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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-11-2019

Acueductos comunitarios: resistencia popular contra la privatizacin

Fernanda Snchez Jaramillo
Rebelin

Pregunta problema: Amenazan los procesos privatizadores la existencia de los acueductos comunitarios y la autogestin del agua?


La profesin puede ser un factor clave en la superacin de nuestras realidades en tanto organice cientficamente su trabajo a travs de una vocacin de investigacin y una accin transformadora planificada junto a los hombres, es decir, en tanto viva, sienta y acte en sucesos humanos reales y no en abstracciones

Kisnerman Natalio (1978)

 

La Constitucin Poltica de 1991 estableci, en el artculo 365, que los particulares y las comunidades organizadas 1 podrn participar en la prestacin de los servicios pblicos 2 .

La sentencia C-741/03 de   la Corte Constitucional explic que la Carta al autorizar a las comunidades organizadas 3 para prestar -directa o indirectamente servicios pblicos- no defini la forma jurdica especfica bajo la cual participaran, pero s distingui su actividad de aquella que prestan otros particulares.

La Corporacin expuso que existen diferencias entre los prestadores de servicios pblicos: () En el nimo que inspira a los diferentes prestadores () en algunos es marcado el cumplimiento de un deber o fin estatal (empresas pblicas); otras que tienen nimo de lucro, las privadas y, finalmente, aquellos que tienen como nico propsito la satisfaccin de las necesidades de una poblacin.

De igual manera, la Ley 142 de 1994 determin en el artculo 15 numeral 4 desarrollado por el Decreto 421 de 2000- que hay organizaciones autorizadas 4 para la prestacin de servicios pblicos en municipios menores, categoras 5 y 6, en zonas rurales, por fuera del permetro urbano de la cabecera municipal y en reas o zonas urbanas especficas, ncleos poblacionales localizados en suelo urbano que se encuentren clasificados en los estratos 1 y 2.

Los acueductos comunitarios responden adems a criterios de economa solidaria como lo menciona la Ley 454 de 1998 reglamentada por el Decreto 1714 de 2012 , artculo 2: Denomnese economa solidaria al sistema socioeconmico cultural y ambiental por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prcticas autogestionarias solidarias, democrticas y humanistas, sin nimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economa.

Los acueductos comunitarios son figuras jurdicas constituidas para la gestin del agua principalmente en zonas rurales. Por medio de estos la comunidad se involucra en el manejo de los recursos hdricos y el suministro del recurso vital a los usuarios de una zona determinada.

Estos acueductos contribuyen a concretar el objetivo de la Conferencia de las Naciones Unidas, 1977: todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones econmicas y sociales, tienen derecho al acceso al agua potable.

Propsito ratificado por la Observacin General No. 15 5 del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas cuando seal que: el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condicin previa para la realizacin de otros derechos humanos . (ONU, 2002).

As los acueductos comunitarios cumplen un papel importante al garantizar el acceso al agua en comunidades que de otra manera no la obtendran debido a la ausencia del Estado.

El rgimen jurdico de los acueductos comunitarios es el mismo de las dems empresas prestadoras de servicios pblicos, pues la Ley 142 de 1994 no fij diferencias entre las obligaciones de los distintos prestadores. Esto significa que al igual que los dems deben garantizar 6 el derecho al agua, su disponibilidad, accesibilidad y calidad.

El Decreto 421 de 2000, artculo 3, reglament la participacin de las comunidades organizadas en la prestacin de servicios pblicos. Para hacerlo exigi que se constituyeran como personas jurdicas, sin nimo de lucro, y se registraran en la Cmara de Comercio; adems, deben inscribirse en la Superintendencia de Servicios Pblicos y la Comisin de Regulacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico as como obtener las concesiones y licencias previstas.

Participacin comunitaria

En su decisin T-338/17 l a Corte mencion algunas de sus ventajas: son organizaciones para proveer el agua, adecuados para asegurar la prestacin del ante la ausencia de dispositivos estatales 7 servicio o ante la indiferencia de actores privados para desplegar su actividad econmica en la zona.

Estas formas de organizacin son importantes en un Estado social de derecho, pues materializan la participacin directa de los pobladores en la toma de decisiones sobre esta necesidad esencial.

La toma de decisiones de manera conjunta, aumenta la legitimidad de sus actuaciones. De igual manera, fomentan el liderazgo local y fortalecen el poder popular.

Agreg la Corte en 2017: En especial, constituye un espacio valioso para fomentar la cultura del cuidado de los recursos naturales y la proteccin que le debemos los seres humanos a la naturaleza. Las comunidades se convierten en ejemplo de buenas prcticas de auto-gestin de los recursos naturales.

La labor de este tipo de prestadores del servicio de agua es tan importante que el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, sostuvo que es indispensable la participacin de las comunidades en las decisiones sobre el servicio que se les presta. (ONU, 2014).

Albuquerque (2014) afirma: e l carcter inclusivo es crucial para (...) que los servicios estn concebidos de modo que respondan a los intereses y necesidades de las personas marginadas, as como del ciudadano corriente .

Dadas sus caractersticas particulares sera de esperar que no sean valorados con base en los avances tecnolgicos que impone el mercado sino por su capacidad de autogestin y sostenibilidad.

As mismo, Gutirrez (2007) sostiene: () un principio fundamental del desarrollo rural es el manejo sustentable de los recursos naturales- el agua entre ellos- como instrumento para el desarrollo de la productividad.

La gestin comunitaria de los sistemas de agua y saneamiento implica que las comunidades asumen la administracin, operacin y mantenimiento de los acueductos comunitarios, con criterios de eficiencia y equidad.

Pero ms que la autogestin del agua los acueductos comunitarios permiten crear en torno a ellos procesos de identidad, arraigo y trabajo colectivo y constituyen una alternativa para resolver conflictos.

Otro aspecto sumamente relevante es:

Son entidades complejas, en sentido, histrico, social, econmico e institucional pblico, pues ante todo son construcciones populares en torno a la gestin del agua que hacen parte de los territorios sociales en veredas, resguardos indgenas, territorios de comunidades negras y barrios de las diferentes regiones y ciudades del pas. Como tales son instituciones diversas, integrantes del patrimonio pblico nacional por su condicin sociocultural y territorial, y por su objeto pblico, el agua como bien comn y derecho fundamental. (Correa, 2016. P. 14)

Huracanes privatizadores

Lamentablemente, pese a estas cualidades particulares que hacen tan valiosos a los acueductos comunitarios ellos son amenazados por el modelo econmico imperante en Colombia y el mundo.

El neoliberalismo extendi su lgica de mercado a todas las actividades humanas y determin las atribuciones del Estado y el capital promoviendo la privatizacin 8 del agua como recurso natural y como servicio mientras el Estado se limita a una funcin reguladora tal cual lo exigi el Consenso de Washington.

Segn Rosenberg, Horst et al. (2003) la reforma sustancial de la poltica del agua 9 impulsada por el neoliberalismo reemplaz una concepcin garantista de gratuidad para quienes no pueden pagar por ella, a su mercantilizacin.

En Colombia, los acueductos comunitarios son reconocidos legalmente como prestadores del servicio de agua en zonas rurales y algunas urbanas, pero no existen polticas pblicas orientadas a la promocin de la autogestin del agua, a nivel local que garanticen su continuidad como prestadores del servicio. (Dupuits y Bernal).

Por el contrario, estos enfrentan otro problema y es el cumplimiento de requisitos propios de otros prestadores del servicio con msculo financiero y propsitos diferentes como el nimo de lucro.

La Ley 142 de 1994 desconoce la naturaleza y caractersticas particulares de los acueductos rurales como se evidencia en el siguiente artculo:

Todos los prestadores quedarn sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitucin o con la ley, a todo lo que esta ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comisiones, al control, inspeccin y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Pblicos, y a las contribuciones para aqullas y sta. (Artculo 3, numeral 3.9.) (Subrayado propio).

Por eso, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios Colombia, en el Acta de Declaracin Pblica Acueductos Comunitarios explica el riesgo al que se enfrentan:

Se encuentran en riesgo, por una parte a travs de la propia legislacin que privatiza el uso del agua y lo introduce como una mercanca ms de consumo administrada por el modelo empresarial () por la implementacin del modelo econmico extractivo de los recursos naturales a travs de la minera, la ganadera extensiva, los proyectos agroindustriales, de deforestacin, de infraestructura vial entre otros, que atentan contra la biodiversidad, y las fuentes de agua cuidadas desde las Comunidades Organizadas. (Subrayado propio).

De igual manera, esta Red ha manifestado que la normatividad amenaza su existencia como prestadores del servicio pblico del agua. Hacen alusin a documentos Conpes (3383 de 2005 y 3463 e ntre otros), l os Planes Departamentales de Agua y el Plan Carrasquilla como parte de la ola privatizadora que con un referendo* del agua pretendieron frenar hace diez aos.

As mismo argumentan que el Documento Conpes 3463 de 2007 y las leyes 1151 y 1176 de 2007 10 trazan las polticas que: buscan arrebatar la prestacin de los servicios pblicos a las entidades municipales 11 , donde ellos proveen el servicio de agua, e impone estos procesos de transformacin empresarial.

La Red denuncia que las polticas actuales mercantilizan el acceso 12 y suministro de agua entregndolo a las APP, empresas mixtas, operadores especializados multinacionales, desconociendo que se trata de un fin esencial del Estado, de un derecho humano fundamental y a estas no les importa la conservacin de los ecosistemas y el respeto al ciclo hdrico.

Este concepto es compartido por Correa (2006) quien asegura: La formalizacin y legalizacin neoliberal que exige la ley de servicios pblicos se propone liquidar los acueductos comunitarios, profundizando la entrega del monopolio regional de la gestin del agua y del servicio a grandes empresas multinacionales ()

Un ejemplo concreto de cmo, poco a poco, las exigencias del modelo empresarial han afectado estos acueductos ocurre en Cachipay (Cundinamarca). All los usuarios sienten que, bajo la Ley 142 de 1994, perdieron su autonoma y los procesos a los que se han sometido los obligado a entrar en la lgica de la competitividad empresarial sin comprenderla. (Barahona, 2017).

Lo ms grave de acuerdo con Barahona (2017) es que esto ocurre: Olvidando sus principios de economa solidaria para entrar en una escala de rentabilidad con el pensamiento de que esto s les proporciona organizacin y justificacin del dinero el cual cada usuario paga por el agua consumida.

Por ello surge una preocupacin real por parte de las comunidades debido a la falta de reconocimiento por parte del Estado de su papel como actores clave en la prestacin del servicio; por el contrario, los desarrollos legislativos y los planes nacionales de desarrollo tienden a arrinconarlas hasta al punto de propiciar su eventual desaparicin.

Resistencia comunitaria

Pero las comunidades organizadas resisten. Moncada (2013) seala que en Colombia existen aproximadamente doce mil las organizaciones comunitarias que proveen servicios pblicos domiciliarios, las cuales suministran agua potable y saneamiento bsico a cerca del 40% de los pobladores rurales en el pas.

Los prestadores comunitarios han sobrevivido, por aos, a las reformas administrativas en las que se les desconoce y minimiza. De acuerdo con Quintana (2016) es fundamental reconocer que las estrategias de las poblaciones para acceder al agua, en coexistencia con los esquemas estatal y privado, son una manifestacin de resistencia frente a las decisiones privatizadoras.

Es importante procurar conservarlos porque constituyen instituciones populares diversas, integrantes del patrimonio pblico nacional, por su condicin socio-cultural y territorial, y por su objeto, orientado a la consecucin del bien comn.

La Red Nacional de Acueductos Comunitarios defiende la gestin pblica y comunitaria del agua, sin nimo de lucro, desde los valores y principios de la economa social y solidaria y rechaza, categricamente, su entrega al mercado.

Y critican el Decreto 1898 de 2016 sobre cual arguyen: aparentemente nos permiten existir, pero nos imponen estndares propios de prestadores empresariales 13   () el enfoque diferencial es usado para establecer una categorizacin que los reduce, a simples soluciones alternativas transitorias .

Una evidencia de ello es que a pesar de que la Superintendencia de Servicios Pblicos cuenta con la delegatura para pequeos prestadores son evaluados con los estndares utilizados para los grandes prestadores.

Por ejemplo, la Superservicios firm un programa de gestin 14 con la Junta Administradora del Barrio Clarita Botero, Acuaclarita porque no tena actualizada la informacin del Registro nico de Prestadores (RUP) y la facturacin. Igualmente, no cumpla con los requisitos previstos en la Resolucin 375/06 de la CRA, aplicaban una tarifa nica de 11 mil pesos, la concesin de aguas vencida y tena algunas fallas tcnicas encontradas en el diagnstico hecho el 2 de marzo de 2018.

