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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-11-2019

Los derechos sociales a subasta

Lidn Gasull
mientras tanto

El Proyecto de Llei de Contractes de Serveis a les Persones


Son tiempos difciles para los derechos civiles y polticos, pero tambin lo son para los derechos econmicos, sociales y culturales, a los que hay que prestar la misma atencin y urgente consideracin, ya que sin los unos no podemos disfrutar de los otros. Sin embargo, no parece que los ataques a los derechos sociales en Catalua susciten inters meditico. A estas alturas, toda la poblacin catalana debera estar enterada de que ERC, junto a Ciudadanos, el PP, el PSC y JuntsxCat, estn a punto de aprobar en el Parlament de Catalunya una de las leyes ms importantes de los ltimos aos. Hablamos del proyecto de Llei de Contractes de Serveis a les Persones, popularizado como Llei Aragons, una norma que establece el marco jurdico idneo para alcanzar dos objetivos: 1) que sean las empresas privadas las que gestionen y presten el ncleo duro de los servicios vinculados directamente a la garanta de derechos fundamentales, y 2) someter al rgimen de la contratacin pblica servicios que a da de hoy no son pblicos, creando as nuevos nichos de mercado y una demanda cautiva.

Por lo que respecta a la externalizacin de servicios, la Llei Aragons permitir que el gobierno cataln, mediante un proceso de licitacin pblica, deje en manos de las empresas privadas la provisin y gestin de todos los servicios sociales y de salud (desde los servicios penitenciarios, hospitalarios, de trasplante de rganos, de cuidados, hasta el servicio de empleo de Catalua), los servicios educativos (educacin preescolar, educacin obligatoria y postobligatoria, educacin especial, educacin para adultos, universidad y cualquier otro servicio educativo) y los servicios comunitarios (sociales o personales).

Por otra parte, la Llei Aragons incluye tambin servicios que, en la actualidad, forman parte de la oferta y la demanda y compiten en el mercado porque los ciudadanos asumen el coste de los mismos. En este sentido, servicios como las actividades extraescolares o los comedores escolares, entre muchos otros, entrarn en el paraguas de la contratacin pblica, pero sin una poltica pblica que los acompae y siendo los usuarios los que asuman el cien por cien del coste del servicio.

Entre los diferentes argumentos que ha utilizado ERC para justificar la tramitacin de la ley destacan los siguientes:

1) Que la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacin pblica les obliga. Este argumento es falso, ya que la misma Directiva deja un gran margen a los Estados miembros para regular como consideren oportuno los servicios a las personas y alude claramente a que los poderes pblicos presten directamente (sin la intervencin de una empresa) dichos servicios. As, el apartado 5 del prembulo recuerda que ninguna disposicin de la presente Directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o a externalizar la prestacin de servicios que deseen prestar ellos mismos o a organizarlos de otra manera que no sea mediante contratos pblicos, y aade el apartado 6 que los Estados miembros gozan de libertad para organizar la prestacin de los servicios sociales obligatorios o de cualquier otro servicio. La Directiva se refiere tambin a utilizar formas no contractuales, como el convenio y el concierto, para evitar el lucro econmico en la prestacin de servicios bsicos.

2) Que el Estado espaol, a travs de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Pblico, les obliga. La realidad es que la ley estatal simplemente transpone la Directiva europea y, por tanto, en los servicios a las personas deja que las comunidades autnomas, en el marco de sus competencias, escojan cmo prestar estos servicios.

3) Que el proyecto de ley solo se refiere a servicios que ya estn externalizados, lo que tampoco es cierto: a da de hoy, la educacin pblica, en todos sus niveles, no est externalizada, ni tampoco lo est el servicio de empleo de Catalua o los servicios penitenciarios, entre muchsimos otros. An no se ha llegado al punto de que las familias tengan que llevar a sus hijos e hijas a escuelas de gestin privada o que el personal docente sea contratado por empresas privadas.

4) Que la ley permitir que pequeas empresas y entidades del tercer sector puedan ganar concursos, ya que el precio del servicio no ser el elemento ms importante y se valorarn aspectos como la calidad, la sostenibilidad medioambiental o las garantas laborales de los trabajadores. En primer lugar, la ley estatal ya permite que el precio no sea decisivo en la contratacin pblica de servicios a las personas y, en segundo lugar, las grandes empresas estn sobradamente preparadas para poder presentar propuestas que cumplan sobre el papel los requisitos exigidos en el pliego. El problema de la contratacin pblica no est en la fase de presentacin de propuestas, sino en la ejecucin de los contratos. Sobre el control del cumplimiento de las clusulas de los contratos este proyecto de ley no se pronuncia.

5) Que este proyecto de ley no impide que los servicios a las personas se puedan seguir prestando directamente por la Administracin Pblica. El problema es que el artculo 3 lo deja a la voluntad poltica de cada gobierno y en ningn caso garantiza el blindaje de los servicios pblicos que a da de hoy no estn externalizados. Ms bien hace lo contrario, visto el listado tan expansivo de servicios susceptibles de ser externalizados que establece.

Lo ms peligroso de este proyecto es que, de aprobarse, supondr una transformacin radical de modelo y cambiar la forma de entender los servicios pblicos, pasando de considerar a los ciudadanos como usuarios a clientes de las empresas prestadoras. Al mismo tiempo, eso puede tener dos consecuencias: por un lado, que se encarezca el precio de la sanidad, la educacin y los servicios sociales, ya que entra en escena un tercer actor cuyo objetivo es obtener un beneficio econmico, y, por otro, que empeore la calidad de los servicios o aparezcan los copagos, ya que el fin de las empresas privadas es la maximizacin de los beneficios. En este sentido, es importante sealar que ya en 2017 el Tribunal de Cuentas Europeo public un informe que cuestiona la colaboracin pblico-privada como frmula para optimizar recursos por tres motivos: genera sobrecostes, es ineficiente y carece de transparencia.

Una ley de estas caractersticas tiene la clara intencin de favorecer al sector privado por delante de la garanta de los derechos de la ciudadana. Por eso, el prximo 17 de noviembre, a las 12h, la ciudadana en Catalua tiene una cita ante el Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya para pedir que se retire este proyecto de ley y se empiece a trabajar por una ley integral que blinde la no externalizacin de servicios, regule las figuras no contractuales como el convenio o el concierto en casos muy concretos y limitados en el tiempo, y establezca la contratacin pblica como una frmula residual de gestin de servicios.

Lidn Gasull es Directora de la FaPaC  Federaci d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya y abogada experta en derechos humanos

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-184/notas/los-derechos-sociales-a-subasta



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