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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-11-2019

Por los derechos de los reincorporados de las Farc

Horacio Duque
Rebelin


Tan accidentado y desigual como el proceso de implementacin de los acuerdos y la construccin de la paz ha sido la ruta de reincorporacin de los integrantes de las Farc a la vida constitucional, legal y poltica en los trminos de los consensos alcanzados en el ao 2016.

Si al trmino del gobierno del seor Santos los vacos y contradicciones en materia de paz fueron frecuentes e intencionales en la conducta del Estado, las cosas empeoraron con el nuevo gobierno de Ivn Duque presionado por el uribismo para hacer trizas los Acuerdos argumentando el triunfo del NO en el plebiscito de octubre del 2016.

En los 14 meses del actual gobierno el sabotaje a la paz ha sido algo sistemtico y deliberado no obstante la retrica internacional del Presidente sobre la implementacin de los pactos firmados en La Habana y Bogot. Tanto as que un sector muy importante de las Farc liderado por Ivan Marquez, El Paisa, Romaa y Santrich, debieron regresar a la lucha armada argumentando el incumplimiento del Estado, el asesinato de los guerrilleros, el exterminio de los lderes sociales y la presin de los montajes judiciales orquestados por la Fiscala en contubernio con la DEA.

Regreso a la accin armada que en su nuevo ciclo ha de interpretarse en los escenarios de la geopoltica regional reconfigurada por la estrategia norteamericana y bogotana de destruir a todo trance el gobierno socialista y contra neoliberal del Presidente Nicols Maduro. Estn fuera de foco quienes interpretan el rearme de las Farc con los escenarios de su constitucin agraria en Marquetalia en 1964; sin querer decir que los elementos del programa contra el latifundio y la gran hacienda no pesen en las plataformas programticas de la resistencia del siglo XXI.

La parte ms complicada del bloqueo actual a la paz es aquel que hace relacin con el desconocimiento de los derechos de los integrantes de las Farc que se acogieron de buena fe a lo previsto en los textos de los pactos.

El pasado fin de semana (18 y 19 de octubre) participamos en varias reuniones en la ciudad de Montera en la que intervinieron ex comandantes farianos de columna, de frente e integrantes de Estado mayor de los bloques y escuchamos de primera mano la trgica y difcil experiencia de los procesos de reincorporacin plagados de atropellos, injusticias y arbitrariedades, las mismas que se reparten las instituciones del gobierno y los flamantes directivos del Partido de la Rosa (Timochenko, Lozada, Alape, Granda y cia). Pattica la conducta de estos directivos gobiernistas (prouribistas) que se han volcado a despojar bienes de su organizacin, a realizar negocios en beneficio propio y a favorecer roscas empecinadas en la trepadera social a toda costa, como reflejo de su degradacin tica, poltica y revolucionaria, pues su lnea de base procuro eliminar el marxismo, el leninismo y la teora critica revolucionaria en esta fase de acomodamiento sistmico al neoliberalismo y al rgimen poltico de la parapoltica dominante en el Estado.

El encuentro de Monteria, con el liderazgo de Fabin Ramrez, Andrs Paris, Julio Rincn, Gadafi, Mojoso y otros destacados miembros de los reincorporados, sirvi para determinar una hoja de ruta democrtica y constitucional del reclamo de los derechos de los mismos, para el efecto se adelant un segundo encuentro (el primero se hizo en Neiva) con los funcionarios del gobierno encargados de la gestin de la implementacin de los acuerdos y de atender los aspectos de la integracin de las Farc, me refiero a los seores Emilio Archila y Rafael Sarmiento.

Desde luego, una Hoja de ruta de demanda de tales derechos implica retomar inicialmente los principales elementos de la accin legal prevista en los Acuerdos.

En efecto como resultado del Acuerdo General para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera firmado en agosto del 2016 se determin un horizonte del Fin del conflicto que se previ como un proceso integral y simultneo que implicaba: 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 2. Dejacin de las armas. Reincorporacin de las FARC-EP a la vida civil - en lo econmico, lo social y lo poltico -, de acuerdo con sus intereses. 3. El Gobierno Nacional coordinar la revisin de la situacin de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. 4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificar el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupcin y la impunidad, en particular contra cualquier organizacin responsable de homicidios y masacre o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos polticos. 5. El Gobierno Nacional revisar y har las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construccin de la paz. 6. Garantas de seguridad. 7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Vctimas) de este acuerdo se esclarecer, entre otros, el fenmeno del paramilitarismo. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes (Ver https://bit.ly/2RrhIwj).

Sin duda, este esquema acoga en sus elementos fundamentales el DDR de la ONU que derivaron en los conceptos empleados por Naciones Unidas: Desarme, Desmovilizacin y Reintegracin (Ver https://bit.ly/2JfjsXa).

Previsto as ocurri la entrega exprs de las armas por la guerrilla, la localizacin en unos espacios territoriales de transicin, la amnista, el indulto, la normalizacin judicial, la entrega de incentivos salariales y la gestin de algunas actividades institucionales y de promocin productiva.

Al tiempo se dio la reincorporacin poltica con la constitucin del Partido de la Rosa (de orientacin social cristiana y bblica), la asignacin de 10 curules parlamentarias, la entrega de una personera jurdica, la asignacin de unos recursos financieros, igualmente la reincorporacin econmica y social que proyecto la constitucin de una cooperativa (E comn), la creacin del Consejo Nacional de Reincorporacin (en el que intervienen dos delegados de Timochenko, Ver https://bit.ly/2pt1wN4) y la organizacin de un Centro de Pensamiento y de Formacin Poltica que es administrado a discrecin por Granda y Estrada, segn sus conveniencias personales.

Todo este dispositivo institucional y poltico ha sido gravemente distorsionado y deformado por la mezquindad de la actual camarilla del Partido de la Rosa en cabeza del seor Timochenko, con una muy grave afectacin de los derechos de miles de ex integrantes de las Farc que se debaten en situaciones dramticas de orden social, de salud, de ingresos, de educacin, de trabajo y poltico, pues casi 200 ex guerrilleros han sido asesinados, otros padecen delicados estados emocionales y daos estructurales en su salud individual, como lo relato Jorge Enrique Botero en Monteria.

Colocados en semejante situacin es explicable la decisin tomada por este grueso grupo de excombatientes de actuar por cuenta propia y de manera organizada, para exigir del gobierno con sus instituciones el cumplimiento de las obligaciones en los trminos en que est consagrado en las normas constitucionales, legales y gubernamentales. E igualmente en los trminos de la equidad y la simetra poltica e institucional.

El gobierno est en la obligacin de cumplir los pactos y para el efecto debe atender directamente la vibrante demanda de los ex combatientes reincorporados, sin la nefasta y daina intermediacin de los directivos de la Rosa con asiento en el Consejo de Reincorporacin, los seores Alape y Medina empeados en atropellar y cercenar los derechos de miles de ex guerrilleros (ms de 13 mil) y en desconocer elementales principios de equidad y simetra como lo destacamos en Monteria durante el dialogo con Archila y Sarmiento.

Una accin organizada de este importante ncleo debe considerar con juicio toda la infraestructura legal alcanzada con su aporte y sacrificio. Me refiero a los Decretos 899 del 2017 (Ver https://bit.ly/2qwkW7T), al Decreto 897 del 2017, al Documento Conpes 3931 del 2018 (Ver https://bit.ly/2FKVL7L) y al Decreto que reglamentara el artculo 283 del Plan Nacional de Desarrollo el cual se refiere a la ADMINISTRACIN Y DESTINACIN DE BIENES. Adicionar un pargrafo al artculo 91 de la Ley 1708 de 2017, modificada por el artculo 22 de la Ley 1849 de 2017, as:

Pargrafo 4. Los predios rurales donde se desarrollen o vayan a desarrollar proyectos productivos por parte de la poblacin en proceso de reincorporacin sern transferidos directamente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a los beneficiarios de estos proyectos que indique la Agencia Nacional de Reincorporacin, en los plazos que defina el Gobierno Nacional. En estos casos se configurar una excepcin frente a la obligacin de transferir todos los bienes rurales a la Agencia Nacional de Tierras. Se excluyen de esta previsin los bienes a que se refiere el artculo 144 de la presente ley.

Todo lo anterior es parte de una estrategia poltica que permita reorientar en trminos progresistas y revolucionarios la implementacin de los acuerdos de paz.

Estrategia poltica que implica una recomposicin de E Comn, una recuperacin del discurso histrico de la resistencia agraria, un sistema comunicacional que permita el vnculo directo con la sociedad y con las masas populares colocadas en una creciente rebelda contra el modelo neoliberal y las formas despticas del ejercicio del poder.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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