Por su parte, el Acueducto Comunitario de los barrios Unidos de Mocoa, organizacin autorizada con menos de 2.500 suscriptores, creada mediante la Resolucin 3787/91, fue visitada por la superintendencia y encontr que no haba actualizado su informacin en el RUP, el 30 de marzo de cada ao. Asimismo tena un pasivo debido a deudas y una cartera no recuperadas, no contaban con macro-medidores, la informacin financiera atrasada y haba falencias en la evaluacin de la calidad del agua. Todo esto sin tener en cuenta que esta pequea asociacin resisti la tragedia que azot a Mocoa hace apenas dos aos.

Por estas, entre otras razones, es fundamental insistir en que el Estado debe reconocer que los acueductos comunitarios son diferentes a los dems prestadores del servicio pblico del agua y que son guardianes del territorio y del agua. Las demandas de las comunidades organizadas son claras, pero el Estado y sus diferentes gobiernos- no responden a sus demandas.

Ni tampoco toman en consideracin antes de desarrollar nuevas normatividades fallos como el T-225 de 2015 15 que resaltan la labor de los acueductos rurales como proveedores de agua que permiten a las comunidades vivir en condiciones dignas.

En esa decisin la Corte insisti en que el Estado debera apoyar las iniciativas comunitarias para la creacin de acueductos rurales o veredales , los cuales, por supuesto, deben tener un sistema de captacin y plantas de tratamiento para asegurar que sea potable.

Y aadi que: el apoyo de la administracin no puede ser un asesoramiento tcnico sino que debe traducirse en acciones concretas para que el acueducto funcione adecuadamente () y se elimine cualquier situacin de riesgo en relacin con la calidad del agua que pueda generarse en la incapacidad del acueducto de atender sus propias problemticas.

No obstante estos pronunciamientos jurisprudenciales, los acueductos comunitarios afrontan tratos inequitativos por lo que muchos han dilatado su legalizacin; otros, ya formalizados, buscan apoyo en otras organizaciones y agentes externos para cumplir con los requerimientos exigidos y mejorar su desempeo. (Depuits y Bernal).

Lecciones de otros pases

Pero estos retos que afrontan los acueductos comunitarios no son exclusivos de Colombia ya que en otras latitudes hay algunos similares y otros diferentes y tambin fortalezas. En Ecuador, por ejemplo, la Constitucin de 2008 reconoci oficialmente a los sistemas comunitarios como actores de la gobernanza del agua.

Lamentablemente, a pesar de que el artculo 318 16 de la Constitucin ecuatoriana declar el agua como un derecho fundamental e inalienable derecho humano y prohibi el manejo privado de este recurso, a favor de una modelo hbrido a travs del apoyo entre lo pblico y lo comunitario por medio de asociaciones entre gobiernos locales y las organizaciones comunitarias para proveer el servicio del agua y saneamiento, no se ha materializado.

La Constitucin ecuatoriana dispuso que estos deban trabajar mancomunadamente con actores pblicos. Sin embargo, la histrica e inequitativa distribucin del agua, 92% de los habitantes urbanos tienen acceso al agua potable y al saneamiento bsico mientras solo el 39% de los habitantes rurales tienen agua y el 25% de saneamiento bsico, que ha provocado diversos conflictos y la prevalencia de la desconfianza mutua entre las partes han impedido la consolidacin del propsito buscado por la Constitucin. ( Dupuits y Bernal, 2015).

frica

Entre tanto una pequea africana, de Uchira, villa del Distrito Rural de Moshi, cuenta con la organizacin comunitaria UWUA la cual presta el servicio del agua a travs de un equipo17 profesional encargado. Esta se encarga de la operacin manteniendo el suministro del agua y la recoleccin del dinero por parte de los suscriptores.

La propiedad comunitaria de UWUA se formaliza a travs de una membresa que les permite a los miembros contribuir con el mejoramiento del servicio por medio de contribuciones en dinero o especie, con donaciones de trabajo u otras.

Si bien esta organizacin tiene muchos aspectos positivos, como la propiedad y participacin comunitarias, una crtica al modelo es la desconexin entre la eficiente prestacin del servicio y la responsabilidad por el suministro por parte de las entidades locales, pues no se especifica la responsabilidad de estas, frente a los usuarios. (Cleaver y Toner, 2006).

