de crcel superiores a los del Procs[2]. El resto lo fueron a penas inferiores.

Al da siguiente de hacerse pblica oficialmente la sentencia, el editorial de ABC luce un titular muy ilustrativo: Entre el respeto y la decepcin[3]. Leer al Tribunal Supremo que no hay rebelin ni golpe de Estado, despus de dos aos agitando con ello, no ha sentado muy bien. Sin embargo, ABC llama a no perder de vista que quien era vicepresidente de la Generalitat en 2017 hoy est condenado a trece aos de prisin y otros tantos de inhabilitacin, por sedicin y malversacin () Muchos ciudadanos esperaban ms aos de crcel, pero cuando empez este proceso separatista se daba por hecho que les saldra gratis. Y pide que las condenas no se vean burladas con la aplicacin de permisos y grados penitenciarios precipitados. Permisos, por cierto, que marca la ley.

ABC termina aadiendo: Las instituciones democrticas deben tomar nota de que el Estado tiene que mejorar su defensa legal () Si realmente el PSOE () va a mantener un discurso constitucionalista, no debe dudar en sumar votos con el PP y Cs para, a partir del 11 de noviembre, con el nuevo Parlamento, reformar el Cdigo Penal y excluir la violencia como requisito del delito de rebelin y tener preparado un nuevo paquete de medidas al amparo del artculo 155 de la Constitucin, porque el separatismo insiste en que har otra vez lo mismo. El Estado no tiene tiempo que perder.

Al PP le ha faltado tiempo para poner sobre la mesa todas las reivindicaciones que plantea ABC, volviendo a establecer los delitos de rebelin y de sedicin sin necesidad de violencia ni actitudes tumultuarias, el delito de convocatoria de referndum ilegal y la prohibicin de indultos para casos de sedicin y rebelin. Es bueno recordar que gobierno de Felipe Gonzlez indult al general Armada en 1988, a instancias del Tribunal Supremo, el cual tambin pidi el indulto para Tejero en 1993, cumpliendo slo la mitad de la condena, con el argumento de "conveniencia pblica" para lograr "una aceptacin social que contribuira al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado". El gobierno del PSOE lo neg, pero lo cierto es que Tejero sali de la crcel en 1996 en libertad condicional.

La sentencia y todas las medidas que se estn poniendo sobre la mesa son serio aviso para todo movimiento social y de la clase trabajadora. El TS dice: El derecho a la protesta no puede mutar en un extico derecho al impedimento fsico a los agentes de la autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial, y a hacerlo de una forma generalizada en toda la extensin de una comunidad autnoma en la que por un da queda suspendida la ejecucin de una orden judicial (pgina 283). Con ese argumento, cualquier intento de parar un desahucio puede ser acusado de sedicin.

La izquierda y el derecho de autodeterminacin

Pedro Snchez ha tomado el camino de cerrar la puerta al derecho de autodeterminacin, que el PSOE defendi hasta los acuerdos de la Transicin, y emplear la mano dura. Una decisin que slo beneficiar a la derecha.

Ahora, en Unidas Podemos debemos reflexionar sobre lo que supona entrar en un gobierno dejando en manos de Snchez las medidas a tomar sobre Catalua. Una cosa es apoyar la investidura de un presidente del PSOE, frente a la derecha, si UP no tiene suficiente fuerza para formar un gobierno, y otra es entrar en un ejecutivo que renuncia a las polticas de izquierda en los temas de calado.

La izquierda transformadora debe comprender que la fuerza motriz que empuja a la mayora de quienes tienen esperanzas en la independencia, son las mismas que llevaron a millones a movilizarse en el 15M o las marchas por la dignidad.

Por supuesto, la derecha catalana trata de utilizar el movimiento en su propio beneficio de clase y cubrir sus vergenzas con la estelada, como una forma de compensar el desgaste de la poltica de recortes que ellos tambin aplicaron, echarle la culpa al gobierno de Madrid (sin duda, corresponsable), y de negociar ms concesiones. Pero muchas personas se ha tomado en serio los argumentos: si la culpa la tiene el Estado espaol, pues nos separamos. Tambin por una razn aadida, y no menor: el fracaso del tripartit de izquierdas y del gobierno de Zapatero, que fueron los que iniciaron la poltica de recortes, sin ir ms lejos, demostrando que carecan de alternativa.

