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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-11-2019

Sobre un pronunciamiento como organizacin social de profesionales del derecho ante la masacre de indgenas en el Cauca

Carlos Meneses Reyes
Rebelin


Sobre la cuestin indgena, corresponde precisar que la Constitucin Poltica del 91 (CP91), en el artculo 329, Capitulo Del rgimen especial, conform las Comunidades Territoriales Indgenas en Colombia. Facilita el asimilar que como Estado pluralista los pueblos indgenas gobiernan y ejercen funciones jurisdiccionales (Capitulo 5. De las jurisdicciones especiales. Artculo 246 CP91). Dentro de sus Funciones est: Colaborar con el mantenimiento del orden pblico dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno nacional (Artculo 330-7 CP91).

Resulta que en el Imaginario de las comunidades indgenas prima una especia de autonoma local. Las organizaciones indgenas, de carcter poltico y social, fungen como autoridades autnomas, empoderadas en ejercer poder local; disponen del atributo de aplicar justicia conforme al derecho natural y consuetudinario. Erigen sus autoridades y ejercen coaccin (simblica y real) con sus bastones de mando. En contrario al artculo 12 de la CP91: Nadie ser sometido a desaparicin forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; las autoridades indgenas aplican penas de azotes. Las penas de prisin las cumplen en el sistema penitenciario nacional. De manera que las autoridades indgenas fungen en una especie de para-estatismo colaborador y expresamente en materia de orden publico estn regidos por directivas especiales del Gobierno nacional.

En un pas como Colombia, con un escenario perturbado -desde el punto de vista Constitucional- de un conflicto armado interno, en todo el mapa poltico nacional, pues las comunidades indgenas en sus territorios estn siendo objeto de escenarios del conflicto armado, hoy en da con mayor intensidad. Ante esa realidad, ellos (las comunidades indgenas) han tomado una posicin de neutralidad alegando que el conflicto armado entre fuerzas rebeldes y efectivos gubernamentales de combate no les incumbe. Que ese conflicto es ajeno a ellos. Esto lleva mas de 50 aos de contradicciones. As, que como autoridades locales se encaran ante los mandos de la fuerza publica y se conocen casos, con pesadas escenas, de comunidades indgenas expulsando a miembros de la fuerza publica,en particular del ejercito, de esos territorios. Con relacin a las fuerzas insurgentes o rebeldes, expresan constantemente que no los aceptan en sus territorios; como quien dicen que se vayan con el juego candente de sus fierros a otros lares. De manera que ellos conciben un paraso terrenal especial en esta Locombia. Y !as no son las cosas!.

En abstraccin subjetiva, al abordar este tema de la territorialidad indgena recreo la situacin en El Catatumbo, con las comunidades Bari-Motilonas y los indgenas en el Departamento de Cauca.

En el caso de El Catatumbo, abordar un anlisis serio, objetivo, sobre el enfrentamiento armado -superado- entre las guerrillas del ELN y el EPL no deja de pasar por el rasero de los intereses ancestrales de los aborgenes con defensores de oficio por parte de la guerrilla del EPL y los intereses econmicos de los colonos, asentados en esas tierras que colonizaron y civilizaron y que con tradicin posesoria asumen como verdaderos propietarios; as no aparezcan, en esa inmensidad del relmpago intermitente e inconmensurable del Faro de El Catatumbo, con registro catastral alguno que les otorgue derecho de propiedad. Poseedores con animo de seores propietarios, que a su vez tienen como defensores de oficio a las guerrillas del ELN. Ese panorama de conflicto tambin choca con las aspiraciones de las organizaciones campesinas en la creacin de la Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Son 350 mil hectreas que proyectan el desarrollo integral, ecolgico y humanstico de El Catatumbo,con miras al pos conflicto, e instrumento esencial para contraponer al engendro de los ZIDRES, de aprovechamiento particular de baldos, aupado por los inversionistas latifundistas, acaparadores de tierras y lavadores de activos en esa inmensa regin. Esto para significar, como las comunidades indgenas estn inmersas en el conflicto armado interno, expresin de la lucha de clases en Colombia.

De igual manera abstraernos en la situacin de los indgenas en el Cauca, implica la aplicacin de efectos de inteligencia estatal contra insurgente. Con la exigencia de observacin del orden publico la poltica contra insurgente del bloque de poder oligrquico, exige a las comunidades indgenas alinearse a lo del para-Estado y en tal sentido aplican como objetivo militar insurgente. El Cauca, con poblacin mayoritaria indgena, transita en auge de agudizacin del conflicto armado. La parte estatal les incrimina ser permisivas en cuanto a presencia, colaboracin con las guerrillas. Las insurgencias cuentan con trabajo poltico en las bases indgenas y por ende alimentan el fervor militante. Las autoridades indgenas entran en rechazo a esas practicas. El estamento militar estatal, juega en ro revuelto y mantiene efectivos en las labores de contra inteligencia.

La meditica dictatorial engaa a la opinin publica con el cuento que todo gira alrededor del control del narcotrafico, rutas y negocios del mismo.

Comprendamos que el escenario de lucha de un conflicto prolongado y complejo como el colombiano, genera dificultades para la poblacin originaria indgena. Que las comunidades indgenas, as lo expresen, no se sustraen a los efectos de la lucha armada. El ao pasado fueron juzgados ocho miembros de las Farc. Fueron azotados y tambin expuestos al escarnio publico conforme a esas tradiciones aplicadas. Enuncio la regla guevarista: Si no te metes con la poltica, la poltica termina metindose contigo. El conflicto armado intenso en esos territorios coloca a las comunidades indgenas como sujetos activos y/o pasivos. A las fuerzas armadas estatales les es dado cumplir con unas reglas y es explicable un comportamiento constreido de conducta. Pero que reglas se le pueden exigir al los irregulares guerrilleros que enuncian un enfrentar a todo el orden constitucional colombiano. (A no ser la de violacin al Derecho Internacional Humanitario. DIH) Esa es, digamos la razn de ser de los rebeldes. El incidente en que la Gobernadora indgena y cinco de sus Guardias murieron, al parecer obedeci a querer rescatar a unos presos que transportaba la justicia indgena. La meditica y obvio la conduccin informativa del ejercito, apunta que es debido al control de rutas y territorios del narcotrfico, como manido argumento de la lucha contra las drogas y la extensin del brazo intervencionista del Imperio en nuestra geografa nacional.

De tal manera que el coraje generado por la matanza ocurrida explica la sensibilidad de las organizaciones sociales por denunciar el hecho ante la comunidad nacional e internacional. Prioriza, no obstante, la diferenciacin en el escenario de los hechos, donde resalta que la poltica mentirosa del rgimen presidencial de derecha militarista en decadencia, no puede continuar como poltica del avestruz negando la existencia del conflicto armado interno colombiano. Que se imponga el mandato constitucional de proteccin fundamental a la vida y de bsqueda de la paz y solucin poltica -no con engaos y negando la responsabilidad estatal a lo Acordado- al fin del conflicto interno armado. Acompaado de profundas reformas, que tambin demandan las comunidades indgenas o aborgenes.

En esos trminos de precisin y claridad avalara un pronunciamiento de las organizaciones sociales de profesionales del Derecho, sobre la matanza de indgenas y de lideres y lideresas sociales, reiterando -sobre este ultimo aspecto- las sustentaciones acadmicas que he desarrollado respecto a la aplicacin de la con-causalidad poltica del partido fascista de gobierno, el Centro Democrtico CD), con esas muertes selectivas y sistemticas. Materializando esa tesitura jurdica, tendra sustento la Fiscala General de la Nacin, para la funcin publica de dar con los autores intelectuales de esos crmenes de lesa humanidad. Est pues abierta la discusin.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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