Entre tanto en Yemen, olvidado por muchos, adems de los graves problemas polticos, la guerra, la hambruna y muerte constante de nios, otro reto que han enfrentado es el acceso al agua al nivel local.

En ese pas el manejo local del agua es considerado importante y quizs el nico mecanismo para atender las necesidades bsicas de los ms marginalizados y pobres.

En ese contexto surgi una asociacin de usuarios del agua (WUAS), que funciona como unidad local de gobernanza del agua, bien reconocida y con un alto nivel de aceptacin por parte de la poblacin.

Sin embargo, esta organizacin dedicada a ayudar a la agricultura local y los pobladores ha enfrentado obstculos tales como el hecho de que en el pasado un propietario privado se beneficiara de la irrigacin en su operacin agrcola lo cual dej en evidencia un conflicto de inters por parte de uno de los miembros de la asociacin y la inexistencia de una estructura de rendicin de cuentas.

Pero a pesar de estas dificultades, la comunidad se destaca por el manejo apropiado de los recursos hdricos y la bsqueda de una forma cada vez ms equitativa de acceso al agua y por intentar reforzar la ley del agua en beneficios de las comunidades ms vulnerables. (Iveson y Alderwish, 2018).

Conclusiones

Despus de describir que son los acueductos comunitarios y veredales, su razn de ser y establecer las diferencias con el resto de los prestadores de servicios pblicos y los retos que enfrentan es importante hacer algunos aportes acerca de posibles formas de propiciar su existencia en medio de una economa social de mercado.

Estas breves reflexiones finales apuntan a proponer algunas estrategias para mejorar las condiciones en que funcionan los mismos teniendo en cuenta su importancia no solo como prestadores del servicio si no como generadores de identidad territorial y como conservadores de los recursos hdricos.

Luego de observar como la normatividad amenaza su supervivencia mientras las comunidades resisten los vientos privatizadores resulta indispensable solicitar, en un escenario ideal, en el diseo de una poltica pblica que tenga en cuenta sus peculiaridades y la expedicin de una norma especial que corresponda a sus caractersticas particulares.

Con base en esta norma o modificacin de la Ley 142 de 1994 se podran presentar documentos Conpes que aboguen por su supervivencia y la delegatura de pequeos prestadores de la Superintendencia de Servicios dispondra de una norma especial para aplicarle a ellos sin que ello signifique, por supuesto, un detrimento en materia de calidad, potabilidad y acceso del agua.

De llevarse a cabo esta modificacin ser ms probable que muchos de los acueductos comunitarios no formalizados se animen a hacerlo sabiendo que habr un trato diferenciado para estos.

De igual manera, se insiste en la prestacin de un servicio profesional que permita dedicar un tiempo, hacer prcticas en estos proyectos comunitarios para asegurar el acceso a este recurso indispensable para la vida humana.

Por ltimo, si Colombia no tuviera un modelo econmico y planes de desarrollo enfocados en el neoliberalismo y las locomotoras mineras, cada vez mejor aceitadas, podra pensarse incluso en un Acto Legislativo que permita una reforma constitucional para garantizar al menos la existencia, por esta va de los acueductos comunitarios, aunque lo ideal hubiera sido tener como en Ecuador un artculo que prohba la privatizacin del agua y las nefastas consecuencias que esto ha tenido en pases como Chile.

Referencias

Informes en lnea

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http://redacueductoscomunitarios.co/documentos/observaciones-al-proyecto-de-decreto-sobre-registro-de-usuarios-del-recurso-hidrico/

http://redacueductoscomunitarios.co/sin-categoria/la-alianza-por-el-agua-para-el-departamento-del-cauca-firma-acuerdo-por-la-gestion-comunitaria-del-agua/

Jurisprudencia

C-741/03.

T-225/15.

T-245/16.

T-338/17.

Libros online

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Normatividad colombiana.

Constitucin Poltica Art. 365

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Resolucin 825/17 de la CRA.

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Decreto 1575/07 (Superservicios)

Resolucin conjunta 2115/07 (Superservicios)

Circular 74/08 (Superservicios)

Normatividad internacional

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Resolucin 64/292 ONU.