La realidad es que hay motivos de sobra en todas partes para estar indignados con nuestras instituciones. Es sarcstico que los constitucionalistas hablen de la obligacin de cumplir la Constitucin, cuando hoy no est garantizado el derecho a la vivienda, ni al empleo adecuadamente remunerado, ni la asistencia a la dependencia, y la sanidad y la educacin pblica estn cada vez ms deteriorados y en mayor peligro. No es casual que la limitacin de los derechos democrticos crezca pareja a los recortes en derechos sociales.

Muchos catalanes aspiran a escapar de la poltica de recortes, sociales y democrticos, a travs de la independencia. Estn en su derecho y la izquierda tiene que defender ese derecho democrtico de forma consecuente.

Pero defender el derecho de autodeterminacin no implica ser partidario de la independencia, como considera la derecha. La izquierda estatal debe defender el derecho de autodeterminacin y, a su vez, la izquierda en Catalua debe buscar el respaldo de los pueblos y de la clase trabajadora del resto del Estado espaol. No hay atajos.

Y eso slo es posible si la lucha por los derechos sociales y democrticos se convierten en una sola, lo que nos lleva a trabajar para sumar fuerzas en todo el Estado espaol. Incluso en Catalua, un sector muy importante de la clase trabajadora no quiere la independencia, con argumentos de peso y tan legtimos como los independentistas. Pero la unidad se podra lograr sobre la base del derecho a la autodeterminacin y la defensa de unas condiciones de vida dignas: pleno empleo, salarios decentes, acceso a la vivienda, sanidad y educacin pblicas en condiciones, etctera.

El problema es que ese planteamiento chocar con los partidos de la derecha independentista, que tienen la misma poltica econmica que la derecha espaola: privatizaciones, recortes, precariedad...

La izquierda transformadora debe abordar un debate a fondo sobre la importancia de defender el derecho a decidir y unirlo a un programa de transformacin social, que recoja las aspiraciones de la clase trabajadora, que dote a sta de independencia poltica frente al nacionalismo espaol y, tambin, del cataln. Y eso no significa meter en el mismo saco al que pide el derecho a decidir que el que lo niega, pero s tener claro que la clase trabajadora tiene que velar por sus propios intereses y no dejarse utilizar en ningn caso.

La tarea empieza en casa, pues incluso un sector de nuestros votantes no respalda el derecho a decidir, hoy por hoy[4]. Pero es posible conquistar el apoyo de la mayora para estas ideas. Es significativo que, en este ambiente casi irrespirable que alienta el nacionalismo espaol, la mayora est a favor de una salida basada en el dilogo y que un 42% de la poblacin espaola apoyara la celebracin de un referndum[5].

Por eso, la izquierda transformadora tiene el reto de levantar una alternativa de carcter estatal, capaz de conquistar la mayora en unas elecciones con un programa de transformacin poltica y social. Eso exige defender la libertad de los presos polticos catalanes y el derecho de autodeterminacin, pero a la vez, ser capaces de poner sobre la mesa una alternativa socialista, es decir, republicana, federal y profundamente democrtica.

Notas

[1] https://www.elperiodico.com/es/politica/20190319/cayetana-alvarez-de-toledo-ciudadanos-pp-proces-23-f-cataluna-propiedad-espana-7362285

[2] https://www.eldiario.es/politica/comparadas-Proces-anos-Tejero-Junqueras_0_952604998.html

[3] https://www.abc.es/opinion/abci-entre-respeto-y-decepcion-201910142330_noticia.html

[4] https://www.lavanguardia.com/politica/20170209/414154481123/derecho-a-decidir-podemos-apoyo.html

[5] https://www.lavanguardia.com/politica/20190922/47527868765/espana-apuesta-dialogo-avance.html

Jordi Escuer y Jess Mara Prez, miembros de la Coordinadora de IU Madrid.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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