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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-11-2019

La manipulacin del discurso de los derechos humanos

Erika Arteaga Cruz
Rebelin


Familiares de las personas muertas como consecuencia de la represin y de adolescentes indgenas detenidos con cargos de terrorismo, heridos, muchachos que perdieron sus ojos, activistas por los derechos humanos, mujeres que sostuvimos y apoyamos el paro, reporteros populares, prensa independiente, delegaciones de provincias (como Sucumbos en el norte de la Amazona donde se apres en un solo incidente a 120 personas), presentamos nuestros testimonios los das 27, 28 y 29 de octubre de 2019 ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En las amplias salas de uno de los mejores hoteles de Quito haba una gran distribucin de mesas, en medio de un tenso ambiente. A la par de la recepcin de los testimonios de las vctimas de la brutal represin estatal durante el ltimo Paro Nacional nos encontramos con decenas de policas que daban su testimonio, medios de comunicacin comerciales exigiendo su libertad de prensa, victimarios trastocados en vctimas.

Los derechos humanos son universales o son selectivos? Es admisible convertirlos en un recurso utilitario de la poltica? Al parecer, muchos de quienes los reclaman se olvidaron de que solamente el Estado puede violar los derechos humanos, porque es la instancia legal que detenta el patrimonio de la fuerza. Y no es un tema que se reduzca a la propinacin de toletazos ni al direccionamiento irresponsable de bombas lacrimgenas a la cara y cuerpo de los manifestantes; se trata de una accin de represin planificada, sistemtica y selectiva, como amedrentar a grupos humanos vulnerables (mujeres, nios y nias), echar gas lacrimgeno en comunidades y centros de acogida para generar pnico (comuna kichwa La Esperanza, comunidades shuar en Morona Santiago, albergues universitarios en Quito), perseguir y detener selectivamente a dirigentes (Marlon Santi coordinador nacional de Pachakutik y Jairo Gualinga dirigente de Juventudes de Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador- CONAIE), plantear juicios desde el Estado en contra de dirigentes sociales (Mesas Tatamuez- Presidente del Frente Unitario de Trabajadores- y Jaime Vargas- Presidente de la CONAIE) o iniciar una cacera de brujas en contra de grupos acusados de subversin.

Las/os ciudadanas/os comunes y corrientes no estamos en condiciones de violar los derechos humanos de los policas o militares. Los actos violentos que eventualmente cometamos las/los ciudadanas/os en una protesta pblica estn claramente tipificados en el sistema penal, y deben ser asumidos desde esos principios jurdicos. Pero lo que evidenciamos en las protestas de octubre fue un Estado abusando de su poder en contra de los pueblos indgenas, de los movimientos sociales, de las comunas y de la ciudadana en general. En este esquema represivo, policas y militares actan como instrumentos de esa poltica estatal de violacin de los derechos de las/los ciudadanas/os movilizadas/os.

La manipulacin del discurso de los derechos humanos no es, sin embargo, una prctica exclusiva de los Estados. Lamentablemente, sectores de la izquierda tambin han incurrido en esa tergiversacin desde el poder, pese a que la reivindicacin de los derechos humanos tuvo su auge como parte de las luchas de esa izquierda en contra de las dictaduras. Como seala Pablo Soln, este discurso fue utilizado para avalar la postulacin de Evo Morales a la presidencia de la repblica, aunque el pueblo le haba dicho NO en el referendo de 2016. En este caso, el derecho humano del lder soberano estuvo por sobre la voluntad del pueblo soberano y ese asalto a la democracia trae consecuencias hasta la fecha.

En esta misma lnea, el discurso de la defensa de los derechos humanos tambin puede apuntalar agendas escondidas de ciertos sectores polticos. Por ejemplo, la que se evidenci a propsito de la misin de observadores internacionales que hizo una reciente visita al pas. El sesgo del informe es obvio. Debera titularse Paola Pabn y su defensa en el contexto de la represin en Ecuador. Al final, parecera que el juicio instaurado en contra de la prefecta de Pichincha tiene ms relevancia que los miles de detenidos, los cientos de heridos y las decenas de muertos durante el paro nacional. Y no pido que se calle ninguna violacin a los derechos de nadie, pero s exijo que se aplique una justa medida. A fin de cuentas, la detencin de la prefecta es, entre otros aspectos, el resultado del conflicto interno de su propio partido poltico, mientras que la represin en contra de los pueblos y nacionalidades indgenas ha sido una constante desde hace dcadas.

Acaso nos olvidamos de las agresiones sistemticas en Saraguro1, Nankintz2 o ntag3 durante el gobierno anterior? No obstante, hay que exigir que a Paola Pabn, Virgilio Hernndez, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buenda- militantes con cargos importantes en Alianza Pas- se les respeten aquellos derechos que ellos les negaron a los dirigentes sociales, compaeros de izquierda y ecologistas perseguidos4 durante el gobierno de Correa, del cual formaron parte.

Hay que rechazar el relativismo en la defensa de los derechos humanos, por el simple hecho de que nos cobijan a todos y todas por igual. Son universales. Por eso toca cuestionar el silencio cmplice de aquellos gobiernos autodenominados progresistas frente a las violaciones de los derechos humanos perpetuados por sus coidearios. Lo que hizo Correa o la que hace Ortega en Nicaragua es inaceptable. Sera una aberracin terminar parafraseando la cnica frase de Roosevelt a propsito de Somoza (es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta) afirmando que hay gobernantes que son unos violadores de los derechos humanos, pero son nuestros violadores.

Hay mucho que trabajar en una izquierda que no sabe cmo darle sentido a sus omisiones y silencios. La crisis de gobernabilidad que hoy vive el Ecuador no es casual, ni es producto de una traicin. A los correstas, la mirada corta les queda perfecto para evadir su responsabilidad con una represin social que dur diez aos y que acaba de estallar. Diez aos durante los cuales hicieron mutis a propsito de las denuncias en contra de la judicializacin de ms de 600 dirigentes sociales5, cuyo nico delito fue defender los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza.

Los estados de excepcin y los toletes progresistas son igual de brutales que los neoliberales.

Erika Arteaga Cruz⃰: Mdica, feminista, defensora del derecho a la salud. Asociacin Latinoamericana de Medicina Social.


Notas:

1 http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4977/1/Soliz%2C%20F-CON037-Informe-Saraguro.pdf

2 https://labarraespaciadora.com/medio-ambiente/mujeres-que-narran-guerra/

3 https://investigacionpsicosocial.files.wordpress.com/2016/06/informe-psicosocial-intag.pdf

4 https://es.slideshare.net/delDespojoCrnicas/informe-psicosocial-en-el-caso-yasunidos

5 https://sobrevivientes.planv.com.ec/wp-content/uploads/2019/06/criminalizacionweb.pdf

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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