Artculos de revistas en lnea

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Tesis

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Notas:

1 La Corte aclar que la nocin organizaciones autorizadas no es asimilable a la de comunidades organizadas porque la primera abarca a un cmulo de prestadores, dentro de los cuales pueden incluirse a particulares que se organicen para la prestacin del servicio, pero no a travs de la figura de empresa. Engloba las organizaciones de economa solidaria como las cooperativas y a otra clase de comunidades organizadas, se interpreta que estas se encuentran comprendidas dentro de la denominacin organizaciones autorizadas.

2 De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia T-245/16 indic que con el fin de garantizar el derecho al agua y el servicio pblico de acueducto, en Colombia, existen diversos actores que pueden prestarlo.

3 Una comunidad organizada es un grupo de personas que durante aos ha desarrollado proyectos polticos, econmicos, espaciales o culturales y se caracterizan por su capacidad de autogestin, asociacin, igualdad de derechos y deberes de sus integrantes y la participacin comunitaria.

4 L a Corte Constitucional en el fallo C-741/03 analiz una demanda de constitucionalidad contra el artculo 15 de la Ley 142/94 pues el accionante consideraba que esta norma restringa las organizaciones autorizadas para la prestacin de los servicios pblicos y concluy que esta ley no era contraria a los postulados previstos en la Constitucin, y determin como deban interpretarse ciertos artculos para que se entendiera constitucional.

5 El 28 de julio del 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoci, de forma explcita, a travs de la Resolucin 64/292 , el derecho humano al agua y al saneamiento. Esta recoge el marco legal internacional que el acceso a un agua potable y a un saneamiento adecuados es esencial para la realizacin de todos los derechos humano.

6 En relacin con la garanta del derecho humano al agua, los acueductos comunitarios estn obligados, al igual que las empresas prestadoras del servicio, a garantizar un mnimo de agua para consumo humano a las personas, de acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia de esta Corporacin () pero incluso si los servicios pblicos y los derechos fundamentales son garantizados por privados o asociaciones de usuarios, el Estado debe estar presente en la verificacin de las formas de prestacin del servicio. T-245/16.

7 Sin embargo, aclar la Corte en la Sentencia T- 338/17 Estado es el principal obligado en torno a la satisfaccin y garanta del derecho al agua (...) debe concurrir diligentemente cuando los acueductos comunitarios lo requieran (...) la existencia de acueductos comunitarios no es una forma en la que el Estado se exime de responsabilidad frente a la prestacin del servicio. En estos escenarios, no asume directamente algunas de las obligaciones, pero sin lugar a dudas, debe acompaar las medidas adoptadas y, en especial, debe contribuir decididamente a la superacin de las dificultades que se les presenten.

8 Segn Barlow y Clarke (2004) hay tres modelos de privatizacin de las empresas de servicios pblicos de acueducto: 1) la venta por parte de los gobiernos a empresas privadas de los servicios de tratamiento y suministro del agua pblica; 2) la concesin de licencias de explotacin del suministro pblico de agua a concesionarias que mantienen y cobran el servicio y 3) la contratacin de una empresa para que gestione el servicio del agua a cambio de un precio. El modelo ms aplicado en el tercer mundo es el segundo a travs de sociedades pblico-privadas o alianzas pblico privadas.

9 Las instituciones financieras y las empresas de servicio a nivel mundial plasmaron la nueva estrategia mediante la creacin de organismos como el Consejo Mundial del Agua , fundado en 1996 por el Banco Mundial . Este consejo tiene como fin elaborar una visin global de la gestin del agua que influya en la poltica internacional del recurso hdrico. Las principales plataformas de divulgacin de este Consejo son los Foros Mundiales del Agua. Un brazo ejecutor de las estrategias de mercantilizacin del agua es Global Water Partnership (GWP) creada en 1996 por casi todos los que pertenecen al Consejo Mundial del Agua. Su principal actividad es asesorar a los gobiernos de pases del sur, en el manejo prctico y las modificaciones de los marcos legales necesarios, con el fin de hacer econmicamente viables las privatizaciones.

10 La Ley 1176 de 2007 le dio vida al mecanismo de financiacin con el que los municipios pueden comprometer recursos del SGP y fue utilizado por el Ministro Carrasquilla para crear en 2008, Konfigura, la empresa que gestion y estructur los bonos de agua denuncia la Red.

