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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-11-2019

Cuestionan la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ros
Agrotxicos, un fallo contrario al derecho ambiental y las pruebas cientficas

Daro Aranda
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Organizaciones sociales y ambientales denunciaron que el fallo, que permiti fumigar a solo 100 metros de las escuelas, se bas en informes empresarios y no tuvo en cuenta estudios de universidades pblicas.


"La salud de los gurises no se negocia", alertan los vecinos fumigados. "Injusticia ambiental", titulan abogados especializados en derecho y contaminacin. "Inslito que no tengan en cuenta estudios de universidades pblicas y s los de las empresas", denuncian cientficos. Son algunos de los cuestionamientos a los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ros, que dieron visto bueno a un decreto del gobernador, Gustavo Bordet, y permitieron fumigar con agrotxicos a pocos de metros de las escuelas rurales. Deber definir la Corte Suprema de Justicia. 

El lunes 28 de octubre, con toda la atencin puesta en las elecciones presidenciales, fue el da elegido por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ros para emitir su fallo ms polmico del ao y que contradice cinco sentencias judiciales previas. Permiti que empresarios del agro fumiguen con agrotxicos a solo 100 metros de las escuelas.

El Foro Ecologista de Paran y el sindicato docente Agmer presentaron en agosto de 2018 un amparo para cuidar la salud de los alumnos y trabajadores de la educacin. Lograron un fallo judicial indito: la proteccin de todas las escuelas rurales de la provincia, con distancias de 1000 metros de distancia para fumigaciones terrestres y 3000 metros para las areas.

La respuesta del gobernador Gustavo Bordet fueron dos decretos, contrarios al fallo judicial, que permitan fumigar a slo 100 metros de las escuelas. Los empresarios del agro, nucleados muchos en la Federacin Agraria y la Sociedad Rural, se movilizaron hasta los tribunales, cortaron rutas y hasta amenazaron a los docentes y activistas que denuncian las fumigaciones.

La causa judicial, en catorce meses, tuvo cinco fallos judiciales que protegieron la salud de los alumnos y determinaron la inconstitucionalidad de los decretos del gobernador.

La sentencia del tribunal mximo

Pero el 28 de octubre, con una nueva composicin, el Superior Tribunal de Justicia determin la validez del decreto del gobernador y permiti fumigar con agrotxicos a slo 100 metros de las escuelas. Fue firmado por los jueces Susana Ester Medina de Rizzo, Martn Francisco Carbonell, Juan Ramn Smaldone, Bernardo Ignacio Salduna y Germn Carlomagno.

Entre los numerosos cuestionamientos sobresale que los magistrados omitieron los estudios cientficos presentados por los demandantes, todos trabajos de universidades pblicas (de Rosario, Ro Cuarto y el Litoral, entre otros). Los jueces s tomaron como vlidos argumentos de Casafe (cmara empresaria que nuclea a Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, Basf y Rizobacter, entre otros).

"Lo intentamos. Investigadores, mdicos, genetistas y qumicos aportamos desde el actual conocimiento cientfico sobre los efectos crnicos de las exposiciones a herbicidas como el glifosato y sus mezclas. Lamentablemente los intereses econmicos, polticos y judiciales fueron muchsimo ms poderosos", denunci Rafael Lajmanovich, investigador del Conicet, titular de la ctedra de Ecotoxicologa de la Universidad Nacional del Litoral y con ms de veinte aos de estudio sobre los efectos de los agroqumicos.

Damin Verzeassi , desde el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Mdicas de Rosario (Inssa) y de la materia Prctica Final, realiz junto al equipo docente ms de treinta campamentos-relevamientos sanitarios en distintas ciudades y pueblos con uso masivo de agrotxicos. En todos encontr aumento drstico de enfermedades vinculadas a los qumicos (desde problemas respiratorios hasta cncer). Al igual que Lajmanovich, presentaron un informe tcnico-cientfico en la causa. "Los jueces no tuvieron en cuenta ningn informe cientfico, simplemente 'confan' en lo que les dice el gobierno de Entre Ros. La salud de los nios, para los jueces, se trata de una cuestin de fe", cuestion el mdico.

Leyes ambientales

Otro hecho inslito: los jueces no aplicaron ningn principio de las leyes ambientales. Daro Avila es abogado especializado en ambiente. Trabaja desde hace ms de diez aos junto a pueblos fumigados con agrotxicos de Crdoba. "El fallo vulnera los principios del derecho ambiental (Ley 25.675), de manera especial el principio de prevencin, de precaucin, de equidad intergeneracional, de progresividad y el derecho humano fundamental a vivir en un ambiente sano", afirm Avila en un detallado artculo titulado "Injusticia ambiental, fallar contra las generaciones futuras".

Cuestion que los jueces mencionan el derecho ambiental, pero no lo aplican. El abogado denunci que el fallo del Superior Tribunal de Justicia "adolece de los vicios de 'arbitrariedad e ilegalidad manifiesta', por cuanto se aparta de las pruebas cientficas rendidas en la causa y haciendo lugar a pruebas no cientficas, vulnera los derechos humanos fundamentales a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho a la vida".

La Coordinadora Basta es Basta record que, ante los fallos judiciales que alejaron las fumigaciones, el gobierno provincial modific en forma express la Ley de Procedimientos Constitucionales, lo que le permiti modificar la composicin del Superior Tribunal. "Los jueces elegidos a dedo por el gobernador Bordet, en connivencia con la Mesa de Enlace, les asegur una sentencia favorable y poder fumigar a nuestro gurises en la escuela", denunci la organizacin en un comunicado de repudio a la maniobra judicial.

Jueces que creen a Bayer/Monsanto

Los jueces del Superior Tribunal citaron como vlida la opinin de Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe (cmara empresaria) y los dichos de Martn Alonso, director del Registro de Tumores de Crdoba. Damin Verzeassi record que se trata de "testimonios personales" de Alonso (y no es un informe tcnico de la institucin pblica). Adems record que Alonso tiene vnculos con la empresa Bayer. Los jueces tambin tomaron como referencia el escrito Evaluacin de la informacin cientfica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente, de 2009. El trabajo fue invalidado por utilizar bibliografa sesgada (sobrevaloraba trabajos de Monsanto y restaba importancia a trabajos de cientficos independientes). Adems de ser realizado por personas con conflictos de intereses (Claudio Marco Ghersa, con investigaciones junto a Monsanto).

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/229940-agrotoxicos-un-fallo-contrario-al-derecho-ambiental-y-las-pr



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