Portada :: Espaa :: Crisis poltica en Catalua
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-11-2019

La ley Aragons: el dedo que oculta la luna

Eduardo Luque
TopoExpress


Nota deedicin: Catalua es pionera en aplicar los principios de externalizacin de servicios. La Ley Aragons, que pretende regular los contratos de la Generalitat con entidades y empresas privadas para prestar servicios sociales bsicos, es un ejemplo paradigmtico.

*

Se ha repetido hasta la saciedad. El procs es una enorme estafa colectiva. Ni son crebles, ni son posibles, ni son viables los presupuestos tericos del Independentismo. Lo nico cierto es que el movimiento independentista hoy carece de direccin, de estrategia y de objetivos. Es por ello que el riesgo de cronificacin del conflicto es mayor que nunca.

Asistimos a un proceso repetido en la historia de Catalua. Una radicalizacin social cada vez ms intensa con claros tintes xenfobos. Su direccin corresponde a sectores de la clase media profundamente insolidarios. Han conseguido, eso s, un gran impacto social. A travs de una hbil y sostenida campaa propagandstica, han convencido a sectores de las clases populares de que sus enemigos histricos (las clases pudientes) son ahora sus aliados. Han inventado una empresa comn, un destino en lo universal tan indefinida e indefinible como es la Independencia de Catalunya. Todo un movimiento que recuerda cada vez ms al movimiento carlista; incluso podemos apreciar cmo se estrecha la alianza ente los sectores ms reaccionarios del catalanismo y la Iglesia catlica, que no duda en ofrecer misas por la libertad de los presos polticos. Uno de los ltimos que se apuntaron a la fiesta fue el Obispo de Solsona, Xavier Novell, un sacerdote con talante ultraconservador [1] en lo social [2] pero pro-independencia en lo poltico.

En realidad, y no nos cansaremos de repetirlo, todo es una gran cortina de humo. Gracias al procs, el bipartidismo ha vuelto a resurgir de sus cenizas. El incremento de la extrema derecha, reaparecida como reaccin al catalanismo independentista, no augura ms que se mantendr el conflicto sine die y conseguir con ello que las grandes reformas, es decir, el ataque sistemtico a los derechos sociales, no tengan coste poltico y pueda aplicarse con poca o nula respuesta social.

Catalua ha sido gracias a los gobiernos conservadores de Pujol, Mas y ahora Puigdemont o Torra, la primera en experimentar recortes sociales. La derecha catalana est aprovechando el procs para intentar colar normas que preparen el terreno para privatizar servicios bsicos para la ciudadana. Ser posiblemente la nica ley que ser estudiada en el Parlament de Torra. La ley se denomina Llei de contractes de serveis a les persones . Es una propuesta legislativa promovida por el Govern de Catalua. Su autor es Pere Aragons, vicepresidente del Govern y miembro destacado de ERC. Se la conoce popularmente como Ley Aragons, aunque la puso en marcha el ahora preso Ral Romeva. La ley ha conseguido un extrao consenso: tiene en contra la mayora de los grupos parlamentarios de la supuesta izquierda catalana y gran parte de la sociedad civil.

En cambio, las grandes multinacionales de servicios en Espaa estn de enhorabuena. Las ms beneficiadas seran paradjicamente (ACS) cuya cabeza visible es nada menos que Florentino Prez. Esta multinacional est muy bien posicionada en Catalua, en especial en Barcelona ciudad. El Consistorio de Ada Colau cerr jugosos contratos desde el 2015 con esas empresas. En 2018 se renovaron por valor de 25,14 millones para Sacyr social a travs de su filial Valoriza y de 29,82 millones para ACS, cuya filial es Clece. El objeto de la licitacin era gestionar el servicio de atencin domiciliaria (SAD) en Barcelona capital. Evidentemente, si se aprueba la ley estas grandes empresas vern incrementado su negocio. Son las nicas que pueden competir a la baja en precio.

Segn los datos disponibles, desde 2015 Sacyr Social ha conseguido ms de 140 millones de euros en contratos con diversos ayuntamientos catalanes, aprovechando la fiebre privatizadora de algunos de ellos. En estos momentos, estas dos grandes empresas y otras que tambin intentarn adjudicarse los concursos pblicos estn gestionando una gran parte del mercado del Servicio de Atencin Domiciliaria (temas de dependencia). Con la nueva reglamentacin aumentarn su dominio en el mercado cataln. El mtodo que utilizan esas macro-empresas es sencillo: primero acceden a la licitacin, porque uno de los tems que se barema es el precio (cuanto ms bajo mejor y solamente por esa cuestin ya consiguen 40% del total de la puntuacin). Al hundir el precio, impiden que pequeas empresas (como por ejemplo las AMPAS que en algunos casos dan servicio a los comedores escolares) puedan competir con ellas. Tambin sabemos, lo hemos visto en otras ocasiones, que una vez conseguido el contrato y en posicin de monopolio suben los precios y bajan la calidad.

Las administraciones pblicas catalanas hace tiempo que se lanzaron a externalizar servicios. La concepcin neoliberal de la economa aquella que indica que lo privado es ms eficiente ha calado profundamente. Poco importa que los nmeros muestren una y otra vez que es falso. Ahora ya no es imprescindible un dictamen desde la UE. Muchos de nuestros dirigentes polticos han asumido plenamente esa concepcin. Hay que externalizar, hay que privatizar, hay que traspasar esos servicios a otros e intentar ahorrar. Nada de eso se cumple, lo hemos visto en los hospitales madrileos o valencianos gobernados por la derecha. Se licita el servicio, por ejemplo ciruga cardaca, la gran empresa ofrece gestionar el servicio a bajo costo, se hunden los precios, nadie puede comprometerse por menos dinero. Posteriormente, como el presupuesto no es real y el servicio no se puede cubrir, se exige incrementar el precio del servicio o dejar de intervenir quirrgicamente. Al final, la administracin acaba por pagar ms caro el servicio que prestaba anteriormente.