11 La poltica de transformacin empresarial y la normativa que de ella se deriva bajo la estrategia de focalizacin y eficiencia financiera obliga a los municipios a delegar el manejo de los recursos pblicos para agua y saneamiento bsico que le corresponden por el Sistema General de Participaciones -SGP- (1), a travs del compromiso de pignoracin de vigencias futuras excepcionales giradas a fiducias privadas, durante tiempos prolongados que van de 5 hasta 20 aos, sin posibilidad de pagar la deuda antes del plazo pactado, denuncia la Red.

12 El 30 de septiembre de 2019 enviamos como Red Nacional de Acueductos Comunitarios nuestros comentarios y observaciones al proyecto de decreto que reglamenta parcialmente el artculo 279 Dotacin de soluciones adecuadas de agua para consumo humano y domstico, manejo de aguas residuales y residuos slidos en reas urbanas de difcil gestin y en zonas rurales de la ley 1955 de 2019, la cual corresponde al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad. A continuacin les compartimos las observaciones enviadas.

13 La Red hace nfasis en que se les permite continuar con la prestacin, pero imponindoles los requerimientos en materia tarifaria que se le exigen a organizaciones con nimo de lucro ( Resoluciones 825 de 2017 y 844 de 2018 de la CRA) y respetando el apoyo decidido del Estado al sector corporativo y extractivista. Han denunciado pblicamente que les exigen lo mismo que a los privados en cuanto a la concesin de aguas y que la vigilancia y control en cabeza de la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios es realizada con base en los estndares tecnolgicos del tratamiento del agua y de ciertas calidades del agua que estn en condiciones de cumplir con facilidad las empresas y no ellos. (Decreto 1575 de 2007, Resolucin Conjunta 2115 de 2007 y la Circular 74 de 2008).

14 De acuerdo con la Superservicios este mecanismo de vigilancia especial y esta herramienta permiten asegurar la prestacin eficiente de los servicios pblicos domiciliarios de manera continua e implementar los correctivos necesarios.

15 La corporacin precis que: (...) los usuarios rurales encuentran, a travs de la conservacin y proteccin de lo que ellos han construido, un nivel de subsistencia digno y adecuado, en relacin con las circunstancias que los rodean. De esta manera, al haber sido levantados como empeos comunitarios, familiares o vecinales, con legitimidad social y formas de organizacin y niveles de formalidad diversos, esos mismos ejercicios colectivos contribuyen a la articulacin social y a la creacin de fuertes lazos comunitarios alrededor de los mismos. Por ende, en muchos casos, estos acueductos no solo generan la prestacin del servicio pblico de agua para sus beneficiarios, sino que tambin fomentan el crecimiento econmico, la restauracin de ecosistemas, la conservacin de la biodiversidad y la preservacin de valores culturales y sociales de la comunidad a la que pertenecen () La administracin municipal tiene a su cargo, en virtud de la Constitucin y de las normas que la desarrollan, asistir a la comunidad a travs de apoyo tcnico, jurdico y financiero, para superar las falencias en la prestacin del servicio, sin que la ubicacin geogrfica, por no hacer parte del casco urbano, sea una razn para que la administracin se desentienda de lo que all ocurra. (Subrayado propio).

16 Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratgico de uso pblico, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohbe toda forma de privatizacin del agua. La gestin del agua ser exclusivamente pblica o comunitaria. El servicio pblico de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego sern prestados nicamente por personas jurdicas estatales o comunitarias. El Estado fortalecer la gestin y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestin del agua y la prestacin de los servicios pblicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo pblico y comunitario para la prestacin de servicios. El Estado, a travs de la autoridad nica del agua, ser el responsable directo de la planificacin y gestin de los recursos hdricos que se destinarn a consumo humano, riego que garantice la soberana alimentaria, caudal ecolgico y actividades productivas, en este orden de prelacin. Se requerir autorizacin del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores pblico, privado y de la economa popular y solidaria, de acuerdo con la ley.

17 En esa comunidad el agua es manejada por un trabajador independiente la lleva a los grifos pblicos y las conexiones privadas. El equipo incluye un director general, contadores y personas de afuera de la comunidad que tienen los conocimientos tcnicos necesarios para el trabajo. Esta organizacin recoge dinero por intermedio de donantes para asegurar la sostenibilidad de su proyecto.

Fernanda Snchez Jaramillo, periodista profesional, magister en relaciones internacionales.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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