Catalua, lo hemos dicho con anterioridad, es pionera en aplicar los principios de la externalizacin de servicios. La ley Aragons es un ejemplo paradigmtico. Pretende regular los contratos que realiza la Generalitat con entidades y empresas privadas para prestar servicios sociales considerados como bsicos. La ley propone que un total de 250 servicios sean susceptibles de entrar en estos apartados, que abarcan desde la Sanidad (servicios de Ciruga y Ginecologa entre otros), Educacin (guarderas pblicas, enseanza preescolar, enseanza de adultos, comedores escolares), Dependencia (residencias para mayores) As, servicios que ahora presta la administracin pblica, por ejemplo la etapa infantil de 0 a 6 aos, podrn licitarse y ser cubiertos por una empresa privada que evidentemente procurar obtener beneficios. Lo mismo ocurre con las Residencias para los mayores. Se pasara de una gestin pblica a una privada. La amplitud de los servicios que pueden ser regulados segn la ley es tal que abarcan prcticamente a todos los sectores sociales.

El recorrido de la ley es largo. Lo inici Ral Romeva, se paraliz con la aplicacin del 155, y ahora vuelve a estar en el candelero. En noviembre del 2018 se reinici su tramitacin. Pere Aragons ha defendido el proyecto como una norma pionera que busca ms calidad en el servicio, estableciendo criterios de seleccin que favorezcan la contratacin de empresas especializadas que apuesten por la innovacin. Pero las entidades sociales (la Marea Blanca, la FAPAC, AMPAS.) ven en esta norma una puerta abierta a la privatizacin de los servicios que hasta ahora prestaba la administracin.

Desde el primer momento la ley pretende confundir. Se nos dice que responde a una directriz emanada de la UE (Directiva europea 2014/24). No es cierto. La mencionada directriz habla de que sern los Estados los encargados de establecer el rgimen jurdico que consideren ms oportuno para prestar los servicios. En ningn momento se obliga a que sean gestionados por entidades privadas.

La ley Aragons no plantea directamente la privatizacin de los servicios sino que abre la posibilidad a que la administracin los licite (haga un concurso pblico). La Generalitat o los Ayuntamientos dejaran de gestionar esos servicios que ahora cubren. Se sobreentiende que puede ser para cualquiera de los sectores que fija la norma (prcticamente todo). Como en Catalua ninguna ley limita o controla qu sectores pueden ser gestionados por entidades privadas se abre la puerta a que sea cualquiera. La experiencia nos ensea (lo hemos visto con los hospitales valencianos, madrileos e incluso los catalanes, muchos de ellos gestionados por Fundaciones) cmo el costo se dispara y en muchos casos las listas de espera y la calidad se resienten. La administracin de la Generalitat tiene mucha prisa. En noviembre del 2018 tuvo que paralizar el Decreto de Servicios de Comedor Escolar al encontrar una fortsima oposicin. Inmediatamente plante la Ley Aragons que, nuevamente, abra el paso a la privatizacin de los comedores escolares. El Govern quera prescindir de las AMPAS y de la gestin directa de la administracin y permitir la concurrencia de empresas privadas.

A pesar de que el decreto fija unas condiciones que obligan supuestamente (artculo 7) a valorar la responsabilidad social en cuanto a condiciones de trabajo, salarios, derechos laborales, etc lo cierto es que, como hemos dicho, el criterio fundamental es el precio del servicio a la baja (40% de la licitacin) y, evidentemente, son las grandes empresas las ms beneficiadas. Los controles que se exigen en la ley sobre sueldos, condiciones laborales de los empleados etc., son tan laxas, que en la prctica permitirn una bajada de los costes por la va de la desregularizacin laboral, la precarizacin o la bajada de salarios.

La derecha catalana, y ERC es un partido de la derecha neoliberal, muestran nuevamente sus lmites. Mientras sus dirigentes vociferan contra la Espaa del 78 en favor de los presos polticos, no dudan en iniciar un ataque furibundo contra los sistemas pblicos de proteccin social, especialmente los catalanes. En eso coinciden plenamente con el resto de la Espaa fascista, como clasifican a quien no piensa como ellos. Es un negocio enorme y de difcil cuantificacin. Ignoramos el nivel de penetracin que se pretende con la Ley Aragons. Estamos hablando de centenares de millones. Para eso no hay banderas, ni la roja y gualda ni la cuatribarrada. ACS, SACYR y el Independentismo han encontrado un lugar comn, un punto de encuentro: el de sus intereses como clase y grupo social, oculto eso s por el humo que proviene del procs. De nuevo el Independentismo y la derecha reaccionaria espaola confluyen, nos hacen mirar la punta del dedo para ocultarnos la luna.

Nota

1) Ha sido declarado persona non grata en algunos municipios catalanes por sus posturas especialmente retrgradas contra el colectivo Gay y LGTV. 2) El Obispado de Solsona tiene inmatriculadas en los ltimos aos ms de 332 propiedades. Gracias a la ley aprobada por el expresidente Aznar que permita a la iglesia incluir como propias en el Registro, edificaciones y terrenos que la Iglesia consideraba como propios.

Fuente: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-ley-aragones-el-dedo-que-oculta-la-luna/



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter